“Naturalmente la mayoría es por proyectos mineros”, aunque también eólicos, religiosos y disputas de tierras, continúa quien fue integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación, creada por el gobierno federal en 1995 para dialogar con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
La minería es una de las actividades que vulneran más a los que viven en un área de explotación, y en México esas áreas abundan. El gobierno federal ha otorgado más de 2,600 concesiones mineras, que abarcan más de 35 millones de hectáreas. “Están generando conflicto o pueden generar conflicto en un futuro”.
70 por ciento de las concesiones mineras son para empresas canadienses, según el servidor público. Explica que para obtener una sola tonelada de metal se debe remover 119 millones de toneladas de tierra, lo cual afecta a 400 hectáreas. A eso habría que sumarle que miles de toneladas de cianuro —una sustancia venenosa usual en la extracción minera—, acaban en los mantos freáticos.
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La contaminación del río Pilcomayo, provocado por el "sifonamiento" de una de las "bóvedas" de la empresa minera Santiago Apóstol en Potosí, podría provocar en la población que vive en sus riberas el aborto espontáneo, afecciones gastrointestinales, cáncer, malformaciones congénitas y retardo mental en los niños, advirtió el director departamental de salud de la Gobernación de Chuquisaca, Martín Maturano.
Comisión mixta exige que las mineras cumplan las normas ambientales. El 80% de las empresas y cooperativas mineras asentadas en el municipio de Tacobamba, Potosí, no cuenta con licencia ambiental, y pone en peligro de contaminación el río Pilcomayo. La comisión mixta de Chuquisaca que visitó el lugar exigió que todas las empresas y cooperativas se adecúen a la nueva ley minera y que la empresa Santiago Apóstol resarza los daños ocasionados por el sifonamiento de su dique de colas.
A partir del pedido de definiciones por parte del Gobierno de Catamarca, la firma Glencore Xstrata Cooper anunció su decisión de desistir de la compra de Agua Rica -que volverá bajo el control operativo de Yamana Gold Inc- y enfocar su atención en la optimización de Bajo de la Alumbrera y en la pronta puesta en producción del yacimiento Bajo El Durazno. Así lo hicieron conocer el secretario de Estado de Minería, Rodolfo Micone, y el director de YMAD, Ángel Mercado, luego de la reunión mantenida ayer con los representantes de Alumbrera Jorge Montaldi, Raúl Menz, Juan Angera y con Rubén Palacios de Yamana. 
El décimo cuarto Observatorio de Conflictos Mineros criticó hoy al gobierno de Perú por haber aprobado un paquete de normas económicas, que "apunta a debilitar regulaciones ambientales" establecidas en los últimos años para responder a la conflictividad social en el país. En su reporte del primer semestre del 2014, el Observatorio indicó que el paquete económico "tiene un peligroso aroma a los decretos legislativos del gobierno aprista (del expresidente Alan García 2006-2011), que estuvieron en la base de la movilización indígena y el trágico conflicto de Bagua". El gobierno de García intentó promover las inversiones privadas "a como dé lugar" y aprobó un conjunto de medidas que afectaban directamente los derechos de los pueblos indígenas, recordó el Observatorio, formado por las organizaciones no gubernamentales CooperAcción, Grufides y Fedepaz. 
El accidente del pasado día 2 en una mina artesanal en el sur de Honduras, en la que siguen atrapados ocho hombres, ha dejado al descubierto el riesgo que corren los obreros que buscan un oro cada vez más escaso sin ninguna protección. De los once mineros que quedaron atrapados el 2 de julio en el interior de la mina, solamente tres fueron rescatados con vida, mientras que de los ochos restantes aún no se sabe el sitio exacto donde quedaron. Los malos olores que comenzaron a sentirse en el sitio tres días después del accidente hicieron presumir a los miembros de los cuerpos de socorro que lo peor había pasado con los ocho mineros, aunque oficialmente no hay una declaración de que estén muertos. 
El canciller paraguayo, Eladio Loizaga, afirmó hoy que la cancillería está haciendo un seguimiento detallado de la situación en Bolivia tras el derrame de residuos líquidos provenientes de la minería en el cauce del río Pilcomayo, compartido por ambos países junto con Argentina.
Las nuevas medidas del gobierno que flexibilizan los controles a la explotación minera generarían nuevos escenarios de conflictos sociales en Perú, a pesar que los últimos reportes registran un descenso de éstos, advirtió el martes un colectivo de organizaciones ambientalistas.
El conflicto de la mina San Rafael Las Flores dejó algo más que un Estado de Sitio como respuesta a la oposición de los pobladores a la explotación de su territorio. Fue el punto de partida para que el Gobierno de Guatemala ensaye una nueva estrategia de seguridad, impulsada en secreto, y que ubica a los movimientos de oposición a los proyectos extractivos como una amenaza para la seguridad nacional.
Mediante la resolución Nº 009-2014-GR-CUSCO/DRTPE-OZTPEPAA, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo y la Oficina Zonal de Trabajo y Promoción del Empleo de las Provincias Altoandinas, del Gobierno Regional de Cusco, se ratifica en las sanciones impuestas a la compañía Minera Antapaccay S.A., filial de Glencore Xstrata, por el despido de 35 trabajadores por haber fundado su sindicato.