
En abril de este año, durante su primera entrevista como viceministro de Gobernanza Territorial,
Javier Fernández-Concha Stucker, declaró a
El Comercio que la nueva estrategia del gobierno para disminuir la conflictividad social se basaría en mejorar la gestión pública pero además, incluía la opción de declarar el
estado de emergencia en zonas en conflicto para "garantizar el respeto orden jurídico".
Este enfoque se evidenció claramente a partir de diciembre de 2016. Antes de esta fecha, la estrategia aplicada por el ex jefe de la
Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), Rolando Luque, fue el de la instalación de las mesas de diálogo, tal como se hizo en los conflictos en Saramurillo (Loreto) y Las Bambas (Apurímac).
Este cambio significó en el corto plazo la creación en febrero pasado del nuevo
Viceministerio de Gobernanza Territorial (que reemplazó la ONDS), ente que desde esa fecha se ha hecho cargo de los conflictos sociales, la descentralización y organización territorial.
Desde diciembre del 2016 hasta la fecha, el Gobierno ha declarado el estado de emergencia (suspensión de derechos y mantenimiento del orden interno por parte de la policía y las Fuerzas Armadas) en cuatro localidades. En ...