La Sala Constitucional desestimó, de manera unánime, la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación Costarricense de la Industria Minera alegó la inconstitucionalidad de los artículos 8 bis y 65 inciso f) del Código de Minería y el Transitorio V de la Ley número 8904 del 1º de diciembre de 2010.
La Asociación consideró inconstitucional la prohibición de la minería metálica a cielo abierto, y la consecuente imposibilidad de prorrogar o renovar los permisos o concesiones otorgadas con anterioridad a entrada en vigencia de la prohibición.
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Varios diputados provinciales y funcionarios de Chubut se comprometieron con Minera Argenta, subsidiara de la canadiense Pan American Silver, a revirsar la Ley 5001 -que actualmente prohíbe la minería a cielo abierto- para favorecer a las empresas mineras y que se habilite la actividad a gran escala en la meseta. Esta es el acta que firmaron los Diputados Alejandra Jhonson Taccari, Félix Sotomayor Gustavo Reyes y Vicente Jara, todo integrantes del bloque del Frente para la Victoria.
La minera brasileña suspendió las tareas de obra en el campamento al sur de Malargüe aludiendo retrocesos en la comercialización de hierro. Fue sólo una excusa. Detrás hay una pulseada con Cristina por el financiamiento del proyecto que garanticen la máxima ganancia con le menor inversión y a costa de los bienes naturales como el uso intensivo del agua y el gas. Hubo un pedido de Dilma Rouseff. Cuál es el rol de Paco Pérez.
Centenares de tacneños se congregaron ayer 29 en la plaza de la Mujer para participar de la denominada acción cívica y movilización "por la vida, por el diálogo y por la dignidad" en rechazo al inicio de operaciones del proyecto Pucamarca de la empresa minera Minsur. Durante la marcha de protesta la población exigió la implementación de una consulta popular.
Centenares de hondureños aglutinados en la Convergencia Refundacional expresaron hoy en una manifestación estar "en pie de lucha" contra la reciente aprobación de la nueva Ley de Minería y las denominadas ciudades modelo, que alegan atentan contra la "soberanía nacional".
- Un nuevo elemento de análisis aporta el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda del Instituto de Defensa Legal (IDL). El proyecto Cañariaco no puede ejecutarse sin el consentimiento de las comunidades afectadas por que el proyecto implica el desplazamiento de éstas, situación especial sobre la que existe obligatoriedad del consentimiento.