Por Giorgio Trucchi*
Varias organizaciones(1) se movilizaron este último martes hacia la capital Tegucigalpa, para repudiar la decisión del Congreso de aprobar la reforma de tres artículos de la Constitución que dieron vida a las Zonas de empleo y desarrollo económico, popularmente conocidas como ciudades modelo (charter cities).
También rechazaron la aprobación de la Ley de Minería que, aseguran, representa un serio retroceso ambiental para el país.
El mandatario finlandés, Jirky Katainen, asistió a las dependencias de Codelco para conocer las innovadoras medidas de descontaminación que posee la cuprífera nacional.
El Primer Ministro de Finlandia, Jyrki Katainen, conoció la mina El Teniente, Sewell y el Tranque Barahona acompañado por el ministro de Minería, Hernán de Solminihac.
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Alza en costos de proyectos y caída de precios de metales afectaron los cálculos.
Los ejecutivos y los accionistas del sector minero están pagando el precio por una ola desenfrenada de fusiones y adquisiciones durante la década pasada que alcanzaron un monto total de US$ 1,1 billón (millón de millones). Las mayores mineras y compañías de acero del mundo amortizaron cerca de US$ 50.000 millones en valoraciones de proyectos durante el año pasado y la “fuga” de dinero podría continuar durante la temporada de resultados a medida que los administradores reevalúan las onerosas adquisiciones realizadas en los últimos años.
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El enfrentamiento que sostuvieron comuneros y efectivos policiales el pasado viernes por la viabilidad o no del proyecto Cañariaco en Lambayeque dejó más de treinta heridos, cuatro de ellos de gravedad. Fotografías demuestran que efectivos hicieron uso de armas letales.
Los hechos se iniciaron cuando la policía desalojó la carretera que conduce al campamento de la empresa minera canadiense Candente Cooper, en Marayhuaca, distrito de Incahuasi, que estaba ocupada pacíficamente por los comuneros que se oponen al proyecto minero Cañariaco.
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El Defensor del Pueblo (encargado) Eduardo Vega Luna recordó al Poder Ejecutivo que la Comunidad San Juan de Cañaris tiene existencia legal y personería jurídica como “comunidad de indígenas” y en consecuencia “debería ser sujeta al procedicimiento de consulta previa” ante cualquier medida administrativa que la afecte.
- Un pueblo con un pasado que lo hace fuerte y plan de vida para el presente y el futuro que lo hace vivo. Los Yanacona acaban de reunirse para reafirmarse en su trabajo y han dejado claro que su territorio, en el Macizo Colombiano ha cerrado las puertas al expolio.
Los Yanacona saben cuántos son y quiénes son. Se trata de 45.612 seres humanos, agrupados en 9.112 familias. Habitan el Macizo Colombiano y se les puede encontrar el 31 comunidades que pertenecen a 19 municipios. Tienen una historia poderosa como parte del Chinchaysuyu, los territorios del norte del Tawantin Suyo, la civilización inkaica que influyó buena parte de la América del Pacífico en los siglos XV y XVI.
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Por Luis Hallazi Méndez*
El Gobierno vuelve a demostrar su incapacidad para hacerle frente a un conflicto que hoy es noticia pero que desde hace varios meses venía mostrando serios síntomas de malestar, no solo de la comunidad campesina San Juan Bautista de Cañaris, sino de todo el distrito, lo que fue transmitido en su oportunidad por sus autoridades (1).
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Durante las últimas semanas hemos sido testigos de cómo ha ido escalando en intensidad el primer conflicto socio ambiental del 2013. El conflicto en Kañaris se inició con la marcha pacífica de más de 400 comuneros hacia el campamento minero de la empresa Candente Copper, ubicado en el distrito de Kañaris, en la sierra de Lambayeque. El escenario de conflicto es claro, y a la luz de los hechos violentos del 25 de enero, queda claro que las estrategias de comunicación adoptadas entre las autoridades correspondientes y las poblaciones de impacto de estos proyectos, no están dando los resultados esperados.
La evolución de los conflictos sociales vinculados a la actividad minera en el segundo semestre del año pasado, provocó aparentemente una suerte de sensación de triunfalismo en las esferas gubernamentales. Para algunos funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la relativa calma en los últimos meses del año pasado, era el resultado casi inmediato y hasta mágico de una supuesta nueva estrategia en el abordaje de los conflictos.
Organizaciones garífunas, indígenas y populares les fumaron el puro a los diputados y “enterraron” simbólicamente el Congreso Nacional la mañana de ayer durante una protesta que realizaron contra la recién aprobada Ley de Minería y de las Regiones Especiales de Empleo y Desarrollo económico, o Ciudades Modelo.
Las protestas iniciaron muy temprano con la llegada a los bajos del Palacio Legislativo de miembros de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH). Junto a ellos arribaron afiliados del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y del Colectivo de Mujeres Hondureñas (CODEMH). Posteriormente, a ellos se les sumaron integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, quienes primero protestaron frente a la Dirección de Fomento a la Minería (DEFOMIN).
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