“La minería es inviable en El Salvador”, sentencian Salvador Sánchez Cerén, quien asumirá el 1 de junio la Presidencia de este país, y su equipo ambiental. Detrás de esta posición del nuevo gobierno hay muchas luchas de las comunidades rurales afectadas.
Una de ellas es la del pueblo Llano de la Hacienda, en el centro del país, cuyos 1.200 habitantes se dedican sobre todo a sembrar milpas (maíz, frijol y calabaza), pastorear vacas y, recientemente, a detener proyectos de minería metálica.
Los hombres y mujeres de este lugar constituyeron el primer foco de resistencia a la empresa canadiense Pacific Rim Mining Corp, que en 2009 demandó al Estado salvadoreño por negarle el permiso de explotación del yacimiento de oro El Dorado.
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La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) exigió el esclarecimiento del homicidio del líder campesino Ramón Corrales Vega, ocurrido el pasado viernes 23 en Sinaloa.
El Consejo de Gobierno del CONAMAQ, reunido de manera ordinaria para analizar la coyuntura y los lemas de agenda del CONAMAQ orgánico, ha recibido la noticia de la promulgación de la Ley de Minería y Metalurgia, frente a lo cual nos pronunciamos:
La evolución reciente de la actividad económica mundial y de las industrias extractivas y de transformación ha sufrido cambios dramáticos, que atentan contra la vida y la salud de los trabajadores. El propósito de crecer y de generar ingresos a cualquier costo ha deshumanizado los procesos productivos, así como el comercio de bienes y servicios.
Desde que EcuaCorriente (de origen canadiense y hoy de consorcio chino), ingresara -alrededor del año 2001-, a realizar actividades de exploración en las inmediaciones de la cordillera del Cóndor, en la zona del proyecto Mirador, en la parroquia Tundayme de la provincia de Zamora Chinchipe, esta empresa habría ensayado una serie de mecanismos para ocupar la zona y consiguientemente desplazar a la población ahí asentada.
Las empresas canadienses de minería, mundialmente conocidas por los conflictos y perjuicios ambientales que causan en varios países, en especial en América Latina, se van a sentar en el banquillo de los acusados. El "juicio” ocurre en el marco de la 40ª sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que comienza este jueves 29 de mayo y se extiende hasta el 1º de junio, en Montreal, Canadá. Pueblos afectados, activistas ambientales y especialistas van a denunciar las acciones de las empresas apoyadas por el gobierno canadiense.
Somos agricultores, crianceros, pobladores, iglesias, comunidades diaguitas que hace más de 15 años hemos denunciado la inviabilidad de hacer megaminería en la naciente de nuestras cuencas, enfrentándonos a las autoridades, a la empresa, a la justicia, a los medios de comunicación, para demostrar con conocimiento que este proyecto es inviable en el lugar donde se encuentra, y que los temores que desde el inicio hemos tenido, hoy son una realidad. Hoy, existen daños irreparables en nuestro tejido social, hemos demostrado ante todos los organismos existentes que Pascua Lama ha vulnerado groseramente todas las condiciones y acuerdos para su funcionamiento.
Las minas de mineral, fierro, mármol y uranio de la zona serrana de Aquila, Aguililla, Arteaga, Coalcomán, Tumbiscatío y Tepalcatepec, Michoacán, que estaban en manos de los Caballeros Templarios, ahora son controladas por los grupos de autodefensa e integrantes del crimen organizado.
Entrevista de Pablo Peralta M./La Paz: La Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), los interculturales y las Bartolinas están "adormecidos” porque no cuestionan las leyes que se ponen en vigencia y que mellan los intereses de la población, sentencia Nilda Rojas, representante del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) "orgánico”, un sector crítico al Ejecutivo.