
La empresa Carbones El Cerrejón continúa incumpliendo los pronunciamientos de la Corte Constitucional, frente a la necesidad de proteger el agua, la salud y la seguridad alimentaria de comunidades que dependen del arroyo Bruno. Así lo asegura Angela Ortíz, integrante del colectivo Fuerza Mujeres Wayúu.
Dicho pronunciamiento del alto tribunal, se da
ante la solicitud de las comunidades indígenas Wayúu de Paradero y La Gran Parada en la Guajira, que pidieron protección al arroyo Bruno y su ecosistema frente al riesgo de la expansión de la minería hacia su cauce. Así pues, la Corte constató que en el desarrollo de esa actividad existen “Incertidumbres sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto de modificación parcial del cauce del Arroyo Bruno”.
La orden de la Corte Constitucional
En ese sentido, la Corte ordenó que se realice un estudio técnico independiente ambiental, y la incorporación al Plan de Manejo Ambiental Integral vigente -PMAI- teniendo en cuenta: las consecuencias de la actividad minera en el ecosistema y puntualmente en el arroyo Bruno, los efectos del cambio climático y del calentamiento global en La Guajira, así como las intervenciones que históricamente Cerrejón ha efectuado sobre los cuerpos de agua.
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