La zona conocida como El Fiscal en el distrito de Cocachacra, en la provincia arequipeña de Islay, es escenario de una protesta pacífica en la que participan pobladores del Valle de Tambo que se oponen a la ejecución del proyecto Tía María de la empresa Southern.
Los manifestantes partieron con destino a esta zona ubicada en la carretera Panamericana Sur, a bordo de decenas de vehículos al promediar el mediodía. Esto en el marco de un paro de 48 horas que empezó hoy.
La convocatoria la realizó la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, con el apoyo de una serie de organizaciones locales como la Junta de Usuarios de Ensenada Mejía Mollendo.
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El Comité Cívico Potosinista presentará hoy a la Asamblea Legislativa Departamental una denuncia sobre el deterioro del Cerro Rico de Potosí buscando que desde esa instancia se definan acciones para detener el daño del cerro que ostenta el título de Patrimonio de la Humanidad, otorgado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Así lo hizo conocer el presidente de la entidad cívica, Jhonny Llally.
Los cultivos de hortalizas que fueron regados con las aguas contaminadas del río Pilcomayo, tras el colapso del dique de colas de la empresa minera Santiago de Apóstol de Potosí, empezaron a secarse en al menos siete comunidades del municipio de Betanzos del departamento de Chuquisaca, asentadas a orillas de ese afluente.
Luego de la exitosa jornada del Encuentro Internacional de los Guardianes del Agua, realizado en la comunidad hermana de El Tambo, el 6 de agosto los pueblos de Bambamarca, Cajamarca y Celendín nos dirigimos hacia la casa de Máxima Acuña que un día antes, en la provincia de Celendín, la justicia corrupta, la justicia minera, sentenció a Máxima y su familia como usurpadores de los supuestos terrenos de la minera Yanacocha. El juez pedía en su sentencia 2.8 años de cárcel suspendida y una reparación civil a la familia de Maxima por una suma de 5,500 soles a favor de la empresa minera Yanacocha.
El Comité de la 
Nacemos hoy como Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida, en movilización permanente luego de un proceso iniciado hace dos años cuando comenzamos a visibilizar en marchas nuestras demandas. Y por eso tenemos que denunciar que nuestro grito expresado en reuniones y asambleas en los territorios, que exigía quitar las aguas de las bolsas de comercio y devolverlas a los ecosistemas, fue primero transformado por un grupo de senadores en renacionalización, luego reducido por Bachelet a un proyecto de ley que declare las aguas como bien nacional de uso público y ahora intenta ser ahogado por un conjunto de propuestas que no significan cambios estructurales en la propiedad del agua sino modificaciones en la gestión. El pie forzado de todos los anuncios es no cuestionar la propiedad de las aguas y evitar que una Asamblea Constituyente pueda instalar los derechos de todos y todas al agua y los bienes comunes.
[Fragmento]
El pasado 4 de agosto del 2014 tuvimos la oportunidad de leer por varios medios de comunicación una entrevista a Beatriz Uribe, la destacada presidenta de Mineros S.A y también presidenta de la junta directiva de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI.
La Procuraduría General de la República (PGR) junto a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguraron esta tarde oficinas de Grupo México, la mina Buena Vista del Cobre de Cananea, como parte de las diligencias de cateo que realiza la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), indicó que México es uno de los cuatro países de la región que acumulan más conflictos socioambientales provocados por empresas mineras: contaminación, restricción o escasez de agua, falta de consulta previa a las comunidades, disputas territoriales, desplazamiento de pueblos originarios, cambios de uso de suelo, e incumplimiento de políticas de responsabilidad social corporativa, son algunos ejemplos.