En asamblea comunitaria, más de un centenar de comuneros que pertenecen a la comisaría comunal del municipio de Ciudad Ixtepec en la región del Istmo de Tehuantepec, reiteraron su rechazo y negativa al proyecto minero que se pretende instalar en la zona norte del municipio.

Manifestaron que se mantienen en la negativa de aceptar la explotación de sus recursos minerales a pesar de que sea una obra licitada por el gobierno federal, porque aseguraron será para beneficiar solo a empresas trasnacionales y lo unico que se logrará es afectar a la población en general  y al  medio ambiente como son rios y lagos aledaños al lugar.

Los comuneros expresaron que desde el año pasado, en el mes de  junio del 2014 , en asamblea, todos los presentes ratificaron  su postura de no aceptar un proyecto que pretende extraer minerales pesados como el oro, plata y zinc del suelo de Ciudad Ixtepec, debido que el proyecto manifieta que sería a cielo abierto, lo cual es un grave riesgo para la salud de todos los ciudadanos.

Los campesinos de las comunidades de Tezuitlán, norte de Puebla, fueron aprendiendo paso a paso a descubrir los métodos que aplican las empresas mineras y funcionarios estatales para “cuentearlos” y apropiarse de sus terrenos desde que el Grupo Ferrominero, propiedad de José Larrea, y la Minera Autlán incursionaron hace cuatro años en la zona.

Ante una asamblea de más de 2 mil delegados de la región –náhuatl, totonacos y mestizos– reunidos para definir estrategias en defensa de su territorio, el relato corre a cuenta del presidente auxiliar de Atoluca, José Cruz Reyes, y del comisariado ejidal, Juan Casanova, a propósito de cómo se formó el movimiento para rechazar la construcción de la hidroeléctrica Atexaco. Primero aclaran: “No se trata de una obra para generar electricidad para la población, sino para unir las futuras hidroeléctricas del río Apulco y servir al proyecto extractivo conocido como El Aretón, en Tlatlauquitepec, de la minera Autlán”.

Mujeres de todas las edades se unieron a la caravana ciudadana de habitantes de los pueblos aledaños al río Sonora, contaminado por el derrame de metales pesados el 6 de agosto de 2014. De madrugada, ayer inició en Hermosillo, capital del estado, la procesión de vehículos particulares que se fueron uniendo a otros, que a su vez formaron una larga caravana en protesta por los derrames venenosos que ha vertido la mina Buena Vista de Cananea, de Grupo México. La caravana se dirigió directo al lugar conocido como “Los Patos”, donde se concentra el agua para rebombeo. Poco después del mediodía del pasado lunes 16 de marzo, integrantes de la sección 65 del sindicato minero tomaron las instalaciones. Cientos de granaderos cuidaban las puertas de la minera, mismos que se quedaron inactivos, pues el cierre en esta ocasión no fue directo a las instalaciones de la mina como se esperaba, sino al suministro de agua. “Si no hay agua para consumo humano en los pueblos del río, ¿por qué va a haber para la mina?”, dijo uno de los oradores del mitin.

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CONTEXTO

La organización Bios Iguana, A.C., de Colima, México, es una organización ambientalista y defensora de los derechos humanos creada hace más de 20 años.

Desde 2013 Bios Iguana, A.C., trabaja con la Comunidadad Indígena Nahua de Zacualpan, perteneciente al municipio de Cómala, en el estado de Colima, en torno a la imposición, por parte del gobierno Federal y Estatal, de una concesión minera a nombre del Sr. Pineda Martínez, para que la empresa Gabfer, S. A. de C. V., pueda extraer oro de las tierras comunales de Zacualpan.

Por su trabajo en la defensa de los derechos humanos y asesoría al Consejo Indígena por la Defensa del Territorio Nahua de Zacualpan, así como a sus autoridades legalmente establecidas, Bios Iguana, A.C., ha enfrentado una campaña de difamación implementada contra la organización, así como una serie de calumnias y agresiones que han venido aumentando hasta llegar a las amenazas de muerte, intimidaciones, agresiones físicas, entre otras formas de violencia a los fundadores de la organización Esperanza Salazar Zenil y Gabriel Martínez Campos, así como al ...

El caso de la empresa Exploraciones Oceánicas, su intento por establecer una mina marina de fosfato en el Golfo de Ulloa y la denuncia penal que interpuso ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de la Cooperativa Pesquera Puerto Chale por “actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional”, ha llegado a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y en breve al Congreso del Estado.

Así lo dio a conocer el diputado Jesús Salvador Verdugo Ojeda, presidente de la Comisión de Ecología y secretario de la Comisión de Asuntos Pesqueros del Congreso del Estado, al calificar la situación como preocupante.

“Compañeros nuestros del sector pesquero tuvimos una reunión con el comisionado nacional de Pesca, con el señor Mario Sánchez (sic) -Mario Gilberto Aguilar Sánchez-, donde le manifestamos que no es posible que los pescadores se vean en esta situación, que se revise el tema, que se vea a amplitud y que estamos dispuestos a hacer, hablando como sector pesquero, lo que sea necesario para apoyar a nuestros compañeros en esta lucha”.