Denuncian excavaciones en los ejidos San Francisco y Santa Rita
* Temen destrucción de las zonas alta y media de Tapachula, Cacahoatán, Huehuetán y Tuxtla Chico
Tapachula Chiapas.- Campesinos de las zonas altas de Tapachula, Cacahoatán, Huehuetán y Tuxtla Chico, informaron que han detectado que presuntamente empresas mineras o hidroeléctricas han realizado excavaciones en predios cercanos a los ejidos San Francisco y Santa Rita.
Los campesinos, detallaron que han observado maquinaria, así como personal, al parecer extranjeros que transitan entre los cafetales, para tomar medidas de las áreas que se presume servirán para hacer una mina a cielo abierto o una hidroeléctrica.
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Asesinatos y violencia: el alto costo de las concesiones mineras en el estado de Oaxaca, por eso, dice Abighail Vázquez, “queremos que la mina se vaya”.
Desde la salida de Pablo Wagner del Ministerio de Minería y la llegada del nuevo subsecretario Francisco Orrego, que no hay claridad acerca de un nuevo proceso de licitación para los contratos especiales de operación y explotación del litio (Ceol).
Pese a la nube negra que cegó Conga, otros proyectos sí lograron la licencia social. En ese sentido, el balance para el sector es positivo
Operarios de Caserones querían pasar Navidad y Año Nuevo sin trabajar, y desconocieron acuerdos sindicales:Proyecto de capitales japoneses de cerca de US$ 3 mil millones paró en fase clave de su producción: en estos días sacaban sus primeros cátodos. La producción de los primeros cátodos de Minera Caserones, programada para estos días, se atrasó hasta febrero, debido a una paralización de los subcontratistas de empresas constructoras y de montaje de la obra (Salfa y Sigdo Koppers, principalmente). Éstos reclamaron pasar Navidad y Año Nuevo fuera de las faenas, pese a que los contratos estipulaban un régimen de trabajo de turnos de 10 días de trabajo y 10 días de descanso.
Al Tercer Trimestre. Las ventas del sector totalizaron cerca de US$35.000 millones a septiembre, con una baja de 5%.
Defomin dice que se dejan de percibir 200 millones de lempiras al año por falta de ley. Compañías mineras radicadas en el país hacen un pago voluntario a la espera de que se aprueben las reformas legislativas.