Continúan los desplazamientos de comunidades indígenas en el Chocó debido a la fuerte presencia de grupos armados como paramilitares y estructuras guerrillas del ELN. Denuncias de organizaciones que defienden los derechos humanos indican que los desplazamientos se han realizado en medio de la inoperancia de la Fuerza Pública y el Estado colombiano.
De acuerdo con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, desde abril, 439 personas que componen 115 familias de las comunidades Embera Katio y que habitan en las inmediaciones del río Jiguamiandó, se han visto obligados al desplazamiento. Esto, producto de la fuerte presencia de grupos neoparamilitares y guerrilleros que buscan el empoderamiento del territorio.
la Comisión señaló que no se han tenido en cuenta las disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien otorgó medidas cautelares a estas poblaciones. Afirmó que no han sido suficientes las acciones institucionales para prevenir este tipo de violencia que pone en riesgo la supervivencia de las comunidades indígenas.
A esto se suma la ocupación ilegal de predios de las comunidades indígenas por parte de empresas que realizan operaciones extractivas y que han generado contaminación en los ríos con mercurio y la ampliación ...
439 indígenas han sido desplazados en el Chocó en los últimos dos meses
Continúan los desplazamientos de comunidades indígenas en el Chocó debido a la fuerte presencia de grupos armados como paramilitares y estructuras guerrillas del ELN. Denuncias de organizaciones que defienden los derechos humanos indican que los desplazamientos se han realizado en medio de la inoperancia de la Fuerza Pública y el Estado colombiano.
De acuerdo con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, desde abril, 439 personas que componen 115 familias de las comunidades Embera Katio y que habitan en las inmediaciones del río Jiguamiandó, se han visto obligados al desplazamiento. Esto, producto de la fuerte presencia de grupos neoparamilitares y guerrilleros que buscan el empoderamiento del territorio.
la Comisión señaló que no se han tenido en cuenta las disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien otorgó medidas cautelares a estas poblaciones. Afirmó que no han sido suficientes las acciones institucionales para prevenir este tipo de violencia que pone en riesgo la supervivencia de las comunidades indígenas.
A esto se suma la ocupación ilegal de predios de las comunidades indígenas por parte de empresas que realizan operaciones extractivas y que han generado contaminación en los ríos con mercurio y la ampliación ...



A comienzos de los años 80 una alianza —joint venture— de Naciones Unidas, Ingeominas y Ecominas identificó en Mocoa, Putumayo, un importante reserva de minerales: oro, platino, plata y plomo. La información quedó dormida casi 20 años, hasta que en el 2008 el gobierno de Álvaro Uribe, con su política de estímulo a la inversión extranjera con minería, le dio vida a este descubrimiento. La surafricana Anglo Gold Ashanti fue una de las multinacionales en responder al llamado del Gobierno. Abrieron varios frentes de exploración, y retomaron el hallazgo del Putumayo.
Solicitaron 4 bloques para explotar en búsqueda de oro. A los tres años identificaron el yacimiento, y para sorpresa de todos, le cedieron el contrato a Mocoa Ventures, una empresa hermana, dependiente del conglomerado de oro más grande del mundo: B2Gold Corporation, con sede en Canadá.
El más reciente informe “Cuando el río suena, piedras y otras cosas lleva”, realizado por el Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, retrata la situación de riesgo que viven las comunidades en la Guajira debido a los efectos negativos de la minería del Cerrejón. El documento detalla los procesos de contaminación del agua y aboga por el respeto al derecho a un ambiente sano.
De acuerdo con Golda Fuentes, asesora académica de Indepaz, el trabajo de investigación se realizó con las comunidades que han habitado por más de 30 años este territorio, en conjunto con las actividades mineras que realiza el Cerrejón. Siendo esta una de las empresas más grandes de América Latina que se dedican a la extracción del carbón.
Debido a las preocupaciones de las comunidades en las afectaciones del medio ambiente, Indepaz realizó un monitoreo independiente, en conjunto con universidades de Colombia y Alemania, para identificar las afectaciones al agua y al ambiente que repercuten en las condiciones de salud de las comunidades.
Las empresas megamineras y sus lobbystas siguen mostrando su cara más miserable. En distintas localidades de la Meseta de Chubut, el Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Minería Argentina-ASIJEMIN pide a la población que acerque sus curriculum. La ilusoria promesa de trabajo en esa región de Chubut -castigada durante años por la falta de políticas públicas para su desarrollo- en una actividad prohibida por la Ley 5001, rechazada socialmente y responsable de innumerables impactos negativos social es y ambientales en distintas partes del mundo.
En “Mañana de lobos” hablamos con el vecino de Paso de Indios, Leandro Payal, quien nos cuenta sobre esta reprochable maniobra de las megamineras en su localidad, en Paso del Sapo, Gastre, Gan Gan, Telsen, Lagunita Salada, entre otras: “es una burla y están usando a la gente” afirmó el vecino.
Fuente: FM Kalewche
Fuente enlace: https://noalamina.org/argentina/chubut/item/40716-los-vende-humo-aprovechan-las-necesidades-de-la-meseta
Estaba funcionando sin habilitación municipal y tenía como objetivo principal la explotación minera detalló la Jueza de Faltas, Patricia Mónica Masud, en conferencia de Prensa.
En horas de la mañana de este viernes, se hizo efectiva la orden de clausura a la empresa Seargen S.A en Chilecito, con respecto a ello la jueza de faltas Patricia Mónica Masud comentó a medios de comunicación que “la empresa Seargen SA estaba trabajando sin habilitación municipal y habiendo pedido la habilitación para un rubro, la documentación que adjunta y que luego investiga la Municipalidad de Chilecito a través de la AFIP, se da con que la fachada de consultora de ingeniería y asesoramiento industrial ellos pretendían la explotación minera” dijo.
Asimismo dijo “con respecto a la inscripción en la AFIP, ellos el documento que adjunta es un formulario impreso pero fotocopiado en la mitad que no permite ver el rubro o actividad para la cual se inscribe en la AFIP, eso se lo descubre cuando la municipalidad investiga en la AFIP, y eso está en la foja 39 del expediente administrativo. Es una maniobra de ocultamiento del verdadero objetivo que era la explotación minera”.
Al ...
El extractivismo desde todo punto de vista es una agresión destructiva de los seres que habitan el planeta y un mal negocio para el Estado ecuatoriano, según advierten los expertos que siguen al paso el problema de impacto ambiental que causaría en los bosques primarios de Íntag un proyecto minero. “Que nadie dude que en territorio de Cotacachi, el impacto ambiental será el que jamás se haya visto alrededor del mundo”, advirtió un experto en temas ambientales.
Defensa de Conservación Ecológica de Íntag (Decoin) se creó en 1995 para enfrentar la degradación ambiental que varias comunidades predecían por la presencia de empresas extranjeras explotadoras de cobre, según informó Carlos Zorrilla, ecologista y dirigente de la zona.
En estos 23 años de existencia como organización, defienden el amplio territorio de Íntag, 42 comunidades, gobiernos locales y a la Reserva Ecológica Cotacachi – Cayapas.
En este territorio se encuentran 41 reservas ecológicas y ambientales, en un área de 13.000 hectáreas.
“Nosotros como organización no tenemos ni un solo metro cuadrado, todo se ha entregado a las comunidades”, aclaró Zorrilla.
“Somos una organización de conservación, biodiversidad, agua y bosque. Cualquier actividad que amenace ...
La familia del defensor Mariano Abarca Roblero y organizaciones acompañantes les informamos que, el 16 de mayo acudimos a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia después de recibir una respuesta decepcionante a
Alrededor de 250 pobladores de Morococha, zona donde se encuentra el proyecto minero Toromocho de Chinalco, se movilizaron al Ministerio de Energía y Minas en Lima para exigir que el ministro Francisco Ísmodes atienda a sus demandas y no expropie las 34 hectáreas de propiedad del distrito. Sin embargo, tras una reunión con el viceministro de Minas, Miguel Incháustegui, no se logró llegar a algún acuerdo. Se anunció paro indefinido.
En abril de este año, dicho ministerio transfirió 34 hectáreas de la de Morococha antigua a Activos Mineros para facilitar la ampliación del Proyecto minero Toromocho. En ese terreno viven 60 familias que se quedarían en la calle. El responsable de la Comisión de ecología de la
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, decidió negarle el permiso a la Compañía Minera Ataco S.A.S, que pretendía explotar oro en el sector de Umbulú de la vereda Apone en Ataco, Tolima.
La falta de voluntad de los gobiernos en aplicar los marcos jurídicos internacionales que reconocen el derecho de participación de los pueblos indígenas en sus territorios, está obligando a las comunidades junto con las organizaciones de la sociedad civil a unir esfuerzos para enfrentar la amenaza de los proyectos extractivos en la región.
La lucha organizada contra la minería junto a la defensa del agua en Centroamérica, es la causa para unirse en esta alianza de organizaciones comunitarias y sociales, en protección de los bienes naturales, manifestó Julio González, activista del Colectivo Madre Selva de Guatemala.
“Considerando que estamos frente a la amenaza de la imposición de proyectos extractivos sobre todo mineros, que son altamente contaminantes y no viables en territorio centroamericano, hacemos la salvedad que este territorio que posea una grandeza genética, no muestra la posibilidad que se realice la extracción de minería metálica en nuestro suelo. La preocupación es por los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres y de la salud de toda la población centroamericana que se encuentra amenazada frente a los intereses de las corporaciones internacionales”, aseguro González.
La ausencia de los procesos de consultas previas, ...