Decisión del gobierno de no someter proyecto a consulta previa y de declarar estados de emergencia genera malestar en comunidades indígenas.

A marzo del 2018 la Defensoría del Pueblo tenía registrados 188 conflictos sociales en el Perú, de los cuales 64.8% tienen que ver con la minería. Uno de esos conflictos corresponde al proyecto minero Las Bambas, ubicado en las provincias de Cotabambas y Grau, en el departamento surandino de Apurímac.

Las Bambas es el proyecto cuprífero más importante del país, actualmente perteneciente al consorcio chino MMG Limited. En el 2004, la empresa suiza Xstrata Copper adquirió el derecho para explorar Las Bambas a través de una licitación pública internacional, pero recién en el 2010 se realizó la audiencia pública sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y se firmó el contrato de transferencia de titularidad de la concesión de Las Bambas con el Estado, con una inversión de US$4.2 millardos. La producción, que se inició en el 2016, está prevista en más de 400,000 TM de cobre.

Uno de los puntos incluidos en el EIA era la construcción de un mineroducto para transportar el mineral extraído desde Las Bambas hasta la vecina provincia de Espinar, en Cusco. Sin embargo, en el 2013 la empresa australiana Glencore adquirió Xtrata, convirtiéndose en propietaria de Las Bambas, y un año después Glencore vendió el proyecto minero al consorcio chino MMG Limited por $7 millardos.

Según Convoca, portal de periodismo de investigación, “por la transacción la compañía pagó al Estado un impuesto a la renta por debajo de las expectativas”.

La investigación global Paradise Papers —13.4 millones de documentos relativos a inversiones realizadas a través de paraísos fiscales filtrados en noviembre del 2017—, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) del que forma parte Convoca, reveló que $2.7 millardos de esa transacción “se movieron en un complejo esquema tributario que incluyó ‘préstamos intragrupo’, una práctica de las grandes empresas para eludir obligaciones tributarias”.

En esos dos años, Glencore aseguró haber invertido $3 millardos, pero según el cronograma de inversión actualizado al 2015 solo había invertido poco más de $1.7 millardos, precisó Convoca. Sin embargo, Glencore recibió $7 millardos de MMG Limited “para traspasar Las Bambas y sus activos mediante una operación que fue calificada ‘la más grande en la historia del Perú’, bajo el supuesto de que generaría dinero al país”. Finalmente, Glencore, utilizando una serie de mecanismos para reducir sus ganancias, solo pagó $580 millones al fisco, mucho menos de lo que se preveía, a lo cual se sumó que el gobierno del expresidente Ollanta Humala (2011-2016) no especificó los montos a destinar a la región de Apurímac por concepto de canon minero.

En medio de esos vaivenes, MMG Limited presentó en el 2014 una modificación del EIA para permitir el transporte de cobre por carretera, eliminando el mineroducto. La población rechazó ese cambio lo cual generó un conflicto que hasta ahora persiste y que significó la muerte de cuatro personas en setiembre del 2015.

José de Echave, responsable del programa Derechos Colectivos y Actividades Extractivas de CooperAcción, organización no gubernamental que trabaja en la promoción de alternativas de desarrollo al extractivismo, señaló en un artículo publicado el 22 de enero por el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú que los temas de preocupación de la población “tienen que ver con los reiterados incumplimientos de los acuerdos logrados en los diferentes procesos de diálogo implementados en la zona y que generaron un conjunto de obligaciones del Estado y que en gran medida no se han cumplido. Todo ello ha ido creando un clima de malestar que se ha expresado en varios momentos en los últimos años”.

De Echave subrayó que “en este caso no estamos hablando de un conflicto en el que la población se opone al proyecto minero. Incluso se puede afirmar que en la zona siempre se ha percibido al proyecto minero como una oportunidad para la provincia de Cotabambas”.

“Las Bambas pone en evidencia los problemas que comienzan a generar las normas de promoción de la inversión que en los últimos años han recortado estándares ambientales y han debilitado la institucionalidad ambiental”, agregó.

Estados de emergencia
De hecho, desde el 2013 el proyecto Las Bambas ha sido modificado en al menos cinco ocasiones, tres de ellas utilizando procedimientos aprobados por el gobierno de Humala que, con el objetivo de promover las inversiones, reducen los estándares ambientales y “permiten aprobar los proyectos de manera expeditiva en 15 días y sin mecanismos de participación ciudadana”, indicó De Echave.

También ha causado malestar entre las comunidades la declaración de sucesivos estados de emergencia desde agosto del año pasado (el más reciente el 12 de abril), en el corredor minero Apurímac-Cusco-Arequipa —que abarca las operaciones de Las Bambas así como de las minas Constancia y Antapaccay (Cusco) con el ferrocarril que lleva al puerto de Matarani (Arequipa)—, suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, inviolabilidad de domicilio y libertad de reunión y tránsito en el territorio.

La medida es considerada “inexplicable” por el Observatorio de Conflictos Mineros, porque ya se cumplieron 240 días sin derechos constitucionales y al no haberse registrado protestas en ese tiempo, “atiza una sensación de descontento que se viene incubando en la zona, en la medida en que la población viene experimentando los impactos crecientes de la actividad minera y del constante tránsito pesado en la vía”.

Parte del problema en los conflictos sociales es la aplicación de la consulta previa a pueblos indígenas que está en vigencia en el Perú desde el 2011. Sin embargo, a partir del 2013 experimentó grandes retrocesos luego que el gobierno exonerara temporalmente de este mecanismo a 14 proyectos mineros ubicados en la costa y sierra del Perú que se encontraban en fase de exploración, señalando como justificación la caída de los precios de los metales y desaceleración del crecimiento económico de China y Europa.

La fase de explotación del proyecto Las Bambas nunca fue sometida a proceso de consulta previa. El 29 de setiembre del 2015, luego de autorizar la explotación del proyecto, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) decidió que no sería consultado. El argumento que se utilizó es que las comunidades indígenas afectadas no están georreferenciadas.

“Se ha identificado en los distritos de Coyllurqui, Tambobamba, Chalhuahuacho y Progreso, provincia de Cotabambas y Grau, del departamento de Apurímac, a varias comunidades identificadas referencialmente como organizaciones indígenas, sin que la totalidad de las mismas se encuentren georreferenciadas; apreciándose además que las que se encuentran georreferenciadas se ubican fuera del área del proyecto minero materia de la presente autorización de inicio de actividades de explotación”, dice el informe 114-2015-MEM-DGM/DTP/PM, emitido por la Dirección General de Minería.

La Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, en su informe 008-2016-DP/AMASPPI.MA titulado “Análisis de las modificaciones efectuadas al proyecto minero Las Bambas”, publicado en diciembre del 2016, precisa que al menos 13 de las 48 comunidades campesinas afectadas por el proyecto son de origen quechua, según la base de datos del Ministerio de Cultura, y por lo tanto deben ser consultadas de acuerdo con las obligaciones derivadas del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado peruano en 1993, y de la Ley 29785 de Derecho a la Consulta Previa.

Sin estrategia para abordar conflictividad social
En entrevista publicada el 20 de abril por el portal periodístico Gran Angular, Paulina Garzón, directora de Iniciativa para las Inversiones Sustentables entre China y América Latina (IISCAL) afirmó que MMG Limited necesita los estados de emergencia para poder operar.

“Las Bambas es un proyecto que tiene muchísimos problemas, y el hecho de que haya operado bajo estados de emergencia por más de ocho meses refleja que está operando en una situación de ilegalidad. Los estados de emergencia son medidas de excepción, no son medidas permanentes”, dijo.

Garzón coincide con De Echave en que Las Bambas “es un proyecto al que la gente no se opone. Las comunidades locales han pedido buenos estándares ambientales y que se respeten sus derechos, un buen comportamiento de la compañía y también recibir los beneficios de la actividad económica que se realiza dentro de su territorio”.

Sin embargo, agregó, “ha habido varios problemas, por ejemplo la empresa ha hecho varios cambios, uno principal es el método para transportar los minerales. En vez de tener un mineroducto, que fue planteado en el estudio de impacto ambiental, ahora los metales son transportados en camiones por carretera, lo que significa un tráfico muy intenso y permanente de camiones pesados que producen muchos problemas ambientales, afecciones a la salud, a las actividades económicas y agrícolas de las comunidades”.

A esto se suma la falta de interés de la empresa en negociar. “En vez de hablar sobre estos problemas con las comunidades, mediante diálogos multiactores o en las mesas de diálogo, su política es negociar comunidad por comunidad. Esto es una bomba de tiempo, sin un diálogo con reglas y con todos los actores, no hay una solución de largo plazo. Medidas ad hoc, bajo presión, y que no son producto de una negociación y de un diálogo abierto, no tienen futuro”.

De acuerdo con el reportaje de Gran Angular, “Perú: La consulta previa en el sector extractivo sigue sin respetar los derechos indígenas”, publicado el 25 de abril, la consulta previa “se ha convertido en una formalidad para obtener u otorgar la autorización de inicio del proyecto de inversión”.

“Desde el 2013 se han realizado 38 procesos de consulta previa: cuatro consultas nacionales, 13 en hidrocarburos, 12 en minería, uno en energía, uno en hidrovías (por mandato judicial) y siete en áreas naturales protegidas. Es decir, se han promovido 25 consultas alrededor de proyectos extractivos y solo cuatro consultas nacionales”, precisan Magaly Zevallos y Shia Inguil, de Gran Angular.

En el caso específico de la minería, de los 12 procesos realizados, solo tres llegaron a la etapa final del diálogo. A ello se suma el poco interés de las autoridades de titular los territorios indígenas porque eso significaría reconocer la existencia de esas comunidades y sus derechos.

El caso de Las Bambas “muestra una vez más la ausencia de una verdadera estrategia desde el Estado para abordar la conflictividad social en las zonas de influencia de actividades extractivas. Igualmente, se constata las limitaciones que han tenido los procesos de diálogo que se han venido implementando en los últimos años, sin que se puedan generar verdaderos consensos y procesos que respeten los tiempos de la población local, el diálogo intercultural, etc.”, manifestó De Echave.

“Un proyecto como el de Las Bambas debería ser una prioridad para nuestras autoridades que deberían hacer todos los esfuerzos para encontrar puntos de entendimiento con los actores locales, más aún cuando en este caso —insistimos— la gente no se opone al proyecto”, agregó. “El Estado sigue sin cumplir con sus funciones no solo por la falta de voluntad política, sino también por su propia debilidad estructural, la carencia de competencia, capacidades y herramientas”.

Fuente:http://www.comunicacionesaliadas.com/peru-las-bambas-la-madre-de-todos-los-conflictos-mineros/

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, ha señalado en el Congreso de la República que su gestión se propone como meta aumentar la presión tributaria en 2,4% del PBI hasta llegar al 15,3% en 2012.

Una primera precisión es que, como se puede apreciar en el siguiente gráfico, la meta de presión tributaria ofrecida por Villanueva coincide con los niveles alcanzados en el 2006, cuando el país se encontraba en pleno boom de precios de los minerales y solo el aporte de la minería a la prSubir archivosesión tributaria superaba los dos puntos porcentuales.

La pregunta que hay que hacer es cómo se piensa alcanzar la meta propuesta si los precios de los minerales no se encuentran en los niveles del período del súper ciclo y si además los mega proyectos mineros que han entrado en producción no están pagando Impuesto a la Renta por algunos beneficios tributarios que siguen vigentes y que utilizan las empresas.

En su alocución en el Congreso, Villanueva ha señalado que se apostará por hacer más eficiente la labor recaudadora de la Sunat, aumentando la base tributaria, reduciendo la evasión y la elusión tributaria. En el proyecto de ley que plantea la delegación de facultades al Ejecutivo en varias materias, incluidas las tributarias y financieras, hay mayores precisiones: racionalizar los beneficios tributarios existentes, perfeccionar las reglas relativas a los contratos de estabilidad tributaria previstos en la Ley General de Minería, adecuar la legislación nacional a los estándares y recomendaciones y a las mejores prácticas internacionales de la OCDE para combatir la evasión y elusión tributaria, etc.

Esas son las buenas pistas que hay que seguir, profundizar y sobre las cuales el gobierno debe acelerar definiciones para que puedan tener efecto. Lo que sí sería un error es apostar por el piloto automático y creer que el aporte de la minería y los buenos vientos del escenario internacional (que en realidad no son tan buenos y menos aún se acercan a lo que pasó entre el 2003 y 2012) nos van a sacar del problema actual.

Por lo tanto hay que sincerar cifras y proyecciones. ¿El aporte tributario de la minería va a aumentar? Sí, de hecho ya ha venido aumentando: entre el 2016 y el 2017 el Impuesto a la Renta del sector minero creció en 142% y las cifras de recaudación mostrarán una recuperación este año. Sin embargo, estamos muy lejos de alcanzar los niveles del período del súper ciclo: por ejemplo, el año 2007 la minería aportaba el 50.9% de lo que el país recaudaba por Impuesto a la Renta, mientras que en la actualidad el aporte apenas alcanza el 11.9%. El país necesita con urgencia pisar a fondo el acelerador para mejorar la recaudación.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/se-alcanzara-la-presion-tributaria-propuesta/

En una decisión reciente, una corte federal de Delaware decidió que Maxima Acuña Atalaya y el caso de su familia contra Newmont Mining Corporation, deberían ser escuchado en Perú, no en Delaware, donde la compañía se originó hace casi 100 años.

La corte tomó esta decisión pese a que expresó inquietudes sobre la evidencia presentada por la familia que demuestra la influencia significativa e impropia de la compañía sobre las cortes peruanas, y a pesar de reconocer que la conducta de las empresas estadounidenses en el exterior plantea problemas morales sustanciales.

Pero los Chaupes siguen persistentes. Junto con EarthRights International (ERI), tienen la intención de apelar la decisión del tribunal de distrito ante el Tercer Circuito y continuar la lucha para que Newmont rinda cuentas en Delaware.

Los Chaupes han indicado que agotarán todas las vías legales que consideren necesarias para garantizar que Newmont respete los derechos humanos de las comunidades que viven en la región de Cajamarca.

Desde 2011, Newmont Mining Corporation, una empresa estadounidense y una de las empresas de explotación de oro más grande del mundo, lideró una campaña de hostigamiento y abuso contra la familia Chaupe con la intención de expulsarlos de sus tierras y allanar el camino para una nueva mina de oro a cielo abierto en Perú. La mina propuesta “Conga” sería una de las más grandes de América Latina. Después de que las autoridades peruanas no protegieran a los Chaupes del abuso físico y psicológico a manos del personal de seguridad de Newmont, la familia entabló una demanda contra Newmont ante el tribunal federal de EE. UU. en Delaware en septiembre de 2017. Los Chaupes solicitaron una orden judicial pidiéndole a Newmont que cese el  abuso y que repare  por los años de abuso que han soportado.

En el otoño de 2017, Newmont presentó una moción para desestimar la demanda de Chaupe bajo la doctrina de Forum Non Conveniens, argumentando que el caso debe ser escuchado en Perú, no en los Estados Unidos. Newmont afirmó que era inconveniente litigar el caso en Delaware a pesar de que la compañía está incorporada en ese estado. La familia y sus abogados se opusieron a la moción de Newmont, argumentando que es poco probable que los Chaupes obtengan un juicio justo en Perú, dada la evidencia de la corrupción de Newmont en los tribunales locales.

Declaraciones

“Vamos a luchar hasta el final para que Newmont aprenda a respetar los derechos humanos y la propiedad”. Ysidora Chaupe Acuña, demandante

“Casos legales como este pueden durar mucho tiempo. Esto no es inusual, y no nos sentimos desalentados por la decisión judicial más reciente. Todos estamos comprometidos con la justicia y no dejaremos de luchar por los derechos de la familia Chaupe “. – Marissa Vahlsing, Abogada EarthRights Internacional

Contexto

Los Chaupes son agricultores de subsistencia que residen en las tierras altas rurales de Cajamarca, Perú. Tienen cultivos y  ganado en un terreno conocido como Tragadero Grande hace  más de veinte años. En 2011, agentes de Newmont Mining Corporation intentaron expulsarlos de sus tierras por la fuerza para que Newmont pudiera expandir sus operaciones de extracción de oro. Desde entonces, la familia reclama que los agentes de Newmont han utilizado el acoso y la violencia para tratar de desalojar a los demandantes. . Los Chaupes alegan que han sido atacados y amenazados físicamente, y que los agentes de Newmont han destruido sus propiedades y posesiones, y han matado o atacado a sus mascotas y su ganado. Alegan que Newmont tiene el poder de poner fin a estos abusos, pero se rehusaron a hacerlo porque los Chaupes se interponen en el camino de los planes de Newmont para construir una enorme mina de oro.

La demanda federal de EE. UU. fue presentada en septiembre 2017 y la solicitud adicional presentada hoy buscan detener un patrón de acoso y abuso físico y psicológico que la familia Chaupe ha sufrido a manos del personal de seguridad que trabaja en nombre de Newmont y sus filiales corporativas. Newmont, una compañía minera de EE. UU. constituida en Delaware, es uno de los productores de oro más grandes del mundo.

El caso es Acuña-Atalaya v. Newmont Mining Corp., No. 17-cv-01315-GAM en la Corte de Distrito Federal de los EE. UU. para el Distrito de Delaware. Además de EarthRights International, los demandantes están representados por la abogada pro bono de Delaware, Misty Seemans.

Fuente:http://www.grufides.org/blog/familia-campesina-peruana-apela-contra-newmont-en-el-tribunal-de-los-ee-uu

Los integrantes de la Federación Regional de Rondas y Comunidades Campesinas se sumarán mañana lunes 7 de mayo a la gran movilización regional con la finalidad de rechazar la actividad minera formal e informal en los territorios comunales y cabeceras de cuencas hidrográficas.

Indica que el Gobierno central pretende imponer la minería a través del proyecto Río Blanco. “Pero nosotros estamos por la defensa del agua, la vida, el medio ambiente y nuestros territorios comunales”, señala la federación.

Refiere que los gobernantes buscan desconocer la consulta vecinal del 16 de setiembre del 2007, donde las comunidades altoandinas de la región optaron por el desarrollo sostenible basado en las actividades agrícolas, pecuarias, artesanales y la promoción del turismo.

De esta manera, agrega, rechazan toda actividad minera que afecta las tierras agrícolas, así como los páramos andinos y bosques de neblina que son fuentes productoras de agua.

El presidente de la Central Única de Rondas Campesinas de esa provincia, Rubén Jiménez Carrión, anunció que su gremio llegará a la ciudad de Piura para movilizarse ante la amenaza de la actividad minera.

“Los ronderos no permitiremos la minería porque afectará a la agricultura, ganadería y a la población. Se trata de un proyecto que piensa ejecutarse en las zonas donde nace el agua que es vida”, afirmó el dirigente.

Asimismo manifestó que apuestan por la agricultura, ganadería y la vida de la población piurana.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/1237926-ronderos-suman-marcha-agricultores-rechazo-mineria-piura

¿La minería trae progreso? En el 2017, la pobreza monetaria afectó al 21,7% del país. Según INEI, Cajamarca, Huancavelica y Apurimac son las regiones más pobres y son zonas donde la minería representa el mayor porcentaje de su PBI.

Un informe del diario Gestión afirma que según el documento «Desnutrición crónica infantil cero en 2016» los departamentos mineros encabezan el ranking de desnutrición crónica infantil en el Perú, resaltando: Huancavelica (46,4%), Cajamarca (29,9%), Huánuco (28,8%), Apurímac (31,3 %) y Ayacucho (28,1 %). Al respecto, para el mismo diario, el economista de CooperAcción comentó que «hay más de un indicio que esta actividad extractiva no ha resultado ser beneficiosa para impulsar el desarrollo de las regiones donde cuenta con mayor presencia». 

También, llama la atención, como a pesar de no haber gran aporte social, se sigue impulsado la minería y el extractivismo en dichas regiones. Un ejemplo es la cantidad de territorio concesionado para futuros proyectos. Apurimac tiene el 46% del territorio en concesión, Cajamarca 21% y Huancavelica 26%. 

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/738-infografia-la-mineria-trae-progreso

Poder Judicial se pronunció a favor. Comunidades de Atuncolla, en Puno exigieron que se cumpla el fallo del 2016 donde el Poder Judicial ordenaba a IGEMMET y al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) que se realice Consulta Previa antes de emitirse concesiones en territorios de comunidades.

Según declaró para Red Muqui, Rodrigo Lauracio, de la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA): “actualmente, tanto IGEMMET como MINEM se niegan a que la Consulta Previa se realice en una etapa previa, de concesión, pero con la sentencia hemos logrado que se respete el derecho de las comunidades”.

También, comentó que “el Estado peruano debe seguir los estándares indicados para realizar la Consulta previa, actualmente, ello no se está cumpliendo. Se debe hacer una Consulta informada, de modo que las comunidades puedan conocer del proyecto minero, pregunten, se enteren, tomen decisiones sin presiones”. Agregó que el problema recae, muchas veces, en la forma en que se realiza la consulta. A veces los datos suelen ser abstractos, muy técnicos y eso es un limitante para los comuneros.

“Lo que no queda claro es si la sentencia también se aplica a nivel nacional”, aseveró Lauracio. Sin embargo, se trata de un gran precedente en materia de consulta previa y derechos colectivos que se haya dado.

Esta sentencia se realizó en el marco de un proceso de amparo que figura en el Expediente N° 01846-2012. Fue presentado por 11 comunidades campesinas, todas del distrito de Atuncolla, contra INGEMMET y contra el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Como informó el medio de comunicación Servindi, “todo el distrito tenía concesiones mineras, no solo sin previa consulta sino, sin nunca haber sido estas concesiones notificadas de forma expresa y cierta a las comunidades demandante”.

Las comunidades que lograron este histórico fallo son Palcamayo, Trinidad de Moyogachi, Colca, Patacancha, Ticani Pampa, San José de Principio de Santa Cruz, Virgen de Soledad de la Cochela, San Jerónimo de Ullagachi, Micaela Bastidas de Yanamojo, San Antonio de Umayo y Jipa Grande y Chico.

El especialista Rodrigo Lauracio afirmó que, de no ser acatada la sentencia, el Poder Judicial podría sancionar al Estado. “Se le podría amonestar, también establecer una multa o despedir a funcionarios de no procederse con lo que ordenó el juez”. Las organizaciones sociales de la zona están haciendo seguimiento del caso.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/739-puno-pj-ordena-que-se-cumpla-fallo-sobre-consulta-a-comunidades-antes-de-emitir-concesiones

Este último 11 de abril el Gobierno prorrogó por sesenta días el Estado de Emergencia en el Corredor Vial Apurímac– Cusco– Arequipa. Esto se suma a los Estado de Emergencia decretados desde agosto de 2017 en diversos distritos de Apurímac y Cusco, con lo que hay zonas que cumplirán al menos diez meses en esta situación.

Frente a estas graves vulneraciones de los derechos a la libertad, a la seguridad personal, a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito de las y los ciudadanos, las organizaciones abajo firmantes manifestamos:

1. Nuestra profunda preocupación porque el gobierno a través de las renovaciones consecutivas en estos territorios de los Estados de Emergencia está convirtiendo como una medida permanente una medida que por mandato constitucional y de acuerdo a las obligaciones internacionales es “excepcional”.

2. Se está produciendo una constante violación a la Constitución Política del Perú toda vez que esta señala los requisitos para la aplicación de los estados de emergencia, indicando que solo debe emplearse en “caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación”. Ninguna de estas situaciones se ha presentado en el territorio afectado por esta declaratoria de emergencia. Más aún, la calificación de esta medida como “preventiva” introduce una causal que no existe ni en el texto constitucional ni en la normatividad internacional sobre los Estados de Emergencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado claramente que “(…) que las medidas de emergencia deben estar justificadas por una amenaza a las condiciones necesarias para mantener la organización política del Estado de acuerdo con los principios de la democracia representativa” ⁽¹⁾

3. Dentro del corredor vial se encuentra el proyecto minero Las Bambas, que es el punto de origen de la mayor parte del mineral que circula por dicho corredor, y genera serios impactos para el medio ambiente, la salud y la vida de las comunidades campesinas que viven cerca de la carretera.

4. Existe un convenio entre el proyecto minero Las Bambas y la Policía Nacional del Perú – aprobado por Resolución Ministerial N° 990-2017-IN de 6 de octubre de 2017-. Este convenio fue suscrito por el Director General de la Policía Nacional del Perú, quien a su vez es la autoridad que recomendó al Ejecutivo la declaratoria de los Estados de Emergencia. Esto, pone de manifiesto un grave conflicto de intereses. Por citar solo un ejemplo: hace algunos días se produjo un derrame de substancias químicas en la carretera y la población fue impedida de desarrollar actividades de monitoreo y de reclamo pacífico aduciendo justamente el Estado de Emergencia. Es evidente que en este caso la Policía Nacional actúa como juez y parte privilegiando la defensa de un bien particular frente al bien público.

5. Esta declaratoria del Estado de Emergencia así como los convenios entre las empresas mineras y la Policía Nacional, y la militarización de territorios como el corredor vial, forman parte de una estrategia de criminalización de la protesta social que va de la mano con la negativa a abrir o propiciar espacios de diálogo, así como el reciente amedrentamiento a la organización Derechos Humanos Sin Fronteras. Lamentablemente es la estrategia que ha venido desarrollando el Estado peruano en las últimas décadas y que se profundizó durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Con la reciente medida de prórroga del Estado de Emergencia en este corredor vial, el gobierno del presidente Vizcarra ratifica este camino. El manejo autoritario y represivo de los conflictos sociales no solo es inaceptable desde un punto de vista democrático y de respeto a los derechos humanos, sino que se ha demostrado incapaz de resolver, o al menos contener, los conflictos sociales en el país.

6. Invocamos al Gobierno a dejar sin efecto la declaratoria de Estado de Emergencia y a modificar las políticas que apuntan a criminalizar la protesta social. Llamamos a atender las justas demandas de las comunidades afectadas por diversos impactos de la actividad minera a través de mecanismos de diálogo a los que concurran autoridades nacionales y regionales, representantes de las empresas y los dirigentes de las comunidades locales. Solo a través de una política integral de gestión de conflictos, en la cual el Estado cumpla con su rol primordial de garante de derechos y escuche y atienda de manera real a ciudadanos y ciudadanas, será posible cimentar una convivencia en igualdad de condiciones entre las comunidades locales y empresas mineras.

7. Instamos a la ciudadanía a que ante cualquier restricción y vulneración de derechos a que recurra a los mecanismos legales que la Constitución le reconoce y que denuncie públicamente cualquier atropello a sus derechos fundamentales ante las instancias correspondientes. Ratificamos nuestra disposición y compromiso a acompañar dichos justos reclamos.

Suscriben:

• Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
• Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
• Cooperacción
• Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF
• Earht Rights International – ERI
• Fundación Ecuménica para la Paz – FEDEPAZ
• Instituto de Defensa Legal – IDL
• Centro Bartolomé de Las Casas
• Broederlijk Delen

NOTAS

https://prohomine.wordpress.com/2014/05/10/la-excepcionalidad-de-los-estados-de-excepcion/ Blog Autor: Juan Pablo Albán Alencastro. Mayo 10 de 2014. Consultado: 26 de abril de 2018. [↩]

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/los-estados-de-emergencia-limitan-la-democracia-en-el-peru/

Esta tarde el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó a la minera Aruntani S.A.C., iniciar el cierre final del depósito de desmonte y el tajo, priorizando el tratamiento de aguas ácidas de dichos componentes hasta cumplir con los Límites Máximos Permisibles (LMP), en la unidad minera Florencia – Tucari, ubicada en el distrito de Carumas, provincia de Mariscal Nieto, región Moquegua.

El objetivo de la medida impuesta es evitar la contaminación de las quebradas Margaritani y Apostoloni, tributarias del río Coralaque.

El Tercer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa sentenció a trece pobladores del valle de Tambo. Se les procesó por bloquear vías el 07 de abril de 2015, cuando se desarrolló una protesta en rechazo al proyecto minero Tía María, de la empresa Southern.

La jueza Yanira Guitton Huamán dictó cuatro años de prisión suspendida para Miguel Ángel Aguirre Espinoza, Sonia Luisa Apaza Ticona, Jacinto Charca Porcela, Hugo Manuel Humpiri Zela, Arsenio Luis Vilca Quispe, Carlos Edwin Márquez Apaza, Segundo Morales Jila, Cipriano Muñoico Incacutipa, Hugo Alejandro Palomino García, Natividad Quispe Cahuana y Edmundo Victoriano Rojas Alvarez. En tanto, Edgar Manuel Vilca Herrera y Alfredo Mamani Condori fueron condenados a tres años de prisión suspendida. Asimismo deberán pagar en conjunto, una reparación civil de 6 mil soles.

Los sentenciados fueron acusados por el Ministerio Público de cometer el delito de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.

La Fiscalía fundamentó su acusación en los testimonios de policías. Estos lograron identificar a los manifestantes durante la violenta protesta.

Fuente:http://www.grufides.org/blog/sentencia-trece-pobladores-de-tambo-por-protestar-contra-t-mar

“Quieren sabotear al Consejo Regional” dice presidenta del mismo

Un documento enviado por el coronel de la Policía Jaime Rivadeneira Durán, jefe de la Región Policial de Apurímac, pide no realizar una importante sesión del Consejo Regional el día de mañana. El argumento es insólito: estarán de fiesta y no pueden garantizar la seguridad de los consejeros. En la sesión descentralizada, a realizarse en Challhuahuacho, se tiene programado discutir un conjunto de temas que involucran a la poderosa empresa minera Las Bambas, de la china MMG.

El documento policial está dirigido a Evelyn Cavero, consejera regional y presidenta del colegiado, y señala que “con motivo del 145 aniversario del departamento de Apurímac, la mayoría del personal policial se encuentra comprometido en los desfiles”.

Y añade una afirmación que estigmatiza a la población de Challhuahuacho: “en oportunidades recientes se han producido movilizaciones en el distrito de Challhuahuacho por diversas demandas sociales especialmente contra la municipalidad (…) y contra la minera Las Bambas manteniéndose un clima latente de conflictos sociales”, por lo que estaría “en riesgo la integrudad física de los consejeros regionales”.

Por ello, el coronel pide “efectuar dicha reunión en otra fecha y lugar”.

¿Cuál es la agenda a tratar en esta reunión programada para el 26 de abril? La agenda incluye varios puntos que involucran a la empresa minera. Por un lado, se discutirá las observaciones presentadas por el Frente de Defensa a la tercera modificatoria al estudio de impacto ambiental de Las Bambas. En segundo lugar, se discutirá una moción que pide al Ejecutivo levantar el estado de emergencia que afecta a diversas zonas del corredor minero desde hace casi un año. Así mismo, los consejeros tienen en agenda solicitar la conformación de una comisión que investigue la transacción entre Glencore y MMG para la venta de Las Bambas, operación que ha sido denunciada por una reciente investigación periodística que encontró indicios de una presunta elusión tributaria.

“Es un intento por sabotear al Consejo Regional”, declaró la consejera Evelyn Cavero. “Lo que nosotros hemos hecho es comunicar la realización de nuestra sesión descentralizada, en ningún momento hemos pedido resguardo policial”, explica. “La respuesta del coronel se inmuscuye en competencias del consejo regional. Además, incurre en falsedad porque actualmente en Challhuahuacho las actividades se están desarrollando con normalidad y no hay conflicto social”, puntualiza.

Pese a ello, el documento de la Policía ha servido de argumento para que cinco consejeros soliciten el cambio de lugar de la sesión descentralizada para que se lleve a cabo en Abancay, la capital regional.

La consejera Cavero ha anunciado que “de acuerdo a nuestro reglamento interno, vamos a abrir la sesión ordinaria. De no haber quórum, se realizará la segunda etapa de la sesión descentralizada, que consiste en una audiencia pública con la población”.

La consejera también denunció la falta de imparcialidad de la Policía. “La Policía en la región, que sabotea de esta manera la sesión del Consejo y que es la misma que solicita al Gobierno la prórroga del estado de emergencia, es también la misma que tiene un convenio de seguridad con Las Bambas que finalmente significa una contrasprestación dineraria. No tiene imparcialidad”, señala.

Preocupa el rol que viene jugando la Policía Nacional en Apurímac. El estado de emergencia, ampliado una y otra vez, viene recortando los derechos a la libertad de reunión de diversas áreas en el corredor minero, pero esta actuación revela ahora cómo la Policía está obstruyendo el ejercicio de los derechos políticos de los apurimeños, e inclusive de las responsabilidades de representación de las autoridades regionales. Y todo ello, impidiendo una mayor participación de la ciudadanía en el debate en torno a los impactos de Las Bambas, uno de los megaproyectos mineros más grandes del país.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/04/25/policia-pide-no-realizar-sesion-donde-se-discutiran-temas-que-involucran-a-las-bambas/