"QUE NO SE PIENSE que los problemas y violaciones provocados directa o indirectamente por los intereses de Codelco en Ecuador existan en un futuro lejano o sean de índole probable: ya se están dando, e incluye la detención de dos técnicos de Codelco en la reserva comunitaria de Junin en septiembre del 2014 quienes estuvieron acompañados por personas ilegalmente armados; el ilegal arresto y encarcelamiento de un jóven campesino presidente de la comunidad de Junin en abril de este año; y la más reciente arremetida violenta con más de 200 policías en contra de la pequeña comunidad de Junin el 8 de mayo del año en curso, cuando fuero agredidos seis campesinos y campesinas, incluyendo dos menores de edad"
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En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, dio a conocer que se impuso una sanción ejemplar de 13.4 millones de pesos a una mina de Grupo México, en San Luis Potosí. Al respecto, mencionó que la actuación de la autoridad laboral lleva implícito el cumplimiento de la ley y la salvaguarda de los derechos de los trabajadores, contribuyendo a contar con centros de trabajo cada vez más seguros.
Las mineras ubicadas en zonas donde puedan existir yacimientos del preciado shale gas o gas de lutitas deberán licitar como cualquier otra compañía para su extracción, en cambio tendrán la posibilidad de aprovechar sin licitación el gas contenido en la veta de carbón mineral, mejor conocido como gas grisú, según la propuesta de leyes secundarias del Gobierno enviada la semana pasada al Senado.
Con fecha 5 de mayo del presente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre las dos medidas cautelares solicitadas por la AIDESEP1, la CCP2, la CNA3, la CONACAMI4 y la ONAMIAP5, en el caso CONGA. La primera –medida cautelar- solicitaba la protección a las autoridades, población indígena, comunidades y rondas campesinas y población en general de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc quienes se encontrarían en situación de riesgo debido a su oposición a la ejecución del proyecto minero.
Con lienzos y volantes fue interceptado lo que pretendía ser un solemne homenaje al presidente Ecuatoriano en la Universidad de Santiago donde se le otorgó el grado de Doctor Honoris Causa, las y los manifestantes aludieron a la represión que hoy experimentan las comunidades de Intag, de San Marcos y del Yasuní, víctimas del accionar de empresas como Codelco y Enap en su territorio.
La agrupación se mostró molesta por lo que califica como un “juego sucio” y un intento de evadir la normativa y sortear una nueva evaluación ambiental. Por su parte, la dirección regional del Sea admitió que existe, tanto la posibilidad de requerir una nueva evaluación ambiental como de no hacerlo, dependiendo de los posibles impactos.
La minería de oro se ha convertido en un flagelo que azota muchos países de América Latina. En algunos sitios operan unas pocas transnacionales gigantes, pero en otras zonas se agolpan cientos a miles de personas, hurgando en los ríos de las selvas o entrañas de las montañas por unos gramos de oro. Mientras que las grandes corporaciones insisten en contar con tecnologías de punta, servir al crecimiento económico y bridar empleo, la minería a pequeña escala, informal o ilegal, está bajo la sombra de la contaminación, la violencia y la pobreza.
Como es conocimiento público, existe una gran preocupación entre la población de los distritos de Huarango y San José de Lourdes (Provincia de San Ignacio, en Cajamarca), por la muerte de peces -carachamas, sardinas, pez blanco entre otros- en el río Chirinos, afluente del río Chinchipe. Desde el 28 de abril la Oficina de Asuntos Indígenas de la Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio y la Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC), solicitaron a las autoridades de la provincia de San Ignacio y al Fiscal de prevención del delito la realización de un estudio de aguas y un análisis de los peces, fuente principal de alimentación de la población. Como sabemos, el proyecto minero Yagku Entsa, de Águila Dorada S.A.C., está haciendo peligrar el hábitat donde viven 1500 personas que integran 16 comunidades awajún en ambas márgenes del Río Chirinos.
La irrupción de la minera china JDC Minerals en la Sierra Norte del Puebla, en el sexenio de Felipe Calderón con la concesión para explotar 100 hectáreas de territorio, no fue bien vista por la comunidad que era testigo de cómo uno de los cerros de Tlamanca era deforestado siniestramente. En noviembre de 2012, luego de una lucha legal y social lograron la expulsión del proyecto, aunque hoy en día aún creen posible su regreso.
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