El Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Elvira Quesada, anunció que antes de que concluya el sexenio del Presidente Felipe Calderón se tendrá la resolución para determinar si la zona sagrada de Wirikuta es declarada Área Natural Protegida y de esta manera salvaguardar el medio ambiente del sitio ubicado en el municipio de Catorce.
"Queremos ponerle un candado adicional que sería la declaratoria de área natural protegida, pero no lo vamos a poner a capricho de alguien que lo solicite. Si hay criterios de biodiversidad, de protección ecológica que lo amerite, lo vamos a hacer. Todo va a ser con una metodología muy firme.
"Estamos en la recta final para determinar este último camino y darle a la sociedad nacional la certeza de que si se dio un permiso fue legal y si no se dio fue porque nunca llenaron las expectativas", afirmó el funcionario federal durante su participación en el Noveno Foro Internacional desde lo Local, que tiene como sede San Luis Potosí.
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En el taller que sobre Minería realizamos en Pucahuaico el pasado mes de Agosto –en homenaje al 24 aniversario de Mons. Proaño- recibimos luces de varios amigos y amigas.
La mayor operadora del mercado local ganó el concurso al ofrecer US$ 40 millones.
Se agudiza la situación en la localidad de Caimanes, en la provincia del Choapa, tras la controversia desatada por el informe pericial de la PDI, que afirma que el agua para consumo humano, está contaminada por minerales como cadmio, hierro, manganeso, cromo, entre otros, haciendo peligrosa su ingesta para el consumo humano.
Porque Chile no es un botín: Llamado a funar Cumbre Gobierno-Empresarios para repartirse el país
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales se complacen en invitarle al sexto Coloquio de Derechos Humanos del ciclo 2012, en donde la abogada Dora Lucy Arias presentará una solicitud de audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: "Responsabilidad del Estado de Canadá por las violaciones de derechos humanos derivadas de empresas mineras en América Latina".
La Ley Minera debe dar prioridad a intereses públicos fundamentales para la sociedad mexicana: el agua, la salud, el medio ambiente y la seguridad alimentaria, y para ello se debe construir una propuesta de modificaciones a la legislación de esta actividad industrial que “ha agudizado como nunca antes las tensiones sociales y los costos ambientales en toda América Latina”.