El Perú es uno de los 20 países más ricos en agua dulce del mundo y al mismo tiempo el tercer país con mayor vulnerabilidad frente al cambio climático. Se expresa, entonces, las dos caras de uno de los principales retos del gobierno frente al bicentenario, en lo referente a  garantizar el pleno acceso al agua a nivel nacional en 2021.

Una meta realmente ambiciosa considerando la discutible actuación del Estado en los no pocos conflictos socioambientales relacionados con el uso de las fuentes primarias de agua, entre los que destacan los proyectos de Tía María y Conga.

No obstante, el Estado peruano ha venido impulsando durante las últimas décadas un conjunto de reformas institucionales orientadas a garantizar tanto la provisión de los servicios de agua potable, como la sostenibilidad de los sistemas de operación y mantenimiento, especialmente en las regiones con menores índices de desarrollo. En esta línea ha adoptado enfoques como el de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se supone debieran traducir   una nueva institucionalidad hídrica que corresponde desarrollen organismos como la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Organización Técnica de la Administración de Servicios de Saneamiento (OTASS).

Pero lo cierto es que la provisión efectiva de los servicios básicos de agua y saneamiento  desborda esta nueva institucionalidad ya que depende en gran medida de una compleja red de actores, y de problemas tales como la infraestructura de transporte, la calidad de la burocracia, las actividades productivas circundantes a las cuencas, la intervención de los Gobiernos Regionales y el ciclo de vida de los proyectos de inversión pública. Las condiciones mencionadas, a pesar de las reformas institucionales en curso, aun inciden en el persistente déficit de cobertura de agua apta para al consumo humano.

La ciudad de Pasco es una singular muestra de ello, ya que por su historia extractiva múltiples actores e intereses han disputado a través de los años temas  como la visión del desarrollo, la gestión de riesgos y la creación del valor público. En efecto, la ciudad se fue produciendo no solo como extensión del enclave, sino además como resultado de las grandes brechas entre la urbe predominantemente industrial y las periferias rurales. Estas brechas, al fin, determinaron a través de disputas sobre la propiedad y el ejercicio de la violencia asuntos cruciales como la distribución del agua, las condiciones laborales y el derecho a la ciudad.

Y es que Pasco a lo largo de su historia y a pesar de sus momentos de bonanza ha mantenido la constante problemática de no contar con un sistema adecuado de provisión de agua como condición básica de salubridad.[1] De manera que, a través del desecado de lagunas y la expulsión de humos tóxicos ha constituido y hasta naturalizado un paisaje en donde está en juego  y en condiciones extremas, la salud de sus habitantes.

Sobre la provisión del agua, diversos informes han reportado que existe contaminación grave del recurso hídrico. El mismo sistema de provisión es un factor de riesgo ya que fue diseñado para el suministro del campamento minero y no para el abastecimiento de la ciudad, pues en él se hallaron cantidades considerables de minerales que superan los estándares aceptados.

De manera que, desde 2007 un conjunto de actores institucionales como los gobiernos subnacionales y la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS), plantearon la necesidad de un proyecto de agua potable. Como resultado de estas gestiones en 2008 se declaró su viabilidad pero, ante un presupuesto austero y frente a las escasas capacidades locales, el proyecto fue relegado hasta 2014, cuando es asumido por el Gobierno Regional y financiado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En la ficha técnica que se diseña se señala que el agua proveniente de la laguna Acucocha será potabilizada y luego suministrada a los distritos de la ciudad.

Cabe agregar que este impulso por ejecutar el proyecto guardó una estrecha relación con las declaratorias de emergencia ambiental por parte del Ministerio de Salud en la provincia y región de Simón Bolívar. Desde 2012 se habían hecho llegar las denuncias de contaminación por la presencia de metales pesados en la sangre de su población vulnerable.

Las obras fueron iniciadas por el Consorcio Pasco en 2015, sin embargo, la intervención errática de la unidad ejecutora, sobre todo, en los territorios de las comunidades campesinas, ocasionaron las constantes paralizaciones que terminarían por interrumpir las labores por casi dos años.

Y es que, el tan ansiado proyecto generó percepciones contrapuestas en las mencionadas comunidades ya que sus inmediaciones estaban siendo intervenidas sin su consentimiento y, peor aún, sin que ellas resulten beneficiadas.

Correspondería a la nueva gestión del Gobierno Regional lidiar con esta difícil situación, lo que efectivamente hizo a través de la firma de convenios con las cinco comunidades afectadas, contando además con el respaldo de la EPS. Sin embargo, lejos de mejorar el escenario, éste se agravó aún más pues la mayoría de los convenios incluían compromisos controversiales como la construcción de estadios, la electrificación de anexos, la contratación de “empresarios locales”, entre otros problemas.

De modo que a mediados de 2017 el Gobierno Regional asume la administración directa del proyecto y entra en escena el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) l destinado a la elaboración y ejecución de obras para la dotación del agua en las comunidades afectadas. Se configura de esta forma un escenario de colaboración heterogéneo e inestable agravado, además, por condiciones geográficas complejas.

Lo que sigue, es la fragmentación institucional debido a que la lentitud en las obras, así como en los convenios, produjeron una serie de conflictos en los diferentes frentes de trabajo retrasando aún más las labores. Y es que el pliego presupuestal para los convenios requirió de prácticas grises en materia de gestión pública.

Pese a todo, el 7 diciembre de 2018 se inauguró el componente 1 del proyecto correspondiente a la línea central de distribución. No obstante, solo unos días después el flujo se detuvo abruptamente provocando la sorpresa y la indignación colectiva. La prensa informó que solo fue un leve problema técnico, pero con el pasar de los días el problema adquirió proporciones mayores.

Las hipótesis fueron varias: sabotaje, fallas técnicas, estudios de pre factibilidad mal formulados, entre otras. Lo cierto es que los actores políticos involucrados se encuentran afrontando denuncias por corrupción y crimen organizado, y mientras tanto Pasco se sigue muriendo lentamente de sed.

Fuente:https://iep.org.pe/noticias/cerro-de-pasco-el-agua-que-no-llega-por-pavel-aguilar-duenas/?fbclid=IwAR052KNiG5EfXYDBTsUoRDV56wwkhS_zvANbfFRNCBPW9gj4ltjb3vRLsmQ

Este miércoles 7 de noviembre, las comunidades del distrito de Haquira, provincia de Cotabambas (Apurímac) iniciaron un paro preventivo contra la minera Anabi SAC por el retiro de la planta de lixivación y la unidad minera Utunsa. Las comunidades residentes del distrito denuncian la presencia de contaminación en el agua a raíz de la construcción de la planta en la cabecera del afluente local.

Alrededor del mediodía, entre 800 y 900 personas se movilizaron contra la unidad minera Utunsa. Las comunidades del distrito, la Federación Campesina y el Sindicato de Construcción del distrito, convocaron a un paro preventivo de 48 horas en las inmediaciones de la unidad minera. Los manifestantes advierten que la medida preventiva podría derivar en protestas radicales y extenderse a otros distritos de la provincia de no atenderse las demandas sobre contaminación que han presentado.

Al respecto en 2018, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó el retiro inmediato de la planta tras identificar un peligro inminente de contaminación y a la vida. Esta medida quedó sin efecto en una resolución posterior. Sin embargo, pese a los descargos y compromisos de la empresa, las comunidades evidencian la presencia de contaminantes en el agua de consumo humano y exigen el retiro definitivo de la planta de la zona.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/11/07/cotabambas-inicia-paro-preventivo-contra-minera-en-haquira/?fbclid=IwAR1eQdbUw278KZVaYUrRepLWc7JX1Wisa7qQVn0l_msrtUXqFOJh1sBwylw

El cierre de la unidad minera Tucari-Florencia de la empresa Aruntani es incierto. El funcionario de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, Herminio Morales, confirmó que la empresa ha recurrido al Consejo de Minería para frenar la aplicación de una carta fianza.

En septiembre pasado, el sector dispuso, a través de una resolución ministerial, la ejecución de la garantía por un monto de US$ 8 millones. Esto, porque el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental corroboró en sus visitas inopinadas de evaluación que las filtraciones ácidas, provenientes de los desmontes de la mina, han venido afectando las quebradas Margaritani y Apostoloni. Estos dos afluentes forman el Coralaque.

Los habitantes del centro poblado de Pachas, en el distrito de Chojata (Sánchez Cerro), captan el agua de este tributario para el consumo y sus cultivos. Ellos siempre denunciaron el cambio de coloración del agua.

El organismo fiscalizador incluso verificó y aplicó sanciones. También constató que los trabajos de cierre, que realizaba la compañía, no eran los más apropiados. Por eso, el Estado decidió actuar de manera directa, pero no podrá disponer de ese dinero para intervenir, mientras no se pronuncie el órgano de minería. Esto explicó Morales en la última reunión con las autoridades locales y representantes de la sociedad civil en Omate. El alcalde de Sánchez Cerro, Luis Concha, consideró que, pese a que Aruntani tiene un historial de malos comportamientos ambientales, se niega a que el Gobierno haga el trabajo.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/11/01/aruntani-se-resiste-al-cierre-de-la-mina-tucari-lrsd/

Autoridades locales y dirigentes se reunieron desde las 10 a.m. en la Municipalidad de Cocachacra. Vocero del paro indicó que no hay tregua y que bloqueos continuarán durante las tardes

Esta mañana, desde las 10 horas se desarrolló una reunión con autoridades locales, dirigentes y pobladores en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Cocachacra. La reunión estuvo a cargo del prefecto regional, Carlos Mantegazza, quien llegó al Valle de Tambo para aperturar espacios de diálogo y buscar una salida al conflicto social que lleva 113 días en oposición al proyecto minero Tía María. Además se trató la posible llegada del presidente de la República, Martín Vizcarra, a la zona.

El alcalde de Cocachacra, Julio Cornejo, pidió al gobierno nacional una solución inmediata al conflicto que se desarrolla en el valle. Rechazó que el Consejo de Minería ratificara la licencia de construcción de Tía María. El alcalde de Deán Valdivia, Richard Ale Cruz, cuestionó al presidente por no cumplir su compromiso de llegar al valle. Lo tildó de traidor porque sobrepone los intereses de la minera sobre la voluntad de su población.

El alcalde de la Punta de Bombón, Raúl Rodríguez, manifestó que los únicos perjudicados con el paro es la misma población. Dijo que la gente pide una solución inmediata porque necesita trabajar con normalidad y lamentó la represión de la policía contra los pobladores que protestan contra el proyecto minero.

Por su parte el vocero del Valle de Tambo, Miguel Meza, exigió el retiro de las fuerzas policiales y la cancelación del proyecto minero. Recordó que a lo largo de los 10 años de rechazo a la inversión privada han fallecido ocho personas en los conflictos sociales.

La presidenta de la Junta de Usuarios de La Ensenada–Mejía–Mollendo, Marilú Marroquin, indicó que para que se abra un espacio de diálogo primero el gobierno debe retirar a los efectivos policiales del valle, que cese la persecución a los dirigentes y que se archive todas las denuncias contra los pobladores que fueron denunciados por disturbios.

Por otro lado, el prefecto regional, Carlos Mantegazza, propuso que en el Valle de Tambo se conforme una comisión, integrada por autoridades, dirigentes y pobladores para que fiscalicen la concesión del proyecto minero Tía María y no permita ningún tipo de actividad, ni obras mientras no se solucione el conflicto social.

– No es una tregua –

Este lunes el Valle de Tambo amaneció con los piquetes liberados. Las minivans que hacen servicio de la ciudad de Arequipa a los diferentes distritos de la provincia de Islay, están transitando con normalidad. Si bien la vía principal de valle no ha sido liberado pog completo, hay ingreso de transporte a Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón.

Los agricultores fueron a las chacras a realizar sus actividades con normalidad y la labores escolares se han normalizado después de una semana. El vocero del paro, Roger Chirapo, indicó que no están dando una tregua, sino que están reorganizando el para que se trabaje duarante las mañanas y en las tardes para protestar. Dijo que después del medio día bloquearán por completo.

Al finalizar la reunión no se llegó a ningún acuerdo.

Fuente:https://elcomercio.pe/peru/arequipa/tia-maria-alcaldes-buscan-dialogo-pero-bloqueos-continuaran-por-las-tardes-en-arequipa-noticia/?fbclid=IwAR2HbTJatfq2aaBa0iOrz7rHNugBo3d4aEcHpX2bOSw7iO7QaCrK75IAwsE

Ante el estancamiento del diálogo sobre el proyecto minero Quellaveco, organizaciones sociales, dirigentes locales y agricultores reiniciaron hoy martes 05 de noviembre un paro indefinido contra la empresa minera en Moquegua.

El paro indefinido que inició la comunidad de Tumilaca, en el distrito de Torata, provincia moqueguana de Mariscal Nieto, es ahora respaldada por organizaciones y gremios provinciales y en toda la región. Los manifestantes exigen la paralización de las obras de la minera antes de retomar el proceso de diálogo y la revisión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Quellaveco.

En torno al caso, las autoridades provinciales, locales así como las organizaciones sociales han denunciado en distintas ocasiones evidencias de afectación al agua del río Asana provocadas por la intervención de la minera. En la localidad, los vecinos denuncian que la presencia de contaminantes ha acabado con las distintas especies de peces que poblaban el río. Pese a ello, representantes de la empresa Anglo American Quellaveco niegan la influencia del proyecto minero en el futuro puesto que se encontraría a 22 kilómetros de la cabecera de cuenca del Asana.

Así mismo, dos semanas atrás las autoridades locales y provinciales anunciaron su retiro del proceso de diálogo sobre el proyecto minero dada la parcialización e inefectividad en la mesa de diálogo. Por su parte, el gobernador regional de Moquegua, Zenón Cueva, señaló la necesidad de un EIA que prevenga los daños al medioambiente y denunció los impactos medioambientales irreversibles en Toquepala y Cuajone donde la minería opera sin planes de remediación, mitigación ni de compensación.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/11/05/moquegua-reinicio-el-paro-indefinido-contra-quellaveco/

Las cifras consolidadas hasta agosto de 2019 muestran que la inversión en minería presenta un incremento acumulado de 26.3%, en comparación con el mismo período del año pasado. En lo que va del año se han invertido US$ 3,556 millones, principalmente en proyectos como la ampliación de la planta de beneficio de Toromocho, que pasará de un procesamiento de 117,000 toneladas a 170 mil al día. Además es importante mencionar las inversiones en los proyectos Quellaveco (Moquegua) y Mina Justa (Ica) que se encuentran en pleno desarrollo. Por otro lado, Southern Copper Corporation ya ha finalizado su proyecto de ampliación de Toquepala.

De hecho, en las regiones de Junín, Moquegua e Ica, se concentra el 51.2% del total de la inversión minera en lo que va del año. Seguramente estos proyectos seguirán marcando la tendencia el próximo año.

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, todos los rubros de inversión en minería, salvo el de exploración e infraestructura, muestran una evolución positiva. Destaca, el incremento de la inversión en Equipamiento Minero, Desarrollo y Preparación y el rubro otros.

Sin embargo, hay que prestarle atención a la evolución del rubro de inversión en exploración, que muestra una tendencia negativa y que es un indicador bastante sensible porque usualmente marca los cambios de tendencia de la inversión global en la minería.

Siempre es bueno precisar que la tendencia de las inversiones en exploración siempre está fuertemente relacionada con la evolución de las cotizaciones, como se puede apreciar en el siguiente gráfico en el caso del cobre, que representa casi el 70% de la cartera de proyectos de inversión en minería.

El contexto internacional desfavorable ha venido provocando una caída de las cotizaciones de minerales de base como el cobre, que en lo que va de octubre se acerca a los US$2.55 la libra, con una tendencia a la baja que se arrastra en los últimos dos años. En una situación distinta se ubica la cotización del oro que ha mantenido una tendencia al alza durante 2019. Si las inversiones en exploración minera en el Perú siguen a la baja, la principal explicación se encuentra en el contexto internacional: las bajas expectativas de que la guerra comercial desatada entre los Estados Unidos y China termine pronto siguen empujando a la economía mundial a una recesión y, como consecuencia, a la caída de los precios de los minerales de base y los menores flujos de inversión.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/las-inversiones-mineras-en-un-contexto-complicado/?fbclid=IwAR30KcKDNJdCidGXgrF7vBrj9-8YfJWIBM2T_pUyMR4hgZ1_YdEk1iUCr74

Dirigentes y pobladores ratificaron que su demanda es la cancelación del proyecto minero Tía María. Prefecto regional tuvo reunión para iniciar el diálogo en conflicto social.

Autoridades, dirigentes y pobladores del Valle de Tambo rechazaron la propuesta de conformar una comisión que fiscalice la concesión de la empresa Southern Perú, en la provincia de Islay, en Arequipa. Se negaron porque su demanda es la cancelación del proyecto minero Tía María y por esa razón llevan 113 días de paro indefinido.

El prefecto regional, Carlos Mantegazza, llegó esta mañana al distrito de Cocachacra trayendo la propuesta ante las dudas de un sector de la población que cree que la empresa ha inició sus actividades de construcción. “Yo propongo la comisión para frenar de que la mina avance. Una comisión que vaya a la zona de concesión para verificar – cada cierto tiempo – que no se mueva un grano de arena, esto al margen de las demandas legales que vayan a entablar contra la empresa”, indicó la autoridad.

La propuesta no fue bien recibida por las autoridades y generó momentos tensos en la reunión. El alcalde de Deán Valdivia, Richard Ale, cuestionó la propuesta porque dice que esa labor es el Estado y no de la población. Manifestó que la propuesta revela la incapacidad del gobierno para fiscalizar una concesión minera.

Fuente:https://elcomercio.pe/peru/arequipa/tia-maria-valle-de-tambo-rechaza-conformar-comision-para-fiscalizar-a-southern-peru-arequipa-mineria-noticia/?ref=ecr

Deficiencias. Hasta 2018 se registraron más de 5 mil pobladores afectados. Por encima del 80% son niños de hasta 11 años expuestos principalmente al plomo.

“En la posta (en Pasco) nos dicen que no hay dinero, y cuando vamos al Ministerio de Salud (en Lima), nos dicen que han mandado dinero allá”, relata Yeni Huamán, de 35 años, con un gesto de indignación. Ella reclama atención médica para su hijo Deyvit, de apenas 7 años, que tiene 0,33 miligramos de cadmio por kilogramo de cabello, 65% más del límite; 280% por encima del parámetro del letal arsénico; 43900% más del estándar tolerable en plomo, y decenas de veces más del límite permitido en otros metales, según el laboratorio alemán MicroTrace Mineral.

Yeni está cansada de que le hagan esperar en los hospitales, en los ministerios, en los pasillos, en mesa de partes, en la fachada de las entidades públicas en Lima, a donde llega dos veces al mes desde Pasco.

Ante las quejas reiteradas por falta de atención médica de los pobladores que viven en zonas petroleras, mineras e industriales, Convoca.pe construyó una base de datos, como parte de la serie investigativa ‘Expediente tóxico’, con información del presupuesto destinado al programa de detección y tratamiento de metales pesados entre 2012 y agosto del 2019.

El registro de casos de exposición a metales pesados ha aumentado en 283% en Perú, entre 2012 y 2018: de mil 809 personas a 5 mil 135, de acuerdo con la base de datos del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Más del 80% de afectados son niños de hasta 11 años.

Sin embargo, el presupuesto del 2019 destinado para atender a personas expuestas a metales solo representó el 0,06% del total de recursos del sector Salud con S/12 millones 258 mil 88.

Existe una distribución ineficaz de los fondos públicos. Las regiones que registraron más personas expuestas a metales hasta diciembre del 2018 fueron Pasco, Callao, Junín, cada una con más de mil afectados. Pero en 2019, el presupuesto de Pasco para la detección y tratamiento por metales pesados se redujo en más del 75%.

Pasco y Callao aparecen este año por debajo de las 10 regiones con más recursos para atender a pobladores expuestos a metales nocivos.

Incluso en regiones donde se destina más presupuesto como Cusco, la ejecución es ineficiente. En 2018, esta región ejecutó menos de la mitad de las mil 640 atenciones programadas.

Carmen Chambi vive en Alto Huancané (Espinar), a unos 500 metros de la mina Antapaccay, operada por Xstrata Tintaya, que en mayo del 2013 se fusionó con Glencore, que controla el 50% del mercado mundial de cobre. El hijo de Carmen, Yedamel, tiene 17 metales.

—Pido pronta atención, saber si tenemos alguna esperanza. ¿Habrá tratamiento?, ¿habrá medicinas? —pregunta Carmen.

Ucayali, Loreto, Madre de Dios y Amazonas, que enfrentan reiterados derrames de petróleo o la minería informal, están al final del ranking presupuestal del 2019 para atención a pobladores expuestos a metales. Son los últimos de la lista.

El silencio del Ministerio de Salud

– A lo largo de cuatro meses, Convoca.pe realizó doce solicitudes de información vía la Ley de Transparencia al Ministerio de Salud y otras instituciones encargadas de brindar información sobre la afectación por metales en Perú. Este ministerio solo respondió un pedido de información y no accedió a darnos una entrevista con Tania López, coordinadora de la oficina de atención a personas expuestas a metales pesados.

– Las direcciones regionales de salud del Callao, Cusco y Pasco no respondieron sobre cómo administran el presupuesto para atender a los pobladores afectados.

Fuente:https://larepublica.pe/politica/2019/11/04/pasco-distribucion-ineficaz-de-fondos-para-afectados-con-metales-plomo/?fbclid=IwAR1YOo9w52NdDchnlbPDwWo7tcq1NW5N41mSFB6_B-BTWO9EreYWVSEFuJQ