Preocupación existe entre el mundo mapuche por la aplicación del artículo 56 del actual Código de Aguas en el wallmapu. Se trata de la normativa que permite a las mineras adjudicarse las aguas que afloren durante sus operaciones, incluso sin tener la obligación de informar sobre sus hallazgos a las autoridades pertinentes. Privilegio que no tiene ningún otro sector, como por ejemplo las comunidades indígenas.
Fue esto lo que el cacique Luis Pailapichún y el werkén Bernardo Rumián, en representación de la Junta de Caciques de la provincia de Osorno, expusieron ante la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados en su sesión del lunes último. Esto, en el marco de la discusión de la reforma al Código de Aguas que se tramita en dicha instancia legislativa.
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Ayer en el Tolima se movilizaron 68.000 habitantes contra la locomotora minero-energetica que pretende imponer el presidente Santos en este Departamento, sin embargo pese a este ser un tema que le compete al todo el país y a pesar de que la movilización fue multitudinaria y podría decirse, es la marcha más grande en los últimos años en la historia del Tolima, los medios oficiales no registraron este hecho.
El secretario de Desarrollo Económico del Estado, Ricardo Navarrete Gómez, llama a los ejidatarios de Ricardo Flores Magón, en el municipio de Canatlán, para que presenten una denuncia ante las autoridades competentes si es que se está haciendo una exploración minera en ese lugar sin el permiso de la asamblea ejidal.
Días atrás, el ministro del Ambiente, 
DECLARACION PÚBLICA
Mineros de la sección 65 y pobladores de las comunidades aledañas al Río Sonora bloquearon desde esta mañana las entradas a la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México y responsable del derrame de químicos en ese afluente.
Vecinos del sector de Choapa Viejo en Illapel denunciaron ayer un derrame de concentrado de cobre desde la planta Booster de Minera Los Pelambres ubicada en el sector.
Este anuncio coincide con la adopción de una nueva política sobre cambio climático recomendado por el Grupo Asesor de Inversión Ética de la Iglesia (EIAG) que establece cómo los tres organismos de inversión nacionales apoyarán la transición a una economía baja en carbono.