Se registraron 366 acciones colectivas de protesta en noviembre. Los lugares que registraron mayor número de estas manifestaciones entre plantones y marchas fueron Lima Metropolitana (42), Arequipa (38) y Lambayeque (29
Milagros Gonzáles Sánchez Diciembre 2023

Conflictividad y desgobierno. Un total de 218 conflictos sociales fueron reportados durante noviembre de 2023. Más del 67 % de conflictos socioambientales involucran a la minería, y cerca del 21 % a hidrocarburos.

Como cada mes, la Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales, información que se mantiene pública, pese a los cambios en la entidad. Es así que en noviembre se dio cuenta de 218 conflictos sociales, de los cuales 170 están activos y 48 están latentes.

Protestas
Se registraron 366 acciones colectivas de protesta en noviembre. Los lugares que registraron mayor número de estas manifestaciones entre plantones y marchas fueron Lima Metropolitana (42), Arequipa (38), Lambayeque (29), Piura (26), Puno (24), La Libertad (22), Áncash (20).

En noviembre también sucedió la huelga nacional del Sindicato Único de Inspectores y Trabajadores de la SUNAFIL. Tambien se reportaron en este mismo mes protestas a nivel nacional de trabajadores de Salud.

Conflictos sociales por departamento
Loreto (30) sigue siendo el departamento con más casos. Siguen en la lista Cusco (18), Apurímac (17), Áncash, Puno, y Piura (14 cada uno). Lima provincias cuenta con 6 casos y Lima Metropolitana con 3, lo que suman 9 casos para este departamento. Ica y el Callao no registraron conflictos sociales en noviembre.

En cuanto a conflictos multirregionales se presentaron 7 casos , y en conflictos a nivel nacional fueron 3 casos.

La Crisis política desde diciembre de 2022 y el Caso de la Federación de Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos figuran entre los conflictos sociales a nivel nacional casos son a nivel nacional.

Entre los siete conflictos sociales multirregionales destaca el Caso REPSOL en el centro del país: Lima y Callao. Dentro de poco se cumplirán dos años de aquel desastre ecológico.

Conflictos socioambientales: Minería e Hidrocarburos entre los principales protagonistas
Hasta noviembre de 2023 se han reportado 218 conflictos sociales, de los cuales 135 son conflictos SOCIOAMBIENTALES, es decir, cerca del 62 %. Entre los otros tipos están los Comunales (23), Asuntos de gobierno nacional (17), Asuntos de gobierno regional (16), Asuntos de gobierno local (11), Laborales (4), Demarcación territorial (4), Cultivo ilegal de coca (1), y otros asuntos (7).

Además, de los 138 conflictos SOCIOAMBIENTALES, 91 casos de éstos involucran a la minería entre sus principales actores (el 67,4 % de conflictos socioambientales). Y 28 casos corresponden a actividades de hidrocarburos (20,7 % de los casos socioambientales).

Noviembre: 218 conflictos sociales, 91 casos relacionados con minería y 28 con hidrocarburos

PRECISA QUE EL INCREMENTO DE CONFLICTOS SOCIALES Y REACTIVACIÓN DE PROTESTAS
COLECTIVAS, EN LOS ÚLTIMOS MESES, GENERADOS POR LA ACTIVIDAD MINERA LEGAL E ILEGAL,
ES POR LA FALTA DE DIALOGO DE LAS AUTORIDADES ESTATALES
Lima, 14/12/2023

El día de hoy, 14 de diciembre a las 9:00 am se llevó a cabo la presentación del 33° Reporte del
Observatorio de Conflictos Mineros, por Cooperación, FEDEPAZ y Grufides.
El evento se desarrolló según lo programado, con la presencia de prensa regional, nacional e
internacional, que se mostró vigilante al contexto sociopolítico actual que guarda relación con la
minería, el ambiente y la conflictividad social del último semestre del 2023.
En el reciente informe, se comentó que según la data que maneja la Defensoría del Pueblo en los
últimos meses hubo un incremento en el número de conflictos y reactivación de las protestas
colectivas, siendo las regiones del norte que tienen un incremento de hasta 92%, seguidas del sur
que tiene un 34% de conflictividad social.

Al respecto, José De Echave de Cooperación inicio la presentación, haciendo hincapié en que la data
que viene siendo registrada por la Defensoría del Pueblo, contradice a la narrativa que maneja el
ejecutivo en el cual menciona que la mayoría de conflictos ligados a actividades extractivas en el
corredor del sur vienen siendo pacificados.

Del mismo modo, mencionó la preocupación que sienten las personas que habitan tanto en el
corredor del sur y en las regiones de Piura, Amazonas y Cajamarca respecto al avance de actividades
mineras que se vienen dando de manera informal en las cabeceras de cuencas de zonas productoras
de agua que abastecen sus territorios.

Por su parte, Ana Leyva de Cooperacción compartió su preocupación ante el avance del proyecto
minero “Ariana” que pone en riesgo la zona productora de agua que abastece a la las ciudades de
Lima y Callao.

La actividad de este proyecto minero, que cuenta con el permiso del estado peruano, ha conllevado
una afección de manera directa al ecosistema del territorio en donde está ubicado.
Frente a esta situación Cooperacción ha presentado una demanda de amparo contra la empresa
minera “Ariana”.

A su turno, Mirtha Villanueva de Grufides compartió su preocupación frente al avance de la minería
informal en las provincias de San Pablo, Contumazá, Hualgayoc y Celendín ubicadas en la región de
Cajamarca.

Del mismo modo mencionó, que la falta de un pronunciamiento por parte de las autoridades
regionales y provinciales pone en riesgo la integridad de la población que vive en zonas aledañas a
los sitios en donde se realizan estas actividades extractivas.

Esto se debe a que, en muchas ocasiones la actividad de minería ilegal es promovida por el
narcotráfico, quien acciona de manera violenta hacia las y los comuneros que defienden su
territorio.

David Velazco, en representación de FEDEPAZ empezó su parte agradeciendo a las organizaciones
que trabajaron en la redacción de este informe, por otro lado, mostró su inconformidad con el
Estado Peruano al mencionar que:

“A nivel nacional el Estado pretende aprobar concesiones mineras, de manera desmedida sin
importarles si es dentro de territorios indígenas, rurales o si están cercanas a estas poblaciones”
Sosteniendo qué en lugar de estas medidas, el estado peruano debería tender canales de dialogo
con las poblaciones demandantes, para evitar el incremento de conflictos sociales; en donde es el
mismo estado que estigmatiza, criminaliza e instrumentaliza el derecho en contra de quienes
defienden sus territorios ante la afectación de su ecosistema producto de las actividades mineras.
David Velazco, mostró su preocupación ante los intentos por parte del Estado Peruano que durante
las últimas semanas ha venido aprobando normas que vulneran los derechos fundamentales que
tienen las personas, según el Art. 3 de la Constitución, para ejercer libremente su derecho a la
protesta pacífica.

En suma a ello, sostuvo que el decreto legislativo N° 1574, que modifica el art. 205° del código penal,
conlleva a que la policía puede tener el libre criterio para intervenir a una persona si considera que
estaría vinculado a un acto delictivo, pidiéndole su identificación o verificación de artículos
personales.

Adicionalmente, menciono que el Dec. Leg. N° 1574 podría implicar situaciones de discriminación
hacia personas que se movilizan del interior del país para ejercer su derecho a la protesta pacífica o
personas extranjeras que según la norma aprobada podrían quedar en detención hasta un máximo
de 12 horas después de ser intervenidas.

Por otro lado, precisó que el Dec. Leg. 1589, crea la figura agravada del delito de entorpecimiento
al funcionamiento de los servicios públicos y de disturbios, confundiendo esta agravante con los
delitos básicos aquí mencionados y sobrecriminalizando, sin ninguna técnica legislativa, estos tipos
penales que pueden ser sancionados, incluso, con penas más graves que las de un homicidio culposo
que protege un bien jurídico mucho más importante.

Finalmente, preciso que estas modificaciones normativas evidencian que el gobierno lo que
pretende es criminalizar la protesta social y coactar el ejercicio libre de los derechos fundamentales
como el derecho a la proetsta, en lugar de tender puentes de diálogo para resolver los conflictos
que se van generando. A la par que prioriza la solución de fuerza frente a dicha conflictividad al
punto que hace uso de la fuerza de manera criminal asesinando a los ciudadanos que salen a
protestar.

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José De Echave C. 19/12/2023

Tajo de Ferrobamba, unidad minera Las Bambas. Imagen: Energiminas

Apurímac es la cuarta región productora de cobre y molibdeno a nivel nacional, con una participación del 11.0% y 13.5%, respectivamente. Según el geoportal de CooperAcción, Apurímac es una de las regiones más concesionadas del país: las concesiones mineras ocupan 1´095,616.73 hectáreas, lo que representa el 51.89% del territorio regional.

En el último reporte de la Defensoría del Pueblo, Apurímac presenta 17 conflictos, siendo la tercera región con el mayor número de casos. De estos, 15 conflictos están activos y 9 de ellos están vinculados con la actividad minera. Sin discusión, destacan los casos vinculados a las actividades de la empresa Las Bambas.

El ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich, declaró en varios medios de comunicación que uno de los resultados de la gestión del actual gobierno es la calma que se ha logrado en todo el corredor del sur andino. Sin embargo, hechos recientes muestran que esto no es muy exacto y que los equilibrios siguen siendo precarios en la zona. Algunos ejemplos: en un nuevo capítulo de enfrentamientos, las comunidades campesinas de la provincia cusqueña de Chumbivilcas retomaron acciones de protesta el 16 de noviembre, en reclamo por incumplimientos reiterados de acuerdos suscritos tanto por el gobierno como por la empresa minera Las Bambas. El corredor fue bloqueado a la altura de la comunidad campesina de Cancahuani, en Ccapacmarca. Estas manifestaciones también se han extendido a otros puntos como Ahuichanta y Colquemarca.

Las demandas principales incluyen el saneamiento legal de los terrenos comunales, con énfasis en el pago justo por dichos terrenos y la exigencia del mantenimiento vial por parte de la empresa multicomunal, conformada por 8 comunidades de Chumbivilcas. Sin embargo, se ha señalado que la empresa minera no estaría mostrando interés en cumplir con este acuerdo, generando aún mayor malestar en la zona.

A pesar de las promesas del Gobierno de declarar como Zona de Atención Especial a las comunidades del corredor y ofrecer proyectos para impulsar su desarrollo, hasta el momento no hay mayores avances, lo que ha aumentado la frustración de los habitantes de las comunidades. Estas acciones de protesta podrían intensificarse si no se atienden las demandas de manera efectiva y concreta. Mientras el gobierno anuncia que el corredor ha sido pacificado, lo cierto es que puede ocurrir un nuevo estallido, tanto contra el gobierno como contra la empresa Las Bambas.

Por otro lado, en un pronunciamiento emitido el pasado 21 de noviembre, los comuneros de Carmen Alto en Challhuahuacho, ubicado en la provincia de Cotabambas (Apurímac), se declararon en paro contra la empresa minera MMG Las Bambas debido a supuestos incumplimientos de acuerdos. Según el comunicado de la comunidad, la empresa minera habría roto el diálogo el pasado 26 de octubre, negándose a cumplir con lo acordado en la mesa de diálogo que se instaló el 11 de agosto de 2022, con la participación de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Energía y Minas.

Desde las 00:00 horas del 23 de noviembre, los comuneros iniciaron un paro, bloqueando varios puntos estratégicos como Lamarpata, Puente Álamos y Chacat’occo, impidiendo el paso de vehículos y trabajadores de las diferentes contratistas que intentaban ingresar al campamento minero.

Al no recibir respuesta alguna por parte de MMG Las Bambas, las tensiones aumentaron. Pasadas las 16:00 horas, los efectivos policiales, en un intento de abrir la vía, emplearon bombas lacrimógenas. Según medios locales, la situación se salió de control cuando las fuerzas policiales lanzaron bombas lacrimógenas a zonas de mayor concentración de la población, impactando en transeúntes y dejando desmayada a una menor de edad por los efectos de los gases.

La movilización continuó el 24 de noviembre, en esta ocasión en el distrito de Challhuahuacho. Los acuerdos que no se habrían implementado tienen que ver con servicios de lavandería, hospedaje, transporte, desarrollo comunitario, monitoreo ambiental y otros aspectos. Representantes de la empresa no emitieron declaraciones.

La comunidad de Carmen Alto en Challhuahuacho ha hecho un llamado urgente a las autoridades pertinentes para que aborden esta situación, instando por la pronta atención a sus demandas y el respeto a la integridad de sus habitantes.

Finalmente, también se abrió un conflicto en el terreno laboral: El Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Minera Las Bambas (SUTEMLB) emitió un comunicado señalando que luego de haberse reunido con el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera y los directivos de la empresa minera y no haber logrado un acuerdo, iniciaban el martes 28 de noviembre una huelga general indefinida.

Señalaron que lamentan no haber llegado a acuerdos en las reuniones con el ministerio de Energía y Minas y con los propios directivos de la empresa Las Bambas. Se quejan por el incumplimiento del convenio colectivo y de los malos tratos de funcionarios hacia sus trabajadores.

Según el comunicado emitido por el SUTEMLB se sienten decepcionados de los resultados, ya que recibirán aproximadamente la mitad de lo que recibían el 2021. La empresa tampoco quiso conversar con el sindicato sobre un bono, porque recién van a evaluarlo en marzo del 2024.

Asimismo, fueron notificados con la resolución directoral general No. 232-2023 MTPE/2/14, que declara la improcedencia de la huelga. Sin embargo, tomaron la decisión de continuar con la medida de fuerza: “la autoridad no va a apagar las voces de lucha y seguirán firmes, y más fortalecidos”.

Las Bambas, el canon y la deuda tributaria

Otro tema que está en el centro de las preocupaciones en la región Apurímac tiene que ver con el hecho que recibieron este año la mitad de lo que se había estimado por concepto de canon minero: 119.7 millones de soles[1]. Como se sabe, Las Bambas es el principal aportante en esta región.

No se tiene certeza sobre el pago del Impuesto a la Renta que ha pagado la empresa, ya que se trata de información que no es de libre acceso. Sin embargo, haciendo una aproximación con los datos publicados en los reportes anuales de su casa matriz, Minerals and Metals Group (MMG), se puede entender que hubo una sobreestimación de parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el monto que finalmente se iba a recibir.

Cuando el Grupo Propuesta Ciudadana hizo la consulta al MEF para saber por qué no se había realizado la segunda transferencia, recibió la siguiente respuesta: ”… conforme la normativa vigente, cuando el monto del adelanto del Canon Minero es mayor a la Cuota Anual del Canon Minero, no aplica asignación y eso es lo que ha ocurrido en julio 2023 con GL y GR del Departamento de Apurímac. En consecuencia, esta DG ha cumplido con la asignación del Canon Minero en el presente año”.

Esta situación ha generado malestar en Apurímac, ya que ha afectado la programación y ejecución de obras en la zona, dado que los gobernadores esperaban recibir un monto mayor. Además, se ha generado preocupación en la población de la región ya que la postergación de obras los afecta de manera directa.

Por otro lado, cabe mencionar que, según una reciente investigación publicada por Ojo Público, Las Bambas sería la principal deudora del país. La SUNAT habría identificado, luego de auditorías al Impuesto a la Renta y de Tercera Categoría, una nueva deuda de esta empresa de 3,581 millones de soles. Con ello, acumularía una deuda total de 6,293 millones de soles, superando así a Telefónica del Perú (5,506 millones de soles). La empresa ha rechazado esta nueva deuda tributaria y ha iniciado desde octubre un litigio.

Todos estos temas generan una mayor suspicacia sobre la actuación de la empresa Las Bambas y su real compromiso con la zona.

[1] Portal de Transparencia del MEF. Consulta de Transferencias a los Gobiernos Nacional, Regional, Local y EPS. Obtenido en: https://apps5.mineco.gob.pe/transferencias/gr/default.aspx

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Imagen: CooperAcción 01/12/2023
Especialistas llaman la atención que la suspensión de las operaciones de la mina Ariana, que pone en riesgo el abastecimiento de agua para Lima y Callao, dictada por el Sexto Juzgado de la Corte Superior de Lima, haya sido apelada también por la PCM y por el ANA.
Fue durante la presentación del libro “La mina Ariana y la amenaza al agua de Lima y Callao. Lecciones de un caso inaudito”.

Con el objetivo de informar a la ciudadanía el riesgo que representa un proyecto minero ubicado en el centro de la zona productora de agua que abastece a Lima, se presentó el miércoles 29 de noviembre el libro “La mina Ariana y la amenaza al agua de Lima y Callao. Lecciones de un caso inaudito”, editado por CooperAcción, que tiene la autoría de José De Echave, Marisa Glave, Ana Leyva y Paul Maquet.

Además del riesgo para el abastecimiento de agua para los más de 11 millones de habitantes de Lima y Callao, en la presentación del libro se puso énfasis en cómo se autorizó este proyecto minero a pesar de los informes de SEDAPAL en el que se alertaba el riesgo para las fuentes de agua; en cómo la Autoridad Nacional del Agua, emitió opinión favorable solo porque no competía con la actividad agrícola; o cómo el Ministerio de Energía y Minas fue juez y parte, aprobando el Estudio de Impacto Ambiental.

El proyecto Ariana se propone realizar una explotación subterránea de yacimientos de cobre y zinc, localizado en el distrito de Marcapomacocha, en la provincia de Yauli, Junín, cuya concesión se superpone a una zona estratégica que forma parte del sistema Marcapomacocha, donde existen lagunas, represas y se trasvasan aguas de la cuenca del río Mantaro a la del río Rímac. La ciudad de Lima depende de todo este sistema hídrico y la ejecución de este proyecto representa un serio riesgo para el abastecimiento de agua para más de 11 millones de habitantes de Lima y Callao.

Ante esta amenaza, el 24 de abril del 2019, José De Echave, representante de CooperAcción y las entonces congresistas Marisa Glave y Katia Gilvonio, presentaron una demanda de amparo en el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Gracias a esta acción legal, se logró suspender las operaciones de este proyecto minero.

La publicación fue presentada por dos de sus coautores: José De Echave, exviceministro de Gestión Ambiental e investigador de CooperAcción y Marisa Glave, excongresista e investigadora del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo- Desco

De Echave, destacó que, si se reanuda la construcción del proyecto Ariana, le va a pasar a Lima lo que le viene pasando -desde hace décadas- a varias comunidades por la presencia de actividades extractivas que afectan sus fuentes de agua. “Ariana es un ejemplo de la desprotección de las cabeceras de cuenca. Urge discutir en el país en dónde conviene que haya minería y en dónde no, y eso tiene que ver con políticas de ordenamiento territorial” expresó.

Por su parte, Marisa Glave alertó que además de los riesgos naturales que enfrenta Lima, como huaycos, derrumbes e inundaciones, se le suman otras amenazas por la actividad extractiva minera, como son los 390 pasivos ambientales a lo largo de la cuenca del Rímac y que generan contaminación. La excongresista también destacó que la suspensión del proyecto ha sido apelada no solo por la empresa sino también por la Presidencia del Consejo de Ministros -PCM y por el ANA.

En el panel de comentarios

Congresista Ruth Luque: el Estado, como muestra el caso Ariana, no realiza un control (riguroso) al tener una institucionalidad ambiental débil.
Ricardo Giesecke, exministro del Ambiente: Hay que recordar que hay varias amenazas en la cuenca del Rímac, como los relaves de Tamboraque.
Luisa Eyzaguirre, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal – SUTESAL: Marcapomacocha se creó con el fin de generar electricidad. Es una zona vulnerable, altamente sísmica y que se pone en riesgo con una mina en medio de este complejo»

Puedes encontrar el libro en nuestras oficinas, en la librería El virrey, principales librerías, así como lo puedes descargar y leer en este enlace: https://shorturl.at/kNQW1

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29/11/2023
De acuerdo con las resoluciones N° 00144-2023-OEFA/DSEM y N° 00142-2023-OEFA/DSEM, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha impuesto medidas administrativas a la empresa Antapaccay (Glencore), debido a que sus operaciones estarían afectando la salud de los pobladores de Espinar (Cusco) y los ecosistemas de la zona. La sanción fue impuesta el último mes de agosto.

Precisamente, CooperAcción y Oxfam presentaron el 21 de noviembre el informe: “Glencore en el Perú: el caso de Antapaccay y un análisis del cumplimiento de los estándares internacionales en materia de debida diligencia en derechos humanos». Representantes de Espinar acompañaron la presentación y compartieron sus experiencias.

Maia Campbell, Coordinadora de la Misión Técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el Perú, indicó que es necesario que las empresas que realicen proyectos extractivos, aseguren que sus actividades respetan los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo la debida diligencia.

“Si bien los Estados son los responsables de velar por el respeto a los derechos humanos, varios marcos de regulación y autorregulación que rigen la responsabilidad empresarial, reflejan actualmente una interpretación muy extendida de las funciones que pueden desempeñar las empresas, tanto en la violación de derechos humanos con impactos negativos, como en el cumplimiento de los mismos. Los principios rectores de las Naciones Unidas especifican que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos “, destacó Campbell.

Este estudio, elaborado por CooperAcción y Oxfam, analiza los informes del OEFA (Informe Nº 0438-2022-OEFA/DEAM-STEC y el Nº 00064-2023-OEFA/DEAM-STEC), sobre la calidad del aire. Ambos estudios confirman que las emisiones de material particulado (PM10), provenientes de las actividades de la mina, superaron repetidamente los estándares de calidad ambiental permitidos, poniendo en evidencia los riesgos significativos para la salud de personas de trece comunidades de la provincia de Espinar. Estas personas se encuentran expuestas a niveles alarmantes de metales pesados.

“Lo que buscamos es no solo socializar las evidencias de este informe sino abrir espacios de diálogo con autoridades europeas, financistas de la empresa Glencore, entre otros actores, lo que implicará la participación en una ruta de diálogo por siete países como Irlanda, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamarca y Suiza para buscar respuesta a los resultados del informe”, destacó Miguel Lévano, Coordinador de Programa y Alianzas de Oxfam en Perú

En tanto, Ana Leyva, subdirectora de CooperAcción señaló en relación a las comunidades de Pacopata y Huini Coroccohuayco que hubo “falta de transparencia sobre las dimensiones de tierras que la empresa necesita adquirir para sus operaciones. En la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA), la empresa declaró que necesitaba adquirir el 6% del territorio de la comunidad de Pacopata y en la negociación fue más del 80%, lo que pondría en riesgo su existencia”.

A su turno, Elsa Merma, presidenta de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura K`ana de Espinar, dijo que vienen denunciando públicamente la delicada situación en la que viven, la cual afecta de forma grave sus labores ganaderas y agrícolas, así como la salud de sus familias. “La presencia de la empresa minera es un problema muy grande para nosotros y ellos están avanzando. La contaminación está cada vez más fuerte. Nuestra salud está seriamente afectada. Hay colectivos y asociaciones, pero las comunidades estamos totalmente abandonadas. Se mueren nuestros animales. ¿Con qué capital vamos a mantener la familia? Si el aire, el agua y la tierra están contaminados, a dónde vamos a ir. No es fácil irnos a otro lugar”. Alertó Merma.

Por su parte Ruth Luque, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República del Perú, también mostró su preocupación por el impacto ambiental de más de 35 años de minería en la zona, “porque no ha significado un camino al desarrollo que era lo que esperaban las comunidades”.

Para CooperAcción y Oxfam, es fundamental garantizar que se conozcan estos hechos y evitar la impunidad. La presentación de este informe busca llamar la atención de otros actores de la comunidad internacional responsables de esta situación, ya que no es sólo un asunto del Estado peruano y de la empresa, también es un tema de responsabilidad de los países de donde provienen las inversiones y de sus financistas, que tienen que ser responsables de sus inversiones y las afectaciones que pueden estar generando en países como el Perú.

Se imponen medidas administrativas contra Glencore por contaminación en Espinar

EDITORIAL 28/11/2023
Poco a poco, pero de manera sostenida, los conflictos sociales activos están aumentando en los últimos meses. Lo dicen los informes de la Defensoría del Pueblo y lo dice la realidad misma.

Gremios de maestros, profesionales de la salud, docentes universitarios, entre otros, han estado en las calles las últimas semanas visibilizando sus demandas que no son atendidas. Además de la movilización de gremios sindicales, los conflictos ambientales también se han reactivado. Es el caso de la provincia de Huanta que paralizó por varios días, reclamando por la actividad minera que se ha instalado en la zona productora de agua; también en Chumbivilcas (Cusco) y Cotabambas (Apurímac); en la zona del corredor del sur andino, nuevamente se anuncian paralizaciones y demandan a la empresa Las Bambas y al Estado peruano que implementen los acuerdos de procesos de diálogo previos y, en Cajamarca, en la provincia de Cajabamba, en contra de la minera Shauindo. También podemos mencionar los conflictos en varias zonas de la Amazonía, como en la Cordillera del Cóndor o en el Alto y Bajo Putumayo, los casos vinculados a la minería informal, entre varios otros.

La pregunta es si este gobierno tiene la capacidad de responder a la creciente conflictividad social. Todo indica que no, que no tiene ni la capacidad y tampoco la legitimidad para hacerlo. Un gobierno con apenas 8% de aprobación (según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos), difícilmente podrá hacer frente a las demandas diversas de la población.

Los conflictos deben entenderse como alertas que llegan desde sectores de la sociedad y desde los territorios, que no solamente demandan atención puntual, sino, sobre todo, transformaciones sustantivas. Entrando al último mes del año, en medio de una crisis social y económica que se sigue agudizando y con el anuncio de un Fenómeno de El Niño que tendrá un impacto importante en varias regiones del país, todo indica que se vienen tiempos complicados que confirmarán la creciente conflictividad social en número e intensidad.
Cooperaccion

27/11/2023
José De Echave y Alejandro Mirones

Antecedentes

Ayacucho es una región donde la minería es predominantemente de mediana y pequeña escala. Además, la minería informal también está instalada en varias de sus provincias. Esta característica de la minería en Ayacucho se expresa en una participación poco relevante en la producción de algunos minerales: 8% de la producción nacional de oro, 6.5% de plata, 3.9% de zinc, 2.2% de plomo y apenas el 0.02% de cobre.

En lo que va del año en esta región se han invertido US$ 67´194,154, lo que representa una caída de 12.8% en relación al mismo periodo del año pasado. Ayacucho cuenta con un solo proyecto minero importante que figura en la cartera del Ministerio de Energía y Minas: el proyecto Reposición Inmaculada, de la empresa Ares, que está en etapa de factibilidad y representa una inversión de US$1,319 millones.

Las concesiones mineras ocupan 1´214,429.37 hectáreas, lo que representa el 27.91% del territorio departamental. Como se puede apreciar, en los últimos meses ha habido un ligero incremento de las concesiones. Las provincias más concesionadas son las de Paucar del Sara Sara, Lucanas, Sucre, Huanca Sancos y Parinacochas. Si bien Huanta no es una de las provincias más concesionadas, al parecer -como veremos más adelante- las concesiones mineras otorgadas en esta provincia están amenazando fuentes de agua de la que dependen varias poblaciones de la zona.

Desde hace un tiempo Ayacucho ha venido apareciendo en el mapa de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo. En diferentes momentos, pobladores de varias provincias han expresado su preocupación por la afectación de la minería a las zonas productoras de agua. Incluso, algunos de los conflictos son de larga data y, como ocurre en el país, no han sido adecuadamente atendidos o los acuerdos de las mesas de trabajo no se cumplen.

Es importante tomar en cuenta algunos antecedentes de conflictos en la región. Uno de los casos más relevantes de los últimos años ocurrió en el mes de octubre del año 2021, cuando se declaró un paro en varias provincias del sur de Ayacucho (Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara). El paro fue en contra de las unidades mineras Inmaculada, Pallancata, Apumayo y Breapampa. Incluso uno de los campamentos fue incendiado por un grupo de manifestantes. A la base del conflicto estaba la preocupación de la población por los impactos de la minería, sobre todo en las cabeceras de cuenca. En diferentes momentos el Frente de Defensa de Paucar del Sara Sara había solicitado que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) declare a las cabeceras de las cuencas Yauca, Acarí y Ocoña y a las cuencas Chala, Chaparra, Atico y Caravelí ─próximas a la explotación minera─ como zonas intangibles. En el mes de noviembre (2021) se firmó la denominada acta de Coracora, donde se fijaron varios compromisos que, lamentablemente, hasta la fecha no se han cumplido a cabalidad. Más adelante, volveremos a tocar este caso.
El reciente conflicto en Huanta

Una situación que tiene aspectos en común con los casos precedentes es lo que viene ocurriendo en las últimas semanas en los distritos de Chaca y Huanta, en la provincia de Huanta. El Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia acordó medidas de protesta en rechazo a las actividades mineras formales e informales que se desarrollan en las zonas cercanas a la cuenca hidrográfica Razuhuillca. La población demanda que las cabeceras de cuenca sean protegidas.

Las primeras medidas de protesta se dieron entre el 5 y 12 de septiembre de este año. Luego, el 19 de septiembre se instaló una mesa técnica que contó con la participación del Gobierno Regional (GORE-Ayacucho), la Dirección Regional Ambiental (DRA) y la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Ayacucho, la Municipalidad Provincial de Huanta, municipalidades distritales de Chaca, Luricocha e Iguain, la Autoridad Local del Agua (ALA), la Policía Nacional del Perú (PNP), Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, entre otros. Luego de la exposición de los representantes de las organizaciones sociales y las instituciones participantes, el GORE anunció la conformación de una mesa técnica para tratar el tema relacionado con las actividades mineras y la protección de las cabeceras de cuenca de Razuhuillca.

Posteriormente, el 22 de septiembre se acordó que la siguiente reunión de la mesa técnica se realizaría el 5 de octubre e iba a estar a cargo de la DREM Ayacucho y se invitaría a las autoridades competentes. Sin embargo, sin mayor explicación la reunión fue reprogramada para el 13 de octubre, lo que provocó la inmediata protesta de las comunidades.

El 7 de octubre, en una reunión en la Municipalidad Provincial de Huanta, que contó con la participación del Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia de Huanta, el GORE Ayacucho, municipalidades provinciales y distritales, entre otros, anunciaron que la instalación de la mesa técnica quedaba suspendida. Además, se exigió la suspensión y nulidad de las autorizaciones mineras de la provincia de Huanta.

Diez días después, el 17 de octubre, las organizaciones sociales del distrito de Chaca, mediante un memorial dirigido al GORE Ayacucho, solicitaron “la reapertura de la mesa técnica o la instalación de otra mesa técnica de alto nivel en la presidencia regional y por acuerdo de Consejo Regional, como espacio de diálogo y entendimiento entre la politizada posición antiminera de la ciudad de Huanta y derecho de comunidades campesinas del distrito de Chaca”. Este memorial da pie para señalar que, al parecer, las comunidades campesinas de Uchuraccay y Chaca, de la provincia de Huanta, estarían de acuerdo con la actividad minera en la zona.

El 23 de octubre se realizó una reunión en la Municipalidad Provincial de Huanta con el Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia de Huanta, a la que no asistieron los funcionarios del GORE Ayacucho. Luego de esa reunión se convocó a un paro y movilizaciones los días 13, 14 y 15 de noviembre. La demanda que se declare como zona intangible las cabeceras de cuenca de la Cordillera de Razuhuillca fue ratificada. Además, se exige la cancelación y nulidad de las concesiones mineras en la provincia de Huanta, entre otros puntos.

Las movilizaciones contaron con el respaldo de las comunidades, sindicatos y organizaciones civiles que están en contra de las exploraciones y la extracción de minerales en las cuencas de las lagunas de Razuhillca, principal recurso hídrico de la ciudad que es utilizado para regar los cultivos y para el abastecimiento de todo el sistema de agua potable. Según diversos medios de comunicación, la población teme que las actividades de las empresas Newmont Peru S.R.L y Puma Ñahui Exploraciones Per S.A.C. impacten en las fuentes de agua.

El gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, se ha pronunciado en contra de las medidas de protesta adoptadas y aseguró que ya se encuentra realizando las gestiones correspondientes para anular las concesiones mineras y así garantizar la conservación del medio ambiente. Sin embargo, Reyder Suárez, miembro del Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia de Huanta, afirma que el gobernador ha mentido a los diferentes comités de lucha y habría aprobado las licencias mineras. Por este motivo Reyder Suárez señala que las protestas también son en contra del gobernador.

Cabe precisar que es el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), organismo adscrito al Ministerio de Energía y Minas, quien otorga las concesiones mineras a nivel nacional. Por lo tanto, en este tema los gobiernos regionales no tienen competencias. ¿En qué sí tienen competencia los gobiernos regionales? Cuando se trata de actividades mineras de pequeña escala o de nivel artesanal, todos los permisos y certificaciones (no las concesiones) son otorgados por los gobiernos regionales.
Las lecciones del conflicto de Huanta

El caso de Huanta y la necesaria protección de la cuenca del Razuhillca, pone nuevamente en agenda la importancia de contar con un marco legal e institucional que permita una protección efectiva de las zonas productoras de agua. Este tema es cada vez más sensible en departamentos como Ayacucho que, en las últimas décadas, ha venido perdiendo aceleradamente cobertura glaciar.

Uno de los instrumentos que podría ayudar a prevenir situaciones como la de Huanta es el postergado ordenamiento territorial: una política de ordenamiento territorial permitiría identificar, luego de un análisis técnico y social, cuáles son las potencialidades y vulnerabilidades de un territorio como el mencionado. El ordenamiento territorial habría podido determinar que se trata de un ecosistema vital para esta provincia de Ayacucho, por lo que se tendrían que excluir actividades que puedan ponerlo en riesgo.

Sin embargo, la política de ordenamiento territorial (OT) ha sido constantemente postergada. Ante la inexistencia de una Ley de Ordenamiento Territorial, un instrumento que podría cumplir una importante función es la Ley de Recursos Hídricos (LRH). Esta Ley establece la facultad que tiene el Estado de proteger las llamadas “cabeceras de cuenca” (o, con mayor propiedad, los ecosistemas generadores de agua). Sin embargo, la aplicación de esta norma también es una historia tortuosa de avances, retrocesos y estancamientos.

Aprobada originalmente el año 2009, la LRH señala en su artículo 75 que: “El Estado reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca donde se originan las aguas. La Autoridad Nacional, con opinión del Ministerio del Ambiente, puede declarar zonas intangibles en las que no se otorga ningún derecho para uso, disposición o vertimiento de agua”. Sin embargo, pese a esta disposición, ninguna zona productora de agua ha sido declarada intangible en los años siguientes a la promulgación de la norma.

Pese a la aprobación de la Ley y del marco metodológico del 2021 y aunque ya existen los instrumentos legales, aún no se avanza. En noviembre de 2021, durante el conflicto en varias provincias de Ayacucho, por el rechazo de la población a actividades mineras, la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, logró un acuerdo con las organizaciones sociales locales para proteger las cabeceras de cuenca. El acuerdo señalaba que Ayacucho se convertiría en “la primera región donde se aplicará un marco metodológico para identificar, caracterizar y zonificar cabeceras de cuenca”, según la nota de prensa difundida en ese momento por el Gobierno (MINAM, 2021). “La Autoridad Nacional del Agua priorizará la implementación del Marco Metodológico para la Identificación, Caracterización y Zonificación de las Cabeceras de Cuenca, en las provincias de Parinacochas, Lucanas y Paucar del Sara Sara. Los resultados de este proceso estarán en el primer trimestre del 2022, convirtiéndose en la primera región del país en la que se aplicará el mencionado Marco Metodológico”, se señaló. Sin embargo, el acuerdo fue tachado por gran parte de la prensa y por los sectores empresariales.

Lo que estamos viendo en Huanta es un nuevo caso que pone en evidencia que el país necesita avanzar en la construcción de un marco legal e institucional que permita proteger las zonas productoras de agua. Esto es aun más necesario en un contexto de emergencia hídrica como el que se vive.

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Tras más de 10 años de conocerse la existencia de contaminación en la provincia cusqueña de Espinar, OEFA encuentra su causa en las operaciones mineras de Antapaccay, operada por Glencore.

A pesar de la persistente negación de responsabilidad por parte de Glencore, los informes oficiales del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), producidos entre 2022 y 2023, ofrecen nueva evidencia que vincula las operaciones mineras de la transnacional con la contaminación en Espinar (Cusco), advierte un informe de CooperAcción y Oxfam.

Desde hace más de una década, los pobladores de las zonas circundantes a Antapaccay han enfrentado los estragos de la contaminación, según el informe titulado «Glencore en el Perú: el caso de Antapaccay y un análisis del cumplimiento de los estándares internacionales en materia de debida diligencia en derechos humanos».

Este documento, elaborado por CooperAcción y Oxfam evidencia los riesgos significativos para la salud de las personas de 13 comunidades adyacentes, quienes se encuentran expuestas a niveles alarmantes de metales pesados, incluido el mercurio.

Estudios OEFA

Los estudios de la OEFA analizaron el aire, agua, la flora y fauna e incluso a los animales domésticos en las 38 localidades de la provincia de Espinar, incluyendo los efluentes de la zona de beneficio.

Dos informes de la OEFA (Informe n.º 0438-2022-OEFA/DEAM-STEC (OEFA, 2022) y el n.º 00064-2023-OEFA/DEAM-STEC) sobre la calidad del aire confirman que las emisiones de material particulado PM10, provenientes de las actividades de la mina, han superado repetidamente los estándares de calidad ambiental permitidos. Las zonas afectadas son la comunidad originaria de Alto Huarca, así como parte de la comunidad de Alto Aira Ccollana y la zona de Propietarios privados Huinipampa en la zona Katahuitaña.

Estos informes respaldan la conclusión de una clara conexión entre las operaciones de Antapaccay y la contaminación del aire en las localidades circundantes.

Por último, se destaca la grave afectación a la flora y fauna. Alerta de concentraciones alarmantes de metales pesados en pasto andino y tejido vegetal, junto con la presencia de estos elementos en la flora y fauna de áreas cercanas a las operaciones mineras, indican un impacto significativo en la cadena alimentaria.

Mientras que en los animales domésticos muestran claros signos de afectación, con incrementos en la salinidad del suelo y concentraciones que superan los límites tolerables en su alimentación, revela el estudio de la OEFA.

Se repite la historia

La unidad minera de Antapaccay, originalmente ubicada en Tintaya, expandió sus operaciones hacia la zona de Antapaccay en 2012. Ahora, un nuevo proceso de expansión está en marcha, esta vez hacia la región denominada Coroccohuayco. Con esta ampliación el proyecto abarcaría más de 200 km2, que plantea serias inquietudes sobre el respeto a los derechos de las comunidades indígenas quechua y k’ana.

A pesar de la magnitud de este proyecto, las negociaciones para la adquisición de tierras parecen estar incumpliendo los principios de debida diligencia y transparencia, alerta el informe de CooperAcción y Oxfam.

El informe identificó que la empresa viene proporcionando información contradictoria, dificultando la capacidad de las comunidades para negociar de manera informada. La empresa no ha abordado de manera adecuada el posible reasentamiento de al menos una comunidad, Pacopata, debido a la expansión.

El informe titulado «Glencore en el Perú: el caso de Antapaccay y un análisis del cumplimiento de los estándares internacionales en materia de debida diligencia en derechos humanos», será presentado al público el martes 21 de noviembre, a las 11:00 a.m., en el hotel José Antonio – Sala Larco (9no. Piso), Av. 28 de Julio 398 Miraflores.

Para más información:

https://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2023/11/Resumen-espanol-Glencore-Antapaccay-WEB.pdf