Preocupante. En una conferencia de prensa especial y flanqueado por funcionarios de la empresa china Chinalco, por el embajador de ese país Jia Guide y por el ministro de Energía y Minas , Francisco Ísmodes, el presidente Matín Vizcarra anunció la “expansión” del proyecto minero Toromocho. Ello, pese a que hace sólo unos días la población de Morococha se movilizó en Lima para rechazar la expropiación de 34 hectáreas para esta ampliación, y se ha anunciado un paro indefinido a partir de la próxima semana.

Con el anuncio de una inversión de 1300 millones de dólares y en el marco de la celebración de los 10 años del inicio de Toromocho, el presidente Vizcarra anunció la segunda etapa de este megaproyecto minero. El mandatario subrayó la importancia de este proyecto, que elevará en 50,000 toneladas métricas la producción diaria de cobre.

Como se recuerda, el pasado 21 de mayo alrededor de 250 pobladores de Morococha se movilizaron ante el Ministerio de Energía y Minas en Lima, para rechazar la expropiación de 34 hectáreas a favor del proyecto minero Toromocho. Sin embargo, tras una reunión con el viceministro de Minas, Miguel Incháustegui, no se logró llegar a algún acuerdo. Frente a ello, se anunció un paro indefinido a partir del próximo 7 de junio.

Según informaron los ciudadanos de Morococha, tras retirarse de la reunión el viceministro Incháustegui, sus asesores redactaron un acta de acuerdos donde no figuraban las demandas de la población. Motivo por el cual los dirigentes se retiraron y anunciaron paro en Morococha y en la carretera central.

El conflicto se origina pues la ampliación de la mina implica el traslado y reasentamiento de 65 familias que permanecen en la antigua Morococha y demandan negociar con Chinalco para ser trasladados a un lugar distinto a Nueva Morococha pues consideran que ésta ciudad no reúne las condiciones mínimas para asegurar su calidad de vida. Ante ello, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNB), emitió la Resolución 120 2018/SBN-DGPE-SDDI en el marco de la Ley 30680, y expropió 34 hectáreas que pertenecían a la Municipalidad Distrital en la Antigua Morococha, lugar donde se ubican las viviendas de las 65 familias.

Cesar Reyna, abogado de estas familias, afirma que la expropiación realizada es ilegal porque la SBN ha considerado al proyecto minero como infraestructura pública cuando en realidad se trata de una iniciativa privada. Ante la resolución emitida, la municipalidad distrital de Morococha interpuso recurso de reconsideración el 21 de marzo y el Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses del Distrito de Morococha presentó un recurso de apelación.

Elvis Atachahua, secretario del Frente Amplio por la defensa de los intereses de Morococha, explicó que con el reasentamiento en Nueva Morococha los problemas han crecido. Afirmó que no hay desarrollo económico en la zona y se está despoblando. Aseguró que las 60 familias que aún viven en Morococha antigua sufren constante acoso por parte de la seguridad de la empresa Chinalco. A las condiciones de constante acoso en que viven los pobladores se suma el riesgo de afectación a la salud. Morococha es una zona que tiene pasivos mineros de alto riesgo.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/06/01/vizcarra-anuncia-ampliacion-de-toromocho-pese-a-protesta-de-morococha/

La protesta social en el Perú generalmente expresa fallas en el sistema institucional del Estado y de la sociedad para responder a problemas públicos y procesar los conflictos que usualmente se producen. Como el sistema institucional existente falla, se crea un sistema de gestión de conflictos ad hoc, cuyo principal instrumento ha sido, en el último tiempo, las mesas de diálogo.

La institucionalidad del Estado falla, entre otras razones, porque las poblaciones o grupos sociales sienten que sus intereses y sus derechos no están siendo tomados en cuenta de manera justa en las decisiones del Estado. Es decir, perciben al Estado como una entidad cerrada, arbitraria y parcializada. Esta percepción se ha agudizado con las reformas sociales y ambientales de los últimos años, que ponen por encima la promoción de la inversión sobre otros bienes jurídicos.

Así pues, precede a un conflicto una serie de cartas que las organizaciones sociales envían buscando una respuesta sectorial ante determinada problemática. En el caso de Energía y Minas, que es el sector que más conflictos sociales presenta, las cartas no se reciben si son escaneadas, es decir, tienen que necesariamente presentarse en original. Lo que supone para alguien de provincia tener que enviarla por correo y valerse de una tercera persona para presentarla o viajar y entregarla personalmente.

Llegada la comunicación o denuncia escrita a una entidad estatal, es poco frecuente que alguien responda oportunamente. Un ejemplo claro, es la denuncia que presentó en línea un ciudadano ante OEFA por el desborde de agua de la presa de clarificación de Las Bambas a pocos meses de haber iniciado sus operaciones. Nadie respondió ni se supo qué pasó pese a que la denuncia se presentó inmediatamente luego de ocurrido el hecho, acompañada de fotos para acreditarlo. Los rumores decían que dicha presa había colapsado. Varios meses después, y luego de mucha insistencia realizada a través de la mesa de diálogo, se dio una respuesta: un funcionario dijo que se había tratado de un problema de exceso de agua sin mayores impactos. Cabe precisar que la inspección de OEFA para corroborar el hecho se realizó casi dos meses después y que por mucho tiempo se puso en duda la competencia de este organismo para intervenir en el caso, algunos funcionarios públicos dijeron que se debía recurrir a OSINERMING y los funcionarios de la empresa minera manifestaron que la competencia era de la ANA. La forma en que terminó todo dejó una sensación de insatisfacción muy grande, pues por el tiempo transcurrido nada se podía hacer y había que conformarse con la respuesta que se dio a través de la mesa de diálogo.

Otro ejemplo dramático es el caso de los lugares contaminados. Se hacen estudios de calidad ambiental, se determina que hay contaminación pero no se estudia la situación de la salud de las personas que vive en esos lugares, ni se determina las causas que la ponen en riesgo. La gente presiona socialmente y a través de mesas de diálogo se logra estudios de una muestra de personas sobre metales, metaloides y otras sustancias tóxicas en sangre, orina o cabello; así como en algunos casos se compromete estudios de causalidad, que deben ayudar entre otras cosas, a controlar la contaminación.

Los estudios toxicológicos en varios casos emblemáticos han arrojado resultados diversos: personas con altos niveles de contaminación, otras que están sobre el estándar y otras por debajo pero que presentan metales, metaloides o sustancias tóxicas. Frente a ello, lo único que hace el Estado es entregar los resultados, incluso tardíamente (hasta más de un año después) y lo hace por fuera del sistema de salud, sin asumir responsabilidad sobre ellos. La entrega de resultados produce estrés emocional en las personas que están por encima del estándar ya que se enfrentan a un alto nivel de incertidumbre sobre su futuro, pues nadie le explica que significan esos resultados (si están enfermos o no), qué le puede suceder y qué deben hacer. Es decir, se los deja a su suerte.

Como podemos apreciar, en muchos casos las mesas de diálogo han sido la instancia que ha permitido visibilizar los problemas que el sistema institucional ignora; así como establecer un canal institucional ad hoc con la entidad que debe atenderlo. La dificultad que presenta es que al ser ad hoc, y al no encontrarse normado, depende de la voluntad de la autoridad política o del funcionario público que asumió el compromiso y como estos cambian frecuentemente, los problemas se quedan sin resolver. El estudio de causalidad de la contaminación de Espinar todavía no tiene resultados pese a que han transcurrido seis años desde que el Estado asumió el compromiso de realizarlo, en la mesa de diálogo. Ningún funcionario ha sido sancionado por ello,  ni siquiera se sienten en falta y en la necesidad de dar una explicación por la demora.

Pese a sus múltiples deficiencias, las mesas de diálogo suelen cumplir una función de mesa de parte multisectorial, pero también permiten a los actores introducir sus problemas en la agenda pública, algo difícil de lograr. Por ello, organizaciones sociales como el Frente de Defensa de los Intereses de Cotabambas insisten en reactivar la mesa de diálogo de Cotabambas que dejó de funcionar en octubre de 2016.

Este frente de defensa, en las últimas reuniones de la mesa de diálogo que se realizaron, puso en conocimiento del Estado la problemática en torno a la carretera del transporte minero. Reportó que esta vía  que se había convertido en pública ocupaba tierras de comunidades campesinas, sobre las que se había establecido servidumbre con la minera y que existía la necesidad de realizar el saneamiento de la propiedad. Pero sobre todo denunció el impacto en polvo, ruido, vibración y congestión que producían los camiones de carga pesada al transitar sobre una carretera sin asfalto. También evidenció que la modificatoria del EIA que permitió el cambio de mineroducto  a transporte terrestre no adoptó las medidas adecuadas para controlar el impacto y que ello se debía corregir. A más de dos años de haber comunicado el problema, éste no se resuelve y el fiscalizador ambiental todavía no ha comprobado los impactos denunciados públicamente, ni ordenado que se adopten las medidas necesarias para corregir la forma en que se viene realizando el transporte, más aún cuando se ha aumentado la capacidad de procesamiento, lo que supone que se producirá más y que el transporte se incrementará. La razón de la falta de reacción del fiscalizador también se identificó en la mesa de diálogo: el Estado no tenía la claridad sobre a quién correspondía la competencia de fiscalizar, si era al OEFA como fiscalizador de la actividad minera, o al MTC o a los gobiernos regionales o locales como autoridades del transporte público en sus ámbitos de acción. Esta duda se mantiene y aparentemente, por ello nadie interviene.

Frente al problema, algo se está haciendo: la exigencia de asfaltado llevó al gobierno central a firmar un convenio con las empresas que utilizan el llamado corredor minero del sur para que juntos asfalten la carretera. Además, para facilitar el proceso, el gobierno  ha convertido recientemente en vía nacional la carretera del transporte minero de Las Bambas en la parte que pertenece al departamento de Apurímac. Evidentemente, no es la solución más feliz, integral e institucional, pero algo se ha hecho para aminorar los problemas existentes. Si la mesa hubiese seguido existiendo, tal vez la vigilancia ciudadana hubiese planteado una solución más justa para el Estado e integral. No hay mesa, no hay manera de dar seguimiento a ese proceso, ni la posibilidad de mejorarlo.

Es evidente que sostener una mesa de diálogo es costoso para el Estado. Pese a ello, han sido necesarias. Si bien han tenido muchas deficiencias, también han mostrado alguna utilidad como hemos señalado. Nos parece importante que el Vice Ministro de Gobernanza se pregunte si ese es el camino correcto; pero si no lo es, nos parece necesario que plantee una propuesta alternativa. Tener una respuesta articulada de las cuatro secretarías del Vice-Ministerio de Gobernanza a los problemas subyacentes en los conflictos es insuficiente, porque la atención de la mayoría de ellos le corresponde a los ministerios sectoriales.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/el-vacio-que-dejan-las-mesas-de-dialogo-y-que-necesita-ser-llenado/

El día viernes el Presidente Vizcarra anunció el inicio de la segunda etapa del proyecto minero Toromocho de la Minera Chinalco Perú S.A en la región Junín. Se trata de una ampliación del proyecto minero que añadirá otras 75,000 toneladas métricas finas (TMF) de cobre a la actual producción de la mina.

Este sería un anuncio importante si sólo lo viéramos desde ese punto de vista. El problema es que la aprobación de esta ampliación, no contó con la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ya que solo ha sido aprobado a través de un Informe Técnico Sustentatotio (ITS) que no es el instrumento técnico idóneo para evaluar los impactos de los proyectos de esta envergadura, pues no se ha tratado de una modificación secundaria, tal como establece el marco normativo de los ITS.

De otro lado, es preciso mencionar que para que esta ampliación del proyecto se pueda ejecutar, desde el Poder Ejecutivo, a través de la Superintendencia de Bienes Estatales Nacionales (SBN), se ha emitido la Resolución N° 130-2018-SBN-DGCE-SDDI, mediante la cual se expropian las 34 hectáreas de tierras de los pobladores que aún habitan en Morococha antigua, a pedido de Activos Mineros S.A.C, empresa del Estado a cargo de la remediación de dichos pasivos, aduciendo existen pasivos ambientales de alto riego, lo que antes no habían indicado.

Esta medida posibilita el desalojo de las personas que aún viven en dichas zona, que imposibilitaba para la empresa Chinalco la realización de la ampliación del proyecto, y lo que ha hecho el gobierno es facilitar el proyecto a dicha empresa, con el pretexto de los pasivos ambientales, que nunca ha priorizado procesar y sólo lo hace ahora para la realización del proyecto, en desmedro del derecho a la propiedad de las personas, propiciando un nuevo conflicto social, que ya viene generando movilizaciones y paralizaciones de la población afectada en defensa de su legítimo derecho a la propiedad que viene siendo afectado de manera inconstitucional, pues las normas del Poder Ejecutivo han pasado por encima de nuestra Constitución y del derecho de propiedad que está debidamente establecido en nuestra Carta Magna.

Se demuestra con esta medida que el actual gobierno del Presidente Vizcarra, es la continuidad del gobierno de Kuczynski, que mantiene las mismas prácticas de autoritarismo e impunidad, frente a los conflictos socio ambientales, que se suma a los estados de emergencia que se continúan aplicando y a los convenios que la policía sigue suscribiendo con las empresas mineras, cuyo costo de seguridad subvencionamos todos los peruanos y peruanas, y sufrimos porque nos limitan contar con suficientes efectivos que asuman la seguridad ciudadana.

La situación de la población de Morococha por años ha sido la de mantener un conflicto desgastante con la Minera Chinalco, que no ha cumplido estrictamente con las obligaciones que debe asumir por el proceso de reasentamiento forzoso de la población, según los criterios del Banco Mundial que se siguieron, y que no son debidamente fiscalizados por la OEFA, que no tiene un sostenimiento económico debido en su nueva ubicación por no cumplir la empresa con establecer su campamento con trabajadores en dicho lugar, sin condiciones ambientales adecuadas por la ubicación de la zona en bofedales y de una relavera contigua, lo que ha modificado irreversiblemente la calidad de vida de la población en una “ciudad” que no les brinda condiciones de vida adecuadas, sin que la empresa asuma sus responsabilidades sobre el daño causado.

Es preocupante el anuncio del presidente de la segunda etapa del proyecto Toromocho en las condiciones en las que se está dando, cuando es responsabilidad del Estado ante todo, velar por las condiciones ambientales y sociales necesarias que respeten los derechos de las personas, lo que no ha ocurrido con los pobladores de Morococha.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/755-segunda-etapa-de-proyecto-minero-toromocho-se-realiza-afectando-derechos-fundamentales-de-los-pobladores-y-su-derecho-constitucional-a-la-propiedad

Lideresa indígena. Desde hace varios años la dirigente Melchora Surco lucha para que el Estado les otorgue atención especializada de salud. Ella junto a otros 179 comuneros de Alto Huancané y Huisa de la provincia de Espinar, tienen 17 metales en su cuerpo. Ayudada por ONG’s, la comunera demandó al Gobierno para que cumpla con su deber.

Melchora Surco Rimachi ama a su pequeña oveja como si se tratara de su hijo. La lleva a todas partes y el mamífero la sigue gustoso moviendo la cola. Si ella viaja, la cría la acompaña.

Antes, cientos de estos animales pastaban en su pueblo de la provincia cusqueña de Espinar llamado Paccpaco, pero inexplicablemente empezaron a morir junto a las vacas, eso en los primeros años de la década pasada. Caían babeando y tumbadas por algún mal. “Era como un cementerio de ganado”, recuerda llorando la mujer.

Para no perder todas las reses enfermas, algunas eran degolladas para aprovechar su carne, en cambio las vísceras ni las aceptaban los perros. “El hígado y los pulmones – cuenta – se deshacían en las manos como mazamorra”. Preocupada Melchora Surco acudió cargando las vísceras a buscar explicaciones de la mortandad a las oficinas comunitarias de Xtrata Tintaya S.A., la empresa que operó la mina Tintaya desde el 2006 al 2012.

Suplicó que manden veterinarios y que los reubiquen porque ya no querían vivir más en Paccpaco. Los coordinadores le dijeron que no se preocupara, que buscarían una solución, pero que no hablara. Melchora no hizo caso y desde esos años ya salía de su boca y de sus vecinos la palabra contaminación.

Las aguas que ingirieron los animales las habrían fulminado en aquella época. La bebían del riachuelo que pasaba junto a las casas y que más abajo alimentaba al río Salado. Entre el 2012 y 2013, el Ministerio del Ambiente (Minam) tomó muestras de agua en 58 puntos de la Cuenca del Salado y del Ccañapía en 15 comunidades de Espinar. Encontraron que en 41 de ellos había al menos un metal que superaba los límites máximos permisibles de calidad para consumo. En Paccpaco, sector de la comunidad de Alto Huancané, donde siempre vivió Melchora, predominó el aluminio, el mercurio y plomo. Pero no fue lo peor que les pudo pasar.

En 2013, 180 comuneros de Alto Huancané y Huisa, se enteraron que 17 metales pesados estaban alojados en sus cuerpos. Entre ellas Melchora Surco. En las muestras de sus orinas que les tomó el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente Para la Salud (CENSOPAS), se les halló plomo, talio, manganeso, cadmio, arsénico, mercurio, entre otras sustancias mortíferas para el organismo.

Pese a los resultados hechos públicos, el Estado hasta hoy no estableció cuál es la fuente de que haya metales pesados y otras sustancias químicas en el líquido y en los comuneros. De eso ya pasaron 5 años. La única respuesta que tiene Melchora, es la actividad minera. Ni su pequeño tamaño, ni la humildad en la que vive, la amilana para decir que su tierra está contaminada y que han sido “envenenados”. Es por eso que esta comunera, presidenta de la Asociación Para la Defensa de Paccpaco Afectada por la Minería (ADEPAMI), se ganó la antipatía de muchos. Unos la han estigmatizado de no querer el progreso ni el desarrollo de su pueblo. Otros consideran su lucha justa en defensa de la tierra  y por el derecho a la salud.

SOLA

Una mañana de abril del 2018, Paccpaco está en silencio. Apenas tres vacas sin mugir pasan las horas en un rebaño cercano. En cambio Melchora Surco, de 64 años, trasladó a sus seis reses a kilómetros de aquel lugar porque teme que mueran. En Paccpaco el boom del ganado acabó y también, de la gente. Los jóvenes del pueblo se han ido espantados por la contaminación. Los cuatro hijos de la comunera igualmente partieron. Hace varios años vive sola.

Desde la puerta de su casa, enclavada en los 4 mil 100 metros sobre el nivel del mar, puede ver en la cima de la colina el borde del depósito de relaves llamado Camacmayo. No está lejos, solo la separan 300 metros. Camacmayo, junto a la relavera Huinipampa, sirvieron para descargar parte de los desechos tóxicos del yacimiento de cobre Tintaya, explotado durante 27 años (1985-2012). ¿Es solo coincidencia de que todos los comuneros que conviven con metales en sus organismos estén tan cerca de Camacmayo y Huinipampa?

– Gracias a la minería y los relaves ya no tenemos nuestros animales, ni agua sana, ni aire sano. Por último nuestros cuerpos están en peligro. No tenemos cura tampoco- responde Melchora Surco.

Acompañada de su oveja sube hasta la malla que separa la propiedad de la minera. Al fondo se puede ver que la superficie de ese depósito ahora está cubierta de suelo órganico, ya que está en proceso de cierre, al igual que todo el complejo minero Tintaya.

La mujer recuerda que en los noventa cuando Camacmayo estaba abierto no podía vivir con la ventana abierta de su casa, porque un olor fuerte parecido al azufre se apoderaba del ambiente. Además la cara y los ojos le ardían, así como las manos cuando tocaban el agua de su riachuelo. “El agua antes parecía tener azúcar, era rico, natural. Ahora eso ha cambiado”, lamenta. Por precaución el líquido que consumen en la actualidad del riachuelo, está entubado.

Cuando empezó a reclamar “los de la mina la amenazaban”. Asegura Melchora que delante de sus hijos, los coordinadores de la mina la llamaban Satanás, que incentivaba a la gente de que hay contaminación y que pertenecía a una familia conflictiva. Hasta algunos de los compañeros de su comunidad le advertían que se callara.

Sorpresivamente alguien quemó su casa de adobe y paja. Afortunadamente ella y sus hijos no durmieron esa noche allí. Cuando llegó solo encontró sus cosas despidiendo humo y a sus gallinas muertas. Acudió a la Federación Única de Campesinos de Espinar (FUCAE), pero solo le respondieron que se cuide y que estuviera alerta.

– Hoy en día muchos de los compañeros de mi comunidad  me dicen ‘¿dónde está lo que has luchado? Luchas para ti nomás’. Eso es una calumnia. Se burlan, me bajan mi moral. ¿Así voy a luchar?- se pregunta.

RICO ESPINAR

Melchora protestó contra la minera Xstrata Tintaya en el paro del 2012, pero no es antiminera. Recuerda que recibió con palmas, junto a sus vecinos, a EMATISA, una empresa estatal que fue la primera en hacerse cargo de Tintaya en 1985.  Les prometieron capacitación a sus hijos y a sus esposos, para que puedan trabajar en la mina. Escucharon también palabras como apoyo y desarrollo.

Las otras empresas privadas, que desde 1994 tuvieron en sus manos ese yacimiento de cobre, también les ofrecieron lo mismo. “Nos decían vamos a casarnos, vamos a ser como marido y mujer. Pero después el marido se divorció de nosotros”, señala la campesina.

Espinar es rico por los minerales que hay dentro de la tierra, pero no por la gente que vive encima. Son 35 años en que hay explotación de minerales en esta provincia. Su principal yacimiento, Tintaya, se agotó. Pero desde noviembre del 2012, la empresa Glencore es la nueva dueña de Tintaya y saca cobre de Antapaccay, un nuevo y irco tajo. La bonanza económica con los millones de recursos del canon por esta actividad no llegó a la mayoría de sus pobladores. Así la pobreza aún impera.

DE MILAGRO VIVEN

Feliciana Merma Armendáriz de 54 años llega con dificultad a la casa de Melchora, su amiga. Se apoya en un bastón para poder caminar. “Sufro de descalcificación de huesos y me duele la cabeza total. Estamos esperando morir nomás”, dice aguantando llorar. Ella también tiene dentro de sí 17 metales, mayormente cadmio. Melchora excede en cinco metales como el molibdeno.

– Una vez he ido a la mina. Ponme a mi hijo le he dicho, quiere trabajar. Con eso me va a curar le he dicho. No hay, con la Melchora sigue caminando nomás, me dijo. Quién le avisará que camino con Melchora-cuenta Feliciana.

De todos los afectados a nadie se la ha brindado atención especializada. Incluso en el 2015 hubo una víctima: Margarita Ccahuana fallecida por intoxicación de cadmio y arsénico. Según el informe de la ONG Amnistía Internacional (AI) “Estado Tóxico”, se elaboraron dos planes de acciones de salud que han sido incumplidos. Uno lo hizo el  Ministerio de la Salud (Minsa) y el otro el Gobierno Regional de Cusco (GRC). “Pese que es una obligación del Estado atenderlos de manera inmediata, no lo hace”, opina Marina Navarro, directora ejecutiva de AI.

Ante la desidia, ADEPAMI, encabezada por Melchora Surco, interpuso una demanda de acción de cumplimiento en el 2013 contra diez entidades del Estado, entre ellos el Minsa, el Minam, el OEFA, el GRC, entre otros. Maritza Quispe, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), que asesora legalmente a la asociación junto a CooperAcción y Derechos Humanos Sin Fronteras, sostiene que el principal objetivo es que cuenten con atención médica. El caso está en su fase final y lo analiza el Juzgado Mixto de Espinar.

Pero Melchora no solo acudió a los fueros internos por justicia. Junto y con el apoyo de IDL, viajó hacia Washington D.C., para participar de una audiencia ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en abril del 2016. La lideresa indígena expuso ante los comisionados  las condiciones en que viven en Espinar. En esa misma cita, informa Quispe, la CDHI exhortó al Estado hacerse responsable de la salud de los afectados y de la contaminación en la provincia cusqueña. Pero sigue mostrando la misma indiferencia.

La presidenta de ADEPAMI recuerda que se reunió hace poco (diciembre del 2017), junto a otros dirigentes, con el exministro de Salud, Fernando D’Alessio. Él se disculpó y dijo que haría las coordinaciones necesarias para que tengan acceso a atención. Lo sacaron de esa cartera y todo eso se olvidó.

De entre sus cosas, Melchora Surco saca fotos y las muestra. En una se le ve en una protesta. En otra en una chacra, posiblemente de papas, que ya no siembra por que dice que sale agria por la tierra. En otra están vacas que antes merodeaban por su casa. Con esas mismas fotos cuenta lo que pasa en Espinar cuando le toca viajar invitada por distintas organizaciones y ONG’s, a ciudades como Lima, Arequipa o Bolivia.

HASTA MORIR

Nubes grises de pronto cubren Paccpaco. En cuestión de minutos, goterones empieza a castigar la tierra y el techo de calamina de la casa de la comunera. La mujer sale de su hogar como puede. En sus manos lleva un gran cobertor de plástico para cubrir la kiwicha que hace poco cosechó. Pero las gotas se han convertido en granizo y a Melchora solo le queda refugiarse bajo el plástico. Antes de taparse por completo, sopla dos veces con dirección al cielo invocando: “Váyanse nubes, váyanse”. Su artilugio funciona: Deja de granizar y las espesas nubes se alejan.

Años atrás, dice, era feliz. Vivía con sus hijos y nietos y solo se preocupaba por su chacra y animales. Hoy no hay calidad de vida -sostiene- como la tiene la gente de la ciudad o los congresistas.

– Cuando me voy a morir, cuando voy a desaparecer de este mundo, ahí me harán callar.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/1252957-cusco-mujer-demando-justicia-comunidad

Declaración conjunta de comunidades nativas pertenecientes al pueblo Shawi manifestaron que presencia de actividad minera en sus territorios pone en peligro sus modos de vida.

Riesgos a la vida, la salud, el medio ambiente, así como a los derechos colectivos del pueblo Shawi, traería la presencia de la empresa Minerales Camino Real Perú S.A.C. a la cuenca de Paranapura, en el distrito de Balsapuerto.

Ante ello las autoridades de la provincia de Alto Amazonas, del pueblo Shawi de la cuenca de Paranapura y afluentes, y de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas (CORPI – SL) adoptaron una declaración conjunta de oposición a la empresa.

En el documento no solo rechazan la exploración y explotación minera, sino que señalan que la ubicación de los lotes de concesión afectan directamente las áreas tituladas de comunidades nativas Shawi.

Asimismo, dicha afectación también se extiende a los sistemas de uso que practica dicho pueblo en su posesión ancestral, lo cual se relaciona directamente con sus formas de subsistencia.

Del mismo modo, advirtieron que los daños se presentarán a corto plazo, como contaminación de las aguas que consumen los habitantes del área.

Igualmente, indicaron que a mediano plazo esta contaminación se extenderá contra la población urbana, principalmente a los habitantes de la ciudad de Yurimaguas.

De otro lado, la declaración conjunta también asumió la posición colectiva  de “rechazar la creación de un Área de Conservación Regional Cerro Escalera Shawi del Distrito de Balsapuerto, toda vez que su propuesta de creación se sobrepone al territorio ancestral del pueblo en mención”, según se lee en el documento.

Para leer a declaración conjunta, haga clic aquí.

Fuente:https://www.servindi.org/31/05/2018/rechazan-actividades-mineras-exploratorias-en-territorios-ancestrales-del-pueblo-shawi

Se trata de Alexander Flores Pari, quien fue sentenciado junto con su socio César Chambi Masco a cuatro años de prisión efectiva por daños al medio ambiente. El 19 de junio se confirmará de manera oficial su candidatura.

Alexander Flores Pari pretende postular por segunda vez al Gobierno Regional de Puno. Este precandidato fue sentenciado por daños al medio ambiente en el distrito Ananea, ubicada en la provincia puneña de San Antonio de Putina.

De acuerdo con el reportaje del portal de investigación Ojo Público, en 2012, el Ministerio Público inició una investigación contra el aspirante al gobierno regional y su socio César Chambi Masco por “realizar vertimientos en las aguas terrestres del río Inambari-Ananea, causando daños a la calidad ambiental”.

Ambos fueron condenados a cuatro años de prisión efectiva y al pago de una reparación civil de un millón de soles. Sin embargo, el proceso fue archivado.

Ananea es el principal foco de contaminación del río Ramis. Según el portal, 30 mil cabezas de ganado murieron por el consumo de agua contaminada.

A esta denuncia se suma los nexos que tiene con la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Puno. Pues, su ahijado Rubén Palacios Mamani se desempeña como director de Medio Ambiente de la DREM.

Actualmente, Flores es titular de la concesión Roma 1 2015, ubicada en Lampa. El 19 de junio se confirmará de manera formal su candidatura al Gobierno Regional de Puno.

Usted puede leer el reportaje completo de Ojo Público aquí.

Fuente:https://www.servindi.org/actualidad-noticias/30/05/2018/minero-contaminador-pretende-postular-por-segunda-vez-al-gobierno

En enero del 2011, pobladores de los caseríos de Huallacancha y Taruscancha se movilizaron contra la empresa minera Antamina, debido al incumplimiento de unos acuerdos realizados entre la comunidad y dicha compañía extractiva.

A raíz de ello, a dos comuneros: Melitón Cadillo Arce y Narciso Espinoza Amado, la Sala Mixta Descentralizada de la provincia de Huari, les dictó una sentencia de 24 años de cárcel por los delitos de secuestro y entorpecimiento a los servicios públicos, en agravio a dos trabajadores de la compañía.

Posteriormente, el 26 de abril se emitió una sentencia absolutoria por el caso de secuestro; sin embargo, aún se mantiene el proceso por entorpecimiento de carretera, caso por el que solicitan se ratifique los 4 años de cárcel.

José Gonzales López, abogado de Melitón Cadillo, ha señalado que existe un aspecto jurídico que no se ha tomado en cuenta en el proceso: la carretera mencionada por la minera no es una vía pública, sino una vía asfaltada que constituye una servidumbre de paso a favor de Antamina. De ahí que precisamente, uno de los acuerdos que se establecieron entre la minera y la comunidad fue el pago por servidumbre de paso que atraviesa los terrenos de las comunidades que reclamaron. Acuerdo, que hasta el día hoy, no ha cumplido la Compañía Minera Antamina.

En ese sentido, dicho acuerdo también es mencionado en el Informe Policial de la comisaría de Yanacancha. Ahí se indica que la movilización de la comunidad es debido a que los altos funcionarios de la minera Antamina S.A. desde hace más de 12 años no han cumplido con una serie de compromisos, entre los cuales se menciona: la construcción de colegios, postas médicas, construcción de puentes y también el pago por servidumbre (Pista asfáltica).

Ello resulta relevante, dado que en el informe también se detalla la conversación y acuerdos entre el representante de Antamina, Pablo de Flor Belaunde y los representantes de la Comunidad Campesina de Taruscancha, con presencia del Alcalde del Gobierno Local de San Marcos, donde se indica que llegaron a un entendimiento entre ambas partes, siendo uno de los principales acuerdos: “La indemnización al 100% de los afectados por la construcción de la vía asfáltica del km. 79 al 86 (sector de Taruscancha)”. En ese sentido, para el abogado José Gonzales, este dato constituiría la corroboración de que la vía asfáltica construida corresponde a una servidumbre de paso.

Por otro lado, para el dirigente campesino (actualmente en situación de prófugo) el proceso que han enfrentado significa un precedente negativo para las comunidades campesinas, sobre todo en su localidad, donde los pobladores ya no reclaman por el temor de ser acusados o sentenciados injustamente.

“Por alzar nuestra voz de protesta, por reclamar un compromiso pactado nos han sentenciado como si fuéramos delincuentes. Lamentablemente para los campesinos no hay justicia”, finalizó.

Fuente:https://viacampesina.org/es/cuando-protestar-se-convierte-en-un-delito/