Imagen: CooperAcción
14/12/2022
La desidia estatal por atender las demandas de la población explica el escenario actual de conflictos sociales

Los pobladores de la región del sur esperaban un cambio en el modelo de desarrollo que asegure una repartición equitativa de los recursos obtenidos de las actividades extractivas.
En el último año, el corredor del sur andino se ha constituido como una zona permanente de conflictos sin que exista intención de resolverlos por parte de la empresa privada y el Estado.

El escenario actual de estallido social, principalmente en el sur del país, se explica por la ausencia estatal para atender oportunamente las demandas de la población, la poca comunicación o falta de transparencia en la información relacionado a las actividades extractivas y las expectativas de la población por un cambio del modelo de desarrollo extractivista que solo beneficia a las grandes empresas. Así lo consideran los especialistas que participaron en la presentación del 31° Observatorio de Conflictos Mineros.

Paul Maquet, vocero de CooperAccion, resaltó que para entender el actual panorama de conflictos sociales es oportuno recordar que las zonas mineras del sur andino del país votaron masivamente por el programa de “no más pobres en un país rico” enarbolado por Pedro Castillo.

«En los distritos del llamado “corredor minero”, donde los ciudadanos ven todos los días como la riqueza sale en camiones con dirección al extranjero (mientras la pobreza, la falta de servicios y la contaminación se quedan), obtuvo más del 90% de los votos. No puede sorprender que sean justamente estas zonas en donde se haya despertado una fuerte respuesta social ante la crisis política», señaló Maquet durante la presentación del reporte.

¿Cómo entender las protestas en el sur del país? Según el reporte del 31° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú – OCM, desde inicios del presente año se ha evidenciado una gran fragmentación de agendas y demandas, incluso entre los pobladores de zonas aledañas.

«Está claro que en el último año las tensiones se han ido agudizando, a niveles nunca antes vistos y en donde se presentan demandas diversas: económicas, sociales, ambientales, entre otras, todas muy dispersas. Por lo general, lo que se había visto hasta ahora era una dinámica de estallido social y escalada que alcanzaba un pico de máxima tensión, para luego entrar a una fase de diálogo y repliegue. En la actualidad el conflicto es casi permanente en esta zona», indica el reporte.

De acuerdo con el informe, la conflictividad permanente en el denominado corredor del sur andino también se debe a que es “una vía de más de 400 kilómetros mal construida y que no ha respetado las normas vigentes, que atraviesa por cuatro provincias altoandinas de las regiones de Apurímac y Cusco, con decenas de centros poblados y comunidades campesinas que reciben los impactos, tanto de la zona de extracción como del transporte de los minerales”

Según, David Velazco, director de Fedepaz, otra característica que explica el escenario actual de conflictividad, es la gran fragmentación de agendas y demandas. Volviendo al escenario del corredor del sur andino, cada 30 kilómetros o menos se puede identificar expectativas que se expresan en demandas diferenciadas que generan movilizaciones con actores distintos que no tienen ni la capacidad ni el interés de articular entre sí. Por el contrario, todo indica que estos actores compiten entre ellos.

“En este escenario, a diferencia de otras épocas, es muy difícil pensar en organizaciones que puedan articular demandas de varios territorios y representarlas”, aseguró Velazco.

Coincide Mirtha Villanueva, directora de Grufides, quien advierte la ausencia de líderes regionales que defiendan los verdaderos intereses de la población frente al avance de las actividades extractivas formales e informales. La especialista afirmó que en Cajamarca el proyecto Yanacocha Sulfuros realizará minería subterránea y a la fecha no se ha informado a la población sobre el impacto ambiental que generaría dicha actividad minera.

Para Henry Vásquez, responsable de la oficina de CooperAcción en Cotabambas, las mesas de diálogo han perdido toda credibilidad y en las actuales circunstancias solo sirven para desbloquear los levantamientos e instalar negociaciones que, por lo general, no llegan a ningún lado. “Urge cambiar la estrategia gubernamental de resolución de conflictos considerando que las mesas de diálogo no son eficaces”, dijo Vásquez.

Avance de la minería informal

La minería informal o la abiertamente ilegal sigue “ganando terreno”. El reporte advierte del avance de la minería de oro en la Amazonía que sigue penetrando nuevas zonas, al mismo tiempo que genera tensión, violencia y enfrentamientos con los pueblos indígenas. En los últimos meses los mineros informales aprovechando los altos precios de los minerales vienen explotando cobre.

Según el reporte, en el primer semestre también se ha visto como la minería informal le disputa territorio a la formal. Hay una superposición de concesiones.

Imagen: CooperAcción

Una de las tendencias más preocupantes de los últimos meses es la expansión de la minería informal o ilegal. En el reporte se advierte que este tipo de minería ya no solo es aurífera o no metálica, también ha comenzado a incorporar otros metales, en especial el cobre, pues las cotizaciones actuales de este mineral hacen que su explotación en pequeña escala se vuelva una actividad muy atractiva.

La tendencia es que la minera informal siga creciendo debido, entre otras cosas, al proceso de transición energética internacional.

Proyecto Ariana

El informe advierte sobre Ariana, proyecto minero de Southern Peaks cuyas relaveras se ubicarían a pocos metros del túnel trasandino Cuevas – Milloc y que se superpone al sistema de lagunas de Marcapomacocha, que provee aproximadamente el 60% de agua de Lima y Callao.

Ante el peligro que el proyecto minero pueda contaminar el agua potable que consumen los más de 10 millones de habitantes de Lima y Callao, el 2019 un colectivo social inició una acción de amparo constitucional para detener las obras de la minera, sin embargo, el proceso no avanza por eso los demandantes han presentado el último 30 de noviembre una medida cautelar.

“El objetivo de esta medida es suspender los efectos de todas las resoluciones administrativas que autorizaron la construcción de este proyecto hasta que se resuelva la acción de amparo constitucional. Además, buscamos que el juzgado resuelva una sentencia anticipatoria a favor del interés de la población”, dijo Maritza Quispe, abogada de IDL.

Para conocer más sobre el reporte del OCM 2022 puede ingresar al siguiente enlace:

https://conflictosmineros.org.pe/2022/12/14/observatorio-de-conflictos-mineros-del-peru-segundo-semestre-2022/

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

Ayer se registraron manifestaciones en Las Bambas. Varios gremios empresariales consideraron como una “medida necesaria” el estado de emergencia.
PERÚ21
15/12/2022
Las operaciones mineras comienzan a verse afectadas debido a problemas de abastecimiento de alimentos y combustibles, como gas natural, gasolinas, GLP, GNV y petróleo, como consecuencia de la toma y bloqueos de carreteras que se observan en varias regiones, advirtió la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

“Vienen ocasionando serios contratiempos a diferentes operaciones mineras que se han visto afectadas en los procesos de abastecimiento de insumos, alimentos, reemplazo de personal y traslado de producción”, informó el gremio energético y pidió a las autoridades detener la escalada de violencia, la cual condenó. Precisamente, ayer, en la mina Las Bambas, ubicada entre las provincias de Cotabambas y Grau, en Apurímac, se registró un multitudinario desplazamiento de comuneros hacia sus instalaciones. A los reclamos de protestas anteriores se sumó el cierre del Parlamento, adelanto de elecciones y la liberación de Pedro Castillo.

Si bien los revoltosos intentaron bloquear el acceso al área donde se encuentran los vehículos de transporte de minerales, estos fueron frenados por la Policía.

Pese a ello, dos bloqueos afectan a la mina. Uno en Chumbivilcas (Cusco), que obstruye la salida de los concentrados, y el otro en la ruta Cusco-Apurímac, ligado a las protestas que han proliferado en los últimos días.

Estado de emergencia
El estado de emergencia decretado fue respaldado por la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), que pidió frenar el caos y generar un espacio de diálogo.

“Es urgente que en las actuales circunstancias el Gobierno nacional genere un espacio de diálogo y entendimiento con quienes protestan usando métodos legítimos y se use todas las facultades que la Constitución y la ley le otorga para contener a quienes buscan de manera intencional mantener el caos y la zozobra”, precisó la SPH.

La Asociación de Exportadores (Adex) también apoyó la medida. “El Estado de Emergencia anunciado por el Gobierno es una medida necesaria ante la escalada de violencia y terror que se vive en varias regiones del país”, aseveró el gremio.

Además, condenó el bloqueo de las vías de acceso y el perjuicio a miles de peruanos, así como “el daño y vandalismo a la propiedad pública y privada”.

Ello fue de la mano con la propuesta de crear un corredor humanitario para personas varadas.
https://peru21.pe/economia/mineria-protestas-ya-perjudican-operaciones-en-regiones-noticia/

13/12/2022

Crédito: Pixabay
A poco de asumir el gobierno de Dina Boluarte, las manifestaciones y actos de violencia en reclamo por un adelanto de elecciones se multiplican en el interior, sobre todo en la zona sur del país, y ahora intentan detener las actividades productivas, pero principalmente la minería.

Cabe destacar que tras el anuncio de elecciones anticipadas en el 2024 que pretendía ofrecer una salida a los disturbios, las protestas no han parado. De acuerdo con el diario Gestión, se reportan 46 carreteras afectadas: 28 vías tienen el tránsito vehicular totalmente detenido y 18 tienen el tránsito restringido.

Las protestas se concentran en Apurímac (con 10 vías bloqueadas), Ica (cuatro vías cerradas); Arequipa (cuatro vías interrumpidas); Cusco (dos vías cerradas); Huancavelica (una vía bloqueada); mientras en el norte otras 4 carreteras enfrentaban bloqueo en zonas altas de Piura.

Tal situación de tensión podría escalar aún más, a juzgar por el anuncio de un gremio que agrupa a comunidades campesinas de cerrar todas las rutas de acceso a los campamentos mineros en general.

Ivan Ovalle, representante legal de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami) declaró en una radioemisora de Apurímac que ese gremio acordó con sus bases a nivel nacional que en las próximas horas cerrarían las vías a las minas.

“Se van a cerrar los caminos de entrada y salida (a las minas), y las comunidades campesinas organizadas van a expulsar a todo tipo de empresas extractivas a nivel nacional”, aseveró, tras acusar a la Sociedad Nacional de Minería y Energía (SNMPE) de contaminar el agua, robar sus territorios, desaparecer a sus comunidades y perseguir a sus dirigentes.

¿Se concretan las amenazas? En esa línea, fuentes allegadas a la empresa Minera Las Bambas, informaron a Gestión que en las últimas horas pobladores de la comunidad de Occopata, en el distrito de Santiago, en Cusco, bloquearon la carretera que permitía a esa mina proveerse de insumos para su producción, y a su vez sacar el mineral que procesa.

En este último punto, aseguran que los comuneros que se manifestaban contra Las Bambas se han sumado a los reclamos para adelanto de elecciones, así como el cierre del Congreso y que se instale una asamblea constituyente.
Fuente: Gestión

Perú: Comuneros amenazan con bloquear vías a todas las minas del país

BBVA Research y Macroconsult coinciden en que la minería es el sector que más sentiría los primeros impactos de las protestas sociales en el país. Su magnitud dependerá de la duración.
13/12/2022

Las Bambas sería una de las minas más afectadas

javier.priale@diariogestion.com.pe

Desde el último fin de semana se han registrado una serie de protestas en diversas regiones del país, reclamando el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones, incluso en algunas zonas se incluye la restitución de Pedro Castillo como presidente de la República. La zona sur es donde en un inicio se concentraron las protestas, en especial en Apurímac y Arequipa, lo que pone en riesgo la producción minera y con ello, el crecimiento de la economía de este año.
https://gestion.pe/economia/economia-creceria-menos-este-ano-si-protestas-escalan-en-sector-minero-noticia/

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Raúl Jacob, dijo que “por ahora, no hemos visto ningún impacto en minería o energía”.
12/12/2022
Existe el riesgo de que los disturbios políticos puedan enardecer las tensiones comunitarias latentes en las áreas mineras, “pero en este momento no estamos viendo eso”, dijo Raúl Jacob.
Agencia Bloomberg
Las gigantescas minas de cobre, zinc y metales preciosos del Perú no se han visto afectadas por las protestas que siguieron a la vacancia del expresidente Pedro Castillo la semana pasada, según el titular de la Sociedad Nacional de Minería y Energía, SNMPE. La industria espera que un nuevo gabinete y elecciones anticipadas ayuden a aliviar las tensiones.
https://gestion.pe/economia/protestas-por-caos-politico-podrian-enardecer-tensiones-comunitarias-en-mineria-noticia/

Mineriaenlinea 12/12/2022
Dina Boluarte

Los manifestantes peruanos han amenazado con detener el trabajo en las minas de cobre Antapaccay, de Glencore, y Las Bambas, de MMG, en protesta contra el nuevo presidente del país y para exigir nuevas elecciones generales, según La República.

Los manifestantes en el sur de Perú dijeron que todas las empresas estatales dejarán de trabajar y que bloquearán las carreteras.

Sindicatos y organizaciones sociales de Arequipa, la segunda ciudad más poblada del país, han anunciado que continuarán las protestas. La Federación de Trabajadores de la Educación y la Federación Departamental de Trabajadores de Cusco, también en el sur de Perú, han dicho que se unirán a una huelga nacional de 24 horas el 15 de diciembre, según La República.

En la ciudad de Andahuaylas, las protestas han dejado al menos 21 heridos, entre ellos dos policías.

Las manifestaciones suponen un reto para la nueva presidenta, Dina Boluarte, que intenta restablecer la calma después de que la destitución del ex presidente Pedro Castillo provocara el caos la semana pasada.

Dado que Boluarte no tiene partido en el Congreso, corre el riesgo de ser destituida antes de que expire su mandato en 2026. Es la sexta dirigente de la nación desde el inicio de 2018.
Bloomberg

Manifestantes de Perú amenazan con paralizar Antapaccay y Bambas: Republica

12/12/2022

IMAGEN DE ARCHIVO REFERENCIAL.
Comunidades peruanas acampan dentro de la propiedad de la mina de cobre Las Bambas, en Las Bambas, Perú
(Reuters) -Pobladores de una comunidad andina del Cusco en Perú bloqueaban el lunes una carretera clave que usa la mina de cobre Las Bambas, de la china MMG Ltd, en medio de protestas contra el Gobierno, dijo a Reuters una fuente cercana a la compañía.

Más temprano, comunidades indígenas habían anunciado un paro indefinido en la región andina de Apurímac, donde se ubica Las Bambas, en el marco de protestas en demanda de elecciones anticipadas a la presidenta Dina Boluarte, quien asumió al poder tras la destitución de su antecesor Pedro Castillo.

El impacto de la protesta en la producción de la mina no se conoció de inmediato, pero los bloqueos anteriores este año en Las Bambas, una de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, interrumpieron severamente las operaciones.

La fuente dijo que un informe interno de Las Bambas mostró que en la protesta del lunes se bloqueaba el «corredor logístico» por donde transitan vehículos pesados de la mina, y que conduce a las provincias de Paruro, Chumbivilcas y Canchis en Cusco.

Las Bambas, que inició sus faenas en 2016, ha sufrido bloqueos en el llamado corredor minero por más de 540 días.
(Reporte de Marco Aquino, Editado por Manuel Farías)
https://es-us.noticias.yahoo.com/pobladores-per%C3%BA-bloquean-carretera-clave-160139797.html

Pobladores de Tuntuma exigen a Las Bambas la firma de nuevo convenio que plantea entrega de dos millones.

Ángeles Santos Campana 01/12/2022
maria.santos@glr.pe
En Cusco, un grupo de pobladores del sector de Tuntuma – Chumbivilcas, acatan hace 29 días una paralización indefinida. Ellos ,a diario,mantienen bloqueos en el corredor minero, impidiendo el paso de vehículos de la empresa minera Las Bambas.

Los manifestantes piden la renovación de un convenio con Las Bambas. Exigen 2 millones de soles para proyectos en la comunidad,tractores agrícolas, semillas de pasto y avena, mini establos, viveros forestales, campañas médicas y trabajo directo e indirecto con la minera. Al Ejecutivo le piden financiamiento para proyectos en agricultura, pecuaria, educación, salud, saneamiento y otros.

El dirigente Wilbert Puellay de Chumbivilcas dijo que los pobladores aún no han mantenido comunicación formal con el Ejecutivo ni con la empresa minera.

Más problemas
En Apurímac otro punto con problemas es Challhuahuacho en Cotabambas. Se cumplió 18 días de paralización y bloqueo. La última semana, la vía ha sido tomada por la policía que permite el ingreso de vehículos a la planta con insumos para la producción y alimentos para trabajadores.

Fuentes cercanas a las Bambas, indican que pese al resguardo policial, el mineral sigue almacenado en la planta.
https://larepublica.pe/sociedad/2022/12/01/chumbivilcas-cumple-29-dias-de-bloquear-corredor-minero-cusco-las-bambas-lrsd/

Foto: Corte IDH (CC BY-SA 2.0).
03/11/2022
No hay plazo que no se cumpla.

Así, luego de 20 años, la búsqueda de justicia de habitantes de la ciudad andina de La Oroya, Perú, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 12 y 13 de octubre, los jueces y las juezas del alto tribunal internacional escucharon en audiencia pública la presentación de su demanda contra el gobierno de Perú por la grave violación de derechos humanos derivada de la contaminación tóxica proveniente de una metalúrgica que ha operado en La Oroya por casi 90 años.

La ciudad ha sido catalogada como uno de los lugares más contaminados del planeta.

“La contaminación del Complejo Metalúrgico de La Oroya ha permeado todos los componentes del ambiente de sus habitantes: el agua que beben, el suelo que pisan, el aire que respiran, los patios de los colegios y las montañas que enmarcan su entorno vital”, afirmó Liliana Ávila, abogada de AIDA, al exponer los alegatos finales del caso.

TESTIMONIOS VALIENTES
En la audiencia —celebrada en Montevideo, Uruguay— dieron su testimonio tres de las 80 valientes personas que presentaron la demanda, aquellas dispuestas a defender su derecho a vivir en un ambiente sano pese al contexto de hostigamiento que han enfrentado.

“El tiempo de desarrollo de la metalúrgica ha sido desastroso. La neblina de los gases tóxicos que emanaban del complejo se transformaba en caspa y se quedaba impregnada en los rostros de los niños”, dijo Rosa Amaro, una madre de 74 años que presidió el Movimiento por la Salud en La Oroya y que vivió en esa localidad hasta 2017. “Hemos tratado de sobrevivir, pero el Estado fue como un padre que no nos dio la cara”.

Vestida con ropa abrigada y un gorro de lana, Rosa llevaba en la cara, en el cuerpo y en la voz las huellas imborrables del paso de los años, de una salud deteriorada y del miedo que la obligó a dejar su ciudad natal.

“Nos llaman enemigos de La Oroya”. Entre lágrimas, Rosa expresó a la corte su deseo de volver a casa y de ver su nombre limpio de todo estigma.

“Nuestra lucha no es para uno, es para toda una población”.

El caso representa a muchas más personas de La Oroya que, por miedo a represalias, no figuran en la demanda.

Tras declarar, Rosa se sintió liberada de un gran peso y con la fuerza suficiente para seguir.

La población de La Oroya ha respirado múltiples sustancias tóxicas que, según evidencia científica, generan riesgos graves para la salud humana. La contaminación con plomo y otros metales pesados ha irrumpido en su sistema respiratorio, recorrido su torrente sanguíneo y se ha depositado de forma imperceptible en varios de sus órganos vitales.

“No he tenido infancia porque la pasaba encerrada en cuatro paredes, no porque no me dejaran salir, sino por los malestares, porque nos picaba la garganta. Cuando íbamos al colegio mi mamá nos protegía con un sombrero”, declaró ante la corte Maricruz Aliaga, de 28 años.

La contaminación redujo su nivel de retención y es la causa de que, aún hoy, su cuerpo se paralice varias veces al año.

“En Huancayo podía respirar”.

Sus vacaciones en esa ciudad vecina cuando era niña le hicieron ver que lo normal no era reemplazar varias veces las plantas que llevaba a la escuela porque morían luego de 15 días.

Maricruz vive ahora en otra ciudad vecina y las afectaciones a la salud de toda su familia fueron su principal motivación para estudiar enfermería.

Los elementos tóxicos de la metalúrgica de La Oroya siguen en los cuerpos de sus habitantes. Su presencia ha generado afectaciones a su salud, muchas de ellas irreversibles, y puede generar nuevas enfermedades a futuro.

“Lo único que queremos, porque nosotros ya no vamos a gozar de buena salud —eso ya está hecho, mi salud ya está destruida—, es que las futuras generaciones gocen de buena salud,” agregó Yolanda Zurita en su testimonio ante la corte. “Eso va a ser nuestra recompensa, esto va a ser nuestra satisfacción, eso es lo que buscamos”.

EL CAMINO A LA JUSTICIA
Llegar a este momento no ha sido fácil. En representación de las víctimas, AIDA, con el apoyo de la Asociación Pro Derechos Humanos, presentó en 2006 la denuncia internacional contra el gobierno peruano y en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso— la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció la responsabilidad del gobierno en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana.

La preparación de la audiencia comenzó en ese momento y se intensificó en las semanas previas. Las largas horas de trabajo valieron la pena y se plasmaron en la solidez con la que demostramos que el gobierno es responsable de violar los derechos a la vida, a la salud, a la integridad personal, a la niñez y a un ambiente sano de habitantes de La Oroya.

En la audiencia evidenciamos cuatro argumentos principales:

La existencia de un grave cuadro de contaminación ambiental,
El riesgo y el nexo causal con los daños derivados de esa contaminación,
El conocimiento que el Estado tenía de esa situación y
La ausencia de medidas urgentes y eficaces para responder a la misma.

Además, convocamos a personas expertas cuyo peritaje respaldó ampliamente nuestros alegatos. Dos de ellas expusieron sus hallazgos en la audiencia.

“El deber de cuidado no surge con el daño clínico, sino con el riesgo de daño”, enfatizó Marcos Orellana, Relator Especial de la ONU sobre las consecuencias para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y desechos peligrosos.

De su lado, Marisol Yañez de la Cruz, perito psicosocial, demostró —con base en 61 entrevistas en profundidad, cuatro grupos focales y pruebas psicométricas— la existencia en La Oroya de un “sufrimiento ambiental” agravado por impunidad y estigmatización.

Tras la audiencia, queda la presentación escrita de los alegatos y una potencial visita de las y los magistrados de la corte a La Oroya. Se prevé que la sentencia, inapelable, sea dictada en el lapso de seis meses.

La importancia del caso supera el contexto peruano y representa una oportunidad histórica para establecer un precedente clave para toda América Latina.

“Este es el primer caso que conocerá este tribunal donde podría desarrollar con profundidad violaciones al derecho al medio ambiente sano como el resultado de la acción estatal frente empresas públicas y privadas,” explicó en la audiencia Jorge Meza Flores, secretario ejecutivo adjunto del Sistema de Peticiones y Casos de la CIDH.

Tener en cuenta lo que está en juego es sin duda fundamental cuando el debate nacional en torno a La Oroya ha priorizado, aún en estos días, la posible reactivación de la metalúrgica por encima de la protección de los derechos fundamentales de una población entera.
https://aida-americas.org/es/blog/el-dia-que-la-corte-interamericana-escucho-a-victimas-de-contaminacion-de-la-oroya?emci=1db4e92b-1570-ed11-819c-00224825858d&emdi=22128849-b770-ed11-819c-000d3a9eb474&ceid=880364