Dentro de la lucha por impedir que se instale una mina de oro en la comunidad indígena de Zacualpan, este martes la nueva mesa directiva acudirá al Registro Agrario Nacional (RAN) para conocer si dicha dependencia registró la última acta de la asamblea.

El pasado 23 de febrero destituyeron de sus puestos a los integrantes de la mesa directiva de Bienes Comunales que encabezaba Carlos Guzmán Teodoro, a quien acusaron de estar coludido con el empresario promotor del proyecto minero, Rigoberto Verduzco Rodríguez. 

“Los procesos extractivos de la gran minería son intensivos en agua y energía, de modo tal que por cada tonelada de mineral exportado, se utilizan también varias toneladas de agua y grandes cantidades de energía, y los que unos consumen a otros se les quita”, mencionó Horacio Machado Aráoz, investigador del CEIICH de la UNAM.

La minería en México, no importando qué método extractivo utilice, es una actividad de gran importancia económica y la legislación actual no es muy restrictiva en cuanto a sus impactos ambientales. Aún así, los promotores (compañías explotadoras) requieren la autorización en materia del impacto ambiental de la Semarnat y para ello necesitan hacer análisis del impacto, estudios de riesgo, informes preventivos y acciones “(…) que terminan por no cumplirse”, dijo el académico.

El creciente número de conflictos derivados de la actividad extractiva en la Sierra Norte de Puebla, va en aumento. Comunidades campesinas e indígenas de los pueblos nahua, totonaco y otomí se enfrentan a la violación constante de sus derechos que han sido atropellados por compañías transnacionales del sector minero, al violentar su derecho a un medio ambiente sano su derecho al agua, a lasalud y a la autodeterminación de los pueblos.

A una pequeña comunidad nahua de la Sierra Norte de Puebla, llamada Cuahutapanaloyan, desde el día siete y hasta el 9 de marzo de este año  hemos concurrido cientos de integrantes de organizaciones indígenas y campesinas de todo el país, y nos reunimos para compartir  experiencias en el difícil caminar que ha significado la defensa del  territorio. Aquí se  encontraron viejos luchadores como Nacho del Valle del Frente de Defensa de la Tierra de Atenco con mujeres como María Isabel indígena binniza de la Asamblea Juchiteca que defiende su tierra de la invasión eólica. Asisten también los viejos luchadores de la Sierra Norte de Puebla, que vienen  de Huehuetla, Zautla, Olintla, o Tetela y que nos dicen como enfrentan los proyectos mineros de ricos como Carlos Slim o Germán Larrea  y también se escucha con atención los jóvenes activistas veracruzanos que narran como decenas de represas amenazan los ríos de ese estado.

Uno de los rasgos de los propietarios del capital en el campo y en la minería durante la colonia y  el porfiriato, fue el uso de personal a su disposición para reprimir cualquier connato de descontento;  después en la época  posterior a larevolución mexicana  proliferaron en el campo los conocidos como “guardias blancas” que son una especie de policías privados que cuidaban las propiedades de los terratenientes, y así siguió la práctica con los finqueros, una especie de policías armados pagados por los propietarios de la tierra.

 Esto no ha cambiado mucho: por ejemplo las compañías capitalistas que se han establecido en zonas de riego en el norte y noroeste del país, que producen hortalizas para el mercado capitalista con tecnología de punta, emplean a miles de jornaleros, la gran mayoría de ellos de habla indígena, “enganchados” en el centro y sur-sureste del país, por los llamados “coyotes”, que después son sobreexplotados en el campo, por las compañías capitalistas que producen para el mercado mundial;  pero además están vigilados por policías privados, dentro de las grandes propiedades privadas ...