Imagen: CooperAcción 01/12/2023
Especialistas llaman la atención que la suspensión de las operaciones de la mina Ariana, que pone en riesgo el abastecimiento de agua para Lima y Callao, dictada por el Sexto Juzgado de la Corte Superior de Lima, haya sido apelada también por la PCM y por el ANA.
Fue durante la presentación del libro “La mina Ariana y la amenaza al agua de Lima y Callao. Lecciones de un caso inaudito”.

Con el objetivo de informar a la ciudadanía el riesgo que representa un proyecto minero ubicado en el centro de la zona productora de agua que abastece a Lima, se presentó el miércoles 29 de noviembre el libro “La mina Ariana y la amenaza al agua de Lima y Callao. Lecciones de un caso inaudito”, editado por CooperAcción, que tiene la autoría de José De Echave, Marisa Glave, Ana Leyva y Paul Maquet.

Además del riesgo para el abastecimiento de agua para los más de 11 millones de habitantes de Lima y Callao, en la presentación del libro se puso énfasis en cómo se autorizó este proyecto minero a pesar de los informes de SEDAPAL en el que se alertaba el riesgo para las fuentes de agua; en cómo la Autoridad Nacional del Agua, emitió opinión favorable solo porque no competía con la actividad agrícola; o cómo el Ministerio de Energía y Minas fue juez y parte, aprobando el Estudio de Impacto Ambiental.

El proyecto Ariana se propone realizar una explotación subterránea de yacimientos de cobre y zinc, localizado en el distrito de Marcapomacocha, en la provincia de Yauli, Junín, cuya concesión se superpone a una zona estratégica que forma parte del sistema Marcapomacocha, donde existen lagunas, represas y se trasvasan aguas de la cuenca del río Mantaro a la del río Rímac. La ciudad de Lima depende de todo este sistema hídrico y la ejecución de este proyecto representa un serio riesgo para el abastecimiento de agua para más de 11 millones de habitantes de Lima y Callao.

Ante esta amenaza, el 24 de abril del 2019, José De Echave, representante de CooperAcción y las entonces congresistas Marisa Glave y Katia Gilvonio, presentaron una demanda de amparo en el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Gracias a esta acción legal, se logró suspender las operaciones de este proyecto minero.

La publicación fue presentada por dos de sus coautores: José De Echave, exviceministro de Gestión Ambiental e investigador de CooperAcción y Marisa Glave, excongresista e investigadora del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo- Desco

De Echave, destacó que, si se reanuda la construcción del proyecto Ariana, le va a pasar a Lima lo que le viene pasando -desde hace décadas- a varias comunidades por la presencia de actividades extractivas que afectan sus fuentes de agua. “Ariana es un ejemplo de la desprotección de las cabeceras de cuenca. Urge discutir en el país en dónde conviene que haya minería y en dónde no, y eso tiene que ver con políticas de ordenamiento territorial” expresó.

Por su parte, Marisa Glave alertó que además de los riesgos naturales que enfrenta Lima, como huaycos, derrumbes e inundaciones, se le suman otras amenazas por la actividad extractiva minera, como son los 390 pasivos ambientales a lo largo de la cuenca del Rímac y que generan contaminación. La excongresista también destacó que la suspensión del proyecto ha sido apelada no solo por la empresa sino también por la Presidencia del Consejo de Ministros -PCM y por el ANA.

En el panel de comentarios

Congresista Ruth Luque: el Estado, como muestra el caso Ariana, no realiza un control (riguroso) al tener una institucionalidad ambiental débil.
Ricardo Giesecke, exministro del Ambiente: Hay que recordar que hay varias amenazas en la cuenca del Rímac, como los relaves de Tamboraque.
Luisa Eyzaguirre, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal – SUTESAL: Marcapomacocha se creó con el fin de generar electricidad. Es una zona vulnerable, altamente sísmica y que se pone en riesgo con una mina en medio de este complejo»

Puedes encontrar el libro en nuestras oficinas, en la librería El virrey, principales librerías, así como lo puedes descargar y leer en este enlace: https://shorturl.at/kNQW1

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29/11/2023
De acuerdo con las resoluciones N° 00144-2023-OEFA/DSEM y N° 00142-2023-OEFA/DSEM, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha impuesto medidas administrativas a la empresa Antapaccay (Glencore), debido a que sus operaciones estarían afectando la salud de los pobladores de Espinar (Cusco) y los ecosistemas de la zona. La sanción fue impuesta el último mes de agosto.

Precisamente, CooperAcción y Oxfam presentaron el 21 de noviembre el informe: “Glencore en el Perú: el caso de Antapaccay y un análisis del cumplimiento de los estándares internacionales en materia de debida diligencia en derechos humanos». Representantes de Espinar acompañaron la presentación y compartieron sus experiencias.

Maia Campbell, Coordinadora de la Misión Técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el Perú, indicó que es necesario que las empresas que realicen proyectos extractivos, aseguren que sus actividades respetan los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo la debida diligencia.

“Si bien los Estados son los responsables de velar por el respeto a los derechos humanos, varios marcos de regulación y autorregulación que rigen la responsabilidad empresarial, reflejan actualmente una interpretación muy extendida de las funciones que pueden desempeñar las empresas, tanto en la violación de derechos humanos con impactos negativos, como en el cumplimiento de los mismos. Los principios rectores de las Naciones Unidas especifican que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos “, destacó Campbell.

Este estudio, elaborado por CooperAcción y Oxfam, analiza los informes del OEFA (Informe Nº 0438-2022-OEFA/DEAM-STEC y el Nº 00064-2023-OEFA/DEAM-STEC), sobre la calidad del aire. Ambos estudios confirman que las emisiones de material particulado (PM10), provenientes de las actividades de la mina, superaron repetidamente los estándares de calidad ambiental permitidos, poniendo en evidencia los riesgos significativos para la salud de personas de trece comunidades de la provincia de Espinar. Estas personas se encuentran expuestas a niveles alarmantes de metales pesados.

“Lo que buscamos es no solo socializar las evidencias de este informe sino abrir espacios de diálogo con autoridades europeas, financistas de la empresa Glencore, entre otros actores, lo que implicará la participación en una ruta de diálogo por siete países como Irlanda, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamarca y Suiza para buscar respuesta a los resultados del informe”, destacó Miguel Lévano, Coordinador de Programa y Alianzas de Oxfam en Perú

En tanto, Ana Leyva, subdirectora de CooperAcción señaló en relación a las comunidades de Pacopata y Huini Coroccohuayco que hubo “falta de transparencia sobre las dimensiones de tierras que la empresa necesita adquirir para sus operaciones. En la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA), la empresa declaró que necesitaba adquirir el 6% del territorio de la comunidad de Pacopata y en la negociación fue más del 80%, lo que pondría en riesgo su existencia”.

A su turno, Elsa Merma, presidenta de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura K`ana de Espinar, dijo que vienen denunciando públicamente la delicada situación en la que viven, la cual afecta de forma grave sus labores ganaderas y agrícolas, así como la salud de sus familias. “La presencia de la empresa minera es un problema muy grande para nosotros y ellos están avanzando. La contaminación está cada vez más fuerte. Nuestra salud está seriamente afectada. Hay colectivos y asociaciones, pero las comunidades estamos totalmente abandonadas. Se mueren nuestros animales. ¿Con qué capital vamos a mantener la familia? Si el aire, el agua y la tierra están contaminados, a dónde vamos a ir. No es fácil irnos a otro lugar”. Alertó Merma.

Por su parte Ruth Luque, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República del Perú, también mostró su preocupación por el impacto ambiental de más de 35 años de minería en la zona, “porque no ha significado un camino al desarrollo que era lo que esperaban las comunidades”.

Para CooperAcción y Oxfam, es fundamental garantizar que se conozcan estos hechos y evitar la impunidad. La presentación de este informe busca llamar la atención de otros actores de la comunidad internacional responsables de esta situación, ya que no es sólo un asunto del Estado peruano y de la empresa, también es un tema de responsabilidad de los países de donde provienen las inversiones y de sus financistas, que tienen que ser responsables de sus inversiones y las afectaciones que pueden estar generando en países como el Perú.

Se imponen medidas administrativas contra Glencore por contaminación en Espinar

EDITORIAL 28/11/2023
Poco a poco, pero de manera sostenida, los conflictos sociales activos están aumentando en los últimos meses. Lo dicen los informes de la Defensoría del Pueblo y lo dice la realidad misma.

Gremios de maestros, profesionales de la salud, docentes universitarios, entre otros, han estado en las calles las últimas semanas visibilizando sus demandas que no son atendidas. Además de la movilización de gremios sindicales, los conflictos ambientales también se han reactivado. Es el caso de la provincia de Huanta que paralizó por varios días, reclamando por la actividad minera que se ha instalado en la zona productora de agua; también en Chumbivilcas (Cusco) y Cotabambas (Apurímac); en la zona del corredor del sur andino, nuevamente se anuncian paralizaciones y demandan a la empresa Las Bambas y al Estado peruano que implementen los acuerdos de procesos de diálogo previos y, en Cajamarca, en la provincia de Cajabamba, en contra de la minera Shauindo. También podemos mencionar los conflictos en varias zonas de la Amazonía, como en la Cordillera del Cóndor o en el Alto y Bajo Putumayo, los casos vinculados a la minería informal, entre varios otros.

La pregunta es si este gobierno tiene la capacidad de responder a la creciente conflictividad social. Todo indica que no, que no tiene ni la capacidad y tampoco la legitimidad para hacerlo. Un gobierno con apenas 8% de aprobación (según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos), difícilmente podrá hacer frente a las demandas diversas de la población.

Los conflictos deben entenderse como alertas que llegan desde sectores de la sociedad y desde los territorios, que no solamente demandan atención puntual, sino, sobre todo, transformaciones sustantivas. Entrando al último mes del año, en medio de una crisis social y económica que se sigue agudizando y con el anuncio de un Fenómeno de El Niño que tendrá un impacto importante en varias regiones del país, todo indica que se vienen tiempos complicados que confirmarán la creciente conflictividad social en número e intensidad.
Cooperaccion

27/11/2023
José De Echave y Alejandro Mirones

Antecedentes

Ayacucho es una región donde la minería es predominantemente de mediana y pequeña escala. Además, la minería informal también está instalada en varias de sus provincias. Esta característica de la minería en Ayacucho se expresa en una participación poco relevante en la producción de algunos minerales: 8% de la producción nacional de oro, 6.5% de plata, 3.9% de zinc, 2.2% de plomo y apenas el 0.02% de cobre.

En lo que va del año en esta región se han invertido US$ 67´194,154, lo que representa una caída de 12.8% en relación al mismo periodo del año pasado. Ayacucho cuenta con un solo proyecto minero importante que figura en la cartera del Ministerio de Energía y Minas: el proyecto Reposición Inmaculada, de la empresa Ares, que está en etapa de factibilidad y representa una inversión de US$1,319 millones.

Las concesiones mineras ocupan 1´214,429.37 hectáreas, lo que representa el 27.91% del territorio departamental. Como se puede apreciar, en los últimos meses ha habido un ligero incremento de las concesiones. Las provincias más concesionadas son las de Paucar del Sara Sara, Lucanas, Sucre, Huanca Sancos y Parinacochas. Si bien Huanta no es una de las provincias más concesionadas, al parecer -como veremos más adelante- las concesiones mineras otorgadas en esta provincia están amenazando fuentes de agua de la que dependen varias poblaciones de la zona.

Desde hace un tiempo Ayacucho ha venido apareciendo en el mapa de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo. En diferentes momentos, pobladores de varias provincias han expresado su preocupación por la afectación de la minería a las zonas productoras de agua. Incluso, algunos de los conflictos son de larga data y, como ocurre en el país, no han sido adecuadamente atendidos o los acuerdos de las mesas de trabajo no se cumplen.

Es importante tomar en cuenta algunos antecedentes de conflictos en la región. Uno de los casos más relevantes de los últimos años ocurrió en el mes de octubre del año 2021, cuando se declaró un paro en varias provincias del sur de Ayacucho (Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara). El paro fue en contra de las unidades mineras Inmaculada, Pallancata, Apumayo y Breapampa. Incluso uno de los campamentos fue incendiado por un grupo de manifestantes. A la base del conflicto estaba la preocupación de la población por los impactos de la minería, sobre todo en las cabeceras de cuenca. En diferentes momentos el Frente de Defensa de Paucar del Sara Sara había solicitado que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) declare a las cabeceras de las cuencas Yauca, Acarí y Ocoña y a las cuencas Chala, Chaparra, Atico y Caravelí ─próximas a la explotación minera─ como zonas intangibles. En el mes de noviembre (2021) se firmó la denominada acta de Coracora, donde se fijaron varios compromisos que, lamentablemente, hasta la fecha no se han cumplido a cabalidad. Más adelante, volveremos a tocar este caso.
El reciente conflicto en Huanta

Una situación que tiene aspectos en común con los casos precedentes es lo que viene ocurriendo en las últimas semanas en los distritos de Chaca y Huanta, en la provincia de Huanta. El Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia acordó medidas de protesta en rechazo a las actividades mineras formales e informales que se desarrollan en las zonas cercanas a la cuenca hidrográfica Razuhuillca. La población demanda que las cabeceras de cuenca sean protegidas.

Las primeras medidas de protesta se dieron entre el 5 y 12 de septiembre de este año. Luego, el 19 de septiembre se instaló una mesa técnica que contó con la participación del Gobierno Regional (GORE-Ayacucho), la Dirección Regional Ambiental (DRA) y la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Ayacucho, la Municipalidad Provincial de Huanta, municipalidades distritales de Chaca, Luricocha e Iguain, la Autoridad Local del Agua (ALA), la Policía Nacional del Perú (PNP), Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, entre otros. Luego de la exposición de los representantes de las organizaciones sociales y las instituciones participantes, el GORE anunció la conformación de una mesa técnica para tratar el tema relacionado con las actividades mineras y la protección de las cabeceras de cuenca de Razuhuillca.

Posteriormente, el 22 de septiembre se acordó que la siguiente reunión de la mesa técnica se realizaría el 5 de octubre e iba a estar a cargo de la DREM Ayacucho y se invitaría a las autoridades competentes. Sin embargo, sin mayor explicación la reunión fue reprogramada para el 13 de octubre, lo que provocó la inmediata protesta de las comunidades.

El 7 de octubre, en una reunión en la Municipalidad Provincial de Huanta, que contó con la participación del Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia de Huanta, el GORE Ayacucho, municipalidades provinciales y distritales, entre otros, anunciaron que la instalación de la mesa técnica quedaba suspendida. Además, se exigió la suspensión y nulidad de las autorizaciones mineras de la provincia de Huanta.

Diez días después, el 17 de octubre, las organizaciones sociales del distrito de Chaca, mediante un memorial dirigido al GORE Ayacucho, solicitaron “la reapertura de la mesa técnica o la instalación de otra mesa técnica de alto nivel en la presidencia regional y por acuerdo de Consejo Regional, como espacio de diálogo y entendimiento entre la politizada posición antiminera de la ciudad de Huanta y derecho de comunidades campesinas del distrito de Chaca”. Este memorial da pie para señalar que, al parecer, las comunidades campesinas de Uchuraccay y Chaca, de la provincia de Huanta, estarían de acuerdo con la actividad minera en la zona.

El 23 de octubre se realizó una reunión en la Municipalidad Provincial de Huanta con el Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia de Huanta, a la que no asistieron los funcionarios del GORE Ayacucho. Luego de esa reunión se convocó a un paro y movilizaciones los días 13, 14 y 15 de noviembre. La demanda que se declare como zona intangible las cabeceras de cuenca de la Cordillera de Razuhuillca fue ratificada. Además, se exige la cancelación y nulidad de las concesiones mineras en la provincia de Huanta, entre otros puntos.

Las movilizaciones contaron con el respaldo de las comunidades, sindicatos y organizaciones civiles que están en contra de las exploraciones y la extracción de minerales en las cuencas de las lagunas de Razuhillca, principal recurso hídrico de la ciudad que es utilizado para regar los cultivos y para el abastecimiento de todo el sistema de agua potable. Según diversos medios de comunicación, la población teme que las actividades de las empresas Newmont Peru S.R.L y Puma Ñahui Exploraciones Per S.A.C. impacten en las fuentes de agua.

El gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, se ha pronunciado en contra de las medidas de protesta adoptadas y aseguró que ya se encuentra realizando las gestiones correspondientes para anular las concesiones mineras y así garantizar la conservación del medio ambiente. Sin embargo, Reyder Suárez, miembro del Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia de Huanta, afirma que el gobernador ha mentido a los diferentes comités de lucha y habría aprobado las licencias mineras. Por este motivo Reyder Suárez señala que las protestas también son en contra del gobernador.

Cabe precisar que es el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), organismo adscrito al Ministerio de Energía y Minas, quien otorga las concesiones mineras a nivel nacional. Por lo tanto, en este tema los gobiernos regionales no tienen competencias. ¿En qué sí tienen competencia los gobiernos regionales? Cuando se trata de actividades mineras de pequeña escala o de nivel artesanal, todos los permisos y certificaciones (no las concesiones) son otorgados por los gobiernos regionales.
Las lecciones del conflicto de Huanta

El caso de Huanta y la necesaria protección de la cuenca del Razuhillca, pone nuevamente en agenda la importancia de contar con un marco legal e institucional que permita una protección efectiva de las zonas productoras de agua. Este tema es cada vez más sensible en departamentos como Ayacucho que, en las últimas décadas, ha venido perdiendo aceleradamente cobertura glaciar.

Uno de los instrumentos que podría ayudar a prevenir situaciones como la de Huanta es el postergado ordenamiento territorial: una política de ordenamiento territorial permitiría identificar, luego de un análisis técnico y social, cuáles son las potencialidades y vulnerabilidades de un territorio como el mencionado. El ordenamiento territorial habría podido determinar que se trata de un ecosistema vital para esta provincia de Ayacucho, por lo que se tendrían que excluir actividades que puedan ponerlo en riesgo.

Sin embargo, la política de ordenamiento territorial (OT) ha sido constantemente postergada. Ante la inexistencia de una Ley de Ordenamiento Territorial, un instrumento que podría cumplir una importante función es la Ley de Recursos Hídricos (LRH). Esta Ley establece la facultad que tiene el Estado de proteger las llamadas “cabeceras de cuenca” (o, con mayor propiedad, los ecosistemas generadores de agua). Sin embargo, la aplicación de esta norma también es una historia tortuosa de avances, retrocesos y estancamientos.

Aprobada originalmente el año 2009, la LRH señala en su artículo 75 que: “El Estado reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca donde se originan las aguas. La Autoridad Nacional, con opinión del Ministerio del Ambiente, puede declarar zonas intangibles en las que no se otorga ningún derecho para uso, disposición o vertimiento de agua”. Sin embargo, pese a esta disposición, ninguna zona productora de agua ha sido declarada intangible en los años siguientes a la promulgación de la norma.

Pese a la aprobación de la Ley y del marco metodológico del 2021 y aunque ya existen los instrumentos legales, aún no se avanza. En noviembre de 2021, durante el conflicto en varias provincias de Ayacucho, por el rechazo de la población a actividades mineras, la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, logró un acuerdo con las organizaciones sociales locales para proteger las cabeceras de cuenca. El acuerdo señalaba que Ayacucho se convertiría en “la primera región donde se aplicará un marco metodológico para identificar, caracterizar y zonificar cabeceras de cuenca”, según la nota de prensa difundida en ese momento por el Gobierno (MINAM, 2021). “La Autoridad Nacional del Agua priorizará la implementación del Marco Metodológico para la Identificación, Caracterización y Zonificación de las Cabeceras de Cuenca, en las provincias de Parinacochas, Lucanas y Paucar del Sara Sara. Los resultados de este proceso estarán en el primer trimestre del 2022, convirtiéndose en la primera región del país en la que se aplicará el mencionado Marco Metodológico”, se señaló. Sin embargo, el acuerdo fue tachado por gran parte de la prensa y por los sectores empresariales.

Lo que estamos viendo en Huanta es un nuevo caso que pone en evidencia que el país necesita avanzar en la construcción de un marco legal e institucional que permita proteger las zonas productoras de agua. Esto es aun más necesario en un contexto de emergencia hídrica como el que se vive.

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Tras más de 10 años de conocerse la existencia de contaminación en la provincia cusqueña de Espinar, OEFA encuentra su causa en las operaciones mineras de Antapaccay, operada por Glencore.

A pesar de la persistente negación de responsabilidad por parte de Glencore, los informes oficiales del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), producidos entre 2022 y 2023, ofrecen nueva evidencia que vincula las operaciones mineras de la transnacional con la contaminación en Espinar (Cusco), advierte un informe de CooperAcción y Oxfam.

Desde hace más de una década, los pobladores de las zonas circundantes a Antapaccay han enfrentado los estragos de la contaminación, según el informe titulado «Glencore en el Perú: el caso de Antapaccay y un análisis del cumplimiento de los estándares internacionales en materia de debida diligencia en derechos humanos».

Este documento, elaborado por CooperAcción y Oxfam evidencia los riesgos significativos para la salud de las personas de 13 comunidades adyacentes, quienes se encuentran expuestas a niveles alarmantes de metales pesados, incluido el mercurio.

Estudios OEFA

Los estudios de la OEFA analizaron el aire, agua, la flora y fauna e incluso a los animales domésticos en las 38 localidades de la provincia de Espinar, incluyendo los efluentes de la zona de beneficio.

Dos informes de la OEFA (Informe n.º 0438-2022-OEFA/DEAM-STEC (OEFA, 2022) y el n.º 00064-2023-OEFA/DEAM-STEC) sobre la calidad del aire confirman que las emisiones de material particulado PM10, provenientes de las actividades de la mina, han superado repetidamente los estándares de calidad ambiental permitidos. Las zonas afectadas son la comunidad originaria de Alto Huarca, así como parte de la comunidad de Alto Aira Ccollana y la zona de Propietarios privados Huinipampa en la zona Katahuitaña.

Estos informes respaldan la conclusión de una clara conexión entre las operaciones de Antapaccay y la contaminación del aire en las localidades circundantes.

Por último, se destaca la grave afectación a la flora y fauna. Alerta de concentraciones alarmantes de metales pesados en pasto andino y tejido vegetal, junto con la presencia de estos elementos en la flora y fauna de áreas cercanas a las operaciones mineras, indican un impacto significativo en la cadena alimentaria.

Mientras que en los animales domésticos muestran claros signos de afectación, con incrementos en la salinidad del suelo y concentraciones que superan los límites tolerables en su alimentación, revela el estudio de la OEFA.

Se repite la historia

La unidad minera de Antapaccay, originalmente ubicada en Tintaya, expandió sus operaciones hacia la zona de Antapaccay en 2012. Ahora, un nuevo proceso de expansión está en marcha, esta vez hacia la región denominada Coroccohuayco. Con esta ampliación el proyecto abarcaría más de 200 km2, que plantea serias inquietudes sobre el respeto a los derechos de las comunidades indígenas quechua y k’ana.

A pesar de la magnitud de este proyecto, las negociaciones para la adquisición de tierras parecen estar incumpliendo los principios de debida diligencia y transparencia, alerta el informe de CooperAcción y Oxfam.

El informe identificó que la empresa viene proporcionando información contradictoria, dificultando la capacidad de las comunidades para negociar de manera informada. La empresa no ha abordado de manera adecuada el posible reasentamiento de al menos una comunidad, Pacopata, debido a la expansión.

El informe titulado «Glencore en el Perú: el caso de Antapaccay y un análisis del cumplimiento de los estándares internacionales en materia de debida diligencia en derechos humanos», será presentado al público el martes 21 de noviembre, a las 11:00 a.m., en el hotel José Antonio – Sala Larco (9no. Piso), Av. 28 de Julio 398 Miraflores.

Para más información:

https://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2023/11/Resumen-espanol-Glencore-Antapaccay-WEB.pdf

23 de noviembre de 2023
Este miércoles 29 de noviembre, se presentará el libro “La mina Ariana y la amenaza al agua de Lima y Callao. Lecciones de un caso inaudito”, editado por CooperAcción, a través del cual se presenta en detalle cómo se aprobó el controvertido proyecto minero que pone en riesgo el sistema de lagunas y toda la infraestructura que abastecen de agua a la capital del país.

El proyecto Ariana es una explotación subterránea de yacimientos de cobre y zinc, localizado en el distrito de Marcapomacocha, en Yauli, Junín, cuya concesión se superpone a una zona estratégica que forma parte del sistema Marcapomacocha, donde existen lagunas, represas y se trasvasan aguas de la cuenca del río Mantaro a la del río Rímac. La ciudad de Lima depende de todo este sistema hídrico y la ejecución de este proyecto representa un serio riesgo para el abastecimiento de agua para más de 11 millones de habitantes de Lima y Callao.

El libro es el resultado de una ardua investigación realizada por sus autores, José De Echave, Marisa Glave, Ana Leyva y Paul Maquet, quienes además de la sistematización del caso de la mina Ariana y los riesgos que implica, abordan los retos pendientes para lograr el abastecimiento total de agua en esta zona del país, las amenazas a la cuenca del Rímac y las lecciones que deja el caso para una eficiente gestión socioambiental del recurso hídrico.

La publicación será presentada por el investigador de CooperAcción y exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, José De Echave; y por la socióloga, excongresista e investigadora del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo- Desco, Marisa Glave. Los comentarios estarán a cargo de la congresista de la República, Ruth Luque; la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal – SUTESAL, Luisa Eyzaguirre; y el exministro del Ambiente, Ricardo Giesecke.

En el 2023, Lima ha presentado el volumen de almacenamiento de agua más bajo de los últimos cinco años, con una acumulación de 190,17 millones de metros cúbicos (el promedio es de 220 millones de metros cúbicos), y se pronostica que el déficit hídrico en la región del Pacífico se incrementará a mediano y largo plazo. En este escenario, resulta más que relevante una rigurosa protección de las fuentes de agua en nuestro país.

Presentación del libro “La mina Ariana y la amenaza al agua de Lima y Callao”

Fecha: miércoles, 29 de noviembre

Hora: 6:30 pm.

Lugar: Librería «El Virrey». Av. Bolognesi 510, Miraflores.

Inscripciones: bit.ly/3uuUj5e o al correo [email protected]

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07/11/2023
Después de más de 8 años de proceso judicial

Al mismo tiempo, en forma injusta y sin pruebas, condenan por delito de disturbios y lesiones leves a una las personas defensoras.

Hace unos días, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Arequipa, en el Expediente Judicial No. 4116- 2016, procedió a la lectura de sentencia (en Audiencia de Apelación) por la cual declara infundada las apelaciones presentadas por la fiscalía, la procuraduría y la defensa legal de la actora civil contra la sentencia que absolvió a 10 personas defensoras de derechos humanos y ambiente (entre ellas 7 defensoras). Igualmente, declaró infundada la apelación formulada por la defensa legal de Elida Maritza Ticona Hinojosa, una de las agricultoras defensoras de derechos humanos y ambiente en el Valle del Tambo, quien injustamente había sido condenada a seis años de privación de Libertad por la supuesta comisión del delito de disturbios y lesiones leves.

Como se recordará entre el 23 de marzo y 24 de mayo de 2015 los agricultores del Valle del Tambo, en el ejercicio legítimo de su derecho constitucional a la protesta, iniciaron una serie de manifestaciones públicas en contra de la decisión estatal de autorizar la ejecución del Proyecto Minero denominado Tía María, al considerar que iba afectar el medio ambiente y las tierras agrícolas; así como, la calidad y cantidad del agua en el referido Valle del Tambo, poniendo en riesgo su derecho fundamental (recogida en nuestra Constitución) a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado.

Asimismo, protestaban en forma pública porque el estado peruano pretendía desconocer la Consulta Vecinal, realizada el 27 de setiembre de 2009, en la que el 97% de la población del Valle del Tambo le dijo no al Proyecto minero y si a la agricultura.

Producto de esas legítimas protestas, la policía desarrolló una represión indiscriminada y brutal contra los agricultores del Valle del Tambo que protestaban en esos meses. Al mismo tiempo, el gobierno y la empresa Southern Perú denunciaron, falsamente, la comisión de diversos delitos a dichos agricultores que no hacían otra cosa que ejercer, de manera legítima, su derecho fundamental a expresarse en forma pública.

Este proceso judicial se volvió emblemático por la firme decisión de los agriculores del Valle del Tambo de hacer respetar la Segunda Gran Consulta Vecinal (27 de setiembre de 2009) en el Perú, y una de las primeras en Latinoamérica, en la que la población, en forma abrumadora se opuso al desarrollo del Proyecto minero y; porque, a pesar de ello, el gobierno y la empresa insistían en desarrollar el Proyecto Minero Tía María.

En resumen, en esta segunda instancia, al resolverse declarar infundada las apelaciones de la fiscalía, la procuraduría y la actora civil contra la sentencia de primera instancia, confirmó que no se había acreditado la comisión de los delitos de tortura, disturbios y lesiones leves por parte de las 10 personas defensoras de derechos humanos y ambiente

Sin embargo, con un razonamiento absolutamente contradictorio, equivocado y discriminador (porque al igual que los absueltos, contra ella tampoco existían pruebas en su contra) decidió confirmar su condena por los delitos de disturbios y lesiones leves.

En relación a lo antes señalado, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ (organismo no gubernamental de defensa y promoción de los derechos humanos en Perú), contando con el fundamental apoyo institucional de RED MUQUI, asumió la defensa legal de 2 de las personas defensoras de derechos humanos procesadas que fueron absueltas de toda responsabilidad penal, si bien expresa su satisfacción con este extremo de la sentencia, al mismo tiempo expresa su indignación por la que considera una injusta confirmación de la sentencia que condena a la defensora Elida Maritza Ticona Hinojosa y exige que su caso sea revisado lo antes posible para evitar la arbitrariedad de que dicha defensora privada sin razón de su Libertad, cuando lo único que ha hecho es defender los derechos humanos de los integrantes de su comunidad de agricultores, su tierra y su ambiente.

Igualmente, FEDEPAZ precisa que este largo proceso, de más de 8 años, evidencia que las defensoras y los defensores fueron acusados falsamente de la comisión de delitos graves y que ha puesto, también, en evidencia la condenable estrategia estatal y empresarial de criminalizar a todas las personas que, en defensa de los derechos fundamentales de su comunidad, se oponen a las arbitrarias decisiones gubernamentales y empresariales; evidenciándose, igualmente que el único propósito, del estado y la empresa es amedrentarlos y evitar que sigan protestando.

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18/10/2023
El pasado 5 de octubre se llevó a cabo una nueva audiencia sobre el proyecto minero Ariana. Como se sabe, este proyecto pretende instalarse en medio de la principal zona productora de agua para la ciudad de Lima y el Callao, precisamente donde se encuentran las lagunas y toda la infraestructura hídrica (reservorios, canales, el Túnel Trasandino, etc.) que conforman el denominado Sistema Marcapomacocha.

Esta es la segunda instancia de un proceso que se inició el 24 de abril del año 2019, con la presentación de una demanda de amparo en el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. La demanda fue presentada por las entonces congresistas por Lima y Junín, Marisa Glave y Katia Gilvonio respectivamente, y José De Echave, como representante de CooperAcción. Se contó con el apoyo de los profesionales del Instituto de Defensa Legal (IDL) y de CooperAcción.

A lo largo de todo el proceso, los demandantes han demostrado la amenaza real que constituye Ariana para toda la infraestructura del Sistema de Marcapomacocha y el abastecimiento de agua para Lima y el Callao. Esta amenaza tiene que ver con la afectación a flujos de agua subterránea, posibles filtraciones que podrían contaminar flujos de agua superficial y subterránea, así como el eventual colapso de la relavera que afectaría al Túnel Trasandino Cuevas-Milloc.

La preocupación no es solo de las organizaciones y ciudadanos demandantes, sino también de la empresa SEDAPAL (responsable de dicho abastecimiento) y de la empresa ENEL (propietaria de la infraestructura que podría resultar afectada) y ha sido señalada también por especialistas internacionales.

En el proceso judicial, se ha demostrado, asimismo, que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no evaluó la posible afectación al Túnel Trasandino, por lo cual el argumento legalista y formalista de que “el EIA cuenta con la opinión favorable de la ANA” es totalmente insuficiente. Si las instancias administrativas aprueban un proyecto como este, sin evaluar adecuadamente sus posibles impactos y si las instancias judiciales no son expeditivas en cautelar los derechos amenazados, ¿qué vías le quedan a la ciudadanía?

Luego de esta audiencia, se espera la decisión que pueda tomar la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Los mantendremos informados.

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13/10/2023
Jóvenes lideresas y líderes de las comunidades de Supayaku y Naranjos realizaron acciones de incidencia a nivel regional en la ciudad de Cajamarca, para visibilizar la afectación de su territorio producto de actividades extractivas.

Los días 05 y 06 de octubre del 2023 se realizó el III Encuentro – Taller de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Ambiente de la Macro Norte, organizado por distintas organizaciones como: Red Muqui, Cooperacción, Grufides, Natura y FEDEPAZ. El taller y las acciones de incidencia se llevaron a cabo en la ciudad de Cajamarca y contó con la presencia de prensa regional y local.

Defensoras y defensores de Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad y Ancash denunciaron que las concesiones y actividades petroleras amenazan la seguridad y la vida de quienes defienden su territorio. Del mismo modo, sostuvieron que la minería formal e informal, así como la tala ilegal de bosques pone en riesgo los ecosistemas de las regiones de la Macro Norte.

David Velazco, en representación de FEDEPAZ, tuvo una intervención en donde sostuvo que los conflictos sociales en torno a las acciones de las empresas extractivas no solo terminan por vulnerar derechos fundamentales de defensoras y defensores del territorio y medio ambiente, sino que, a su vez, el estado al no atender oportuna y adecuadamente las justas demandas de las poblacioes, comunidades y/o pueblos afectados, abona a esa vulneración de derecho y, además, termina estigmatizando, persiguiendo y criminalizando a quienes se manifiestan en contra de sus decisiones de gobierno que afectan el territorio y ambiente de quienes protestan.

Por otro lado, se contó con la participación de cuatro jóvenes lideres Awajún de las comunidades de Supayaku y Naranjos (distritos de Huaranga y SanJosé de Lourdes en la provinicia de San Ignacio, Cajamarca), quienes denunciaron que se ha venido promoviendo el despojo de sus tierras producto de intereses de empresas dedicadas a la tala ilegal y proyectos hidráulicos que terminan por contaminar el río Chirinos, importante fuente de vida para los sembríos de las y los comuneros.

Entre las intervenciones cabe destacar las declaraciones de Lidia Taíjin Bazán quien es una joven lideresa de la comunidad de Supayaku y participante de capacitaciones y talleres elaborados por el equipo técnico de FEDEPAZ en la provincia de San Ignacio – Cajamarca. La joven defensora denunció que las actividades de tala y minería ilegal han afectado el territorio de la comunidad de Supayaku y anexos.

Entre las principales consecuencias, se evidencia la grave contaminación y la muerte de seres vivos que forman parte del ecosistema acuífero del “Río Chirinos” que divide a ambas comunidades del Pueblo Awajún, producto, también de actividad minera ilegal que usa productos químicos para la extracción de minerales. Del mismo modo expresó su preocupación por las consecuencias que este hecho pueda tener para la comunidad de Supayaku en un futuro cercano.

Finalmente, la joven defensora hizo un llamado a las autoridades regionales de Cajamarca con la finalidad de que tengan una mayor intervención en las comunidades de Supayaku y Naranjos para que de esta forma se garantice la defensa de sus derechos fundamentales como pueblos indígenas, pertenecientes a las regiones de la Macro Norte.

foto: Lidia Taíjin Bazán, declarando a medios locales y regionales. Octubre 2023

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Cooperaccion 29/09/2023
Esta semana se realiza la 36 Convención Minera, más conocida como Perumin, que organiza el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú en la ciudad de Arequipa.

El Perumin de este año se da en un contexto particular: en medio de un claro estancamiento de la economía peruana, la intención del empresariado minero es mostrar que, en gran medida, la situación se hubiese podido revertir si es que varios proyectos mineros controvertidos se hubiesen concretado.

Para fundamentar el mensaje, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) encargó un estudio al Instituto Peruano de Economía (IPE), donde se estima que “el costo de la no ejecución entre el 2008 y el 2022 de los 23 proyectos mineros retrasados por razones ajenas a las empresas significó pérdidas de S/.698,000 millones para la economía peruana y S/.123,000 millones en recaudación fiscal”. Adicionalmente, el estudio hace una estimación de cuántas personas hubiesen salido de la pobreza si estos proyectos se hubiesen concretado.

Lo primero que habría que argumentar es que varios supuestos planteados por el mencionado estudio no son muy exactos, al mismo tiempo que se dejan de lado varios elementos que se deberían tomar en cuenta en un análisis riguroso sobre el porqué del retraso de los proyectos y, también, cuál es el real aporte de una actividad como la minería.

Por ejemplo, ¿se puede afirmar que varios de los proyectos que menciona el IPE, como Conga, Tía María, Río Blanco, etc., se retrasaron por razones ajenas a las empresas? ¿Esto es así? ¿Las empresas involucradas en estos y otros proyectos no tuvieron ninguna responsabilidad? Demasiado sesgada la premisa.

Está claro que, en gran medida, varios de estos proyectos no se lograron concretar por los tremendos errores cometidos por las empresas: en algunos casos, por su propio comportamiento previo en materia de responsabilidad social y ambiental; o por presentar estudios de impacto ambiental de pésima calidad, como quedó demostrado en el caso Tía María (no es el único), cuando UNOPS (un organismo de las Naciones Unidas) prácticamente destrozó el primer EIA del proyecto el año 2011.

La prueba de que no fueron solamente razones ajenas a las empresas es que en el mismo período en el que estos proyectos se postergaron, otros sí lograron entrar a la fase operativa y de producción, superando los trámites y otras exigencias. Además, muchos de lo que ellos llaman excesos de trámites y permisos, en realidad se complejizan porque las propias empresas presentan información y estudios de pésima calidad, que reciben observaciones de las instituciones encargadas de su revisión.

El otro problema del análisis del IPE es no considerar las externalidades negativas de los proyectos de inversión en minería. ¿Se ha valorado con rigor la mochila ecológica de los 23 proyectos que menciona el estudio? ¿Cuánto cuesta perder las lagunas que iban a desaparecer con la puesta en marcha de un proyecto como Conga? ¿Cuál podría ser el real impacto del proyecto Tía María en la agricultura del Valle de Tambo? En otros casos, ¿cuál es el impacto de los proyectos en ecosistemas fundamentales, como los páramos en la zona norte del país, lagunas alto andinas, etc.? ¿Estos componentes han sido tomados en cuenta adecuadamente en el estudio encargado por la SNMPE? Si no lo han hecho, están visibilizando lo que les conviene visibilizar y, por supuesto, ocultan lo que no les conviene que se visibilice. En suma, están haciendo la economía del siglo pasado que no tomaba en cuenta este tipo de variables.

Lo que el país entero debería discutir (por supuesto, incluimos a las empresas) es cómo nos imaginamos la minería para los próximos 20 o 30 años. ¿Qué tipo de minería necesita el país? ¿Cómo se la imaginan las empresas, los trabajadores, las poblaciones vecinas y, finalmente, todos los que nos interesa que las cosas mejoren en el país?

Sería un tremendo error pensar que la minería va a seguir creciendo y expandiéndose tal y como ha ocurrido en los pasados 30 años; peor aún, con la pretensión de traerse abajo la débil regulación, la institucionalidad ambiental y social e imponiendo proyectos de manera vertical y autoritaria.

¿Esta pregunta está siendo abordada en esta semana del Perumin? Todo indica que no y que solamente están dispuestos a escuchar a los que se alinean con sus diagnósticos y propuestas.

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