Relator James Anaya atento a los comentarios de los representantes del Pacto de Unidad
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, cumplió una nutrida agenda en su primer día en Lima, Perú, el viernes 6 de diciembre.
La situación de indígenas en aislamiento y contacto inicial, así como los impactos de las actividades extractivas en territorios de pueblos y comunidades originarios estuvo entre los principales temas tratados.
Hasta la sede de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), en el distrito de Pueblo Libre, llegaron los representantes de pueblos y comunidades indígenas y de diversas organizaciones de la sociedad civil.
En un aula de dicho recinto universitario el relator James Anaya atendió una a una a las delegaciones que llegaron en representación de diferentes sectores sociales.
Una delegación de los ronderos de Cajamarca, articulados en la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P), expuso la situación de riesgo a la vida e integridad en la que se encuentran y solicitaron se recomiende la paralización del megaproyecto minero Conga.
Liderados por Ydelso Hernández, pidieron al relator recomiende al Estado peruano repare integralmente a los deudos de los fallecidos en la protesta social contra el proyecto Conga y se repare a las víctimas lesionadas.
James Anaya, asistido por Leonardo Alvarado y Maia Campbell se reunieron asimismo con el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas, que empezó explicando de qué forma el Estado peruano ha venido debilitando la institucionalidad pública sobre pueblos indígenas.
Además de reiterar el pedido de un Ministerio de Pueblos Indígenas enfatizaron la necesidad de constituir una comisión multisectorial de alto nivel, de carácter permanente, donde los ministros elaboren y monitoreen políticas públicas para pueblos indígenas de manera directa con sus representantes.
También expresaron su preocupación por la intención de que una reestructuración interna a nivel del ministerio de Educación debilite la Dirección General de Educación Bilingüe y Rural (DIGEIBIR).
Diversos representantes del Pacto de Unidad manifestaron también su preocupación por la falta de atención a las comunidades, la política de despojo comunal mediante la parcelación de la tierra y la reconcentración de la tierra en pocas manos con los neolatifundios.
De igual modo, la discriminación del Estado y el sector empresarial que de manera interesada busca desconocer las raíces indígenas y ancestrales de las comunidades campesinas de costa y andes, mientras que se obstaculizan los procesos de titulación de la tierra comunal.
Posteriormente, el realtor entabló un diálogo con el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) donde se abordó con mayor amplitud el estado de aplicación del Derecho a Consulta Previa.
Al respecto se destacó la falta de cumplimiento efectivo de dicho derecho y su desnaturalización al convertirse en un mero trámite y no en un proceso de diálogo y consulta de buena fe.
Ello se debe en gran parte a que el momento de la consulta lo determinan los sectores de manera desconcentrada, y que son los mismos que alientan los programas y proyectos que afectan a los pueblos y comunidades, convirtiéndose así en juez y parte de los procesos.
Esto ocurre especialmente en el sector de Energía y Minas donde Estado y sector empresarial califican a la consulta previa como una “traba” para el desarrollo, no se ha culminado ningún proceso de consulta y tampoco se ha considerado un presupuesto específico para esta actividad en el 2014.
Otras fallas acerca de la consulta en el Perú es que la normatividad excluye de la consulta previa a las concesiones otorgadas antes de la promulgación de la norma, a pesar que el Convenio 169 de la OIT estaba vigente desde muchos años antes.
Tampoco guarda claridad respecto al reconocimiento de las comunidades campesinas de costa y andes como organizaciones de pueblos originarios o indígenas, las que han sido excluidas en la Base de Datos sobre Pueblos Indígenas.
También se remarcó la falta de institucionalidad y se profundizó la criminalización, el uso abusivo de la fuerza y la judicialización de los dirigentes comunales que defienden sus derechos mediante la legítima protesta social.
Por la tarde, se desarrolló una sesión mixta, con participación de oenegés, especialistas y representantes indígenas, para analizar el delicado tema de las poblaciones vulnerables que habitan en la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti (RTKNN) y otros.
En esta sesión el relator recibió una magnifíca exposición acerca de las vulnerabilidades de una población que ya viene sufriendo los impactos del contacto forzado por actividades no controladas por el Estado, y que han sido incluso advertidos por las autoridades del sector Salud.
Lelis Rivera, del Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA) detalló las características de las poblaciones locales así como las consideraciones sociales que se tuvo para la creación de la RTKNN en 1990.
La antropóloga Beatríz Huertas, autora de varios estudios especializados sobre el tema, explicó los riesgos de que se amplíen las actividades del proyecto Camisea en el área de la reserva. Asimismo lo enfatizó Vanessa Cueto, de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
En horas de la noche, el Relator de la ONU se trasladó hasta la casa de los pueblos indígenas amazónicos, sede de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), ubicada en el distrito de La Victoria.
En ella fue recibido por el Consejo Directivo Nacional y representantes de las nueve organizaciones regionales quienes se encontraban en Lima desde hace días participando de una Consejo Ampliado nacional.
En este recinto el relator Anaya recibió un memorial de los pueblos indígenas amazónicos y se profundizó la situación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial de la Reserva Kugapakori Nahua Nanti y otros.
En un acto simbólico de reconocimiento Anaya recibió una corona indígena cedida por el Alberto Pizango Chota, presidente de la Aidesep.