El comandante general Víctor Zanabria confirmó que el disparo que mató a Alexander Checa fue realizado por un agente policial. El Ministerio Público ya abrió investigación.
15/07/2025

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, confirmó que fue un policía el autor del disparo que provocó la muerte de Alexander Checa Montalvo, de 27 años, durante las protestas mineras registradas el pasado viernes en el distrito de Chala, provincia de Caravelí, Arequipa. En entrevista con RPP TV, Zanabria indicó que ya se iniciaron las diligencias para identificar al agente responsable mediante pericias y análisis fílmicos.

Según la necropsia del Instituto de Medicina Legal, el joven murió a causa de una hemorragia masiva por impacto de arma de fuego en el tórax. Las protestas, protagonizadas por mineros informales que exigían un nuevo proceso de formalización, se tornaron violentas: se usaron llantas quemadas, dinamita y hubo bloqueos en la Panamericana Sur. Durante el operativo, 18 policías resultaron heridos y se arrestó a ocho personas, actualmente en detención preliminar por siete días.

Zanabria aseguró que las imágenes de drones ubican a Alexander Checa en una zona elevada desde donde, presuntamente, se lanzaban ataques contra las fuerzas del orden. “Tenemos video donde él recibe el posible impacto del disparo”, sostuvo. Sin embargo, la familia de la víctima niega esa versión. Su tío, Juan Chipana, afirmó que Checa no era minero, sino taxista, y calificó la muerte como un abuso: “Era un joven trabajador e inocente”.

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí, ya abrió una investigación preliminar por homicidio. Mientras tanto, más de 3,000 agentes continúan desplegados en la región para controlar los disturbios y garantizar la circulación en vías clave como el corredor vial sur. El caso pone nuevamente en discusión el uso de la fuerza por parte de la policía durante manifestaciones sociales y la falta de garantías en los derechos de civiles.

Policía mató a joven en protestas mineras en Chala, confirma jefe de la PNP

Para el exviceministro de Gestión Ambiental, los mineros informales ven una coyuntura favorable para avanzar en su agenda frente a la debilidad del Ejecutivo. Si persiste la falta de consenso sobre la Ley Mape, el Congreso optaría por seguir extendiendo el Reinfo.
Reinfo: revisarán plazo de 90 días para que mineros informales cuenten con autorización de uso de explosivos
Conflictos sociales se transforman: el auge de la minería informal y los desafíos de la Ley Mape
José De Echave conversó con La República sobre la problemática minera en el país y los desafíos de la Ley Mape. Foto: Kevin García/La República
Foto del autorDaniel Tapia
Este viernes 25 de julio volverá a sesionar la mesa de diálogo entre los representantes del gobierno, instituciones del Estado y mineros informales. Para, José De Echave, investigador de CooperAcción, la Confemin tiene una posición maximalista y aprovecha la fragilidad del Poder Ejecutivo para avanzar en su plataforma de lucha que comprende: reponer a los mineros excluidos del Reinfo, evitar las interdicciones y aprobar una Ley Mape a la medida de sus intereses.

Si bien una renovada Comisión de Energía y Minas del Congreso deberá decidir el futuro de esta norma, De Echave ve poco probable que en esta próxima legislatura se de luz verde a un texto consensuado. En su lugar, las fuerzas parlamentarias buscarían ampliar nuevamente el fracasado proceso de formalización minera.

-¿Cómo analiza el proceso de diálogo entre los representantes del gobierno, instituciones del Estado y los gremios de mineros artesanales?

-Ojalá que se puedan lograr acuerdos para salir un poco del entrampamiento. Sin embargo, viendo las distintas posturas, se me hace difícil que esto pueda ocurrir. Yo creo que, por el lado del gobierno, veo poca capacidad, poca voluntad y creo que no hay muchas iniciativas de su parte. En el caso de las organizaciones que representan a la minería artesanal, la sensación que tengo es que todavía hay una posición maximalista de puntos y temas que son bien difíciles que puedan a llegar a buen puerto.

-Una de las principales preocupaciones de los gremios como la Confemin es que se anule la exclusión de los más de 50.565 mineros del Reinfo, que habían sido suspendidos por no cumplir los requisitos de ley. ¿cree que se atienda su plataforma de lucha?

-A mi lo que me preocupa es su agenda maximalista de las centrales de mineros como la Confemin y otras federaciones. Ellos, en la práctica, demandan muchas cosas que se parecen a las exigencias históricas de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Dicen que el Perú es ancestralmente minero y eso siempre lo señaló la SNMPE. Además, quieren hacer minería en áreas de conservación, lo cual, creo que es inaceptable. Pretenden hacer minería en la Amazonía, tener beneficios tributarios y no cumplir con instrumentos de gestión ambiental rigurosos. Es decir, muchos de sus puntos coinciden. El Perú sí necesita una pequeña minería fuerte, responsable, seria, pero diferenciándose de la ilegal, que avanza de manera violenta y que afecta los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y la naturaleza.

-¿Coincide con algunos especialistas en que desde que se creó la mesa de diálogo y este subgrupo que debe revisar las normas en cuestionamiento, el Ejecutivo está cediendo a las presiones de los mineros informales?

-Es posible. Estamos hablando de un gobierno tremendamente débil y que tiene muy poca legitimidad, frente a una organización social que ha crecido y que posee una enorme capacidad de movilización. Además, tienen recursos y claramente, una influencia política. Entonces, sí me da la impresión que la lectura de las centrales de mineros es que hay una coyuntura favorable para avanzar en su agenda. Esta agenda máxima puede ser aprobar una Ley Mape que responda a sus intereses, como lo han intentado hacer en la Comisión de Energía y Minas. O también, lograr algunos puntos como evitar las interdicciones y reponer a los mineros que salieron del registro.

Minem optó por camino fácil
-Se reveló un chat en el que el ministro Jorge Montero compartía mensajes y publicaciones con los mineros informales. ¿Cómo analiza esta información a la que él ha justificado en base a razones académicas?

-Mi principal observación y crítica al señor Montero es que, desde que asumió el ministerio de Energía y Minas, cuidó el puesto y le ha dejado la tarea de plantear una nueva Ley Mape a la Comisión de Energía y Minas, sabiendo lo que significa. Entonces, creo que ha optado por el camino fácil de no proponer una iniciativa, de no discutir seriamente y de no plantear propuestas sobre el tema. Le ha dejado un espacio para que la influencia que hoy en día tienen las centrales mineras en la política, se desenvuelva sin mayores problemas. Ahora, sin duda, en un grupo de WhatsApp, hay varios temas que él ha planteado y que ahora, no reconoce.

-Hasta diciembre tiene plazo el Congreso para resolver el futuro de la Ley Mape, que no pudo ser aprobada en la Comisión de Energía y Minas. Con la disolución del Bloque Magisterial, otra bancada presidirá este grupo de trabajo. ¿cómo ve este cambio de presidencia y de miembros para orientar el debate?

-Vamos a ver cómo se reconfigura la Comisión de Energía y Minas. Pero, estamos hablando del mismo Congreso. Entonces, no es que vayan a darse cambios sustantivos. Honestamente, se me hace difícil pensar que un Parlamento con esas características vaya a poder producir una Ley Mape que responda realmente a los intereses del país. Por lo tanto, tenemos esta segunda legislatura que acaba en diciembre y no creo que se pueda producir un marco legal que permita un avance importante. En ese mes ya estaríamos en un contexto electoral y lo que vamos a tener, es un escenario en el cual, el Congreso seguramente va a discutir más que la aprobación de la Ley Mape, una nueva ampliación del Reinfo.

-Una carta bajo la manga que podría aparecer es un proyecto de ley del congresista Sánchez que busca ampliar el Reinfo hasta el 2026 mientras no se apruebe la Ley Mape. ¿Esta es una iniciativa que va acorde con la problemática de la minería artesanal?

-Lo menos que podemos decir es que el riesgo existe. Yo me pregunto, si de cara al escenario electoral que se viene, habrá alguna fuerza política dentro del Congreso que se animará a decir si acaba el Reinfo. Creo que, si no se llega con una Ley Mape aprobada en la Comisión de Energía y Minas y en el Pleno del Congreso, lo más probable es que se plantee una nueva ampliación del Reinfo. Ya ha pasado varias veces anteriormente. Entonces, no me sorprendería. Yo no me imagino una fuerza política dentro del Congreso que va a estar, además, buscando algún nivel de de espacio electoral, trayéndose abajo el Reinfo.

Mineros van por agenda máxima
-Algunos puntos críticos de la propuesta de Ley Mape era la inclusión de la servidumbre minera y la exención de responsabilidad penal. ¿Cederá la Confemin a estos puntos que defiende?

-Hasta el momento, cuando uno escucha a sus voceros, la sensación que queda es que están yendo por la agenda máximo. Su lectura es que hoy en día tienen las condiciones de poder sacar la gran mayoría de puntos de su agenda porque están frente a un Ejecutivo débil y un Congreso que está dispuesto a trabajar con ellos. Aquí hay un margen de error, pero me imagino, una segunda legislatura en la que no se va a poder producir una Ley Mape, y con esta situación de impase a fin de año, lo que va a quedar es la posibilidad de ampliar nuevamente el Reinfo. Entonces, la tarea de definir esta Ley Mape será del próximo Parlamento, donde seguramente la Confemin y otras federaciones van a esperar tener una mayor representación política.

-La Confemin señala que uno de los problemas centrales que impiden la formalización de la minería artesanal es la acreditación de un contrato de explotación. ¿coincide con ellos?

-Yo creo que es un punto importante y un asunto que el país necesita discutir seriamente. A inicios de la década del 90, el Perú tenía 2 millones 300.000 hectáreas concesionadas. En algún momento, llegó a tener 26 millones de hectáreas concesionadas. Hoy en día, estamos en alrededor de 20 millones y sin duda, ha habido un proceso de acaparamiento. ¿Quiénes pueden pagar los derechos mineros vigentes? Básicamente, las grandes empresas. Pataz es un ejemplo de eso. Si uno ve su territorio, la Mina Poderosa tiene cerca del 20% de las concesiones en las zonas con mayor riqueza geológica. Yo creo que ese es un tema a discutir de la manera más seria posible. Revisemos las experiencias internacionales donde ha habido ajustes a la política de concesiones mineras, para dejar espacio a que la pequeña minería se pueda desarrollar.

-En el reporte del Observatorio de Conflictos Mineros, se menciona que hay un giro en la conflictividad social con nuevos actores y territorios, a diferencia de lo que ocurría en años anteriores. ¿cuáles son los argumentos que sustentan esto?

-Efectivamente, la matriz de conflictividad social ha cambiado. Hasta hace un tiempo, los conflictos eran entre las grandes empresas y las comunidades que defendían sus territorios. Hoy en día, el principal conflicto es entre las grandes empresas y la pequeña minería. Después de 30 años, yo creo que sí hay que comenzar a pensar qué tipo de gobernanza necesita la minería para los próximos 20 o 30 años. Hemos tenido una ley general que tiene casi 30 años de vigencia. Claramente, el escenario de tensión social muestra que muchos de esos aspectos se han agotado. Esta no es una discusión exclusivamente de los empresarios mineros, sino de la clase política, del sector académico, de la sociedad civil, de los trabajadores y productores mineros. Ojalá que, en la agenda electoral, se puedan discutir y lograr algunos puntos de consenso.

Caída de la producción minera formal
-¿La caída de la producción formal de oro y cobre se debe a la expansión de la minería informal, como atribuyen algunos gremios de la gran minería?

-Es cierto que hay una caída de la producción de oro desde hace un buen tiempo. Pero, esto no se debe exclusivamente al avance de la pequeña minería. Lo que está ocurriendo en el Perú es que los grandes yacimientos de oro se están agotando. Básicamente, el 60% de la cartera son proyectos de cobre y solamente, el 12% son auríferos, y ninguno es de gran minería. Entonces, lo que va a predominar es la producción de la pequeña minería. La obligación de las centrales de mineros es diferenciarse de los ilegales.

-¿Qué expectativas tiene del Mensaje a la Nación de Dina Boluarte? ¿Podría haber algún anuncio referido a la problemática de la minería en el país?

-Debería haber. Seguramente, se darán algunas menciones, pero de ahí a que pueda tener alguna expectativa de que algo interesante se anuncie, yo creo que no.

-¿Seguirá insistiendo el gobierno en iniciar la construcción de Tía María para este año, pese a la oposición de la población de Valle de Tambo?

-Hay una voluntad de los agricultores de decirle no a la minería. Ellos perciben además que no es una posición únicamente contra Tía María. Ven el mapa de concesiones mineras y por lo menos, 10 empresas tienen concesiones en su territorio. Entonces, sienten que este proyecto es el inicio de la reconversión del territorio del Valle de Tambo en una zona de expansión minera. Entonces, la información que tengo es que no es viable y que la gente sigue preocupada por la posibilidad de que el proyecto se desarrolle.

-Una de las posiciones que dejaba entrever el ministro era que valoraba la posibilidad de que el BCRP compre oro a los mineros artesanales. ¿Cómo evalúa esta propuesta?

-En primer lugar, no hay muchas experiencias a nivel internacional en donde un Banco Central de Reserva pueda encargarse de esa labor. Discutir que haya algún otro espacio dentro del Estado para que se haga esa tarea, se puede pensar, pero no es algo que se vaya a resolver de la noche a la mañana. Estamos en una época en la que la cotización del oro es alta, pero también ha habido periodos bajos. Es un tema que hay que analizarlo con mucho cuidado.

https://larepublica.pe/economia/2025/07/24/exviceministro-jose-de-echave-el-congreso-va-a-discutir-mas-que-la-aprobacion-de-la-ley-mape-una-nueva-ampliacion-del-reinfo-hnews-1879951

30/06/2026
Decenas de manifestantes, principalmente de Arequipa, han instalado carpas en el lugar indicando su intención de permanecer por tiempo indefinido.

Una nueva protesta de mineros artesanales se desarrolla este lunes 30 de junio frente al Congreso en la avenida Abancay. Decenas de manifestantes, principalmente de Arequipa, exigen la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y la aprobación inmediata de la Ley MAPE.

Aunque el Ejecutivo oficializó la ampliación del Reinfo el último fin de semana; aún esta requiere debate en el Pleno del Congreso, cuya legislatura recién concluyó y genera incertidumbre entre los mineros.

Demandas «sin condiciones»

Los manifestantes reclaman que la ampliación del Reinfo se realice «sin condiciones», según consignan sus carteles. Este punto genera controversia, ya que el registro fue concebido inicialmente como un mecanismo transitorio vinculado a compromisos de formalización progresiva.

Dicha solicitud de mantenerlo sin exigencias es vista por sectores especializados como un retroceso en la regulación de la minería informal. Paralelamente, exigen la aprobación de la Ley MAPE, que busca establecer un marco normativo específico para la minería artesanal, aunque esta iniciativa enfrenta obstáculos técnicos y políticos.

Reclamos y movilización indefinida

Los mineros han instalado carpas en el lugar, indicando su intención de permanecer por tiempo indefinido y prolongado. Esta estrategia marca un cambio frente a protestas anteriores, donde los grupos se retiraban tras horas de movilización.
https://panamericana.pe/locales/446925-mineros-protestan-frente-congreso-exigen-ampliacion-reinfo-aprobacion-ley-mape

Cooperaccion 23/06/2025
En el Perú se confirma una tendencia que también se observa en otros países de la región, especialmente en territorios amazónicos: el avance de economías criminales que plantea hoy en día una disputa clara y abierta por el control de territorios y de diversas actividades ilícitas que van cambiando de peso o jerarquía a lo largo de los años.

Un informe elaborado por las instituciones Amazon Watch, InfoAmazonía, Amazon Under World y Global Iniciative, sobre economías criminales en la Amazonía -la mayor selva tropical del mundo (Amazon Underworld 2023)-, da cuenta de un entramado complejo de organizaciones que está en plena expansión, con el común denominador que cada vez ejercen un mayor dominio en varios territorios de los diferentes países de la cuenca amazónica.

Intervienen actores vinculados históricamente al narcotráfico, pasando por grupos armados, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los paramilitares, a los que en los últimos años se han sumado organizaciones criminales poderosas de Brasil, como el Comando Vermello, La Familia Do Norte o el Primeiro Comando da Capital. Las fronteras no son para nada un impedimento para estas organizaciones, es más, en varios casos las controlan y tienen establecidos corredores transfronterizos que desde Perú pueden llegar a puertos del Atlántico o a la zona del Arco Minero en el Orinoco en Venezuela.

A mediados del mes de mayo del 2025, en la Amazonía ecuatoriana, en Alto Punino, cerca del Parque Nacional Sumaco Galeras, 11 militares ecuatorianos fueron abatidos en un enfrentamiento con el denominado Comando de la Frontera, una organización disidente de las FARC que controla esta zona y que tiene una fuerte presencia en la minería ilegal y otras actividades delictivas. Además, esta organización estaría vinculada a otra banda de crimen organizado del Ecuador, conocida como Los Lobos, especializada en el tráfico de drogas y el sicariato.

Todas estas organizaciones vienen librando “una batalla sin cuartel” por el control de la Amazonía, incluido el territorio peruano, los diversos corredores que existen, diversificando y ampliando actividades criminales, desplazando la atención hacia la minería ilegal de oro, aunque cada vez más conectadas entre sí. Por ejemplo, la frontera entre Perú y Ecuador (en el norte de Cajamarca y en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas); la zona de la triple frontera entre Ecuador, Perú y Colombia; o la otra triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, en el denominado Trapecio Amazónico[1]; la de Ucayali con Brasil; Madre de Dios y Puno con Bolivia, son claros ejemplos de territorios en los que estas organizaciones ya están presentes, aunque con diferentes grados de intensidad.

“La minería ilegal de oro es también una actividad codiciada para blanquear los beneficios del narcotráfico, y genera los ingresos necesarios para financiar la violencia utilizada por los grupos criminales para controlar territorios y comunidades”

“Desde una perspectiva criminal, el oro ofrece una serie de ventajas que lo hacen atractivo: es fácil de transportar y más resistente a los daños que sustancias como la cocaína; es una inversión estable, ya que incluso pequeñas cantidades tienen un valor significativo que tiende a subir en épocas de incertidumbre económica; y se puede sacar fácilmente de un país”.

“Además, las consecuencias legales del tráfico de oro suelen ser menos graves que las del tráfico de drogas ilícitas”.

(Amazon Underworld 2023).

Más allá de la Amazonía

Se sabe que este tipo de minería también está presente en zonas andinas e incluso en la costa del Perú. En varios de estos territorios, sobre todo en las zonas con mayor explotación aurífera en provincias andinas también hay presencia de bandas que se disputan la producción minera, buscando controlar las operaciones de los miles de pequeños mineros e, incluso, desde hace unos años, incursionando en las concesiones y labores de grandes empresas mineras formales, como es el caso de Minera Poderosa.

El caso más notorio es el de la provincia de Pataz, en la sierra de La Libertad, donde hay diversas bandas identificadas que se disputan el control de la producción de oro. Todas las versiones y testimonios recogidos coinciden en señalar que, en un primer momento, estos grupos llegaron a la zona contratados por los propios mineros para protegerse como respuesta al incremento de invasiones y los robos de los minerales extraídos, así como también para resolver disputas locales entre los propios mineros.

Sin embargo, rápidamente estas bandas vieron la oportunidad de controlar el negocio, en primer lugar, de la pequeña minería y la minería informal, para luego pasar a disputarle las concesiones y zonas de producción a la minería formal en el propio subsuelo. Un momento de expansión clave de estas bandas fue el período de la pandemia.

Entre las bandas identificadas más importantes que operan en esta provincia de La Libertad, se encuentran la denominada Gran Alianza[2], Los Pulpos y los Parqueros de Pataz[3], todas con presencia previa y una amplia acción delictiva en temas de narcotráfico extorsión, sicariato, en localidades como Trujillo, el valle de Virú y otras zonas de La Libertad. También hay otras bandas, como La Jauría, Los Ochenta, Los Malditos de Río Seco y, según algunas versiones también estaría el Tren de Aragua de Venezuela, que controlaría las actividades de extorsión. Ente estas organizaciones también se producen alianzas orientadas a mantener cuotas de poder en una compleja red territorial, con diferentes especialidades delictivas y ámbitos de influencia.

Si bien en el caso de Pataz predominan por el momento bandas nacionales, hay algunas evidencias de lazos con el crimen organizado de otros países de la región. Además de la las menciones a la posible presencia del Tren de Aragua, se puede señalar que uno de los líderes de la Gran Alianza, el peruano Josué Oliver Blas Lezama, fue asesinado en Colombia, país a donde había llegado escapando de una orden de captura en el Perú. Algo parecido ha ocurrido con Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, sindicado como el principal responsable del asesinato de las 13 personas en una galería minera en Pataz, en mayo de 2025 y que también huyó a Colombia, donde, aparentemente, cuenta con redes de apoyo.

Las economías ilegales son delitos: lo que corresponde es erradicarlos y evitar que se sigan expandiendo, más aún si operan conectados con el crimen organizado. ¿Existe en el Perú una política clara y decidida de lucha contra estas actividades ilícitas? En absoluto. Lo que encontramos es que el Estado atiende esta problemática desde dos líneas de acción, por un lado, intentos desarticulados y esporádicos para reducir la actividad y por otro, las acciones erráticas de formalizar la pequeña minería y minería artesanal que no han dado resultados. Además, los presupuestos destinados para combatir la minería ilegal son ridículos.

La presencia de organizaciones criminales, en varios casos con capacidad de operación en varios países de la región, representa todo un desafío que hasta el momento no tiene respuesta de parte del Estado peruano. Además, todo indica que las acciones nacionales serán insuficientes: cada país enfrentando de manera aislada una actividad que cuenta con actores con capacidad operativa a nivel transnacional, es difícil que pueda obtener algún tipo de resultado. Todo indica que, por lo menos, se necesitaría un acuerdo entre todos los países amazónicos para enfrentar la minería ilegal y sus operadores transnacionales articulados en organizaciones criminales.

[1] Las localidades de San Rosa (PERU), Tabatinga (Brasil) y la de Leticia (Colombia) forman el Trapecio Amazónico que delimita a los tres países.

[2] Algunos informes dan cuenta que la Gran Alianza controla el 50% de la extracción de oro en Pataz.

[3] Algunas son divisiones de grupos mayores o ramas especializadas en determinadas actividades delictivas.

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06/06/2025
La reciente decisión del Ministerio de Cultura de reducir en más de 2.300 km² la zona protegida de las Líneas y Geoglifos de Nasca ha generado una ola de rechazo. Aunque el gobierno asegura que la zona de los geoglifos reconocida por la Unesco no será afectada, la resolución ha despertado fuertes cuestionamientos sobre su sustento técnico y los intereses que estarían detrás de esta medida.
En su edición del 5 de junio, La Hora Verde, el programa de CooperAcción, reunió a Diana Cotaquispe (regidora de la Municipalidad Provincial de Nasca), Luis Huertas (arqueólogo y gestor cultural) y Rafael Mallco (arqueólogo), quienes coincidieron en que la reducción de la reserva es una medida apresurada, sin estudios de campo y que abre paso a la presión de grandes intereses mineros y económicos.

Diana Cotaquispe expresó la preocupación del gobierno local por la falta de información clara y la ausencia de consulta. Afirmó que la medida no responde a las necesidades urbanísticas de la provincia, sino a “presiones políticas y económicas” que han dado lugar, en pocos días, a más de 200 petitorios mineros en las zonas recién desprotegidas. “Esto no beneficia a los pequeños mineros ni al desarrollo urbano de Nasca. Son los grandes intereses los que se están imponiendo”, advirtió.

Por su parte, Luis Huertas explicó que la reserva no solo incluye los geoglifos más conocidos, sino un amplio conjunto de caminos, tambos y estructuras prehispánicas aún poco investigadas. “No todo el patrimonio es visible o monumental. Muchas de estas evidencias aún esperan ser estudiadas. Esta medida nos deja sin garantías para protegerlas”, señaló. Cuestionó además que la reducción se haya decidido “desde escritorio, sin estudios de campo y sin participación de las autoridades locales”.

Rafael Mallco fue enfático al señalar que no existe ningún informe técnico arqueológico que justifique el recorte. “No se ha hecho ningún proyecto de evaluación arqueológica que permita delimitar adecuadamente la reserva. Y lo que es más grave: el ministro cita estudios que no tienen como objetivo redefinir el área protegida, sino registrar nuevas evidencias. Está usando investigaciones ajenas para avalar una decisión política”, denunció. También alertó que esta decisión sienta un peligroso precedente para otras zonas patrimoniales del país.

Los tres invitados coincidieron en que esta resolución debe ser retirada y reevaluada con base en estudios técnicos independientes, participación local y criterios de sostenibilidad. “No estamos en contra del desarrollo, pero este no puede darse a costa de destruir el patrimonio. Nasca no puede dejar de ser un símbolo cultural para convertirse en un enclave minero”, concluyó Cotaquispe.

La Hora Verde dejó en claro que lo que está en juego no es solo una delimitación técnica, sino el futuro de un patrimonio cultural único en el mundo, cuyo valor trasciende fronteras y exige un compromiso real con su protección.

Si deseas ver el programa completo, ingresa aquí: https://www.youtube.com/watch?v=_Q-VA8WWFYY&t=1s

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30/05/2025
Con ocasión de la Asamblea General Anual de la transnacional minera Glencore realizada en la ciudad de Zug, Suiza, los accionistas de la empresa fueron recibidos por una protesta, con pancartas diciendo «Alto al carbón», «No más combustible para el genocidio», «Glencore tóxico», «Alto al ecocidio» y «No a la minería submarina».

El plantón fue parte de un día de acción mundial contra Glencore, con protestas descentralizadas también en Johannesburgo (Sudáfrica), Andalgalá (Argentina), Bogotá (Colombia), Londres (UK), Frankfurt (Alemania), y en los Países Bajos. En comparación con años anteriores, esta vez las manifestaciones han sido más grandes, especialmente en Bogotá y Johannesburgo, en solidaridad con el pueblo palestino y en contra del genocidio, dado el rol clave que la empresa juega en el subministro de carbón térmico para la generación eléctrica en Israel.

Entre las criticas también destacaron las voces de personas afectadas por contaminación con metales tóxicos de Espinar (Cusco) y Áncash, donde Glencore tiene sus operaciones mineras en Perú. Participando en la asamblea de accionistas en Zug en representación de la organización de solidaridad Peru Support Group de Reino Unido, Sayuri Andrade interpuso una pregunta sobre la posición de Glencore con respecto a los informes de causalidad de OEFA, que comprobaron que la fuente de contaminación en Espinar son los botaderos, relaveras y operaciones mineras de Glencore Antapaccay.

Kalidas Madhavpeddi, presidente del consejo de administración, respondió:

“Espinar está fuertemente mineralizada, no sólo la mina, hay mineralización de bajo grado en todas partes. Y si nos remontamos a alrededor de 2013, el gobierno peruano en realidad hizo un análisis de eso y concluyó que no había relación entre la contaminación en todas partes y la mina. El estudio de la OEFA que usted citó, creo que contenía dos elementos: uno, OEFA sugirió que PM 10, que son partículas ligeramente más pesado, de mayor tamaño, puede quedar atrapado en la nariz de la gente. Esto se detectó sobre todo alrededor del propio pozo, e hicieron sugerencias para reducir ese tipo de impacto. Tomaron un montón de muestras, pero no pudieron llegar a una conclusión.”

Las afirmaciones del CEO de Glecore no se condicen con el texto de los informes de OEFA, que sí llegan a una conclusión muy clara: que la contaminación con metales tóxicos en aire, suelos, agua y ecosistemas se origina en diversos componentes de la operación minera. Un resumen de estos hallazgos puede encontrarse en el documento “Contaminación en Espinar: Causalidad comprobada”, que se puede revisar en: https://cooperaccion.org.pe/publicaciones/contaminacion-en-espinar-causalidad-comprobada/

El funcionario también aseguró que “Antapaccay contrató a un consultor medioambiental internacional y a dos universidades peruanas expertas en análisis químicos, que revisaron el informe completo de la OEFA y llegaron a la misma conclusión, que la contaminación no tenía nada que ver con Antapaccay”. Pero lo cierto es que de esos informes que Gencore dice haber realizado solo se tiene noticia por las palabras del CEO, pues nunca se ha comunicado por escrito de su existencia ni mucho menos han sido publicados para poder ser contrastados con la información oficial. La única información oficial que es de público conocimiento es la de los informes de causalidad de OEFA.

También, Andrade preguntó sobre los hallazgos de valores altísimos de arsénico en la sangre de niñas y niños en Huarmey, Áncash. Al respecto, Madhavpeddi señaló no tener conocimiento, pero ofreció dar seguimiento al asunto con el socio Antamina.

Las declaraciones de Madhavpeddi fueron recibidos con malestar y decepción por los integrantes de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, que se encontraron reunidos en Lima. En su conferencia de prensa del 28 de mayo el presidente de la Plataforma, Anthony Oscátegui resaltó la urgencia de enfrentar la crisis de contaminación a nivel nacional, lo que requiere recaudar datos claros sobre las poblaciones afectados y actuar de manera acertada una vez que se confirme la causalidad o el origen de la emisión. Sin embargo, en realidad se ve todo lo contrario. “Mientras tanto, en lugares como La Oroya, Pasco o Espinar, la gente se muere en silencio”.

En Peru, Glencore opera la mina Antapaccay, donde actualmente está en curso un proceso de consulta para la expansión y prolongación de las operaciones en la zona Coroccohuayco. También, es dueña de una tercera parte de Antamina en Áncash. Y si bien ha vendido su participación mayoritaria en Minera Volcan, Glencore ha confirmado que sigue comercializando los minerales extraídos por las minas de dicha empresa; entre ellos, en Cerro de Pasco, donde recientemente falleció una niña de 12 años a causa de la intoxicación prolongada con metales pesados.

En medio de protestas, Glencore sigue negando responsabilidad por contaminación en Espinar y Ancash

27/05/2025
Comuneros exigen compensación por falta de agua de 2024 al 2052. Compañía pide evaluar caso del año pasado. Sobre el periodo restante dice que no puede compensar por supuestos daños de años que aún no ha transcurrido
Enfrentamiento comuneros y barrick.jpg
El conflicto entre la compañía minera Barrick Perú y los comuneros de Atupa y Anteurán, del distrito de Jangas, en la provincia de Huaraz, región Áncash, se ha agudizado y, tras el intercambio de documentos que hubo ayer entre ambas partes, la posibilidad de que cese la protesta parece más lejana.

A tres días del inicio de la toma de la unidad minera Pierina, de propiedad de Barrick, y las protestas que se realizan en esa zona, ayer la compañía remitió un documento a los comuneros donde les invita a deponer de sus protestas y asistir hoy a una mesa de diálogo.

Respecto a su pedido de indemnización de 360 millones de soles, la empresa dijo que la exigencia de esa “enorme suma de dinero” por un supuesto incumplimiento en la entrega de dotación de agua para riego no puede ser atendido porque incluye un periodo que aún no ha transcurrido.

Barrick dijo que, de acuerdo con su compromiso, viene cumpliendo con la entrega de agua; no obstante, están dispuestos a la revisión conjunta, según los instrumentos antes usados, y si esta arroja que no han cumplido, no tendrían inconveniente en compensar, pero solo del año 2024, porque la compensación que piden por los años restantes —del 2025 al 2052— no se puede revisar, porque son a futuro.

“No se puede revisar, cuantificar ni compensar afectaciones por falta de entrega de agua de riego por los años que aún no han ocurrido, como es el caso de los años 2025 hasta el 2052, por el simple hecho de que no han transcurrido”, señaló la minera.

En tal sentido, invitó a las comunidades a retomar el diálogo en condiciones pacíficas. “No es posible dialogar y llegar a acuerdos bajo medidas de presión, amenaza y mucho menos bajo la situación actual de ingreso no autorizado, daños a la propiedad y permanencia no autorizada en la unidad minera Pierina, lo que constituye delito”, increparon.

Comuneros responden
La respuesta de ambas comunidades llegó ayer mismo. Sus dirigentes indicaron que el documento de Barrick “no es más que un vil remedo de las razones por la cual se rompió la mesa de diálogo del 22 de mayo, por lo que no merece mayor comentario, ya que Barrick no tiene ni la más remota idea de lo que es compensación”.

Agregaron que, la asamblea ha acordado que no dialogarán más “con funcionarios de bajo rango y nivel académico e intelectual nulo”, que son únicamente obedientes a los intereses de su empleador.

El documento señala que para retomar el diálogo las comunidades exigen la presencia de funcionarios con poder de decisión y que la reunión se lleve a cabo en el mismo lugar de protesta. (M.E. – RSD Noticias).
https://radiorsd.pe/noticias/ancash-se-agudiza-conflicto-entre-comuneros-y-la-minera-barrick

EDITORIAL
28/05/2025
La semana pasada, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, anunció en conferencia de prensa que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) llegará a su fin este año y que tendremos una nueva ley de minería artesanal y pequeña minería (Ley MAPE):

“No habrá Reinfos, por ende, esta disposición ya no estará vigente el próximo año, llega hasta donde llega el proceso de formalización con el Reinfo, máximo 31 de diciembre del año 2025, por lo tanto, se extingue el Reinfo y se extinguen todas las normas vinculadas al Reinfo, y esto sucederá en algún momento de este año, fecha máxima posible 31 de diciembre del 2025. El próximo año no habrá Reinfos, el próximo año tendremos la nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal”.

Lo que no ha dicho el ministro Montero es que ni la Ley MAPE ni la ampliación de la vigencia del Reinfo, en realidad, dependen él: dependen, sobre todo, del Congreso de la República. Y se sabe que, en este espacio ―sobre todo, en la Comisión de Energía y Minas― las presiones de los gremios de mineros y los cálculos políticos de las diferentes bancadas son lo que caracteriza el día a día. Por lo tanto, no se puede asegurar lo que va a pasar en el Congreso.

El ministro Montero tampoco ha aclarado que su despacho ha renunciado a presentar una nueva propuesta de Ley MAPE, pese a que la anunció cuando asumió el cargo. Cuando, en estos días, ha anunciado que el Minem ha presentado un proyecto de ley, en realidad se refiere a la propuesta de noviembre del año pasado y que, dicho sea de paso, le costó el puesto al entonces ministro Rómulo Mucho. A lo máximo que ha llegado el Minem es a entregar un informe con 15 recomendaciones relacionadas con la Ley MAPE.

El actual titular del Minem ha optado por la posición cómoda de que el Congreso elabore la nueva propuesta de ley, con todo lo que ello implica: no hay que ser adivino para pronosticar que es probable que de la Comisión de Energía y Minas salga una propuesta de ley que, en realidad responda a los intereses de los que quieren mantener el actual statu quo.

Tampoco se puede descartar que es posible que termine el año y que no se apruebe una nueva Ley MAPE y que, llegado el mes de diciembre, nuevamente se esté discutiendo una nueva ampliación del Reinfo. Si se presenta esta situación, habrá que ver qué fuerza política se va a animar a cerrar definitivamente el Reinfo en pleno proceso electoral.

Por lo tanto, hay que tener un poco de prudencia con lo que se afirma. El escenario de una posible nueva Ley MAPE y el destino final del Reinfo se encuentran muy lejos de una verdadera definición.
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