La historia de Acuña, una campesina madre de cuatro hijos que nunca pudo aprender a leer ni a escribir y que ganó un juicio a la empresa minera que más oro produce en Sudamérica, saldrá publicada en el siguiente número de Etiqueta Verde, hermana de la revista Etiqueta Negra. Aquí un avance de la prestigiosa revista de crónicas.
Máxima Acuña
Este no es un lugar para metáforas fáciles sobre David y Goliat. Esto está sucediendo. El martes pasado, hombres de seguridad de la minera Yanacocha, la mayor productora de oro en Sudamérica, ingresaron a un terreno conocido como Tragadero Grande, a cuatro horas de la ciudad de Cajamarca —sierra norte del Perú— y destruyeron los cimientos de la casa que construían Máxima Acuña y su esposo Jaime Chaupe.
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Durante la primera década del siglo XXI, diversos organismos internacionales han manifestado su preocupación por el aumento de violaciones a derechos humanos relacionadas con la planeación y construcción de proyectos de desarrollo e infraestructura. En 2007, Miloon Kotari —entonces Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre una vivienda adecuada— presentó como parte de su informe anual, un documento cuyo objetivo fue orientar a los Estados sobre las medidas para evitar los desalojos forzosos provocados por proyectos de desarrollo. En éste subraya “aun reconociendo el gran número de contextos en que se producen los desalojos forzosos, las presentes directrices se centran en ofrecer orientación a los Estados sobre medidas y procedimientos que han de adoptarse para garantizar que los desalojos generados por el desarrollo no se efectúen en contravención a las normas internacionales de derechos humanos existentes y, por tanto, no constituyan «desalojos forzosos»“.
Como sucede en diversos puntos del país, las comunidades campesinas y organizaciones del distrito de Challhuahuacho, en la región de Apurímac, se mantienen a la expectativa de lo que pueda ocurrir con Minmetals, empresa estatal de capitales chinos que lidera el consorcio al frente del megaproyecto minero Las Bambas.
Más de 250 indígenas se movilizaron este jueves en la localidad panameña de San Félix, Chiriquí para conmemorar los trágicos hechos del 5 de febrero del 2012.
En una reciente visita a la Comunidad Nativa Awajún de Supayacu hemos podido observar el elevado nivel de tensión y desconfianza que viven los integrantes de esta comunidad, ante la posible renovación del Contrato de Usufructo que el 14 de abril de 2010 firmaran los representantes de la Comunidad Nativa Awajún de Naranjos con la empresa Exploraciones Águila Dorada SAC, cuyos 5 años de vigencia están próximos a vencerse; y ante el aumento significativo del otorgamiento de concesiones mineras en esta última comunidad que supondría el desarrollo de nuevos proyectos mineros con efectos nocivos irreversibles al ambiente.
Alrededor de 200 mineras operan de manera irregular en Durango, ya que no cuentan con los permisos correspondientes, dijo el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el estado, Miguel Bermúdez Quiñones.
La constante lucha de la campesina cajamarquina Máxima Acuña de Chaupe, en defensa de sus tierras, ante la imponente empresa Yanacocha despertó la atención de diversas partes del mundo. Diario16 conversó con Mirtha Vásquez, su abogada quien detalló la insostenible situación que afrontan Máxima y su familia. La minera no los deja vivir en paz.
La labor de incidencia de Base en Centroamérica generalmente no es un trabajo que produzca muchas historias asombrosas de éxito. A menudo, más bien se compara tristemente con el esfuerzo desesperado de un debilucho de noveno grado de unos 5 pies 2 pulgadas y 100 libras que incesantemente practica su tiro en suspensión en un día de invierno, mientras sueña con jugar algún día en la NBA y que con tristeza se da cuenta de que su sueño probablemente nunca se volverá realidad. Esa metáfora podría o no ser auto-biográfica.
Las leyes mineras sancionadas por el ex presidente 
El Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto denunció que en los siete años recientes, tras la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha quien cayó al río Santiago y falleció envenenado por arsénico, ha documentado 547 casos de personas que por vivir cerca del contaminado cauce han muerto de insuficiencia renal o cáncer.