La Fiscalía costarricense pidió hoy a un tribunal que condene a 12 años de prisión al exministro de Ambiente y Energía Roberto Dobles, por firmar resoluciones ilegales para la construcción de una mina de oro a cielo abierto a cargo de una empresa canadiense.
El Ministerio Público indicó en un comunicado que la solicitud es por dos delitos de prevaricato (firma de resoluciones contrarias a la ley) "para favorecer los procedimientos administrativos del proyecto minero Crucitas, en favor de la empresa Industrias Infinito", filial de la canadiense Infinito Gold.
La Fiscalía también pidió una inhabilitación por 12 años en el ejercicio de cargos públicos para Dobles, quien fue ministro de Ambiente y Energía en el Gobierno de Óscar Arias (2006-2010).
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Los dirigentes indígenas pidieron ayer "la suspensión de la avanzada extractiva minera en el sur de la Amazonía y el retiro inmediato de la empresa Ecuacorrientes", tras la muerte del líder shuar José Tendetza, quien habría sido asesinado, dijo ayer Severino Sharupi, dirigente de territorios de la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador).
En presencia de mujeres de Ecuador, Peru, Chile, Bolivia, Colombia, Uruguay y muchas otras nacionalidades, ayer 9 de diciembre Maxima Acuña, valiente campesina peruana Cajamarquina quien sufre los abusos y violencia de la minera Yanacocha, recibió la solidaridad en forma de carta firmada por 116.572 personas.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos-OCDE reporta que los altos ejecutivos participaron en más de la mitad de los casos ilegales; el 80% de los funcionarios públicos y empresas estatales han recibido o dado prebendas.
"Andalgalá de pie. En defensa del agua" es el cartel en letras grandes escrito en una carpa blanca, frente a los tribunales porteños. Observan con sorpresa hombres trajeados y mujeres con vestimenta típica de oficina. Chela Ignes, nacida y criada en Catamarca, se acerca y les da un folleto que explica por qué acampan en Plaza Lavalle: "La minería quiere desaparecer un pueblo de 20 mil personas.
El representante del Centro de Investigación Sobre la Inversión y Comercio (CEICOM) y otras organizaciones provenientes de El Salvador, manifestaron frente a la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), en rechazo al proyecto minero en el municipio Cerro Blanco, Jutiapa, ubicado a 40 kilómetros del vecino país.
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4° Turno rechazó la petición que presentó el Ministerio de Industria contra un fallo en primera instancia del juez de lo Contencioso Administrativo, Alejandro Martínez, que obligaba a la secretaría de Estado a entregar información a los ambientalistas sobre el proyecto minero Aratirí.
Campesinos de comunidades de la parte alta de Tapachula, Cacaoatán y Huehuetán marcharon hoy en contra de empresas mineras que han provocado una deforestación, contaminación y muerte de la fauna en esta importante región que colinda con Guatemala.
PROVINCIA DEL CHUBUT. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDAD MINERA METALÍFERA.