Al declarar fundado recurso de queja contra disposición de la Fiscalía Provincial Corporativa de Chiclayo que había decidido archivar la investigación
FISCALIA SUPERIOR PENAL DE APELACIONES DE LAMBAYEQUE ORDENA QUE SE INICIE INVESTIGACION POR DELITO DE TORTURA EN AGRAVIO DE MARCO ANTONIO ARANA ZEGARRA
La Primera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque (antes Tercera Fiscalía
Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque) mediante Disposición No. 01-MP-1FSPA-
La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ expresa su enorme preocupación y rechazo a la aprobación de la Ley No. 30151 que modifica el inciso 11 del artículo 20o del Código Penal que declara exento de responsabilidad penal al efectivo militar o policial que en cumplimiento de su deber cause lesiones o muerte con su arma u otro medio de defensa.
PRONUNCIAMIENTO
Fiscal archiva caso a pesar de aceptar que hubo homicidio
Cuatro fueron los muertos en Celendín en julio del 2012 por represión de las fuerzas del orden
La Primera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo ha dispuesto improcedente formalizar y continuar la investigación preparatoria en el caso de las cuatro muertes en Celendín el 3 de julio de 2012, a pesar de reconocer la figura de homicidio doloso. Recordamos que los ciudadanos Paulino García Rojas, Faustino Silva Sánchez, Joselito Sánchez Huamán y a César Medina Aguilar, este último menor de edad, perdieron la vida tras la intervención de las fuerzas del orden en el marco de las movilizaciones en protesta del Proyecto Minero Conga.
En el transcurso de las últimas semanas el movimiento social en Cajamarca a venido siendo víctima de una serie de ataques difamatorios por parte del trabajador de la minera Yanacocha, Miguel Santillana. Estos ataques han sido dirigidos a través del Grupo El Comercio, brazo desinformativo de Yanacocha que ahora ostenta el monopolio mediático en el Perú. Con esto se demuestra una vez más que este monopolio utiliza sus medios de comunicación para promover intereses económicos de sus empresas constructoras que tienen contratos con distintas empresas mineras en el Perú. (Ver aquí, aquí y aquí)
Mujer defensora de Derechos Humanos Máxima Acuña Chaupe teme desalojo después de recibir amenaza de muerte y ser intimidada por oficiales de la División de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú.
En la mañana del 30 de Enero 2014, en Tragadero Grande, Cajamarca, Perú, mujer defensora de derechos humanos, Máxima Acuña Chaupe fue amenazada con muerte por teléfono. Unas horas después ella fue acosada por oficiales de la División de Operaciones Espaciales de la Policía Nacional del Perú (DINOES).
Pareciera ser que algunos funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y de empresas mineras, tienen una particular manera de entender lo que significa licencia social.
Hace un mes y medio, luego de una accidentada audiencia pública en el Valle del Tambo, en Arequipa, el ministro de Energía y Minas señaló que el proyecto de Tía María ya había obtenido la licencia social para operar. Se olvidó decir que para que la mencionada audiencia pueda realizarse se necesitó trasladar un contingente de cerca de dos mil policías.
Frente interno. Tras el fallo de La Haya la mirada vuelve a nuestros problemas. Los conflictos sociales son una roca en el zapato del gobierno. De esa lista forman parte ambos proyectos que pugnan por la licencia social, la aceptación de las comunidades localizadas en el radio de influencia de la inversión.
PRONUNCIAMIENTO
DENUNCIAMOS CAMPAÑA PÚBLICA PARA DESLEGITIMAR ACTIVIDADES DE DEFENSORES E INSTITUCIONES
DE DERECHOS HUMANOS, AMBIENTALES Y DE DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE A NIVEL NACIONAL
La RED MUQUI, colectivo conformado por 27 instituciones de la sociedad civil de todo el Perú, que desde hace más de 10 años promueve el reconocimiento y respeto de los derechos de las comunidades y poblaciones afectadas por las actividades mineras en el país, así como sus posibilidades de desarrollo humano, integral y sostenible, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:
EarthRights International (ERI) presentó hoy una demanda ante la Corte Federal en representación de Elmer Eduardo Campos Álvarez (32), manifestante herido por la violencia policial en la zona del proyecto minero Conga. Con esta acción, ERI busca obtener información y documentos de la empresa Newmont que asistan a los procesos judiciales abiertos en el Perú relativos a la represión de la protesta social contra el proyecto.
Las imágenes que nos dejaron ver las cámaras instaladas en el fuselaje de la aeronave del Carnegie Airborne Observatory, asemejaban a un cuerpo putrefacto o con cáncer. Pero no era un cuerpo humano lo que estábamos observando, sino las miles de hectáreas de bosques destruidas producto de la minería ilegal en Madre de Dios.