* En Uruguay existen casi las mismas disposiciones legales que en Chile, que permiten a una empresa extranjera transferir las utilidades y evadir el impuesto a la renta.
* Están dadas todas las condiciones para que la minera Aratirí no declare utilidades y, si alguna vez las llega a declarar, para que sean tan bajas como le acomode.
* El nuevo impuesto adicional al IRAE, que es presentado como un gran logro de este proyecto de ley de minería de gran porte, no se pagará nunca.
* Para aparecer atractivo, el proyecto de ley crea un Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión, pero el mismo será paupérrimo por lo antes expuesto.
* En caso de controversia con la empresa, el proyecto entrega la resolución del conflicto a un tribunal internacional. Este es el broche de oro del proyecto de MGP.
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La consulta realizada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Tetela de Ocampo no es el camino para conocer la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la filial de Grupo Frisco, por romper los criterios internacionales establecidos para una consulta indígena, las asambleas deben considerar los criterios internacionales por los efectos jurídicos que esto tiene, subrayó Raymundo García López, miembro de Serranos Unidos, colectivo que reúne a 14 asociaciones civiles que rechazan los proyectos mineros, hidroeléctricos y de ciudades rurales que están siendo impulsados en la Sierra Norte de Puebla.
Juan San Cristóbal
El proyecto ubicado en Mejillones contará con una generación bruta de 532 MW (472MW netos) que se venderán bajo contratos a largo plazo a empresas mineras como SQM y Sierra Gorda. El costo de inversión de la iniciativa supera los 1.350 millones de dólares.
La movilización lleva más de 24 horas en rechazo a las declaraciones de la administración divisional, que atribuyó el fallecimiento de Nelson Barría Figueroa a causas fortuitas. Los trabajadores exigen la salida del gerente general Francisco Carvajal.
La ONG señaló que la formulación de cargos contra la filial chilena de la minera Barrick “dan cuenta de las reiteradas violaciones a los permisos ambientales y sectoriales”.
San José del Progreso, el tercer municipio más pobre de Oaxaca. Paradójicamente, un pueblo rico en oro y plata, ahora extraídos por la filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, Compañía Minera Cuzcatlán.