El pasado 05 de noviembre el alcalde de Espinar Óscar Mollohuanca hizo un llamado de emergencia a los medios de comunicación y a la opinión pública, por la ocupación de la ciudad de 700 efectivos de la Policía Nacional; el hecho atemorizó a la población. Pero, ¿por qué se dio la orden de ocupar Espinar de manera sorpresiva y desproporcionada?
Pues para controlar posibles conflictos mineros y por la inminente resolución del Tribunal Constitucional respecto al largo conflicto por el proyecto hidroeléctrico y de irrigación Majes-Siguas II, que como se sabe, no cuenta con la aceptación de la población de Espinar, que teme quedarse desabastecida de agua gran parte del año, por el trasvase de aguas hacia Arequipa. “El Ejecutivo intenta amedrentarnos para imponer su proyecto” declaró Mollohuanca.
Hace dos años, el Consorcio Minero (Cormin) abrió un proceso penal por delito de insolvencia fraudulenta, al accionista de Doe Run, Ira Rennert, y a Bruce Neil, ex gerente general de la empresa en nuestro país.
El 18 de noviembre pasado, más de cinco mil pobladores (provenientes de todos los distritos, en su mayoría de Sapalache, Sondorillo, Sóndor y Huancabamba), miembros de las rondas y comunidades campesinas y de organizaciones sociales, acompañadas por sus autoridades, se movilizaron pacíficamente por las principales calles de la ciudad de Huancabamba.
Por Milton López
Aproximadamente cinco mil concesiones mineras expide el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) por año, llegando a ocupar éstas, aproximadamente, la mitad del territorio de las comunidades campesinas. No obstante, en ningún caso, el Estado les informa a las comunidades que se han concesionado los recursos minerales que se encuentran debajo de su territorio. Lo que ocurre en la realidad de acuerdo a la normatividad vigente, es que INGEMMET o los Gobiernos Regionales publican un aviso pequeños en un diario local, señalando el distrito y la provincia, y las coordenadas de las cuadriculas.