– En Lima provincias y Huánuco por contaminación ambiental provocada por la minera Raura; en La Libertad, por incumplimiento de medidas del Gobierno para la formalización de la minería informal y, en Puno, por formalización de minería artesanal.

La Defensoría del Pueblo, en su último Reporte correspondiente al mes de septiembre, registró siete nuevos conflictos sociales, tres de ellos de indole socioambiental, y ciento diecisiete acciones colectivas de protesta a nivel nacional.

De los siete nuevos conflictos sociales identificados, dos de ellos se ubican en la región Apurímac y otros dos en la región Puno; los tres restantes se sitúan en las regiones de La Libertad, Lima Provincias y Lambayeque.

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El Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la empresa Generadora Eléctrica Molloco suscribirán hoy el contrato de concesión para el desarrollo de la central hidroeléctrica Molloco.

El proceso de concesión estuvo a cargo del Comité de Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos (Pro Conectividad) de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

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El gobierno prepara algunos dispositivos para controlar el combustible que ingresa a Madre de Dios y que se desvía a la producción ilegal de oro, informó hoy el asesor de la alta dirección del Ministerio del Ambiente (Minam), Ernesto Raez. 

Al respecto, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) determinará la demanda real de combustible en Madre de Dios, a fin de controlar el exceso.

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Participantes de la Cumbre de los Pueblos Afectados por la Minería en Perú afirmaron que el gobierno del presidente Ollanta Humala «está permitiendo el saqueo irracional» de los recursos naturales a través de su política extractivista. En la Declaración de Arequipa, divulgada al final del evento, el último día 19, ellos alertaron sobre los «daños irreparables» que la actividad causa al medio ambiente y a los pueblos y comunidades cercanas a las minas.

También criticaron la promoción de la actividad extractivista como «motor del crecimiento económico», usada como una alegación para invadir tierras de pueblos y comunidades, que ya tienen casi el 50% de sus tierras concedidas a la minería. Ellos denunciaron la desaparición de lagos y fuentes de agua, contaminación de ríos, además del desalojo de las poblaciones de sus territorios.

En entrevista con el diario La República, la organizadora de la Cumbre de los Pueblos, Dilvia Gálvez, afirmó que la minería no trae desarrollo económico a las regiones explotadas. «Cajamarca es el ejemplo más claro. Es una región que por muchos años alberga la minería, pero la pobreza no se redujo. Situaciones similares se pueden ver en otras regiones del país”. Ella defendió la eliminación de las minas en las cabeceras de las cuencas y explicó que la explotación minera debe ocurrir en «zonas cenizas”, lejos de los poblados y cuencas hidrográficas.

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El martes 24 de setiembre de 8 a 11 de la mañana se realizará el taller: Protección de los derechos humanos y transformación de los conflictos socio ambientales, en la sede de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), situada en la Av. Paso de los Andes 970, Pueblo Libre.

El evento se realiza en el marco de un conjunto de talleres temáticos organizados bajo el lema “Diálogos Ciudadanos: Políticas Públicas para un nuevo rol de la Minería en el Perú”.

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