La Agencia Nacional Minera (ANM) encontró 29.966 hallazgos jurídicos, técnicos, económicos, de seguridad e higiene, y ambientales durante el proceso de fiscalización desarrollado entre 2012 y lo que va de 2014. De esa cifra, 3.412 corresponden al Caribe colombiano, lo que representa 11,3% del total nacional.
La fiscalización incluyó en todo el país a 10.161 títulos mineros vigentes, repartidos en 30 departamentos, de los cuales 1.320 están en el Caribe y de ellos el 80% (1.058) fueron objeto de fiscalización. De los títulos fiscalizados en todo el país, solo 8% (812) cumplían todos los requisitos.
Estos hallazgos corresponden a las primeras y segundas visitas realizadas por los funcionarios de la Agencia, que tienen un carácter preventivo, pero a partir de la tercera visita (que en muchos casos ya se ha desarrollado) empezarán a haber sanciones.
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MANIFIESTO PUBLICO
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), informó que durante las inspecciones realizadas el año pasado a las empresas mineras y a sus contratistas, emitió 55 resoluciones por incumplimientos y violaciones; además, se implementaron sanciones económicas por más de 11 millones 250 mil pesos. Las sanciones se aplicaron en 2013; en lo que va de este año han pagado una multa por más de un millón de pesos por cuatro violaciones laborales.
Continúan en la carceleta del Poder Judicial de Chiclayo los seis campesinos que fueron detenidos por presuntamente alentar las protestas contra el proyecto minero Conga de Cajamarca.
El Observatorio de Conflictos Mineros informa que el día 8 de abril, en la zona denominada la Tranquera, entre las Lagunas Azul y Cortada, distrito de Huasmin, fueron detenidos por la policía, dirigentes de las comunidades, en circunstancias en las que se dirigían a una asamblea en la zona de las lagunas donde se ubica el proyecto minero de Conga.
Hasta ahora la elaboración de la ley minera se ha realizado solo entre el sector minero, y peor aun el debate y el conflicto se ha concentrado en dos artículos 132 y 151, en ningún momento se ha tomado en cuenta las observaciones planteadas por diversos sectores como ser los regantes, los pueblos indígenas, instituciones civicas, ambientalistas, municipales y departamentales.
Negada oficialmente en Chiapas, la explotación minera persiste como una amenaza que para muchas comunidades y organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, ya se materializa en la actualidad, particularmente en la Sierra Madre y la costa, poniendo en riesgo dos importantes reservas de la biósfera, El Triunfo y La Encrucijada, así como la vida de las comunidades y tierras agrícolas. No faltan señales de alarma.