En Lima y Callao cerca de medio millón de ciudadanos no tiene acceso al agua potable, millones no cuentan con un acceso de calidad según el INEI. Dada esta situación, en el último año nuevas amenazas al recurso vital han generado manifestaciones de la ciudadanía en la capital y el primer puerto. Esto refuerza los datos de la Defensoría del Pueblo que indican que el 30% de la conflictividad a nivel nacional se debe a la afectación del agua, de forma importante por parte de la minería irresponsable.

Al respecto, cabe señalar que Lima es una de las 20 ciudades del mundo con más alto riesgo de estrés hídrico ante el cambio climático. Las estimaciones que fechaban el 2030 como el año del agotamiento del recurso hídrico son cada vez más criticadas por evidencias de que el fenómeno sucederá antes.

En la capital, la constante contaminación de la actividad minera y la emisión del Decreto Supremo 214-2019 por parte del presidente Vizcarra que supone la posible privatización del SEDAPAL han generado multitudinarias movilizaciones. Dos marchas que en setiembre y noviembre movilizaron a más de 50 mil ciudadanos contra la afectación del servicio de agua y el proyecto minero Ariana. El Sindicato del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SUTESAL) junto a diversas organizaciones ciudadanas organizaron las protestas, exigiendo además la protección de las fuentes de agua del río Rímac frente a la contaminación por pasivos ambientales mineros presentes en San Mateo.

Luisa Eyzaguirre, dirigente de SUTESAL, ha manifestado públicamente la oposición del sindicato al proyecto minero Ariana señalando que “Sutesal está pidiendo que el gobierno a través del ministerio de Energía y Minas le quiten la licencia de funcionamiento”. Según la dirigente, los principales conflictos en el mundo en la actualidad se dan por el agua y temas vinculados al medioambiente.

En este sentido, la campaña ambientalista mundial Viernes por el Futuro (Fridays For Future), reconocida por la activista Gretta Thunberg, ha sido acogida por organizaciones nacionales que luchan por el medioambiente. En Lima, con motivo de la COP25, el movimiento ha realizado protestas exigiendo al Ministerio del Ambiente nuevas políticas para reducir significativamente los gases de efecto invernadero y la protección de la amazonia y los sistemas hídricos.

La aceleración del movimiento ambientalista da cuenta de un cambio en la matriz de los procesos reivindicatorios. Reconocimiento que se plasmó en el enfoque en saneamiento que se impulsó en el gobierno de PPK que vuelve a cobrar relevancia ante la afectación del recurso vital. En el contexto presente, inclusive un análisis moderado indicará que la lucha por el agua se tornará cada vez más en un tema gravitante de la agenda pública y que los responsables de su afectación tarde o temprano tendrán que asumir los impactos que generan.

16 de diciembre 2019

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/12/16/masivas-protestas-por-el-agua-en-lima/?fbclid=IwAR3ZzdT_lYcPZU6mgxTKTpVaSYoYdhUxgptFEHCD-G5T6plxBKyXCV4Lf3g

El 12 de diciembre se publicó en el diario El Peruano un Decreto de Urgencia que permite la adquisición de terrenos en el corredor minero en el tramo Apurímac – Cusco para la ejecución de obras viales, consideradas de necesidad pública e interés nacional.

Sin embargo, su publicación ha llamado la atención, ya que en el Decreto de Urgencia Nº 026-2019 se señala expresamente la aprobación de “medidas extraordinarias de liberación y expropiación de áreas y la implementación de las intervenciones viales temporales a realizarse en el corredor vial Apurímac-Cusco”. Horas después, El Peruano publicó una corrección (Fe de Erratas) en la norma, cambiando el término «expropiación» por «adquisición» y eliminando «liberación».

A raíz de esto, la organización Cooperacción se ha pronunciado calificando de inconstitucional la norma, y asegura que esta contiene «vicios de inconstitucionalidad», así se haya retirado la palabra expropiación. También señala que debe respetarse la integridad patrimonial de todo ciudadano(a), ya que representa uno de los más importantes bienes jurídicos en un Estado de Derecho.

Con su aprobación, la norma faculta al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) definir las condiciones de adquisición de los terrenos que se identifiquen como necesarios para ser adquiridos y precisar quiénes serán los afectados, ya sean personas individuales o comunidades.

Fuente:https://wayka.pe/corredor-minero-modifican-norma-que-autorizaba-expropiacion-de-terrenos-por-adquisicion/?fbclid=IwAR3pIPUbR-Wm5NzIa5-keZd4SS4Oe4CspovUA8AVGZ7B4wEF7X6ssrBfyGo

El diario inglés, The Guardian, informó que los Nahua, comunidad indígena de la amazonía ubicada en una de las zonas más alejadas de la selva peruana, viene sufriendo una epidemia de envenenamiento por mercurio.

Nahua fue una etnia no contactada hasta mediados de la década de los ochenta. Luego del primer contacto, la mitad de su población murió a causa de enfermedades. Quedaron, al menos, 500 habitantes.

El ministerio de Salud (Minsa), sabía de la epidemia desde el 2014. En esa fecha, una madre y su bebé de seis meses, que padecía una neumonía severa, llegaron a una clínica de Lima.  Ambos fueron diagnosticados con contaminación por mercurio.

Además, en setiembre del 2015, autoridades nacionales y regionales de salud, tomaron más de 150 pruebas de orina al 41% de la población de Nahua. De ellos, el 78% tenía altos niveles de contaminación. El más alto lo padecía una adolescente de 14 años y el segundo más alto un joven de 27 años. Además, se supo que la contaminación también se daba a través de la lactancia de las madres y sus hijos.

Minsa sí lo sabía

El ministerio de Salud asegura, en un comunicado, que ni bien se enteraron de la epidemia en  2015, se declaró la emergencia sanitaria en Santa Rosa de Serjali en la región Ucayali. Además la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DGIESP) ha venido desarrollando acciones vinculadas a la buena alimentación, prácticas saludables y vacunación.

Tambien se “desarrollaron campañas de asistencia integral en salud a la población Nahua en contacto inicial de la Comunidad Nativa de Santa Rosa de Serjali, ubicado dentro de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros”.

The Guardian también reporta que ni la ingesta de pescado o la extracción de oro son causas de la epidemia por mercurio y que no se consiguió información sobre el gas de Camisea. Además, ni el Ministerio de Energía y Minas, ni Pluspetrol dieron detalles sobre el volumen de mercurio permitido

Los Nahua se mueren

Dos jóvenes de la comunidad de Nahua han muerto durante las últimas semanas. Daniel Dixpopidiba Shocoroa y Ruben Yuradahua Shure tenían poco más de 20 años. De los dos, Yuradahua falleció por tuberculosis pulmonar a causa de la contaminación por mercurio. Según la Organización Nacional de la Salud (OMS), las altas dosis de mercurio pueden afectar al corazón, los pulmones y los riñones.

Fuente:https://wayka.pe/comunidad-indigena-epidemia-mercurio/?fbclid=IwAR1P4tiigGeApzrZJtWLUYGBsreBgr6Rp-4B5lHSVQZhwpbKRdKFSPMHZzM

En esa fecha recién se conocerá si la ejecución del proyecto Quellaveco impactará en el agua de la cuenca. El análisis de las muestras se hará en un laboratorio neutral.

El día 12 de diciembre fué publicado en El Peruano el Decreto de Urgencia Nº 026-2019, que “Aprueba medidas extraordinarias de liberación y expropiación de áreas y la implementación de las intervenciones viales temporales a realizarse en el corredor vial Apurímac-Cusco”. Esta norma ha sido emitida por el Poder Ejecutivo haciendo uso de la facultad que tiene de legislar mediante decretos de urgencia, luego de que se disolviera el Congreso de la República (Decreto Supremo N° 165-2019- PCM) el 30 de octubre pasado y que se extenderá hasta la instalación del nuevo Congreso.

En el artículo 2 de este Decreto de Urgencia se declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución de la obra de infraestructura denominada “Corredor Vial Apurímac – Cusco”, y, como consecuencia, autoriza la expropiación de las áreas que resulten necesarias para tales fines.

La norma faculta al Ministerio de Transporte y Comunicaciones a definir las condiciones de expropiación de los terrenos que se identifiquen como necesarios de ser expropiados, y a precisar quiénes serán los afectados (personas individuales y comunidades).

Con la expropiación se estaría dejando de lado la negociación con los propietarios o posesionarios afectados por la construcción o ampliación de la carretera que se usa para el transporte minero de Las Bambas. Estas negociaciones se llevaban a cabo para regularizar la situación legal de los predios usados sin el consentimiento de sus propietarios.

Una de las preguntas a realizarse es si es constitucional aprobar una expropiación por decreto de urgencia, considerando que la integridad patrimonial de todo ciudadano(a) representa uno de los más importantes bienes jurídicos en el Estado de Derecho peruano. Además, existen condiciones estrictas y explícitas que se tienen que cumplir para evitar actos arbitrarios de la administración pública contra la población.

Así tenemos que, las normas que desarrollan los mecanismos de expropiación para proyectos de inversión pública establecen que la expropiación es “autorizada únicamente por ley expresa del Congreso en favor del Estado”[1]. Esta posición también ha sido recogida por la doctrina y diversas sentencias del Tribunal Constitucional (TC). Como señala este Colegiado, “se estará ante supuestos inconstitucionales de privación del derecho de propiedad, cuando: a) no exista una ley del Congreso de la República que declare la expropiación sino otra norma con rango de ley”. En los supuestos que el Estado expropie sin cumplir este requisito, “confisca el derecho de propiedad por cuanto se apodera de la totalidad o de una parte considerable de los bienes de una persona sin que exista ley del Congreso de la República o sin que se presenten algunos de los motivos contemplados en la Constitución para que proceda la expropiación, o sin indemnización”[2].

Además, las medidas de expropiación siempre tienen un carácter particular, porque permiten determinar al sujeto pasivo (al que va a ser expropiado) y el bien inmueble objeto de la expropiación. Sin embargo, en el caso de este Decreto de Urgencia para el corredor minero, no se puede determinar claramente la dimensión de los afectados o la condición de los inmuebles que serían expropiados. Esta ambigüedad de la norma podría facilitar que también se expropien otros terrenos cercanos al corredor minero, alegando que estos tienen carácter estratégico para facilitar la pacificación de la zona y la viabilidad de carretera. El “interés nacional” que sustenta las medidas de expropiación podría dar lugar a una serie de arbitrariedades.

Tampoco se puede dejar de mencionar el componente político que encierra esta norma. La próxima semana se tienen programadas 3 reuniones de la Mesa de Diálogo de Cotabambas, que se han reiniciado tras los reacomodos que siguieron al cierre del Congreso. Nos preguntamos, cómo van a ir las autoridades del Estado a negociar con las comunidades habiendo aprobado una norma de estas características, pues esta medida genera un clima de desconfianza.

Consideramos que una decisión de este tipo puede causar mayor tensión social en una zona que se ha caracterizado en el último año por numerosas protestas sociales, tal como lo ha registrado el último Observatorio de Conflictos mineros del Perú.

Lea el Decreto de Urgencia Nº 026-2019 publicado hoy en el Diario El Peruano:

NORMAS- DECRETO URGENCIA EXPROPIACIÓN CORREDOR MINERO DIC 2019

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/expropiacion-en-el-corredor-minero-del-sur-andino/?fbclid=IwAR0RkyKWrVvBcpJAhXuCACOFgSD2HalE3kYBOiCumRfwHgDwKprhiTWdUUA

El señor Luis Pariona, portavoz del proyecto minero Ariana, ha publicado un artículo criticando una campaña que CooperAccion y varios aliados desarrollan para fomentar la preservación de las fuentes hídricas en el país y en la que, según él, se busca desinformar.

Vamos por partes. En primer lugar, esta es una campaña de largo aliento y que se fundamenta en varios datos de la realidad: el Perú está identificado como un país que marcha aceleradamente a una situación de estrés hídrico. Además, estudios de la Autoridad Nacional del Agua muestran que 129 de las 159 cuencas hídricas tienen graves problemas de contaminación. Por lo tanto, tenemos en perspectiva graves problemas de abastecimiento de agua y serios problemas de contaminación.

Pero lo que al parecer le molesta al señor Pariona es que se haga público los riesgos que encierra el proyecto Ariana, que se ubica precisamente en la zona donde está casi toda la infraestructura hídrica que abastece de agua a Lima y donde incluso el depósito de relaves pretende ubicarse muy cerca del túnel que permite el trasvase de las aguas de la cuenca del Mantaro a la cuenca del Rímac.

¿Ariana pone en riesgo el abastecimiento de agua para Lima? El señor Pariona es categórico y asegura que “no existe” riesgo. Discrepamos; nosotros creemos que sí existe. Por eso hemos presentado una demanda de amparo. Para nosotros existen indicios razonables de una posible afectación al derecho al agua y de posible daño a un área que brinda extraordinarios servicios ecosistémicos para más de 10 millones de personas.

¿Somos los únicos que hemos mostrado preocupación por el proyecto? No. Sedapal ha presentado formalmente observaciones y además ha propuesto términos de referencia para llevar adelante un estudio “por una consultora de prestigio internacional, para garantizar la no afectación de las operaciones del Proyecto Minero Ariana sobre la infraestructura física del Sistema Marca, incluyendo el Túnel Trasandino Cuevas-Milloc”.

Lo menos que se puede afirmar es que el proyecto Ariana genera serias dudas. Y si hay dudas e indicios razonables, consideramos que debería primar el principio precautorio, sobre todo cuando está en juego nuestro derecho constitucional al agua.

Fuente:https://larepublica.pe/economia/2019/12/12/campana-necesaria-sobre-el-agua-jose-de-echave-ariana-mineria-ong-cooperaccion-sedapal/?fbclid=IwAR0LUFJSUjm9X-gBFi5elNfQlzZoNjeCWf6C82Nz6y_wr1PefYiUQfiwcW4

En la presentación del 25° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM) se advirtió que el proyecto minero Ariana, de la canadiense Southern Peaks Minnig, depositaría sus relaves tóxicos en una zona altamente sísmica y a 500 metros de la entrada principal del túnel trasandino Cuevas Milloc que capta el agua de la zona para abastecer a Lima y Callao.

Las empresas Sedapal y Enel alertaron que la ubicación de la zona de relaves de la mina, cerca al túnel trasandino, puede poner en riesgo el abastecimiento de agua potable para los más de 10 millones de habitantes de Lima y Callao. Pese a estos cuestionamientos, el proyecto tiene un EIA aprobado por el Ministerio de Energía y Minas y tiene autorización para el inicio de la etapa de construcción.

“El EIA del proyecto Ariana no fue aprobado por el Senace, lo aprobó el Ministerio de Energía y Minas. Es decir, nuevamente el Minem es juez y parte”, expresó la excongresista Marisa Glave quien presentó el último mes de abril una demanda constitucional en contra del Minem por aprobar de “manera irregular” el EIA de dicho proyecto.

La demanda constitucional considera que el proyecto Ariana vulnera tres derechos fundamentales: salud, a un ambiente saludable y acceso al agua.

José De Echave, subdirector de CooperAcción, recordó que el Perú está identificado como un país que marcha aceleradamente a una situación de estrés hídrico. Además, estudios de la Autoridad Nacional del Agua muestran que 129 de las 159 cuencas hídricas tienen graves problemas de contaminación.

“Lima es la segunda ciudad más grande del mundo que se encuentra sobre un desierto, recibe menos de 2.5cm de lluvia por año y depende básicamente de tres ríos cuencas el abastecimiento de agua. No es cierto que no existen riesgos con el proyecto Ariana. Los riesgos son reales, son latentes y no imaginarios. Se pone en riesgo la infraestructura hídrica que abastece agua a la ciudad”, afirmó De Echave.

Al respecto, el Minem reconoce que no existe impermeabilización perfecta por lo que el depósito de relaves del proyecto Ariana siempre representará un riesgo para el abastecimiento del agua. “Por lo que la propuesta de localizar el depósito de relaves colindante al túnel trasandino debe ser descartada y adjuntar otras alternativas viables para su ejecución”, según la R.D. N°127-2016-MEM/DGAAM.

“En el planteamiento del proyecto minero Ariana parece que nadie se ha dado cuenta, que todos los componentes de este proyecto se encuentran entre las cuencas hídricas de colección de Marca V, que pone en riesgo la conducción y colección del agua que viene del norte”, indicó Glave.

CONFLICTIVIDAD SOCIAL AVANZA

Durante el periodo octubre 2018 a octubre 2019, se reportaron 187 conflictos, lo que significa que desde mayo del presente año se ha registrado un alza de la conflictividad social ligado a actividades mineras.

“Se puede apreciar la reactivación de la conflictividad social desde el mes de mayo alcanzando un pico entre los meses de agosto y octubre con casos como los del corredor minero del sur, Tia María y los diversos conflictos en la Amazonia”, comentó De Echave.

En relación a la geografía del conflicto, sigue siendo Ancash la región que concentra regularmente el mayor número de conflictos, seguida por regiones como Cusco, Loreto, Puno y Apurimac, entre otras que varían su ubicación según los meses de reporte.

Al organizar la información por macroregiones, se aprecia la preponderancia de los conflictos en la macro sur (42%) explicado por los sucesos en torno al corredor minero, seguido de la macro norte (38%) y centro (20%).

Según De Echave, es necesario revisar y hacer cambios a la Ley General de Minería, la actual norma que tiene más de 30 años de vigencia. “La política de concesiones debe revisarse como parte de la Ley de Minería. Ahora vemos como las concesiones se superponen vulnerando los derechos de las comunidades. Para terminar con estos atropellos es necesario partir desde un ordenamiento territorial”, concluyó De Echave.

Por su parte, Maritza Quispe, abogada del IDL, explicó el contenido de la demanda de amparo presentada contra el proyecto minero y el Estado el 25 de abril pasado, debido a que el proyecto minero afecta derechos difusos, es decir de todos los peruanos que nos veríamos afectados por la contaminación y por el recorte del servicio de agua.

Según indicó Quispe, el Sexto Juzgado Constitucional debería aplicar el principio precautorio, ya que existen indicios razonables de posibles impactos en toda la infraestructura hídrica que ha sido construida en la zona.

A su turno,  Mirtha Villanueva de Grufides, recordó que Cajamarca sigue siendo una región con altos índices de pobreza y con mucha conflictividad social en torno a los proyectos mineros.

«Que ahora no se visibilice mediáticamente los problemas en torno al proyecto Conga no significa que todo esté bien. El proyecto está paralizado pero la minera ha iniciado una estrategia de ‘captación’ de voluntades ofreciendo estudios a los hijos de los pobladores de las zonas aledañas al proyecto. Su estrategia es acabar con la oposición».

En tanto, David Velazco de Fedepaz, lamentó que el Estado criminalice las protestas, lo que ha conseguido que se tenga 250 personas judicializadas. «Se está judicializando las legítimas protestas. Son más de 250 personas que son acusados de extorsión al Estado solo por ser voceros o dirigentes de protestas sociales», afirmó.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/denuncian-que-mina-puede-poner-en-riesgo-el-abastecimiento-de-agua-para-lima-y-callao/?fbclid=IwAR2HAMfpTZmFs8h2mqgbNFyogDdC_dTqbgxlPnj4OKZ5NHcYSwILRzxnIZs

Más de 50 líderes de comunidades indígenas de ocho regiones del país, así como representantes de organizaciones no gubernamentales y autoridades de gobiernos subnacionales, se reunirán en Lima este 5 y 6 de diciembre próximos con el fin de compartir experiencias sobre planificación y gestión sostenible de sus territorios locales, y demandar al Estado una nueva Ley de Ordenamiento Territorial.

Los representantes de Áncash, Huánuco, Junín, Ucayali, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Huancavelica buscan que esta nueva legislación permita articular las acciones para actuar frente al cambio climático, así como ante las concesiones de actividades extractivas que afectan sus tierras y a las personas.

El presidente de la comunidad campesina de Payancca, en Cotabambas, Apurímac, comenta, por ejemplo, que el cambio climático afectó a un 90% de los comuneros empadronados en su comunidad. «Por ello, en Payancca venimos trabajando los procesos de ordenamiento territorial para llevar propuestas como nuevos sistemas de cultivo que permiten tener una adaptación de los cultivos pero también de los agricultores», comenta.

Sobre las concesiones mineras, la preocupación es que varias se dieron en zonas donde también hay patrimonio arqueológico, como en Qqueuñapampa, Apurímac, donde se ubican los restos arqueológicos de Markansaya, que es de la época pre inca.

«Nos indigna que se esté concesionado a las empresas mineras. El Instituto Nacional de Cultura debe enterarse de esto porque es un lugar turístico y debería estar prohibido que se concesione. Nosotros estamos haciendo un estudio de ordenamiento territorial y nos enteramos que está concesionado y por eso solicitamos el retiro definitivo», señala Clemente Flores Sapacay, comunero de Qqueuñapampa.

Pero no es el único caso en el que concesiones se superponen con territorios en los que hay patrimonio cultural. En setiembre de 2018, el Ministerio de Energía y Minas se vio obligado a eliminar la concesión que había otorgado a la canadiense Camino Minerals y que comprendía la famosa Montaña de los siete colores, en Cusco, luego de las protestas de las comunidades.

Aunque el Gobierno Central ha dado señales de estar interesado en impulsar una nueva política de ordenamiento territorial, el debilitamiento institucional frente a esta problema viene desde que, en el 2014, se aprobara la Ley N° 30230 conocida como el «paquetazo ambiental».

En este contexto es que se reúnen los más de 50 líderes de comunidades con representantes de organizaciones no gubernamentales y autoridades locales, para exponer sus aportes para la gobernanza territorial. El foro ha sido impulsado por la Plataforma Nacional para el Ordenamiento Territorial (POT), en coordinación con CooperAcción, Diaconía y el Instituto del Bien Común (IBC).

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/12/05/lideres-de-comunidades-del-peru-llegan-a-lima-en-busca-una-nueva-ley-de-ordenamiento-territorial/redaccionmulera/