Mientras el Gobierno carga responsabilidades en los particulares, pymes y empresas como La Alumbrera utilizan más electricidad que Catamarca o Tucumán en su totalidad. El exhorbitante aumento de las tarifas de gas y electricidad para los hogares y Pymes, acompañado de cortes de suministro, se contrapone con la determinación del presidente Mauricio Macri de quitar las retenciones a las exportaciones mineras, lo cual las sitúa hoy en un escenario totalmente ajeno a la realidad que afecta a millones de familias en el país. Uno de los tantos aspectos del saqueo que llevan adelante las mineras.
La crítica a quienes osan utilizar la calefacción -vía gas o electricidad- en los hogares de modo tal de poder andar en remera o descalzos, parece, sólo corre para los usuarios particulares en la Argentina del crac energético.
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Sonora ha sido una de las entidades más afectadas por la contaminación de las mineras. En 2014, siete municipios aledaños al Río Sonora se vieron afectados por el mayor desastre ecológico de la minería en la historia reciente; ese año, la mina Buenavista de Cobre, de Grupo México, derramó en el afluente 40 mil metros cúbicos de tóxicos y metales pesados. A dos años de la tragedia ambiental, los pobladores aún exigen al Gobierno que limpie el caudal y que frene los daños.
En Chile se especula con la salida de la Ministra de Minería por el escándalo bilateral. Cuando parecía que el tema se enfriaba, el megabasurero minero con miles de tonelados de roca de desecho, creado por la empresa chilena Antofagasta Minerals del lado argentino de la cordillera volvió a ser noticia en varios frentes. Entre otras cosas, hubo avances judiciales, con una resolución que favoreció a la firma trasandina y otra que la perjudicó. La mitad de la escombrera está en territorio argentino.
A menos de un mes de asumir la Presidencia de la República el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, se anuncia un nuevo conflicto alrededor del proyecto minero más grande que tiene el Perú. José de Echave, coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros, señala que hay una legítima preocupación por los impactos ambientales y por la concentración del proyecto Las Bambas en la provincia de Cotabambas (Apurímac). “No se ha percibido capacidad ni voluntad política de parte de las autoridades para encarar el conflicto por vías institucionales, de diálogo”, dice.
Desde la llegada en 2008 de la empresa minera Media Luna a la región de Nuevo Balsas, los pescadores de la laguna de la presa de la hidroeléctrica El Caracol han tenido perdidas millonarias en la pesca por la presencia de cianuro en el agua, que ha sido contaminada. En la región existen varias organizaciones y asociaciones que aglutinan a unos 400 pescadores, que diariamente salen a capturar toneladas de mojarras que se venden a varios intermediarios del país.
“Han desaparecido tres comunidades y ahora amenazan con desaparecer hasta nuestros muertos al querer sacar oro del cementerio”. Genaro Rodríguez, ambientalista de La Unión, Copán, dijo esto en un Foro Popular en Radio Progreso el pasado 29 de julio. Genaro nació en la comunidad de Azacualpa y ha visto como poco a poco una empresa minera va dejando destrozos a lo largo de los años.
El éxodo centroamericano tiene entre sus causas el despojo iniciado por Anastasio Somoza y continuado hoy. El caso de la Costa Caribe Norte pone en evidencia un sistema de corrupción generalizada.
Las empresas mineras de Santa Cruz prometen cumplir lo que finalmente nunca cumplen, los intendentes que las defienden, terminan quejándose y el gobierno de la provincia que no tiene la mínima intención de controlar, hace negocios y convalida un saqueo de bienes naturales que de ninguna manera el gobierno nacional de hoy, ha dado muestras de querer detener. Ninguno de los gobiernos provinciales cumple, ninguno controla y todos negocian en complicidad de los intendentes y las cámaras empresarias liderada por multinacionales.
El mismo empresario que avala proyectos de conservación y reforestación en 43 Áreas Naturales Protegidas Federales tiene minas dentro de polígonos de protección, como es el caso de la mina de oro y plata San Felipe, en Baja California, cuestiona la investigadora Jeanneht Armendáriz en este reportaje.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos difundió un informe que cuestiona la megaminería, la explotación petrolera, el agronegocio y la construcción de represas. El informe sostiene que esas actividades condenan a los pueblos originarios.