En México hay al menos 30 focos rojos por la disputa de terrenos entre comunidades indígenas y empresas mineras extranjeras que pueden representar un brote de “inestabilidad social” para algunas regiones del país, advirtió el comisionado nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, Jaime Martínez Veloz.
Indicó que los puntos de conflictividad y atención se tienen ubicados en Oaxaca, con el caso de la mina de plata de origen canadiense San José El Progreso, así como en Baja California, Puebla, Veracruz, Chiapas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Morelos, Tlaxcala y Chihuahua, donde también operan firmas extranjeras.
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La disputa por la operación de la mina de San José "El Progreso", ha dejado un saldo de seis muertos, entre ellos el activista el líder opositor antiminas Bernardo Vásquez Sánchez por dos sujetos que le dispararon a distancia desde un vehículo en movimiento.
Dirigentes centroamericanas de los movimientos que se oponen a las compañías mineras advirtieron a sus pares mexicanos sobre la estrategia que las compañías promotoras de esos proyectos han seguido, intentando dividir a las comunidades, sembrando la discordia incluso entre las familias, con el contubernio de los gobiernos.
Ante la amenaza de instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos en la sierra nororiental del estado de Puebla, ayer domingo se llevó a cabo una importante reunión de los Comités de Agua de las diferentes comunidades del municipio de Cuetzalan, convocada y conducida coordinadamente con los comités locales y representantes del Órgano Ejecutivo del Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC). En esta reunión, de gran representatividad y asistencia, se refrendaron los acuerdos llevados a cabo en cada una de sus localidades, en el sentido de reafirmar su rechazo a los proyectos hidroeléctricos y mineros que amenazan el territorio; asimismo, se pronunciaron por un “no rotundo a la privatización de sus sistemas de distribución de agua” y la entrada de empresas petroleras que buscan explotar el gas con el dañino método llamado fracking.
El proyecto de la nueva Ley Minera prevé la desaparición de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la creación de la Administradora Jurisdiccional de Concesiones Mineras, entidad encargada de establecer los nuevos contratos para la explotación minera en el país. El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), José Yucra, informó que la nueva institución dependerá del Estado para que pueda manejar todos los recursos mineralógicos del país, las reservas fiscales y la migración de las concesiones a los nuevos contratos.
La Minera San Xavier (MSX) informó hoy que la primera etapa del cierre gradual de operaciones empezará a principios de 2016, además, prometió apegarse a las leyes laborales y del medio ambiente, esto último previsto en la autorización ambiental de la empresa.
La megaminera brasileña Vale do Rio Doce utilizará el Puerto de Nueva Palmira, sobre el río Uruguay, para transportar buena parte de su carga y se mostró interesada en utilizar en un futuro la terminal de Aguas Profundas, que se prevé construir en Rocha. El mineral de hierro que llegará hasta Uruguay es la que la firma extrae en la zona de Corumbá, en el Mato Grosso del sur.
Las mineras llegan a $us 3.000 millones de forma anual. El director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Marco Gandarillas, informó que en 2012 la minería exportó 3 mil millones de dólares, pero dejó al país solo 131 millones de dólares. El sector cooperativista tiene a su cargo el mayor número de explotaciones y el remanente es explotado por mineras transnacionales. El proyecto de ley minera no modificaría sustancialmente los índices de regalias mineras.
Próximamente todos los Diputados de la Cámara recientemente elegidos deberán opinar acerca de las conclusiones y recomendaciones emitidas por el informe final de la Comisión Investigadora “Efectos del proyecto Pascua Lama en el Valle del Huasco”.
Este jueves, representantes legítimos del Pueblo Maya Mam, se presentaron en la Corte de Constitucionalidad, acompañados de la Comisión Jurídica del Consejo del Pueblo Maya, para evacuar la vista pública ante la apelación presentada por el Pueblo Maya Mam, sobre la resolución de la Corte de Constitucional en octubre de 2013, al denegar un amparo interpuesto por el Pueblo Maya Mam en contra de la licencia minera denominada "San Jose III", otorgada a Montana Exploradora S.A., la cual abarca 25.000Km2 en territorio Maya Mam.