Hace un año que las inundaciones del 27 de marzo afectaron Piura especialmente en el denominado Bajo Piura. Días después de la catástrofe el lodo se acumulaba en las vías de la ciudad. En la actualidad, están cerradas las avenidas del centro de la ciudad debido a los trabajos de reconstrucción, que avanzan lentamente en varios distritos. Sus habitantes comentan que se demoran mucho y desconfían de la buena administración del presupuesto, porque la plata se puede desaparecer.

En los primeros días de su mandato, el presidente Vizcarra visitó Santa Rosa en el distrito de Curamori, afectada por las lluvias e inundaciones de hace un año, para ver cómo estaba la zona. Allí declaró que la reconstrucción iba lenta y que hasta el momento sólo se había gastado 25,000 millones de soles que equivale al 5% y que a ese ritmo se necesitarían 10 años para terminar[1]. La percepción es que la visita de Vizcarra en algo contribuyó a acelerar los trabajos de reconstrucción.

Si bien en Piura el modelo de desarrollo a partir del proceso de la reconstrucción se articuló en función de los grandes intereses empresariales, lo cierto es que ello también acarreó una profunda reflexión de instituciones, gremios profesionales e interpelación a autoridades acerca de cómo debía ser la reconstrucción de una región donde su población sigue golpeada, pero a la vez ávida de respuestas que tardan en llegar.

Con la asignación del presupuesto, el gobierno regional priorizó programas como Agua para Todos para restablecer el sistema de alcantarillado y abastecimiento de agua, por lo que se abrieron calles para poner tuberías, que se teme que con mal cálculo de los alcaldes se vuelva a romper y afectar los trabajos de reconstrucción. Asimismo, se atendieron temas como la reducción de la anemia, el impulso de proyectos como Alto Piura para la producción, la conservación de recursos naturales en Áreas Protegidas, otros programas como Procompite, e inversión en gestión de recursos hídricos, como los contratos para la descolmatación del reservorio de Poechos, cuyos trabajos están en ejecución.

Sin embargo, la asignación de lotes petroleros en las costas del territorio piurano afectó el porvenir del beneficio petrolero de la región para la población, por los tipos de contratos perjudiciales que fueron firmados el mismo día de la renuncia del ex presidente Kuczynski, por lo cual el propio presidente Vizcarra ha ordenado su revisión.

Pero es necesaria una mayor articulación entre estos procesos de desarrollo de la región desde los espacios urbanos, y el modelo de desarrollo agrícola del sector campesino y rural del Alto Piura. Esta semana hubo una masiva movilización de los agricultores a la ciudad demandando obras de reconstrucción de infraestructura de riego y mejora del sistema hídrico para afrontar la escasez del recurso de los próximos meses. Por su parte, en un sector del Alto Piura se ha acumulado el descontento de la imposición de la restitución del proyecto Río Blanco, que ha motivado la reciente movilización de alrededor de diez mil agricultores contra el proyecto minero. Los ronderos de Ayabaca, Huancabamba y Segundo y Cajas defienden el derecho al desarrollo basado en la agricultura.

Ellos demandan al Estado otorgar carácter vinculante a la consulta vecinal del 2007 donde se votó a favor de la conservación de los ecosistemas de la sierra de Piura. Se trata de una zona de páramos con ecosistema frágil, por lo que se juega el futuro agrícola del distrito. Todavía el nuevo viceministro de gobernanza territorial no se manifiesta, pero el Estado no tiene previsto qué hacer y cómo actuar frente a la falta de licencia social del proyecto, en su lugar favorece su intervención, la cual es rechazada por la población por los antecedentes que presenta de afectación del medio ambiente y de sus derechos.

En este caso la atención pronta del ministro Gustavo Mostajo con las once comisiones de regantes es una rápida respuesta para prevenir el paro. Esperamos que su articulación con el gobierno regional sirva para resolver el desembalse del conflicto y el reclamo de la población, establecer acuerdos y que estos sean cumplidos y no como ocurrió en el caso de las mesas de desarrollo donde quedaron sin resolución.

Fuente:http://www.noticiasser.pe/opinion/piura-entre-la-reconstruccion-y-la-protesta

La primera proyección de «La vida no vale un cobre» se realizará en Cusco el sábado 19 de mayo para la población de Espinar.

Más de 30 piezas audiovisuales –infografías, línea de tiempo, corto animado, cortometrajes, mapas interactivos, reportaje y otros- forman parte del documental transmedia «La vida no vale un cobre», que se proyectará en la provincia de Espinar en Cusco.

El formato del documental permite conocer de cerca los conflictos que genera la minería en la provincia cusqueña de Espinar donde se encuentra una de las minas de cobre más grandes del mundo: Antapaccay de la empresa suiza Glencore, y que controla el 50% del mercado libre de cobre.

Desde la provincia de Espinar se exporta diariamente 70 mil toneladas de minerales (cobre como principal producto, oro y plata como subproductos), solo en concentrado de cobre la empresa reporta que extrae 160 mil toneladas anualmente, según el documental.

En la producción de ponen en relieve el rol de las mujeres campesinas. Aparecen en el corto animado La vida no vale un cobre, el cortometraje Pachamama herida, y el largometraje Melchora y su lucha contra la contaminación minera.

El documental empieza con un corto animado elaborado por artistas cubanos en base a acuarelas, de 3:54 minutos de duración. A través del recorrido de un río, una campesina de Espinar muestra cómo sus aguas se contaminan debido a la actividad minera. En el camino, ella observa cómo los ganados -que son la principal fuente económica para las poblaciones de la zona- están muriendo, mientras que la actividad minera extrae y lleva camiones repletos de concentrado de cobre, dejando a su paso pobreza y contaminación.

“El documental tiene muchos factores valiosos; pone en evidencia la manera sistemática y organizada la afectación del impacto ambiental, social y de salud que sufren las personas que viven en el entorno minero de la empresa Glencore Antapaccay”, señaló Jaime Borda, director de Derechos Humanos Sin Fronteras.

La vida no vale un cobre es una producción de Hiperactiva Comunicaciones, el equipo está conformado por documentalistas de Perú, Venezuela, Uruguay y Brasil, y artistas cubanos, bajo la dirección de la periodista y documentalista peruana Magali Zevallos.

Se ha programado proyecciones a nivel nacional e internacional. Empezará en Cusco el jueves 17 de mayo a las seis de la noche en la Sala Tipón de la Municipalidad Provincial, y el sábado 19 de mayo en la provincia de Espinar, a la dos de la tarde, en el Teatro Municipal.

Fuente:https://larepublica.pe/politica/1244407-cusco-proyectaran-documental-contaminacion-espinar

El 13 de marzo de 2018, la Primera Sala Penal de Apelaciones ordenó el archivo (sobreseimiento) definitivo del proceso penal por supuesto delito de usurpación agravada, seguido contra Marco Arana Zegarra y los dirigentes campesinos Ydelso Hernández Llamo y Manuel Ramos Campos.

Como se recordará, las comunidades y rondas campesinas situadas alrededor del proyecto minero Conga de la empresa Yanacocha SRL, en el ejercicio de sus facultades constitucionales para administrar justicia, decidieron retirar las tranqueras que Yanacocha había colocado en los caminos ancestrales de sus territorios. Esta decisión de las comunidades fue comunicada a las autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público y Poder Ejecutivo, ya que la empresa se había negado a retirarlas alegando que se trataba de tierras de su propiedad. De manera que, el retiro de tranqueras fue una diligencia pública y se llevó a cabo el 20 de agosto de 2013, sin ningún acto de violencia y con la presencia del Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, representantes de Yanacocha SRL, de la prensa nacional y extranjera.

Sin embargo, Yanacocha denunció penalmente a diversos dirigentes campesinos por supuesta usurpación agravada. La investigación se formaliza y el Ministerio Público acusa penalmente a Marco Arana, Ydelso Hernández y Manuel Ramos como supuestos autores del delito, solicitando que se les imponga cuatro años de pena privativa de la libertad. La defensa legal de Marco Arana cuestionó por escrito el dictamen acusatorio y solicitó el archivo de dicho proceso, señalando que el Ministerio Público no había aportado elemento de convicción alguno que haga presumir una supuesta responsabilidad penal de su parte ni la existencia de causa penal probable contra ellos.

Por el contrario, la defensa legal de Arana aportó elementos de convicción sobre su inocencia, los mismos que fueron ratificados por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Celendín, señalando que: “Se advierte de la propia denuncia en prevención del delito, que no existe participación alguna de los investigados Manuel Ramos Campos y Marco Antonio Arana Zegarra”; y que “El Juzgado comparte criterios con la defensa de la parte imputada, es decir, que el hecho de la causa no se realizó o no pudo atribuírsele al imputado”, por lo que “se tiene que la conducta desplegada por los procesados, no ha lesionado bienes jurídicos”, resolviendo “DECLARAR FUNDADA LA SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO”.

Asimismo, la referida Sala Penal expresó que “ha verificado que, conforme lo ha sostenido el a quo en la resolución impugnada, en el presente caso no existen elementos de convicción suficientes que corroboren de forma razonable que los hechos de carácter ilícito expuesto por el Ministerio Público, puedan ser atribuibles a los imputados”, por lo que “corresponde confirmar el auto de sobreseimiento”.

Al respecto, el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), integrado por Fedepaz cuyo equipo legal ejerce la defensa de Marco Arana Zegarra; saluda el archivo definitivo de este injusto proceso penal iniciado contra él y los dirigentes comunales Ydelso Hernández y Manuel Ramos, en un marco de legítima defensa del medioambiente, del territorio y de sus derechos fundamentales como comunidades.

Con el ruego de su difusión.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/05/16/primera-sala-penal-de-apelaciones-de-cajamarca-confirmo-el-archivo-del-proceso-penal-seguido-contra-marco-arana-ydelso-hernandez-y-manuel-ramos/

Mujeres de los seis distritos de Cotabambas (Apurímac) se reunieron en Tambobamba para continuar con sus esfuerzos de capacitación y fortalecimiento de sus propios liderazgos. Este proceso es uno de los acuerdos tomados en marzo por la Federación Provincial de Mujeres de Cotabambas, como parte de una estrategia de trabajo que busca promover la autonomía de las mujeres y lograr su empoderamiento político, social y económico.

Los días 8 y 9 de mayo tuvo lugar la primera sesión 2018 de la Escuela de Mujeres de Cotabambas, una oportunidad para que las participantes – en su mayoría campesinas y quechuahablantes – pudieran discutir e identificar los principales problemas que las afectan y fortalecer sus capacidades para hacerles frente.

Una de las problemáticas más sentidas por las mujeres participantes es la violencia de género, expresada en maltrato físico y sicológico, así como en casos de violencia sexual y feminicidios que se vienen registrando en la provincia. Frente a ello, señalaron las deficiencias de la atención del Estado y  de los mecanismos de denuncia que no protegen a la mujer.

Por ese motivo, las mujeres de Cotabambas han iniciado un proceso de capacitación para el fortalecimiento de su autoestima y autonomía, y entre sus acuerdos se encuentra realizar campañas para contrarrestar la violencia y el alcoholismo que está muy asociado a este problema, en especial en las zonas rurales.

Además, la capacitación busca fortalecer los liderazgos locales de las mujeres, a fin de que tengan mayor autoconfianza y capacidad organizativa para expresar y defender sus puntos de vista en el ámbito público.

El programa también buscará fortalecer la autonomía económica de las mujeres, promoviendo su participación en proyectos productivos sostenibles.

Una de las participantes de la Escuela fue Victoria Mio, viuda de Alberto Roque Cconislla, líder campesino que fuera elegido alcalde del distrito de Mara y luego asesinado en 2015 en extrañas circunstancias. Actualmente, doña Victoria vive una difícil situación económica, pero ella no se da por vencida y lucha por sacar adelante a su familia a través de su participación en un proyecto de alternativas productivas mediante invernaderos o fitotoldos, gracias a lo cual ahora está produciendo fresas. Al mismo tiempo, sigue buscando justicia por la muerte de su esposo.

Impacto de Las Bambas

Otra de las problemáticas más sentidas por las mujeres que participaron de esta sesión es el impacto socioambiental que viene generando la empresa Minera Las Bambas SAC, la mayor mina de cobre del país y que opera en la provincia de Cotabambas. Uno de los impactos más fuertes es el tránsito incesante de centenas de camiones diarios a lo largo del corredor vial minero, que genera constante polvareda que afecta la respiración y la salud de las personas, así como afecta el agua, los cultivos y los animales, y ocasiona fuertes vibraciones que afectan las viviendas.

El programa de capacitación de la Federación Provincial de Mujeres, apoyado por CooperAcción y el Centro Bartolomé de las Casas de Cusco, tiene programadas dos sesiones más en los próximos meses para darle continuidad a este proceso de fortalecimiento del liderazgo de la mujer en Cotabambas.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/mujeres-de-cotabambas-construyendo-su-futuro/

Como es sabido, el pasado 11 de abril el Presidente Martín Vizcarra decidió la prórroga del Estado de Emergencia en el corredor vial Apurímac – Cusco – Arequipa, a través del Decreto Supremo 037-2018-PCM. Varias instituciones[1], entre ellas CooperAcción, han manifestado su preocupación por ello, pues el nuevo gobierno se reafirma en la política del uso de estados de excepción aplicada por su antecesor para el manejo de los conflictos sociales.

Este artículo pretende analizar la dimensión territorial de la medida, para lo cual debemos prestar atención a lo decretado textualmente. En su artículo primero, el Decreto Supremo dice “Prorrogar el Estado de Emergencia por el término de sesenta (60) días calendario, a partir del 12 de abril de 2018, en el Corredor Vial Apurímac – Cusco – Arequipa, con una longitud aproximada de 482.200 km., que abarca desde la Ruta Nacional PE-3S X, ubicada en el distrito de Progreso, provincia de Grau, departamento de Apurímac, hasta la Ruta Nacional PE-34 A, que culmina en el centro poblado menor Pillones, distrito de San Antonio de Chuca, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, incluyendo los quinientos (500) metros adyacentes a cada lado del Corredor Vial en mención”. Del texto se desprenden tres elementos claves para nuestro análisis del territorio en Estado de Emergencia: primero, el corredor vial; segundo, el punto de inicio y término del mismo; y finalmente el área de 500 metros adyacente a cada lado de la vía del corredor.

El corredor vial en Estado de Emergencia atraviesa 14 distritos pertenecientes a cinco provincias de los territorios departamentales de Apurímac, Cusco y Arequipa. En Apurímac recorre las provincias de Grau (distrito Progreso) y Cotabambas (distritos de Challhuahuacho y Haquira), en Cusco las provincias de Chumbivilcas (distritos de Quiñota, Llusco, Santo Tomas y Velille) y Espinar (distritos de Coporaque, Pallpata, Ocoruro y Condoroma), y en Arequipa la provincia de Caylloma (distritos de Callalli y San Antonio de Chuca).

Si bien el Ejecutivo puede alegar que el Estado de Emergencia solo se circunscribe al corredor vial y no a la totalidad de los ámbitos territoriales de los 14 distritos mencionados, lo cierto es que haciendo un análisis al ámbito circunscrito a los 500 metros adyacentes a ambos lados de la vía del corredor, como menciona el D.S., encontramos que, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2007), existen 215 centros poblados que albergan alrededor de 50 801 habitantes. De los 215 centros poblados en Estado de Emergencia, 10 son capitales distritales, de ellas siete se ubican en el departamento del Cusco (Condoroma, Ocoruro, Héctor Tejada, Coporaque, Vellile, Llusco y Quiñota) y tres en el departamento de Apurímac (Haquira, Challhuahuacho, Progreso). Por otro lado,  dos son capitales de provincias del Cusco: Yauri-Espinar (Espinar) y Santo Tomás (Chumbivilcas).

A partir de lo señalado, podemos concluir que más de 50 000 personas, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas quechuas, tienen suspendidos sus derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, por una política gubernamental que, a todas luces, como han señalado diversas instituciones pro derechos humanos, es inconstitucional, pues su declaración no cumplen con los requisitos establecidos para su aplicación en nuestra carta Magna.

El establecimiento del estado de excepción en el corredor vial Apurímac – Cusco – Arequipa plantea la pregunta sobre qué lo “justifica”. Para contestar a esta pregunta, debemos entender el rol que cumple la vía nacional del corredor como un elemento de la movilidad que articula cotidianamente a más de 200 centros poblados, donde, como hemos mencionado anteriormente, se encuentran capitales distritales y provinciales que son la matriz del funcionamiento de la gobernanza del territorio; y  a su vez también, es la vía esencial del denominado corredor minero, por donde se transporta el mineral de al menos cinco grandes unidades mineras en explotación (Las Bambas, Anabi ubicada en Cotabambas, Anabi ubicada en Chumbivilcas, Constancia y Antapaccay) y conecta no menos de cuatro proyectos exploratorios importantes (Gema, Utunsa, Corccohuayco y Quechua).

La justificación declarada del Ejecutivo para implementar el Estado de Emergencia es la convulsión social aparentemente existente en la zona de influencia de este corredor. Sin embargo, cuando uno visita la zona[2] encuentra que las poblaciones en general lo que único que exigen al Estado es la canalización y atención adecuada de sus demandas a través del diálogo. Pese a ello, la respuesta en el último tiempo ha sido el establecimiento de sucesivos Estados de Emergencia con la militarización de la zona, que protege los intereses particulares del corredor minero, en detrimento de los derechos constitucionales de una gran cantidad de población del sur andino del Perú.

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[1] CooperAcción (30/04/2018). CooperAcción Informa. Estados de Emergencia limitan Democracia. Recuperado de http://cooperaccion.org.pe/los-estados-de-emergencia-limitan-la-democracia-en-el-peru/
[2] El 26 de abril realizamos una visita al distrito de Challhuahuacho, donde pudimos comprobar que no existen condiciones de convulsión social como argumenta el gobierno.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/mas-de-50-000-habitantes-del-corredor-minero-tienen-sus-derechos-restringidos/

Uno de los magistrados de la Sala permanente presidida por el Dr. César San Martín pidió licencia, motivo por el cual se suspendió la audiencia donde se iba a sustentar la solicitud de anulación de la sentencia a Walter Aduviri.El dirigente aymara fue sentenciado en Puno a 7 años de prisión, por el supuesto delito contra la paz pública por la protesta social conocida como el “Aymarazo”. El año pasado, La Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Puno absolvió a los otros 18 dirigentes criminalizados.

Como se recuerda, El conflicto social se desató a raíz del ingreso de la minera canadiense Bear Creek Minig Corporation y su proyecto minero Santa Ana en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito. Tras no haber mayor mediación de parte del Estado, el conflicto llegó a su punto más crítico en el 2011, cuando se generó una revuelta masiva.

El especialista de la Organización Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) de Puno, Hernán Portobravo, declaró a Red Muqui que las sentencia tiene elementos cuestionables. “Cuando inicia el proceso se le señala como coautor de los hechos, pero al finalizar, el Juez en Puno lo sentencia como autor mediato”, afirmó.

Señaló que Aduviri está “siendo criminalizado bajo argumento dudosos, en base a publicaciones en medios de Puno”. Portobravo comentó, también, que existe discriminación hacia el dirigente indígena. En el proceso no se ha tomado en consideración su identidad aymara y no se ha aplicado el Convenio 169 de la OIT que admite consideraciones en la aplicación de justicia para los pueblos originarios. “Los jueces en Puno han señalado que no es indígena por haber seguido estudios superiores”, comentó.

El especialista también afirma que se han observado otras conductas discriminatorias en los jueces que han llevado el caso en Puno. “Se ha llegado a señalar que las comunidades aymaras son violentas”, aseveró.

Cabe recordar, que en el proceso judicial los 18 dirigentes que fueron incriminados fueron absueltos el año pasado. Portobravo señala, finalmente, que “la defensa sustenta que no existió una organización estructurada y no se puede afirmar que existió un poder de mando que implica subordinación y obediencia”. Se espera que se retome la audiencia y que el proceso se lleve de forma transparente.

Fue nte:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/742-se-cancelo-la-audiencia-en-lima-sobre-caso-adurivi

Tía María regresa a la luz pública por la insistente oposición de los agricultores del valle del Tambo. El miércoles, más de 1,500 personas protestaron en Arequipa contra el gran emprendimiento cuprífero en una jornada que convocó a un paro indefinido de la macro región sur. Como reza el dicho: “A río revuelto, ganancia de pescadores”.

La rechifla contra este proyecto de Southern era previsible en un año de elecciones regionales y municipales como el actual; de hecho, la “preocupación” socio-ambiental es una buena plataforma para espontáneos politiqueros y para la cohesión de la izquierda, criolla y alicaída. Con el lío ganan, también, los periodistas de alquiler y los marketeros que minimizan el conflicto socio-ambiental y apuestan por resolverlo con una estrategia de medios.

Este proyecto minero operará -si acaso- en la zona del valle del Tambo, un lugar que Antonio Raimondi llamó “despensa de Arequipa” por su alta productividad y variedad de cultivos alimenticios, convertido hoy en uno de los principales centros arroceros del país.

De lo que va de 2011 a 2015, las protestas contra el proyecto tienen un saldo de siete muertos y centenares de heridos. La conflictividad socio-ambiental debe enfrentarse responsablemente en la cancha y no con un diarismo vergonzante, ni el intento de desprestigiar a líderes proagrícolas y menos con comparaciones engañosas.

Los promotores mediáticos de Tía María muestran la armoniosa convivencia agro-minería de NorthParkes, ubicada en Nueva Gales del Sur, una de las zonas agrícolas más ricas de Australia. NorthParkes, hoy en manos de China Molybdenum Company y Sumitomo Group, invirtió en la agricultura local haciéndola más productiva y competitiva. Lo que olvidan decirnos es que la de Australia es una mina subterránea, muy diferente a Tía María que es a cielo abierto en un espacio de enraizada vocación agrícola desde tiempos precolombinos.

Mal asesorada, Southern despilfarra dinero en engañosas campañas que generan rechazo e impiden alcanzar la necesaria licencia social.

Sacar adelante este proyecto minero pasa por reconvertir el modelo de tajo abierto en uno de mina subterránea para no alterar el paisaje ni abusar de explosivos generadores de contaminación por partículas en suspensión.

Depende de Southern replantear su proyecto, atendiendo las reales preocupaciones de los agricultores de la zona para demostrar su vocación proagrícola, conservacionista y respetuosa de las costumbres de quienes serán impactados por el proyecto.

¡Demuestren que sí es posible una minería responsable y limpia!

Fuente:http://www.expreso.com.pe/opinion/guerra-martha-meier-m-q/tia-maria-a-rio-revuelto/

En multitudinaria marcha, comunidades campesinas de Huancabamba y Ayabaca, exigen respeto a sus derechos territoriales y a la libre elección de su desarrollo económico, social y cultural…En oposición al proyecto minero de Río Blanco Copper S.A. (Ex Majaz)

El pasado lunes 7 de mayo, miles de comuneros, comuneras, ronderos y ronderas de las provincias andinas de Huancabamba y Ayabaca; marcharon por las calles de la ciudad de Piura, en defensa de sus derechos territoriales y de un desarrollo socioeconómico basado en la agricultura, ganadería y ecoturismo, tal como decidieron en la consulta vecinal realizada en septiembre de 2007.

Una vez más, han hecho manifiesto su rechazo a la implementación del proyecto minero Río Blanco, cuya concesión se encuentra situada en los territorios de las comunidades Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca), y cuyos efectos serían lamentables e irreversibles en el ecosistema de la región, por su ubicación en los páramos andinos donde nacen diversos ríos de Piura y de las provincias de San Ignacio y Jaén en Cajamarca.

Asimismo, dichas comunidades han expresado su rechazo al Proyecto de Ley N° 1910 promovido por el congresista fujimorista Luis López Vilela, que propone la titulación individual de tierras comunales, afectando así su derecho ancestral a la propiedad comunal del territorio.

En declaraciones a RPP Noticias en Piura, Santos Montalván, vicepresidente de la Federación Regional de Rondas y Comunidades de Piura (FRRCCP), manifestó que: “Ese es el objetivo por el que hemos venido multitudinariamente, no solamente de las provincias de la sierra de Piura, sino todos los ronderos, todos los campesinos de toda la Región Piura para, hoy más que nunca, decirle a nuestras autoridades, a nuestro gobierno central, a nuestro Ministro, que tiene que ver con este problema que tenemos, en la pretensión del Proyecto Minero Río Blanco que se explote en nuestra cabecera de cuenca, decirles que no estamos de acuerdo y una vez más rotundamente decirles NO va la mina. Que se respete la Consulta Vecinal de 2007 donde el 97% de la población dijo NO a la explotación minera en nuestras cabeceras de cuenca, en nuestros páramos andinos“.

Además, precisó que marchan “en rechazo al proyecto minero Río Blanco, que se respete nuestra consulta vecinal y, también que se deje sin efecto, que se archive este tendencioso proyecto de ley presentado por el congresista Luis López Vilela, en contra de nuestras comunidades, que pretende desaparecerlas mediante la titulación individual ¿para qué? Para que las compren los grupos de poder, las grandes transnacionales y puedan de una manera muy fácil, muy sencilla, entrar a nuestros territorios comunales y despojarnos de nuestros territorios comunales y despojarnos de nuestras tierras, eso es lo que hemos venido rotundamente a rechazar y todo el proyecto y todos los proyectos que atenten contra nuestra actividad agrícola, pecuaria, artesanal en nuestra serranía de Piura y en la costa también”.

De la misma opinión fue Claudio Jiménez, de la Comunidad Campesina de Yanta (Ayabaca), quien precisó a radio RPP Piura que marcharon para exigir la presencia del Estado peruano en sus comunidades, ya que éste no apoya el modelo de desarrollo basado en la agricultura que, de manera legítima, eligieron. También reclaman que el Estado no ha implementado programas de desarrollo comunal vinculados a salud y educación en sus comunidades, a pesar de las urgentes necesidades de la población en estos temas.

En ese sentido, FEDEPAZ, como organización de derechos humanos que brinda asesoría legal y acompañamiento a las referidas comunidades campesinas; se suma a la exigencia de que el Poder Ejecutivo respete y haga respetar su derecho al territorio y su decisión de basar su desarrollo socioeconómico en actividades agrícolas, ganaderas y de ecoturismo. Asimismo, que el gobierno central implemente acciones y programas para atender las demandas de salud y educación de estas comunidades, tantas veces postergadas.

Con el ruego de su difusión,

Lima, 9 de mayo de 2018