28 de octubre de 2014
El Gobierno de Canadá no cumple con sus obligaciones internacionales para prevenir y brindar recursos por los perjuicios vinculados a actividades de empresas mineras canadienses en América Latina y el Caribe, según indica un nuevo informe de la Red Canadiense sobre la Rendición de Cuentas de Empresas (Canadian Network for Corporate Accountability - CNCA) presentado el día de hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, D.C.
“La presencia de Canadá en la industria minera globalizada es prominente, con casi 1,500 proyectos en la región, y sabemos que el nivel de conflictos es muy elevado”, indica Shin Imai, abogado del Proyecto Justicia y Rendición de Cuentas de Empresas de la Facultad de Derecho Osgoode Hall (Justice and Corporate Accountability Project - JCAP), que tomó la palabra ante la Comisión. “Según nuestro conteo preliminar, en los últimos años se han registrado al menos 50 muertes y alrededor de 300 personas han resultado heridas por razones vinculadas a conflictos mineros que implican a empresas canadienses, quedando estos sucesos en una impunidad total, o casi total”.
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El proyecto minero Tía María, se ubica en los distritos de Cocachacra, Mejía y Deán Valdivia, provincia de Islay, en la costa sur de la región Arequipa, cerca al valle del río Tambo.
Son 23 las minas autorizadas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la zona de Lázaro Cárdenas para la extracción de minerales. La dependencia carece de un diagnóstico sobre dicha actividad en la entidad. Así lo admitió el delegado de la Semarnat en Michoacán, Víctor Manuel Ávila Ceniceros, durante la conferencia de prensa que otorgó este lunes para dar a conocer avances de las acciones contempladas para el sector ambiental como parte del Plan Michoacán. Cuestionado acerca de acciones para detectar y acotar la explotación ilegal de minerales, respondió que la tarea no compete a la dependencia a su cargo, sin embargo en el área de Lázaro Cárdenas se efectuó un trabajo que permitió determinar que sólo 23 cuentan con todos los requisitos y formalidades que la ley establece para la explotación de las minas. En las demás zonas, agregó: “iremos viendo con la autoridad y con nuestros compañeros de sector cómo vamos a ir haciendo el padrón y el conteo de esa estructura”, expresión con la que dejó en claro que no existe un diagnóstico actualizado sobre las condiciones en ...
La minería es una actividad multifacética que puede abordarse desde ángulos distintos, como el legal y el social, y esto es lo que han hecho —desde hace cuatro años— expertos de diversas procedencias en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM.
El Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, admitió a trámite la demanda de amparo que presentaron la comunidad nativa awajun de Supayacu (ubicada en el distrito de Huarango, provincia de San Ignacio, región Cajamarca) y la Organización Fronteriza Awajun de Cajamarca - Sede Central Supayacu, para que se declare la nulidad de la Resolución Directoral No. 229-2013 MEM/DGM que autoriza el inicio de actividades de exploración minera a la empresa Exploraciones Águila Dorada SAC, relacionada al proyecto minero “YakuEntsa” y se declare la nulidad de la Constancia de Aprobación Automática No. 042-2012-MEM-AAM que aprueba la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero antes referido.
El Gobierno de Canadá no ha logrado formular una respuesta adecuada a las recomendaciones recibidas a lo largo de la última década para prevenir y brindar recursos efectivos en relación a los perjuicios vinculados a actividades de empresas mineras canadienses en América Latina y el Caribe, según indica
El 7 y 9 de octubre fue subido a la página Web de Barrick Gold y de un grupo de comunidades diaguitas del Valle del Huasco respectivamente, una versión parcial y modificada del "memorándum de entendimiento", que por 7 meses ha sido exigido por comunidades y autoridades, siendo sistemáticamente ocultado incluso a las bases de las comunidades firmantes
Rider Guasico agredió físicamente la noche del domingo al dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Joel Guarachi, por revelar actos de corrupción en el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), denunció el afectado.
La firma canadiense South American Silver confirmó que reclama una indemnización de 385,7 millones de dólares al Estado boliviano, por la reversión de la concesión del yacimiento Mallku Khota a su empresa subsidiaria del mismo nombre.
El Marañón, Mantaro, Apurímac, Camaná e Inambari son cinco de las cuencas hidrográficas más importantes del Perú por la cantidad de terrenos agrícolas que riegan con sus aguas. Y sus territorios han sido otorgados en concesión a empresas mineras. Existe una superposición de territorios, lo que ocasiona choques entre la población y las empresas, además de pérdidas millonarias e inseguridad alimentaria.