Integrantes del grupo ambientalista Bios Iguana que participan en el movimiento de resistencia contra la explotación de una mina de oro, en el pueblo indígena de Zacualpan, se quejaron ante la Comisión de Derechos Humanos del estado por amenazas de muerte, agresiones y hostigamientos en su contra, supuestamente con el propósito de hacerlos desistir de su oposición al proyecto.

A su vez, Jonathan Ochoa Hernández, abogado de la agrupación, presentó en la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia contra Carlos Soule, empleado de la Procuraduría Agraria (PA), por agresiones físicas y amenazas de muerte.

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Carlos Guzmán Teodoro, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Zacualpan, fue destituido de su cargo esta tarde en asamblea comunal.

Con el aval de los 96 comuneros asistentes a la segunda convocatoria, los asambleístas también aprobaron la destitución del secretario y tesorero de la dirigencia, además de la renovación del comité de vigilancia.

Asimismo, respaldaron la declaratoria de “Zacualpan, libre de minería” para rechazar cualquier intento de exploración o explotación de los recursos minerales de esta zona.

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Comuneros de este pueblo indígena acordaron hoy no permitir la explotación de una mina de oro en su territorio, con el argumento de que dañaría su entorno natural y contaminaría un gran manantial, del que se abastece de agua potable a más de 70% de los habitantes de la capital del estado.

Asimismo, destituyeron de sus puestos a los integrantes de la mesa directiva de Bienes Comunales, que encabezaba Carlos Guzmán Teodoro —a quien acusaron de estar coludido con el empresario promotor del proyecto minero, Rigoberto Verduzco Rodríguez— y nombraron en su lugar a J. Guadalupe Rincón Carpio como presidente, a Epitacia Zamora Teodoro como secretaria y a Olivia Teodoro Aranda como tesorera.

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Desde 2008 hasta la fecha se han invertido 19 mil millones de dólares en exploración y valoración mineras de acuerdo con la página del gobierno canadiense correspondiente a Recursos Naturales.

Un libro publicado en 2010 titulado Imperial Canadá Inc: refugio legal para la industria minera del mundo, lanza la teoría de que Canadá tiene un “legado imperial” desde su fundación en 1867.

 

“Apoya la especulación, habilita flujos de capital para financiar proyectos cuestionables en el extranjero, usa una diplomacia proactiva para promover la minería, usa paraísos fiscales en el Caribe, da subsidios gubernamentales, da un amparo legal para protegerse de litigios hechos por comunidades afectadas por la minería”, dice el libro.

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En México, las mineras canadienses se encuentra con una política pública donde la necesidad de atraer inversión extranjera minimiza todo lo demás.

En Canadá las mineras son ciudadanos corporativos casi ejemplares. En México son los villanos de muchas películas. Las empresas canadienses son titulares de 30% del total de las concesiones mineras. Son propietarias de siete de las 10 mayores minas de oro y grandes beneficiarios de las lagunas de nuestra legislación para la industria extractiva: pagan pocos impuestos, contaminan el suelo, el aire y el agua de un modo que no lo harían en su país y pagan sueldos que tasan a los mineros mexicanos ocho veces más baratos que sus contrapartes canadienses.

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Aunque la delegada en Colima de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera, informó que respetará la decisión de los comuneros para declarar a la población de Zacualpan “libre de minería”, ésta no ha generado las condiciones para legalizarlo.

De acuerdo a versión de los comuneros, durante las pasadas cuatro asambleas comunales, el presidente del comisariado, Carlos Guzmán Teodoro, no ha registrado las respectivas actas en el libro oficial para ello. Incluso, el tema de rechazo a la mina ya fue aprobado en noviembre pero en hasta hoy los comuneros alegan que no existe evidencia para comprobar que fue debidamente asentado.

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Una treintena de agrupaciones sociales exigieron a los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá abstenerse de defender los intereses de las grandes corporaciones mineras vinculadas al modelo extractivo depredador.

También pidieron que no sigan impulsando tratados como el TLC “haciéndonos creer que son la solución a los problemas que enfrentamos”, pues ese modelo global, subrayaron, “tiene claros signos de agotamiento, es recesivo a los derechos humanos y está acabando con los bienes naturales de forma dramática por la rapaz visión de mundo que comparten entre ustedes y todo el aparato que representan”.

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