Luego de que el pasado domingo 17 de septiembre, durante una consulta popular, un amplio número de habitantes del municipio de Jesús María, Santander, sentaran su voz de rechazo a la realización de actividades de exploración y explotación minera y petrolera en esa zona, la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) advirtió que está a la espera de la solicitud oficial por parte de la administración municipal para proceder con la suspensión de las licencias ambientales que ese ente haya otorgado para tales fines.
Ese día, de los 3.259 ciudadanos que se encontraban habilitados para sufragar, 1.728 se acercaron para depositar su voto. De estos, 1.677 dijeron estar en desacuerdo con que en la jurisdicción del municipio se realicen actividades de este tipo. Solo 22 personas marcaron sí en el tarjetón.
“La comunidad dice que hay que proteger unas fuentes hídricas que abastecen los municipios de Sucre, Jesús María y otros municipios aledaños. Estamos atentos a que la autoridad competente en el municipio nos informe, nos haga llegar el acta administrativa, la cual señale que no se podrá hacer minería y nosotros acogeremos y suspenderemos esas licencias que se han otorgado”, afirmó Juan Gabriel ...
Un millonario y silencioso flujo de dinero transita desde empresas mineras a municipios donde tienen instaladas sus faenas. Muchas de esas donaciones coinciden con episodios de contaminación o periodos en que esos mismos municipios deben pronunciarse ante la autoridad ambiental sobre proyectos clave de las mineras. Ante el evidente conflicto de interés, la Contraloría dictaminó en 2010 que las municipalidades deben abstenerse de recibir donaciones de privados que comprometan su imparcialidad. Letra muerta: CIPER detectó más de $44 mil millones donados por mineras cuyo uso no siempre es transparente.
Letra muerta. En eso se han convertido los sucesivos dictámenes de la Contraloría General de la República que desde al menos 2005 prohíben a las municipalidades aceptar donaciones de privados que comprometan su imparcialidad a la hora de resolver asuntos en los que esté involucrado el benefactor.
En marzo de 2010, el ente contralor dictaminó que las municipalidades debían abstenerse de recibir aportes o firmar convenios de colaboración con empresas o personas naturales “que tengan o puedan tener interés en asuntos que deban ser analizados, conocidos o resueltos por las entidades edilicias” (
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Xalapa, Ver.- La empresa Minera Caballo SA de CV, filial de la canadiense Candelaria Mining Corp, solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), un nuevo permiso de explotación minera en dos proyectos más: Bandera Norte y Highway North en Alto Lucero.
En la gaceta ecológica 52, solicitó un Informe preventivo bajo el número 30VE2017MD176, para la barrenación de 12 planillas y adecuación de 2 mil 200 metros de veredas, proyectos dispersos en estas dos zonas.
Cabe señalar que apenas hace unas semanas, esta empresa solicitó un permiso de explotación de minería a cielo abierto de oro y plata en el cerro de La Paila a unos cuantos metros de estos dos proyectos.
De acuerdo a la información que la empresa Candelaria Mining Corp informa a sus inversores a través de su página Internet, el proyecto de explotación minera Caballo Blanco incluye una explotación de siete objetivos de alta prioridad en más de siete mil hectáreas.
En la fase I del proyecto, se tienen contempladas cuatro áreas de exploración y explotación como son: Highway North, Bandera Sur (donde se solicitaron los proyectos), pero además otros dos: Las Cuevas y ...
Lo resolvió el Gobierno, al considerar que el Estudio de Impacto Ambiental del plan a desarrollarse entre Mendoza y San Juan se basó en el rechazado por la Legislatura en 2015.
El análisis de una base de datos construida por Ojo-Publico.com en base a pedidos de información a la Autoridad Nacional del Agua revela que 10 de las mineras más importantes del Perú tienen autorización para explotar hasta 302 mil millones de litros de agua cada año, a cambio de una compensación máxima de S/0,27 por cada m3 consumido. Sin embargo, las cifras de la autoridad no cuadran con las de las empresas. Ocho mineras deben un total de S/1,6 millones al Estado por el uso del agua.
Cada año, diez de las compañías mineras más importantes que operan en el Perú están autorizadas a usar un máximo de 302.442 millones de litros de agua de quebradas, lagunas y acuíferos para atender sus operaciones. La lista la integran Southern Peru, Antamina, Milpo-Votorantim, Volcan, Xstrata, Buenaventura, Las Bambas, Minero Horizonte, Yanacocha y Barrick, y la cifra se desprende del análisis de una base de datos construida por Ojo-Publico.com con reportes obtenidos a través de pedidos de información a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), institución encargada de la gestión hídrica en el país.
El abuso de poder de los gobiernos de turno hacia la población, las organizaciones sociales y sus líderes, sean estos obreros, campesinos y sobre todo indígenas, si bien no es nuevo, en el último tiempo se han hecho recurrentes y a la vez preocupantes al extremo de "criminalizar" la simple y llana protesta social. César Padilla, coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL), en contacto con El Día, nos revela que la situación se agrava tanto que entre 2012 y 2015 se han registrado 200 muertos en América Latina, entre ellos líderes indígenas.
El experto nos revela cómo los gobiernos, sobre todo progresistas de la región, al agravar sus países aún más de la dependencia de las materias primas del gas, petróleo y minería, han acrecentado sus políticas extractivas en desmedro del medio ambiente y la convivencia pacífica de pueblos campesinos e indígenas. Señala que Bolivia no está exenta de esta realidad, cuando menos estos días en los conflictos de Achacachi, el Tipnis, entre otros el gobierno a todos aquellos sectores que cuestionan sus políticas son objeto de persecución, deslegitimación, criminalización.
P. ¿Lo que sucede en Bolivia es común ...
La Coordinaora Ecologista de Asturias denuncia que «el Servicio de Seguridad Minera del Principado de Asturias ha denegado la petición trasladada de prohibir el uso del venenoso cianuro en la minería de oro que se está usando en la planta asturiana de Boinás, en las minas de Salas y Belmonte». «El Principado, una vez más, hace caso omiso al principio de precaución que hay en toda Europa», explica el colectivo, citando una resolución del Parlamento Europeo que insta a prohibir el uso de tecnologías mineras basándose en el cianuro.(España).
Fuente:http://www.elcomercio.es/asturias/occidente/ecologistas-critican-cianuro-20170919000618-ntvo.html
Pueblos chiapanecos se pronuncian contra megaproyectos