El enfrentamiento que sostuvieron comuneros y efectivos policiales el pasado viernes por la viabilidad o no del proyecto Cañariaco en Lambayeque dejó más de treinta heridos, cuatro de ellos de gravedad. Fotografías demuestran que efectivos hicieron uso de armas letales.
Los hechos se iniciaron cuando la policía desalojó la carretera que conduce al campamento de la empresa minera canadiense Candente Cooper, en Marayhuaca, distrito de Incahuasi, que estaba ocupada pacíficamente por los comuneros que se oponen al proyecto minero Cañariaco.
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El Defensor del Pueblo (encargado) Eduardo Vega Luna recordó al Poder Ejecutivo que la Comunidad San Juan de Cañaris tiene existencia legal y personería jurídica como “comunidad de indígenas” y en consecuencia “debería ser sujeta al procedicimiento de consulta previa” ante cualquier medida administrativa que la afecte.
- Un pueblo con un pasado que lo hace fuerte y plan de vida para el presente y el futuro que lo hace vivo. Los Yanacona acaban de reunirse para reafirmarse en su trabajo y han dejado claro que su territorio, en el Macizo Colombiano ha cerrado las puertas al expolio.
Por Luis Hallazi Méndez*
Durante las últimas semanas hemos sido testigos de cómo ha ido escalando en intensidad el primer conflicto socio ambiental del 2013. El conflicto en Kañaris se inició con la marcha pacífica de más de 400 comuneros hacia el campamento minero de la empresa Candente Copper, ubicado en el distrito de Kañaris, en la sierra de Lambayeque. El escenario de conflicto es claro, y a la luz de los hechos violentos del 25 de enero, queda claro que las estrategias de comunicación adoptadas entre las autoridades correspondientes y las poblaciones de impacto de estos proyectos, no están dando los resultados esperados.
La evolución de los conflictos sociales vinculados a la actividad minera en el segundo semestre del año pasado, provocó aparentemente una suerte de sensación de triunfalismo en las esferas gubernamentales. Para algunos funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la relativa calma en los últimos meses del año pasado, era el resultado casi inmediato y hasta mágico de una supuesta nueva estrategia en el abordaje de los conflictos.
Organizaciones garífunas, indígenas y populares les fumaron el puro a los diputados y “enterraron” simbólicamente el Congreso Nacional la mañana de ayer durante una protesta que realizaron contra la recién aprobada Ley de Minería y de las Regiones Especiales de Empleo y Desarrollo económico, o Ciudades Modelo.
A través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) se aprobaría propuesta que ya había sido detenida por la comunidad y declarada ilegal por el Gobierno del Estado.