El Parlamento uruguayo sancionó hoy la ley de minería de gran porte que regula las actividades de extracción de más de 100 millones de dólares de inversión y estipula hasta 50 por ciento de carga impositiva. Decenas de organizaciones sociales y de productores rechazan la lay y recurrirán a la Suprema Corte de Justicia y recolectarán firmas para derogar la ley a través de un referéndum.
La aprobación en la Cámara de Diputados, que trató el proyecto con las modificaciones que introdujo el Senado en abril, fue posible por los 50 votos positivos del Frente Amplio más dos del Partido Independiente sobre 82 legisladores asistentes a la sesión.
La oposición rechaza la propuesta y critica los incentivos que se darán a los inversores de la industria extractiva (no pagar IVA e impuestos, por ejemplo); el que haya artículos que aseguran reserva y confidencialidad; y el plan de cierre para las minas.
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