El grupo promotor nacional de “Agua Para Todos, Agua Para la Vida”, que se reunirá en Guadalajara el próximo dos de octubre, acompañará a los indígenas nahuas de Ayotitlán para exigir la suspensión judicial efectiva de las concesiones mineras a la empresa Peña Colorada dentro del polígono de dotación del ejido.
Tras reconocer que es la principal explotación de hierro a nivel nacional, la presidente del Instituto de Derecho Ambiental, Raquel Gutiérrez Nájera, explicó que no son menos importantes los derechos humanos y agrarios que “sistemáticamente” a violado la minera en perjuicio de los aborígenes.
Puso en relieve que por tratarse de una ejecutoria emitida por un colegiado, no hay manera de dilatar su aplicación, de no hacerlo implicaría una omisión de faltas administrativas de hasta una infracción del orden penal.
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En días pasados se entregó a la Corte Nacional de Derechos Humanos de México una solicitud para establecer medidas cautelares para que se proteja la integridad de las y los defensores de derechos de la organización de Bios-Iguana, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, otras y otros comuneros de Zacualpan quienes en las últimas semanas han estado viviendo una alarmante y creciente situación de persecución, amenazas, desplazamiento, agresiones físicas, verbales y psicológicas y de desprestigio por parte de algunos pobladores, políticos municipales y estatales.
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En algunas de las tierras, que son ricas en oro, aún hay presencia de grupos armados al margen de la ley.
El Tribunal Superior de Antioquia tomó una histórica decisión que protege los derechos ancestrales de los indígenas Embera Katio del Chocó, cuyas tierras eran disputadas con empresas mineras que pretendían explotar esos predios.
La actividad minera tanto legal como ilegal está afectando algunas fuentes de agua que surten acueductos rurales y urbanos en el Valle del Cauca.
Luego del derrame provocado por la mina Buenavista del Cobre en Cananea, Sonora, y de la instalación de una comisión encargada de supervisar la subsanación del daño causado, Grupo México ya ha pagado un monto inicial a través de un fideicomiso por más de dos mil millones de pesos, precisó el titular de la Profepa, Guillermo Haro.
La minera Buenavista del Cobre de Grupo México opera en Cananea con concesiones de agua irregulares, debido a que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se las entregó, violando a la Ley de Aguas Nacionales, en cauces donde había decretos de veda que impedían el uso industrial del recurso. Dispone de alrededor de 21 millones de metros cúbicos de líquido, 75 por ciento más que los siete municipios aledaños, que suman apenas 5.5 millones al año.
El estudio revela que el sector minero tiene la reputación más desfavorable en Colombia, pues el 47% del público y el 43% de los ejecutivos piensan que de 14 sectores, éste es el más desafiado en reputación por sus efectos sobre el medioambiente. Lo siguen, también en Colombia, el sector químico y el sector de seguros de salud.
El 99% de las y los habitantes del municipio de San José Las Flores, Chalatenango votaron en contra de los proyectos de minería en su municipio, lo equivale a 803 votos. Un total de 811 personas de un padrón electoral de mil 115 habitantes acudieron a los centros de votación, es decir, el 67.64% de la población participo en la Primer Consulta Popular.