Las mineras ubicadas en zonas donde puedan existir yacimientos del preciado shale gas o gas de lutitas deberán licitar como cualquier otra compañía para su extracción, en cambio tendrán la posibilidad de aprovechar sin licitación el gas contenido en la veta de carbón mineral, mejor conocido como gas grisú, según la propuesta de leyes secundarias del Gobierno enviada la semana pasada al Senado.
“Las mineras tienen que competir, al igual que todos los demás, por las reservas por ejemplo de shale gas”, aseguró el subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía, César Hernández.
México tiene un potencial cercano a 683 billones de pies cúbicos de gas no convencional que se encuentra en rocas, de los cuales 681 billones son yacimientos de shale gas (11 veces mayor que las reservas remanentes de gas natural del país), mientras que el gas grisú, al que podrán acceder casi directamente las mineras carboníferas apenas aporta dos billones.
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Con fecha 5 de mayo del presente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre las dos medidas cautelares solicitadas por la AIDESEP1, la CCP2, la CNA3, la CONACAMI4 y la ONAMIAP5, en el caso CONGA. La primera –medida cautelar- solicitaba la protección a las autoridades, población indígena, comunidades y rondas campesinas y población en general de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc quienes se encontrarían en situación de riesgo debido a su oposición a la ejecución del proyecto minero.
Con lienzos y volantes fue interceptado lo que pretendía ser un solemne homenaje al presidente Ecuatoriano en la Universidad de Santiago donde se le otorgó el grado de Doctor Honoris Causa, las y los manifestantes aludieron a la represión que hoy experimentan las comunidades de Intag, de San Marcos y del Yasuní, víctimas del accionar de empresas como Codelco y Enap en su territorio.
La agrupación se mostró molesta por lo que califica como un “juego sucio” y un intento de evadir la normativa y sortear una nueva evaluación ambiental. Por su parte, la dirección regional del Sea admitió que existe, tanto la posibilidad de requerir una nueva evaluación ambiental como de no hacerlo, dependiendo de los posibles impactos.
La minería de oro se ha convertido en un flagelo que azota muchos países de América Latina. En algunos sitios operan unas pocas transnacionales gigantes, pero en otras zonas se agolpan cientos a miles de personas, hurgando en los ríos de las selvas o entrañas de las montañas por unos gramos de oro. Mientras que las grandes corporaciones insisten en contar con tecnologías de punta, servir al crecimiento económico y bridar empleo, la minería a pequeña escala, informal o ilegal, está bajo la sombra de la contaminación, la violencia y la pobreza.
Como es conocimiento público, existe una gran preocupación entre la población de los distritos de Huarango y San José de Lourdes (Provincia de San Ignacio, en Cajamarca), por la muerte de peces -carachamas, sardinas, pez blanco entre otros- en el río Chirinos, afluente del río Chinchipe. Desde el 28 de abril la Oficina de Asuntos Indígenas de la Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio y la Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC), solicitaron a las autoridades de la provincia de San Ignacio y al Fiscal de prevención del delito la realización de un estudio de aguas y un análisis de los peces, fuente principal de alimentación de la población. Como sabemos, el proyecto minero Yagku Entsa, de Águila Dorada S.A.C., está haciendo peligrar el hábitat donde viven 1500 personas que integran 16 comunidades awajún en ambas márgenes del Río Chirinos.
La irrupción de la minera china JDC Minerals en la Sierra Norte del Puebla, en el sexenio de Felipe Calderón con la concesión para explotar 100 hectáreas de territorio, no fue bien vista por la comunidad que era testigo de cómo uno de los cerros de Tlamanca era deforestado siniestramente. En noviembre de 2012, luego de una lucha legal y social lograron la expulsión del proyecto, aunque hoy en día aún creen posible su regreso.
Compañer@s:
Este lunes cumplimos 8 semanas de bloqueo en la entrada al duraznillo. Desde el inicio de la medida el 17 de marzo, logramos que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) deje de trabajar en el lugar, suspendiéndose por completo sus actividades hasta el día de la fecha.
Relaves mineros en el cerro Tamboraque donde explota la empresa Nyrstar, ubicado en el kilómetro 90 de la Carretera Central, se encuentran muy cerca de la cabecera de cuenca del río Rímac, amenazando con contaminar el agua de la ciudad de Lima, de más de 9 millones de habitantes. Por ejemplo, ante un eventual sismo mayor a los 7 grados, esos canchones podrían venirse abajo. Cada explotación tiene uno o más relaves mineros, que consisten en un cúmulo de toneladas de desechos mineros que contienen tóxicos con alta concentración de químicos contaminantes.