CooperAcción
22/03/2021
Imagen: Actualidad Ambiental
Nuestro país tiene una débil gestión del agua, cuyos efectos pueden verse en la contaminación de nuestros ríos, así como en los constantes conflictos por el acceso al agua.

De 159 unidades geográficas estudiadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) hasta 2014, 41 tuvieron estaban contaminados con parámetros que superaban los Estándares de Calidad Ambiental oficiales para agua. La ANA ha identificado más de 4 mil fuentes de afectación de la calidad de agua; entre las principales se encuentran: aguas residuales poblacionales; residuos sólidos; pasivos ambientales mineros y petroleros; efluentes de la actividad agrícola; entre otros.

Por otro lado, el control y acceso a las fuentes de agua es uno de los principales motivos de la conflictividad socioambiental en el país. Los conflictos en torno al agua son de diverso tipo. La principal fuente de conflictos en este ámbito, según la Defensoría del Pueblo, es la superposición de usos de agua entre la minería y la agricultura, que explica el 62% de los mismos. Otro tipo de conflictos tiene que ver con la disputas entre actores. Por ejemplo, dentro del propio sector agrario, entre pequeños y medianos agricultores que producen para el mercado interno, y grandes empresas agroexportadoras, como ocurre en el caso del acuífero de Ica. Además, existen conflictos que tienen que ver con megaproyectos de irrigación que trasvasan el agua de una cuenca hacia otra, lo que puede afectar la disponibilidad de agua por parte de las comunidades ubicadas en torno al curso original de las aguas, lo que ha sido motivo de protestas en casos como Majes Siguas II, Paltiture o el conflicto entre las regiones de Ica y Huancavelica.

La institucionalidad de la gestión del agua en el país

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, entidad que está adscrita al Ministerio de Agricultura (aunque desde su creación se insiste en que no debería estar adscrita a uno de los sectores usuarios, sino que debería tener una mirada transectorial o depender el Ministerio de Ambiente).

La ANA actúa en los territorios a través de sus organismos desconcentrados: las Autoridades Administrativas del Agua (AAA) y las Autoridades Locales del Agua (ALA).

Además, existe un nivel de concertación a nivel de cuencas, a través de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC), donde participan las instituciones y los actores sociales para planificar el aprovechamiento sostenible del agua en la cuenca a través de la información y participación de sus habitantes. Hasta el momento existen once Consejos de Cuenca en el Perú, en las cuencas de: Tumbes, Chira -Piura, Chancay – Lambayeque, Chancay – Huaral, Caplina – Locumba, Quilca – Chili, Jequetepeque – Zaña, Chillón – Rímac – Lurín, Mantaro, Pampas y Urubamba.

La necesidad de acercar la gestión a los actores locales

Sin embargo, en la práctica, la escala de los Consejos de Cuenca ha demostrado ser demasiado extensa para garantizar la participación efectiva de sus actores. Son espacios tan grandes, que es difícil abordar los problemas de territorios más pequeños e involucrar a los actores directamente afectados.

Por ello, en diferentes territorios han surgido Comités de Sub cuencas y de Micro cuencas, en los cuales usuarios de riego, comunidades campesinas y nativas, centros poblados, participan, concertan y gestionan el uso y cuidado del agua. Ejemplos exitosos de ello son los Comités de Micro cuencas de Cumbaza y del Rimiyacu, Misquiyacu, Almendra, con 8 y 10 años de existencia respectivamente. Así como el Comité de Sub cuenca Mayo, el primer y único Comité de Sub cuenca reconocido por la ANA.

Estas prácticas sólo están parcialmente reconocidas en la Ley de Recursos Hídricos. De hecho, los comités de Sub cuenca están reconocidos sólo para la zona de Amazonía, en tanto que los comités de Micro cuenca simplemente no tienen ningún reconocimiento legal.

Por ello, el el Congreso de la República se viene discutiendo el Proyecto de Ley N°6917/2020 – Ley que promueve la recuperación, protección y gestión integrada de los recursos hídricos de las sub cuencas de los recursos hídricos de las sub cuencas y micro cuencas del Perú. Este proyecto busca el reconocimiento y fortalecimiento de la gestión social del agua a nivel local a través de los Comités de Sub cuenca y Micro cuenca.

Con este reconocimiento, los Comités locales podrán enfrentar de mejor manera los desafíos de la gestión del agua en sus territorios, concertando entre los diversos actores y usuarios del agua para evitar su contaminación y sobre-explotación, así como la conflictividad social asociada a las disputas por el control y acceso al agua.

Este proyecto está pendiente de aprobación en las comisiones Agraria y de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, tras lo cual debería pasar a discutirse en el Pleno Ambiental anunciado para las próximas semanas. Esperamos que así sea, para acercar la gestión del agua a los actores locales y lograr una participación más afectiva de los mismos desde sus territorios.

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CooperAcción
18/03/2021
Imagen: Parthenon
El pasado viernes 12 de marzo se realizó el denominado Debate Ecológico entre candidatos y candidatas presidenciales. En este foro, organizado por una serie de colectivos y organismos no gubernamentales, entre los que figura CooperAccion, apenas participaron seis representantes de las agrupaciones que se encuentran en la contienda electoral: Verónika Mendoza de Juntos por el Perú, Julio Guzmán del Partido Morado, Rafael Santos de Patria Segura, Marco Arana del Frente Amplio y Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Genera preocupación la ausencia de candidatos como Lescano y otros, aunque en realidad no sorprende, ya que la falta de interés en este tema también se refleja en sus planes de gobierno.
Uno de los temas que permitió develar el verdadero alineamiento de las agrupaciones políticas sobre la problemática ambiental -al margen de las poses y frases hechas que se utilizan en campaña electoral-, fue el denominado Acuerdo de Escazú. Candidatos como López Aliaga y Santos mostraron su verdadero rostro y repitieron la misma monserga de hace unos meses: la supuesta pérdida de soberanía dela Amazonía, entre otros argumentos que no se sostienen y que están a la base de su oposición a la ratificación del acuerdo. De hecho, varios personajes como Francisco Tudela, el ex marino Jorge Montoya, que acompaña en la fórmula presidencial a López Aliaga, lideraron en la denominada Coordinadora Republicana la oposición a la ratificación de Escazú.

Aprovechando todo lo que se dijo el pasado viernes, no está de más recordar que en esencia el Acuerdo de Escazú, como se le conoce al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, fue firmado el 4 de marzo de 2018 por 22 países de América Latina y el Caribe y que tenían que ratificarlo. El acuerdo entra en vigor 22 de abril de este año.

Este acuerdo lo que busca es precisamente fortalecer tres derechos fundamentales: (1) el acceso a la información ambiental, mediante el cual las personas podrán ejercer su derecho a estar informadas; (2) el derecho a la participación pública y; (3) el acceso a la justicia ambiental. Es lo que se conoce como derechos de acceso. Adicionalmente, el acuerdo da especial atención a la protección de los defensores ambientales, como respuesta al número creciente de asesinatos a activistas ambientales en la región: el 60% de fallecidos por conflictos socio ambientales en el mundo han ocurrido en América Latina. Al respecto, es importante recordar que en el último año han sido asesinados siete dirigentes indígenas defensores ambientales: Estela Casanto Mauricio, dirigente asháninka; Herasmo García y Yenes Ríos, líderes cacataibos de Ucayali; Arbildo Meléndez en Huánuco; Gonzalo Pío en Junín; Lorenzo Wampa en Amazonas; y Roberto Pacheco en Amazonas. Ya son más de 220 defensores ambientales asesinados desde el año 2011 por proteger la tierra y los bosques en el Perú.

Cabe señalar que es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible; el primer acuerdo ambiental regional de A.L. y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Como se sabe en el Perú se desató una feroz campaña en contra de la ratificación de Escazú, liderada por la Coordinadora Republicana de López Aliaga, Tudela, entre otros personajes. Aparte de calificarlo como un “acuerdo entreguista y que nos haría perder soberanía, también se dijo que Escazú es “un acuerdo ambientalista radical”, producto de “un globalismo endurecido de la izquierda radical”, que lo que busca es paralizar las inversiones. Es curioso que se hable de ambientalismo radical, precisamente cuando todo el planeta sigue batallando por alcanzar acuerdos globales para enfrentar la crisis ambiental y cuando al mismo tiempo todos los expertos mundiales en la ciencia del clima nos recuerdan y advierten que estamos perdiendo la batalla: Ahora bien, ¿Escazú es realmente un acuerdo entreguista y va a provocar la pérdida de la soberanía en más del 50% del territorio nacional, sobre todo en la Amazonía?

Lo primero que habría que subrayar es que el Acuerdo de Escazú no se refiere a la Amazonía en particular. No se entiende la obsesión de los opositores por vincular el acuerdo con una supuesta pérdida de soberanía en la Amazonía, cuando el acuerdo trasciende a la Amazonía. Es más, ha sido firmado y ratificado por países que no son amazónicos.Además, en su artículo 3 se reconoce expresamente que la implementación del acuerdo se guía por “principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales” y el “principio de igualdad soberana de los Estados”. Mariano Castro, vice ministro del MINAM, subraya que: “el Acuerdo no es un tratado que fija límites, sino que, por el contrario, establece criterios que los Estados y ciudadanos deben observar en materia de acceso a la información, participación y justicia en Asuntos Ambientales. Por tanto, es falso que el Acuerdo de Escazú contenga alguna disposición que conceda la soberanía sobre el 53% del territorio nacional”.

Los anuncios de paralización de inversiones también se desvanecen cuando la propia OCDE (no hay que olvidar que el Perú aspira a formar parte de este exclusivo grupo de países industrializados) ha recomendado que el Perú priorice “la ratificación del Acuerdo de Escazú”. ¿Acaso la OCDE también forma parte de ese “globalismo” que, según Tudela y El Montonero, “maniobra la izquierda Latinoamericana para imponer un ambientalismo radical”? Seguramente, para estos señores, hasta el Acuerdo de París sobre cambio climático responde a un “ambientalismo radical”.

Que quede claro que el Acuerdo de Escazú fue trabajado de manera conjunta, abierta y transparente en un largo proceso que involucró a 24 países de la región con gobiernos que respondían a diferentes orientaciones políticas y que, como viene ocurriendo en los procesos de construcción de acuerdos globales o regionales de carácter ambiental, buscan avanzar en compromisos que traten de garantizar la protección del planeta y el bienestar de las personas.

En pleno proceso electoral y a unas semanas de emitir nuestro voto, no deberíamos olvidar a los partidos políticos que votaron en contra de la no ratificación de Escazú en el Congreso de la República fueron: Acción Popular, Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos y Frepap.

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Bnamericas 17/03/2021
Los conflictos sociales activos relacionados con la minería de Perú sumaron 64 en febrero, según el último informe de la Defensoría del Pueblo.

La minería es responsable de dos tercios del total de 96 conflictos socioambientales activos en el mes, entre los que también se cuentan otros en los sectores de hidrocarburos, residuos y saneamiento, entre otros.

La conflictividad social en Perú ha afectado la producción en grandes minas de cobre como Las Bambas, ubicada en el denominado Corredor Minero del Sur, y grandes proyectos cupríferos como Tía María, el cual, pese a tener todos los permisos, no ha podido avanzar.

En febrero, Las Bambas tuvo que enfrentar un nuevo conflicto, ya que la comunidad campesina de Pumamarca solicitó renegociar el precio pagado por sus tierras en el contrato de compraventa del 7 de abril de 2011 y exigió que la empresa formalice sus compromisos sociales en un convenio marco. Los pobladores ingresaron a los predios de la minera y comenzaron a levantar chozas y cercos.

El informe de la Defensoría alertó sobre la posibilidad de que estalle una nuevo conflicto para Las Bambas, situada en la Región Apurímac, donde los pobladores denuncian que la minera controlada por capitales chinos no ha estado cumpliendo los compromisos asumidos en el convenio marco suscrito por las partes en diciembre de 2017.

Adicionalmente, el denominado Frente de Defensa y Desarrollo de los Intereses de Apurímac también tiene pedidos para Las Bambas y, según la Defensoría, podría generarse otro conflicto.

De acuerdo con el ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez, entre los objetivos en lo que resta del gobierno interino de Francisco Sagasti está mejorar la gestión de la conflictividad social, implementar un fondo de adelanto social para disminuir brechas en lugares donde se asientan proyectos y consolidar los diálogos a través del mecanismo denominado Rimay, en busca de consensos que permitan el normal desarrollo de proyectos mineros.
Seguir leyendo en: https://www.bnamericas.com/es/noticias/conflictividad-social-sigue-afectando-a-la-mineria-de-peru

LR Sur
larepublica_peediciondigital@glr.pe
11/03/2021
No hay paso por el Corredor Minero del Sur por protestas de Espinar. Foto: La República
Grupos de manifestantes tomaron Corredor Minero del Sur. Oficina defensorial exhortó brindar las condiciones para reuniones virtuales.

La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento para hacer un llamado a las organizaciones sociales y comunidades de Apurímac y Cusco que acatan medidas de fuerza en el Corredor Minero del Sur para continuar con el proceso de diálogo. A la fecha se registraron 12 conflictos sociales en fase de diálogo en este ámbito territorial.

Las autoridades informaron que estas citas se desarrollan a distancia mediante el uso de plataformas informáticas debido a las circunstancias actuales de pandemia. Sin embargo, los manifestantes exigieron que se den de forma presencial.

“Los temas de agenda de estos espacios deben seguir siendo tratados de manera amplia, constructiva y flexible con la activa participación de representantes de la sociedad, las empresas y el Estado, pero priorizando la salud y la vida de las personas”, dijo el pronunciamiento.

La Defensoría reiteró las recomendaciones formuladas al Gobierno en el informe de prevención y gestión de conflictos sociales en el contexto de la pandemia por la COVID-19, donde se pidió que se garantice la conectividad a internet y el soporte técnico correspondiente para que las reuniones fluyan sin contratiempos. Asimismo, exhortó a los Gobiernos regionales y municipalidades que pongan a disposición su infraestructura y logística.

Agregó que la reanudación de reuniones presenciales deberá ser evaluada cuando las cifras de contagios desciendan en estas regiones, cuando se trate de una reunión impostergable o cuando no pueda ser desarrollada a distancia por alguna imposibilidad técnica.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/03/11/defensoria-pide-continuidad-en-dialogo-por-conflicto-en-cusco-y-apurimac-lrsd/

16/03/2021
Unidad Minera Las Bambas. / Foto: Facebook de Minera Las Bambas

Perú es uno de los mayores productores mundiales de cobre, oro, plata, zinc y plomo, pero los conflictos sociales y la burocracia le dificultan beneficiarse del ciclo de altos precios de los minerales.

El sector minero peruano cayó 13.16% en el 2020, en línea con la baja del PBI tras una larga cuarentena por la pandemia del Covid, pero el repunte de los precios este año podría ayudar a reactivar la economía de un país donde el 60% de los ingresos por exportaciones provienen de la minería.

Perú posee enormes reservas y tiene una cartera oficial por USD 57.742 millones de inversión en 48 proyectos, dos tercios de ellos de cobre.

Pero las demoras para obtener las concesiones y los conflictos que atrasan o impiden el inicio de la producción han hecho caer al país 20 lugares al puesto 34 en el ranking de competitividad global en minería del Instituto Fraser de Canadá.

“Es un mensaje claro de los inversionistas. Contar con un alto potencial geológico y de recursos no es suficiente, hace falta tener la seguridad de que esa inversión redituará ganancias”, comenta Miriam Loli, socia de la firma de auditoría Deloitte Perú.

“Ante la incertidumbre política y sobre todo de poder lograr la ‘licencia social’ [el apoyo de la comunidad al proyecto], (las transnacionales mineras) prefieren destinar sus inversiones hacia otras jurisdicciones”, agrega.

El director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor, menciona que hay “dos grandes impedimentos: la conflictividad social y la ‘tramitocracia’”, aludiendo a una multiplicación por 20 en los últimos años de la permisología permisos y requisitos para una concesión.
Tía María y Las Bambas

La Defensoría del Pueblo (ombudsman) reportó 196 conflictos sociales en enero, con 63% de los casos con al menos un hecho de violencia. Y 42% de los conflictos (83) corresponden a la actividad minera.

De la Flor afirma que la conflictividad “ha sido perturbadora de la inversión y se está convirtiendo en uno de los principales escollos” para la minería, por continuas protestas y reclamos de comunidades cercanas a las minas, que suelen ser pobres y carecen de servicios públicos básicos.

De la Flor acusa a “la incapacidad del Estado de transformar los recursos que se están generando”, USD 11,000 millones en la última década, según calcula, y que no se han traducido en “mejor calidad de vida por falta de ejecución y de calidad de gasto”.

Otra señal poco alentadora son los comentarios de algunos candidatos a la presidencia en las elecciones del 11 de abril, prometiendo archivar los proyectos cuestionados por las comunidades, como Tía María o Las Bambas, de cobre. Ambos suman USD 12,000 millones en inversión.

Loli subraya que “el apoyo dado por el sector minero a sus comunidades vecinas durante la pandemia es un buen ejemplo de cómo puede comportarse como un buen vecino”, y menciona también los casos de empresas -como la Southern- que donaron oxígeno medicinal, muy escaso y vital para atender a pacientes graves.

Pero advierte que “las empresas no pueden ser el reemplazo de rol del Estado”, y que “sin involucramiento claro y directo del gobierno, difícilmente se lograrán destrabar los proyectos paralizados por conflictividad”.
“Más permisología”

Con la reactivación económica mundial tras la pandemia se va a necesitar mucho cobre y otros minerales que produce Perú, como el litio, dice el geólogo Enrique Garay, del Instituto de Ingenieros de Minas.

Pero la caída de la inversión en exploración va a demorar la entrada en producción de los proyectos, dice Garay.

Mientras en el 2018 se invirtieron USD 610 millones en exploración, en el 2020 fueron solo USD 365 millones, pero no hace mucho tiempo eran USD 1,000 millones anuales.

La falta de interés en la exploración se debe a la burocracia, según este experto.

“Obtener un permiso de perforación en Perú demora entre 18 y 24 meses”, frente a “tres meses en Chile y dos semanas en Canadá”, dice Garay.

Menciona que la mina cuprífera Altamina a partir de 1998 tuvo que gestionar 250 permisos y que dos décadas después, Las Bambas ha tramitado 1,032.

“¿Qué pasó desde 1998? No pasó nada catastrófico, lo que aumentó fue la burocracia, la ‘permisología’. La burocracia frena el desarrollo minero”, agrega Garay.

La minería aportó a Perú el 16% de la inversión privada durante la última década (unos USD 59,000 millones), genera 1.8 millones de empleos directos e indirectos, y representa casi 60% de las exportaciones.

El economista Diego Maceda, del Instituto Peruano de Economía (IPE), asegura que si se pone en marcha toda la cartera de proyectos mineros para el año 2030, aumentaría en 25% el PBI peruano, se elevarían en 66% las exportaciones y se crearían 2.3 millones de empleos.
Fuente: Gestión

Conflictos sociales y burocracia frenan la actividad minera en Perú

César Flores y Abel Gilvonio
Imagen: El búho
10/03/2021
Hace 10 años que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó sus “Principios Rectores en materia de Empresas y Derechos Humanos” y esto abrió la discusión en numerosos países sobre la necesidad de contar con Planes Nacionales sobre Empresas y Derechos Humanos. De hecho, actualmente Perú está debatiendo su propio plan bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), la sociedad civil y los gremios empresariales.

Uno de los elementos trascendentales sobre estos planes de empresas y derechos humanos es si deben tener un carácter voluntario o uno obligatorio, en cuyo caso será necesaria una ley. Veamos el recorrido por el que ha pasado Alemania, para darnos una idea del camino que podría seguir el Perú a partir de las lecciones extraídas.

En diciembre del 2016 el gobierno alemán publicó su Plan Nacional sobre Economía y Derechos Humanos (2016-2020), con el cual buscaba aplicar los principios rectores de Nacionales Unidas. El núcleo de este plan es la aplicación del principio de debida diligencia que es “el proceso permanente mediante el cual una empresa detecta y resuelve las consecuencias que pueda tener para los derechos humanos en el contexto de todas sus operaciones y productos y en toda su red de proveedores y socios comerciales”. En el caso de Alemania, su principal preocupación está ubicada alrededor de la responsabilidad de sus empresas a lo largo de su cadena de suministro, especialmente, en sus proveedores de insumos desde otros países. Han sido frecuentes las preocupaciones por el trabajo infantil en maquilas de ropa, vulneraciones al medio ambiente de empresas mineras que proveen insumos a la industria automotriz, malas condiciones laborales y trabas a la sindicalización de proveedores de productos agrícolas, entre otros.

El Plan Nacional sobre Economía y Derechos Humanos de Alemania se diseñó para que sea aplicado de manera voluntaria, sin embargo, las empresas alemanas se someterían a un proceso de monitoreo en el que se examinaría en qué medida las empresas con más de 500 empleados cumplían con sus obligaciones de debida diligencia en materia de derechos humanos. El resultado del proceso de monitoreo que fue publicado en octubre de 2020 fue determinante para pasar a un esquema obligatorio (ley) y dejar el carácter voluntario. Se observó que sólo el 13%al 17 % de las empresas cumplían con los requisitos del Plan de Economía y Derechos Humanos, y el 83% al 87 % no cumplían estos requisitos. Este pobre resultado quedó lejos de la meta que se había fijado el gobierno alemán de contar con al menos un 50% de empresas cumplidoras.

Este cumplimiento muy bajo originó que recientemente, en febrero 2021, el gobierno alemán anuncie la “Ley de Debida Diligencia” ya que las medidas voluntarias no lograban su objetivo. Esta ley entrará en vigor en 2023 y en una primera fase se aplicará a empresas con más de 3.000 empleados, mientras que en una segunda fase a partir de 2024 a empresas con más de 1.000 personas. Un aspecto clave es que las obligaciones sobre debida diligencia en derechos humanos no sólo se revisarán para las operaciones de las empresas dentro de Alemania, sino también en los países en donde empiezan las cadenas de suministro. Para ello una instancia gubernamental realizará el monitoreo correspondiente y el incumplimiento puede originar multas, así como la exclusión de contratos públicos. Si bien no se prevé responsabilidad civil para las empresas, sirve como antecedente para los procesos judiciales en casos de violación en derechos humanos.

¿Cómo repercute esto en el Perú? Por un lado, da varias luces de por dónde puede ir el diseño de nuestro Plan sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA). Este viene siendo discutido en este momento y la postura de las centrales sindicales, las organizaciones de pueblos indígenas e instituciones de la sociedad civil es que una de las acciones estratégicas del segundo pilar del PNA relativo a la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos -con sus respectivas metas e indicadores-debería tener como mandato en el mediano plazo aprobar una ley que genere obligaciones laborales y ambientales en toda la cadena de valor de las empresas trasnacionales que desarrollan actividades en el país.

Por otro lado, cada vez va a ser más evidente la necesidad de mejorar los estándares ambientales, sociales, laborales en los que operan las empresas peruanas si queremos mantener los mercados destinos de nuestras mercaderías en el extranjero, ya que la responsabilidad en derechos humanos repercute en toda la cadena de suministro. En el caso de Alemania, nuestros principales productos de exportación son el cobre en minerales y café en productos agrícolas. El indicador mensual de la Defensoría del Pueblo que registra 196 conflictos sociales en Perú (enero 2021), de los cuales el son 65% socio-ambientales y 45% relacionados a la minería, nos pone en alerta y exige cambios drásticos.

Desde el campo de las empresas, la pérdida o ganancia en competitividad internacional introducirá cada vez con mayor claridad el enfoque de derechos humanos. Ese es el escenario mundial que se viene en adelante, ya que una ley sobre debida diligencia como la alemana se irá reproduciendo en más países donde llegan nuestras exportaciones y en nuestra propia región.

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11/03/2021
Minera Antapaccay / Foto: Glencore
La compañía Minera Antapaccay pidió a las comunidades y autoridades del gobierno central a que se retome el diálogo para alcanzar consensos en pro del bien común de la provincia de Espinar, región Cusco.

Esto debido a la falta de consenso entre representantes de 11 comunidades de Espinar y representantes del Gobierno por la fecha de inicio de las visitas de campo, cuyo propósito era hacer monitoreos e identificar supuestos impactos ambientales, se interrumpió el dialogo y como consecuencia las comunidades han iniciado medidas de protesta.
Inminente paralización

Mediante un comunicado la minera precisó que “desde ayer, 08 de marzo, los principales accesos a nuestras instalaciones fueron bloqueadas afectando el normal desarrollo de las actividades de producción. Hemos sufrido, además, actos violentos y de sabotaje sobre un componente principal y ataques con piedras al personal que se acercó a la zona a revisarlo. Igualmente estamos siendo objeto de actos de coacción en la medida que nuestros trabajadores están siendo impedidos de movilizarse de forma regular y los manifestantes impiden que se les traslade alimentos, agua e insumos básicos al encontrarse ellos en un área operativa fuera del campamento”.

Subrayó que esta situación hace insostenible la continuidad de las operaciones, avizorándose una inminente paralización de sus actividades, lo que implica la suspensión de las operaciones, la suspensión de los contratos con nuestros proveedores locales y comunales y la suspensión de los proyectos sociales que venimos ejecutando.

“Cabe mencionar que nuestras actividades implican el desplazamiento de personal e insumos que en las condiciones actuales no podrán realizarse si las medidas de fuerza continúan”, manifestó.

Fuente: Gestión

Perú: Operaciones de Minera Antapaccay podrían paralizarse ante protestas

José Víctor Salcedo
josvicsajose.salcedo@glr.pe
10/03/2021
El Corredor Minero se ha convertido desde hace algunos años en el epicentro de las protestas contra la minería. Foto: difusión
De cal y arena. Chumbivilcas firmó convenio con Hudbay y Espinar retomó protestas por incumplimientos en la implementación del plan de reparaciones a afectados por minería.

Mientras que la provincia de Chumbivilcas logró cerrar la firma del Convenio Marco con la minera Hudbay, un grupo de comunidades de la provincia de Espinar decidió retomar acciones de protesta porque el diálogo no dio resultados.

Por un lado, Hudbay y Chumbivilcas suscribieron el lunes el convenio que implica un aporte voluntario de S/ 11 millones, más el financiamiento de obras por impuestos por S/ 42 millones. Con eso – por lo menos este año- se cierra el conflicto que había ocasionado la suspensión de las actividades de Hudbay en los últimos días de febrero pasado.

En detalle, el Convenio Marco considera los siguientes aportes: S/ 4.5 millones destinados a financiar proyectos y actividades en beneficio de la provincia, S/ 1.5 millones para la compra de equipos e implementos para fortalecer la lucha contra el coronavirus, y S/ 5 millones para la elaboración de perfiles y/o expedientes técnicos de proyectos para el cierre de brechas sociales en todos los distritos de Chumbivilcas.

Adicionalmente, la minera destinará un fondo revolvente de S/ 42 millones para ejecutar proyectos bajo la modalidad Obras por Impuestos, sin afectar el presupuesto de la provincia. “El compromiso de la empresa es el de destinar S/ 53 millones para el desarrollo y ejecución de proyectos prioritarios que mejoren la calidad de vida y las oportunidades de las familias chumbivilcanas”, dijo Jaime Gálvez, ministro de Energía y Minas.
Caso Espinar

La otra cara de la moneda es el reinicio de las protestas en Espinar. Las comunidades de la zona de influencia del proyecto Integración Coroccohuayco, expansión de la mina Antapaccay de Glencore, cuestionan la demora excesiva de la Comisión Multisectorial para implementar el plan de reparaciones por las afectaciones de la actividad minera. Por eso, el lunes procedieron a bloquear el Corredor Minero del Sur a la altura de la comunidad campesina Tintaya Marquiri. Decenas de vehículos quedaron varados.

La Comisión Multisectorial informó que ya se presentaron los resultados de la información analizada sobre los componentes agua, suelo, y aire, así como de la vigilancia sanitaria del periodo de 2012-2020. “Cabe señalar que la información presentada fue previamente distribuida a los interesados el 22 de febrero del presente”, informó en un comunicado.

Agregó que en aquella reunión se anunció la realización de trabajo de campo, previa planificación y preparación con los representantes de las comunidades para complementar el análisis sobre los impactos, riesgos y eventuales daños.

Se había propuesto iniciar la visita de campo a partir del 22 de marzo. El plazo propuesto era porque las entidades involucradas debían realizar coordinaciones técnicas para garantizar la obtención de información en un proceso planificado, integral y participativo.
Segundo en conflictos

Según el reporte de conflictos de la Defensoría del Pueblo, a fines de enero, la región imperial tenía 22 conflictos sociales: 15 activos y siete latentes. Ocupaba el segundo lugar en el ranking después de Loreto. El 64.8% corresponde a conflictos relacionados a la actividad minera. La mayoría está en el Corredor Minero, que atraviesa las provincias de Espinar y Chumbivilcas.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/03/10/cusco-gobierno-desactiva-un-conflicto-pero-se-activa-otro-en-el-corredor-minero-lrsd/

La candidata de Juntos por el Perú se refirió a la minera como «corrupta y contaminadora» y propuso un gabinete agrario que discutirá una segunda reforma agraria.
05/03/2021
Pobladores del Valle de Tambo mantienen su posición en contra del proyecto minero Tía María. (Foto: JAVIER ZAPATA)

La población agrícola es foco principal de las propuestas de Verónika Mendoza. En su visita al Valle del Tambo, en la provincia de Islay en Arequipa, la candidata declaró firmemente que el proyecto minero Tía María no va. La decisión podría significar conflicto son Southern Perú, que ya tiene licencia para avanzar el proyecto.

El proyecto Tia Maria es rechazado por la población del Valle de Tambo con sustento técnico. A pesar de eso 3 gobiernos han insistido en imponerlo a sangre y fuego. Ya hay 8 muertos. Cuántos más van a morir para que el gobierno entienda que ese proyecto es inviable? #VoyConVero. pic.twitter.com/72AAWUwaCN

— Nueva Constitución Perú (@nuevaconsti) March 6, 2021

En ese sentido, Mendoza refirió a la minera como corrupta y contaminadora, y propuso un gabinete agrario que discutiría una segunda reforma agraria. Además, prometió que serían los productores locales los que abastecerían a los programas del Estado como Vaso de Leche y Qali Warma. Trabajara el programa nacional de riego, el crédito barato y el programa de compras públicas.

“Debemos garantizar que los programas sociales se abastezcan de nuestra producción nacional. Es inaudito comprar conservas chinas o fideos de Brasil, en vez de comprar a nuestros productores nacionales”, afirmó.
https://caretas.pe/politica/veronika-mendoza-afirma-que-cancelara-el-proyecto-minero-tia-maria/