Por Miltón López Tarabochia
Servindi, 6 de diciembre, 2013.- En el marco de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE 2013), congreso que reúne a los principales empresarios del país, Juan Luis Kruger, presidente de Minsur, empresa minera dedicada a la extracción y explotación de estaño, expuso una Hoja de Ruta de cinco puntos para la mejora del sector.
Durante su exposición manifestó que “La Ley de Consulta previa ha creado falsas expectativas en la población, puesto que la población piensa que tienen un inexistente derecho a vetar proyectos”.
“El procedimiento para su aplicación aún no queda del todo claro ya que los que se han llevado a cabo han tomado aproximadamente un año” expresó.
Si los empresarios parecen dudar sobre el verdadero alcance y capacidad de la Ley, el Estado peruano debería estar convencido del respeto a este derecho.
Sin embargo, dos viceministros de Interculturalidad han renunciado solo en este año: Iván Lanegra, y luego Paulo Vilca. Ambos argumentaron su renuncia por el no respaldo del Ejecutivo para agregar a comunidades “quechua-hablantes” en la lista de pueblos indígenas para la Consulta Previa.
Patricia Balbuena Palacios, actual viceministra del departamento de Interculturalidad, ha publicado la esperada Base de Datos de Pueblos Indígenas pero en ella no se incluye a pueblos originarios y sus respectivas comunidades de costa y andes.
Por otro lado, el director ejecutivo de Hochschild Mining, Ignacio Bustamante, recordó que “el Perú ha venido perdiendo competitividad en la minería”. Ante esto, diferentes líderes de opinión y especialistas le han reclamado al Gobierno disminuir la tributación y el control estatal con las inversiones extranjeras.
Todos olvidan así la opinión y participación de los pueblos indígenas que viven en las tierras donde, generalmente, se realiza la explotación minera. Actualmente las concesiones mineras ocupan el casi la mitad del territorio de las comunidades.
El reconocimiento del citado derecho indígena se ve todavía más debilitado cuando las principales autoridades del Ejecutivo se expresan negativamente del mismo.
Las declaraciones del ex premier Juan Jiménez son difíciles de olvidar en el imaginario nacional cuando consideró a la Consulta Previa como una “traba” para las inversiones mineras.
A esto se suma la negativa del presidente Ollanta Humala y la del actual ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, de considerar a los pueblos indígenas costeños y andinos a la condición de indígenas, reservando el derecho a la Consulta Previa a “los no contactados”, como lo sostuviera Ollanta Humala en una entrevista televisiva.
Debilidad del Gobierno es reconocida por la exministra Susana Baca
Susana Baca, quien fuera Ministra de Cultura del Perú durante 2011, señala que solo estuvo breve tiempo en el cargo por intentar aplicar la Ley de Consulta Previa. “Me quitaron del cargo de ministra por querer consultar a los indígenas y luchar contra la corrupción” afirmó recientemente.
Solo estuvo 133 días como autoridad en el despacho de Cultura, segun ella, por querer consultar a los pueblos originarios.
“Consultarles a los indígenas, es algo que nunca se había dado en el Perú. Siempre los indígenas eran considerados gente de menor valía, no había que consultarles, solo había que trasladarlos de lugar”, comenta quien es una de las principales difusoras de la cultura afroperuana a nivel mundial.
Con un Gobierno vulnerable y un sector empresarial adverso el ambiente parece nublarse para la correcta aplicación de la Ley de Consulta Previa.