El próximo 30 de septiembre de 2016 se cumple el primer año del desalojo forzado de 16 familias de la parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, por parte de trabajadores de la empresa minera china EcuaCorriente S.A. (ECSA), con apoyo de la fuerza pública; con el objetivo de dar paso al primer proyecto de minería a gran escala, que se ubicará en el territorio ancestral shuar de la Cordillera del Cóndor, lugar con alta biodiversidad, única en el mundo.
A lo largo de este primer año han continuado los desalojos forzados, la precarización de las condiciones de vida de las familias desalojadas y los daños ambientales en la zona, por los trabajos de la empresa. Al mismo tiempo persiste la resistencia de las comunidades por la defensa del territorio ancestral indígena, y la lucha campesina.
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República de Malaui. Descubrieron que las comunidades de la región están desprotegidas ante los efectos sobre la salud y los ecosistemas. Aseguran que los efectos nocivos de la explotación de carbón y uranio en la región contaminan el agua, la comida e incluso las viviendas de las familias residentes.
Los periodistas publican ‘La guerra que nos ocultan”, donde exponen también contradicciones en los resultados de la investigación por la muerte de Julio César Mondragón Fontes.
El conflicto minero en el área cabalga sobre ocho mil hectáreas tituladas o en solicitud. El más complejo frente de esa disputa lo protagonizan las comunidades indígenas Embera Karambá y Embera Chami en la vereda Miraflores, donde se ha solicitado una consulta previa a fin de impedir la exploración minera. Según las autoridades indígenas, Seafield tiene nexos con AGA.
Entrevista a Renzo Alexander García Parra, Biólogo, ambientalista, integrante del Comité Ambiental en Defensa de la Vida y Coordinador general de la Campaña por el No a la minería contaminante en la Consulta Popular de Ibagué.
Hasta algunos días atrás, las operaciones en Cerro Negro (Goldcorp) se encontraban paralizadas ante un paro llevado adelante por la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) por malas condiciones de seguridad e higiene en gran parte de las instalaciones de la firma.
La empresa Geotécnica cerró a principios de los 80 la mina de plomo Gonzalito dejando en el lugar un pueblo en ruinas. En la ciudad de San Antonio Oeste, el legado de la firma minera fue aún más grave. Durante esas tres décadas depositó a dos kilómetros de la zona urbanizada y a pocos metros de la ría, millones de kilos de material cargado de plomo y otros metales pesados. Estudios determinaron que en la Bahía San Antonio había niveles elevadísimos de plomo, cinc y cadmio. A esto se sumaron datos contundentes y alarmantes: mas del 40% de los chicos de San Antonio Oeste poseían niveles de plomo en sangre por encimade lo tolerable. La promesa de remediacion nunca se cumplió. Mientras tanto, el reloj sigue corriendo.
Durante más de 30 años, la empresa ha destruido y contaminado los recursos naturales de varias comunidades en Honduras. Pero en su ambición por extraer más oro quieren excavar el camposanto donde descansan más de 800 difuntos, generando hasta manifestaciones violentas entre los pobladores que quieren impedir que remuevan las tumbas.
En medio de la polémica por el segundo derrame de tóxicos en los cursos de agua en la zona de mina Veladero en San Juan por parte de la empresa Barrick Gold, el Gobierno anunció supuestas inversiones por US$ 7.000 millones en minería para el período 2017-2018. Sin embargo los anuncios no se producen en el mejor momento: Barrick Gold debe rendir cuentas en la justicia provincial y federal para por sus dos últimos derrames tóxicos en el término de un año. Crece el rechazo popular y el cuestionamiento a una actividad señalada de saqueadora, contaminante y secante.
Insumo básico para organizaciones sociales y ciudadanía en general