OCM en el Perú 22/08/2024
El pasado 3 de agosto ha sido prorrogado, una vez más, el Estado de Emergencia en el denominado Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa, el Decreto Supremo Nº 078-2024-PCM, por 30 días calendario. Cabe resaltar que ésta no es la primera prórroga ya que ha sido ampliada hasta en cinco ocasiones, una situación que se ha vuelto casi crónica en la región. En la práctica, las comunidades aledañas al corredor viven en un estado de emergencia constante, marcado por conflictos sociales y tensiones que afectan su vida diaria

Al respecto, Elsa Merma, representante de la organización Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K’ana de Espinar, declaró para este Observatorio que esto demuestra “que el gobierno de Dina Boluarte solo prioriza los proyectos mineros, como Tía María en Arequipa y otros proyectos mineros en Cusco y Apurímac, ignorando las necesidades y demandas de la población que estamos afectados, no hay capacidad para solucionar por ello amplía el Estado de Emergencia”.

Como se sabe, en este Corredor Vial Sur se ubican proyectos mineros como Las Bambas (Apurímac), Constancia y Antapaccay (Cusco), entre otros. Según el enunciado del decreto supremo, esta medida tiene la finalidad de “preservar y/o restablecer el orden interno, así como garantizar los derechos constitucionales de la población, frente a la proyección de escalamiento de las acciones de fuerza y actos violentos en el territorio por donde atraviesa el referido corredor vial”. Las instituciones encargadas de intervenir son la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

“Parecería que estamos secuestrados y bajo constante vigilancia del Estado y la minería. Las zonas aledañas a la extracción, donde la pobreza y la contaminación por metales pesados son más graves, siguen desatendidas” comenta Elsa Merma, Ex Presidenta de la Plataforma de Afectados por Metales Pesados Espinar y actualmente asociada.

El Decreto Supremo justifica la extensión del Estado de Emergencia bajo el pretexto y recomendación de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú que indica: “Con el objetivo de continuar ejecutando las acciones necesarias para el mantenimiento del control del orden interno, así como garantizar los derechos constitucionales de la población frente a la proyección de actos violentos y acciones de fuerza a lo largo del Corredor Vial Sur”. Al mantener este régimen de excepción, el Estado no solo limita algunos derechos fundamentales, sino que también crea un marco legal que atemoriza a la población, restringiendo su derecho a libertad de tránsito y la libertad de reunión.

Frente a ello, la lideresa Elsa Merma hace un llamado a la organización de los pueblos que conforman el Corredor Vial Sur: “Es urgente reorganizarnos para responder a estas medidas que amenazan nuestros derechos de las comunidades originarias y revisar el impacto del corredor minero y la presencia policial y militar, que solo ha incrementado la inseguridad y el temor”.

El Estado de Emergencia es un régimen de excepción reconocido en el inciso 1 del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, que se implementa: “en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”[1] .

Esta medida implica consecuencias directas en los derechos de las personas que se ubican en la zona delimitada. Lejos de abordar las causas de los supuestos actos violentos, esta medida parece estar más enfocada en controlar y reprimir a la población. Las comunidades aledañas al corredor, que conviven con la presencia de proyectos mineros como Las Bambas, Constancia y Antapaccay, han visto cómo sus derechos fundamentales han sido vulnerados, por la falta de respuesta del Estado en atender sus necesidades y demandas básicas.

Al respecto, Yovana Mamani, coordinadora del programa Sur Andino de CooperAcción, señaló que “cuestionamos esta decisión por parte del Estado, pues ha dejado de ser excepcional y se ha convertido en una medida permanente que, además, ha resultado ser ineficaz para mediar los conflictos de la zona, los cuales se mantienen como una medida para viabilizar el funcionamiento de la empresa minera, sin dar respuesta al malestar de la población, su disconformidad por el limitado acceso y transparencia de información y el incumplimiento de los compromisos por parte de las empresas mineras”.
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Cooperaccion 09/08/2024
En una conferencia de prensa realizada el 7 de agosto de 2024, 11 defensores y defensoras de derechos humanos y protectores del territorio de las provincias de Cotabambas y Grau se pronunciaron sobre la reciente sentencia emitida por el juez Andrés Abelino Flores Aguilar, del Juzgado Unipersonal de Cotabambas, que los condenó a penas de entre 8 y 9 años de prisión efectiva. Además, se les impuso el pago de reparaciones civiles de manera «solidaria» por un total de 50 mil soles a favor del Estado y 88,600 soles a favor de la empresa minera MMG Las Bambas.

Los defensores sentenciados, quienes enfrentan cargos relacionados con las protestas de 2015 contra la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Las Bambas, expresaron su total rechazo a la decisión judicial injusta que busca silenciarlos. Durante la conferencia, calificaron la sentencia de «irregular» y manifestaron su intención de apelar el fallo, argumentando que, durante el proceso, que se ha extendido por casi 9 años, no se han podido probar los hechos que se les imputan.

Entre los sentenciados se encuentra Jacinto Limaluca, ex dirigente del Frente de Defensa del Distrito de Challhuahuacho, quien en la conferencia manifestó “Este proceso ha sido discriminatorio y selectivo, a los que provenimos del campo. La justicia no hace nada por nosotros, en el año 2015 hubieron 3 compañeros fallecidos y no hay justicia para ellos, en cambio para nosotros que hemos defendido nuestro ambiente, la vida y los derechos humanos nos han sentenciado”.

Del mismo modo, Maximiliano Huachaca, integrante de la Federación Interprovincial de Defensa del Territorio y del Ambiente de las provincias de Espinar Chumbivilcas, Cotabambas y Grau aseveró: “Nosotros no somos criminales, no somos antimineros, no somos terroristas, así nos han tildado, nosotros somos defensores del medio ambiente, de la naturaleza, de la tierra, la queremos sin contaminación”, refiriéndose así a su sentencia.

Así mismo, los defensores sentenciados hicieron un llamado público a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) para que investigue el actuar del juez Flores Aguilar. Sostienen que la sentencia es desproporcionada y que podría tener como objetivo disuadir futuras protestas sociales en defensa del territorio, medio ambiente y los derechos humanos en la región.

A lo largo de la conferencia, los defensores compartieron cómo este prolongado proceso judicial ha impactado sus vidas personales y profesionales, denunciando haber sido objeto de estigmatización y acoso a través de medios de comunicación digitales, lo cual ha afectado no solo a ellos sino también a sus familias.

Lisbeth Abarca del distrito de Tambobamba, condenada a 9 años de prisión, declaró: “Mi delito fue ser representante de mi barrio Huancalle y defender mi pueblo. Han sido 9 años de tortura, maltrato psicológico y emocional, nos ha afectado en nuestro planes de vida, por defender al pueblo”. De la misma manera, Juan Pablo Conishlla, también sentenciado a 8 años con 8 meses, dirigiéndose a la prensa mencionó que: “a nosotros nos miran como asesinos, como ladrones, nosotros somos de las comunidades campesinas, somos defensores de nuestro territorio”, refiriéndose así a lo vertido a los diferentes medios de comunicación locales.

Tras la conferencia, se realizó un plantón frente al Poder Judicial de Abancay, en el que participaron defensores y defensoras ambientales, así como organizaciones de la sociedad civil que expresaron su solidaridad con los defensores. Durante el plantón, se corearon consignas en defensa de los derechos humanos y del territorio, denunciando lo que consideran una criminalización de la protesta social y una injusticia hacia aquellos que defienden el medio ambiente y los derechos de las comunidades locales.

Virginia Pinares Ochoa, conocida defensora ambiental y Premio Nacional de Derechos Humanos (2022), manifestó ante medios de comunicación “Me han sentenciado a 8 años con 10 meses por expresar mi preocupación por el tema ambiental, la mayoría de los que vivimos ahí, vivimos de la agricultura y la ganadería con eso comemos, nos vestimos y educamos a nuestros hijos” Además, afirmó: “en el pueblo hay esa preocupación pero nadie dice nada por miedo”

A pesar de la adversidad, los defensores y defensoras de derechos humanos condenados reafirmaron su compromiso con la causa. Declararon que continuarán la protección de sus territorios y con la lucha que intenta silenciarlos, enfatizando que el caso ha trascendido el ámbito meramente jurídico para convertirse en una batalla por la libertad de expresión, el derecho a la protesta y la defensa de los derechos humanos en el Perú.

Cooperaccion 20/08/2024
Con el lema “Kawsayninchis Hampiq Warmikuna” – Mujeres que sanan, se desarrolló la Escuela de Mujeres Quechuas Afectadas por Metales de la Macro Región Sur de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y otras Sustancias Químicas Tóxicas (PLANAMETOX).

Durante los tres días de actividades, 36 mujeres de las regiones de Apurímac, Cusco, Moquegua y Puno abordaron en quechua las temáticas de atención integral, cuidados, justicia fiscal, vocería e incidencia con relación a la problemática de las personas afectadas con metales pesados. Además lo hicieron desde una mirada intersectorial, entendiendo que la complejidad del problema requiere la intervención de distintas entidades del Estado.

Las mujeres participantes compartieron casos de impactos de contaminación ambiental en sus modelos de vida, actividades productivas y actividades de cuidado asignadas en familia.

En cuanto a salud, se profundizó sobre los principales signos y síntomas de contaminación pertinentes para el monitoreo y la atención oportuna en salud, así como las rutas de atención intercultural y las medidas de adaptación ante la problemática de metales pesados.

También se contó con un espacio de interaprendizaje sobre los costos y cargas de cuidado a causa de la contaminación, reconociendo a las mujeres de comunidades originarias como la población que asume mayor proporción de costos de cuidado en el país. Entre las participaciones se destacaron casos en los que las mujeres que atienden a niños con metales se encuentran a distancias de entre 30 minutos y 4 horas para llegar al establecimiento de salud más cercano, tiempos y costos asumidos por mujeres en su rol de cuidado.

En la temática de justicia fiscal, las participantes integraron saberes sobre los fondos destinados al sector salud, provenientes de actividades productivas en sus territorios, así como las brechas presupuestales de atención integral en cada región. Se profundizó sobre el contraste de presupuesto asignado a poblaciones afectadas y los costos e impacto ocasionado en ellas, sus familias y comunidades a causa de la presencia de metales pesados en el ambiente.

A nivel colectivo, se plantearon como alternativas el fortalecimiento de las bases locales de la Plataforma, la articulación con gobiernos locales para la prestación de servicios con enfoque intercultural y el monitoreo a las condiciones de salud afectada a causa de la contaminación por metales. Así también, el seguimiento del presupuesto para la atención a personas afectadas y el diálogo en espacios de concertación en las seis provincias de donde provinieron las participantes.

Esta actividad fue coorganizada por la PLANAMETOX, la Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos de Espinar Cuzco (PAMETEC), CooperAcción, Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) y OXFAM.

www.conflictosmineros.org.pe 16/08/2024
El día 15 de agosto, las autoridades de la región Moquegua, junto a representantes provinciales, distritales y de la sociedad civil, han emitido un enérgico pronunciamiento exigiendo al ejecutivo nacional que cumpla con los compromisos asumidos para enfrentar la contaminación en la cuenca del río Coralaque. Han fijado el 20 de agosto como fecha límite para la instalación de una mesa de diálogo donde se formalicen acuerdos cruciales para la remediación ambiental.

La cuenca del río Coralaque enfrenta una crisis ambiental que pone en riesgo la salud pública y la actividad económica en la región. A pesar de los compromisos del Gobierno Central, las autoridades locales denuncian el incumplimiento de varias promesas, incluyendo la emisión de un Decreto de Urgencia para el cierre definitivo de la Unidad Minera Florencia Tucari, operada por ARUNTANI SAC, responsable de la contaminación. Ante la falta de acción, las comunidades afectadas amenazan con una movilización social permanente para hacer valer su derecho constitucional a la protesta.

En su pronunciamiento, las autoridades regionales reconocen el cumplimiento parcial de los compromisos asumidos durante la visita in situ a Quinistaquillas el 12 de julio de 2024, y ratificados el 16 de julio en la sede de la PCM, que incluyeron la declaratoria de estado de emergencia y la instalación de la oficina descentralizada del OEFA. Sin embargo, subrayan la necesidad de extender el estado de emergencia a los distritos de Carumas, San Cristóbal y Torata, también afectados por la contaminación, pero excluidos del decreto inicial.

Las autoridades expresan su preocupación por la falta de avances del Ministerio del Ambiente en la aprobación del Plan de Recuperación de la Calidad Ambiental de la Cuenca del río Coralaque, el cual debería ser formalizado mediante un Decreto Supremo. Este plan es crucial para la remediación y recuperación del recurso hídrico, pero a la fecha no se han destinado los recursos necesarios para su implementación. Además, rechazan las declaraciones ambiguas de los representantes del Ejecutivo sobre el cierre de la mina, recordando que se había prometido un Decreto de Urgencia para el cierre definitivo de la Unidad Minera Florencia Tucari.

Asimismo, se denuncia que el Ejecutivo Nacional no ha cumplido con la transferencia de recursos para el financiamiento del Plan de Atención Integral en Salud de las personas expuestas a metales pesados y metaloides, un compromiso asumido desde el primer trimestre de 2024. Esta falta de cumplimiento sigue poniendo en riesgo la salud de la población en Moquegua.

En paralelo, el Consejo de Ministros aprobó un decreto que declara el estado de emergencia en varios distritos de Arequipa y Moquegua debido a la contaminación hídrica. Esta medida, anunciada por el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, permitirá la realización de estudios durante 60 días para abordar la crisis. No obstante, la desconfianza persiste entre las autoridades y la sociedad civil de Moquegua, quienes exigen acciones concretas y efectivas.

Finalmente, la situación en el sur del Perú sigue siendo alarmante, con denuncias de contaminación por metales pesados en la sangre de niños en Arequipa, atribuidas al río Tambo. Este problema de salud pública subraya la urgencia de que el Ejecutivo tome medidas inmediatas para proteger a las comunidades afectadas. Las autoridades regionales enfatizan que el cumplimiento de los compromisos es clave para evitar un agravamiento de la crisis y asegurar la sostenibilidad de las actividades económicas y sociales en la región.

www.conflictosmineros.org.pe 16/08/2024
Tras la inasistencia del Viceministro de Energía y Minas, Ing. Henry John Luna Córdova, a la mesa de diálogo programada para el 13 de agosto, los espinarenses han decidido conformar un Comité de Lucha que coordinará las medidas de fuerza en los próximos días.

El 14 de agosto, en una asamblea multisectorial celebrada en el auditorio de la Municipalidad Provincial, los dirigentes de diversas organizaciones sociales de base de Espinar se reunieron para discutir la situación. La convocatoria se realizó en respuesta a la ausencia del viceministro en la reunión de la mesa de diálogo, la cual fue suspendida hasta que se garantice la presencia de autoridades con capacidad de decisión. Esta falta de compromiso fue percibida como una falta de respeto a los acuerdos alcanzados en la reunión del 17 de julio en Lima.

Durante la asamblea, los líderes locales y la ciudadanía acordaron tomar medidas contundentes para defender los derechos de la provincia y exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos. En este contexto, se conformó el Comité de Lucha de la Provincia de Espinar, con Oscar Washington Pila Uchasara como presidente, Nicanor Alccaccahua Huaypuna como vicepresidente, Leonarda Zinanyuca Medrano como secretaria de actas y Víctor Katata Chuchullo como secretario de organización. Este comité será el encargado de coordinar las protestas en defensa de la provincia.

El 16 de agosto, el Comité de Lucha emitió un documento titulado Memorial en el que se pone de conocimiento el reinicio de la plataforma de lucha de la provincia de Espinar, en el documento se insta a la presencia inmediata del premier y otros ministros con capacidad de decisión. Además, que se otorgó un plazo de 72 horas al gobierno central para responder a estas demandas, advirtiendo que, de no recibir una respuesta, se convocará a un paro indefinido en toda la provincia.

La población de Espinar, respaldada por organizaciones como la Federación Unificada de Campesinos de Espinar (FUCAE) y la Asociación de Urbanizaciones y Pueblos Jóvenes de Espinar (AUPE), ha dejado claro que no tolerará más incumplimientos y continuará luchando por el respeto de sus derechos y el cumplimiento de los acuerdos establecidos. Además, se ha solicitado a la Defensoría del Pueblo que garantice que las medidas de protesta no sean criminalizadas.

Como se recuerda, la mesa de diálogo se originó en junio de 2012, tratándose de un caso de mesa “reactiva”, que se gestó como consecuencia posterior a un conflicto social. Inicia a partir de distintos cuestionamientos ambientales y la necesidad de renegociar el convenio marco, desencadenando en el inicio de un paro indefinido el 21 de mayo, produciendo enfrentamientos entre la policía y la población, lo que causó pérdidas humanas, heridos, daños a la propiedad, detenciones; para posteriormente el 21 de junio se instale la mesa de diálogo.

Finalmente, cabe recordar que en Espinar opera la unidad cuprífera Antapaccay, de la empresa suiza Glencore, cuya actividad minera, que se extiende por más de 40 años, ha sido fuente constante de conflictos sociales, principalmente debido a la contaminación por metales tóxicos y a la distribución de los beneficios económicos.

Vidal Merma: La Mesa de Diálogo en Espinar, estancada por falta de voluntad política

Vidal Merma, Ex dirigente AUPE, actual presidente de la Plataforma de Afectados por Metales Pesados de Espinar (PAMETEC) y presidente de Asociación de periodistas ANP Espinar, comenta: “He sido testigo de la compleja evolución de nuestra Mesa de Diálogo desde 2012. Hemos visto intentos de reactivarla en 2019 y 2022, pero la falta de compromiso, la voluntad política de las autoridades para resolver nuestros problemas y la escasa presión social han frenado nuestro progreso.

Hemos logrado incluir temas cruciales como la contaminación ambiental y la salud en la agenda, pero seguimos enfrentando problemas graves, especialmente el aumento de casos de contaminación por metales pesados, y las demandas de la población sobre los problemas socioambientales y la declaración de emergencia ambiental no avanzan, mientras que las demandas de criminalización contra los dirigentes sí están teniendo efectos.

La empresa minera parece trabajar para dividirnos. He visto cómo nuestras organizaciones sociales se han debilitado por tácticas de neutralización y criminalización, que vulnera nuestro liderazgo comunitario. A pesar de nuestros esfuerzos legales, nos encontramos en una situación de estancamiento, sintiéndonos vulnerables y sin soluciones efectivas a los problemas que afectan nuestra vida diaria en Espinar”.

20/07/2024
El paro preventivo por el proyecto Tia María en Arequipa se encuentra vigente debido a la fuerte oposición de algunos sectores.
Pedro Francke sobre proyecto Tía María: «No es viable socialmente, ni políticamente»

Las protestas sociales se reavivaron tras no llegar a acuerdos entre el gobierno y la población.Fuente: El Popular – Crédito: Difusión
Frank CapuñayFrank Capuñay
El Valle del Tambo, en Arequipa, se encuentra en medio de un paro preventivo de 48 horas debido a la intensificación del interés del gobierno por impulsar el proyecto minero Tía María. Este proyecto ha generado fuerte oposición entre los pobladores locales, quienes temen sus impactos ambientales y sociales.

Especialistas advierten sobre postura del Gobierno en caso Tía María
Especialistas como José De Echave de CooperAcción han advertido sobre las consecuencias de insistir en proyectos mineros sin licencia social. En el marco del 34° Observatorio de Conflictos Mineros, De Echave destacó que la persistencia gubernamental podría agudizar la conflictividad en zonas mineras del sur peruano, incluyendo Apurímac, Cusco y Arequipa.

Miguel Meza, dirigente del Valle del Tambo, subrayó que la comunidad y organizaciones sociales en Arequipa han decidido movilizarse contra el proyecto Tía María. Por su parte, David Velasco de Fedepaz denunció presiones indebidas de parte de Southern Perú y autoridades estatales, quienes han afirmado falsamente que el proyecto cuenta con licencia social.

Una cantidad alta de conflictos sociales según Defensoría del Pueblo
Ante este panorama, De Echave instó al gobierno a reconsiderar su estrategia y adoptar un enfoque más inclusivo y sostenible para manejar los conflictos sociales relacionados con la minería. Subrayó la necesidad de atender las demandas de los territorios afectados y promover cambios significativos en las políticas mineras.

El último informe de la Defensoría del Pueblo destaca que la cantidad de conflictos sociales en el país se ha mantenido alta, siendo un reflejo de las tensiones continuas en las comunidades afectadas. En particular, los conflictos socioambientales, como el que rodea al proyecto Tía María, resaltan la preocupación por la protección de los recursos naturales y los derechos comunitarios en el contexto de la actividad extractiva en Perú.
https://elpopular.pe/actualidad/noticias-peru/2024/07/20/especialistas-advierten-que-estrategia-del-gobierno-para-sacar-adelante-tia-maria-generara-conflictos-563060

25/07/2024 Últimas Noticias
Pumamarca en protesta contra MMG Las Bambas: «Responsabilizamos al Gobierno por cualquier muerto»
Desde hace años, los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad apurimeña Pumamarca vienen protestando contra la mina Las Bambas de la empresa china Minerals and Metals Group (MMG) debido al despojo de tierras, contaminación ambiental y acuerdos incumplidos. En estas últimas semanas vienen acatando un paro indefinido con una respuesta violenta por parte de la compañía y del Estado.
Jair Sarmiento
Ciudadanos y ciudadanas de Pumamarca vienen acatando un paro indefinido contra la mina Las Bambas de la empresa china Minerals and Metals Group (MMG) por no respetar los acuerdos de la compra-venta con la comunidad, el despojo de tierras, dinamitazos, obras que no se concretan, deslizamientos de tierras y la contaminación ambiental y sonora.

«Las comunidades somos las que más hemos perdido pues nos dejan no solo pasivos ambientales sino graves prejuicios estructurales y permanentes. (…) No hay el desarrollo ofrecido. (…) Nuestro paro tiene justificación. No podemos permitir que esta situación continúe por más que la minera Las Bambas sea propiedad del Estado Chino, hoy socio de EEUU y del golpista gobierno de que preside Dina Boluarte», señaló la comunidad de Pumamarca en un comunicado reciente.

Desde el 2011, los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad apurimeña Pumamarca vienen protestando contra la mina Las Bambas de la empresa china Minerals and Metals Group (MMG) debido a que señalan que la compra-venta de sus terrenos del predio Sallawi por la transnacional fue fraudulenta, puesto que les pagaron 2.000 dólares por cada una de las 1.000 hectáreas de terreno, lo que quiere decir que por cada metro cuadrado se pagó 0,50 céntimos.

Por ende, los ciudadanos de Pumamarca exigen la devolución del predio Sallawi que supuestamente se debía realizar en el 2031.

REPRESIÓN POLICIAL

Durante las protestas y el paro indefinido, la Policía reprimió e hirió con lacrimógenas y escopetas a ciudadanos y ciudadanas de Pumamarca. Esto ha sido documentado a través de las redes sociales de dicha comunidad.

Cabe agregar que en el 2021 hubo un primer intento de desalojo policial que fue rechazado por los comuneros que allí practican la ganadería. La transnacional inició un proceso judicial para echarlos, pero hasta ahora no existe sentencia.

El jueves 30 de mayo de 2024, más de 500 policías llegaron a la comunidad sin orden ni sentencia judicial para desalojarlos, sin embargo, los ciudadanos defendieron su territorio y actualmente vienen resistiendo a la violencia policial, de la minera y del Estado. «El Estado les alquila policías y envía más policías a reprimirnos», señaló la comunidad.

El martes 23 de julio de 2024, más de mil campesinos de la comunidad Pumamarca marcharon en protesta pacífica hasta la entrada de la minera Las Bambas. En dicha movilización rechazaron la contaminación en sus principales fuentes de agua y la violencia policial que intenta expulsarlos del predio Sallawi donde la empresa pretende ampliar sus operaciones mineras.

Pumamarca en protesta contra MMG Las Bambas: «Responsabilizamos al Gobierno por cualquier muerto»

Crece la preocupación por la situación del río Tambo, que ya está contaminado por la actividad minera. La población del distrito Deán Valdivia, presente altos niveles de arsénico en la sangre
Redacción El Búho
21/07/2024

A la arremetida empresarial minera y del Ejecutivo en el Valle de Tambo para imponer el proyecto Tía María, a pesar de que no existe licencia social, ahora se suma un alarmante hallazgo que confirma los elevados niveles de arsénico en la orina de niños y adolescentes. La causa de la contaminación estaría asociada a la actividad minera del Grupo Aruntani, en Moquegua, que impacta al río Tambo, en Arequipa.

El tamizaje se realizó el año pasado. Lo hizo el personal de la Red de Salud Islay en la jurisdicción de los centros de atención de Matarani, distrito de Islay, y La Curva y El Arenal, distrito de Deán Valdivia, provincia de Islay, a un total de 305 personas. De ellas, 295 son niños y adolescentes y 10 adultos.

Los resultados en estos tres puestos de salud concluyen que los participantes del muestreo biológico presentaron concentraciones de arsénico en la orina superior al valor referencial para personas no expuestas ocupacionalmente:

Centro de Salud Matarani: 90.3 % de los participantes
Centro de Salud La Curva: 84.5 % de los participantes
Puesto de Salud El Arenal: 89.2 % de los participantes
El valor de referencia para arsénico en personas debe ser menor que 20 up/g. Sin embargo, en el centro de salud La Curva -por ejemplo- algunos exámenes arrojan valores que llegan hasta 829.76 up/g en orina. Este dato es una muestra de la preocupante contaminación por este metal pesado que causa daños irreparables a la salud.

Por ello, el dirigente social del Valle de Tambo, Cristian Torres Quispe, solicitó nuevos tamizajes para actualizar los resultados. Además, capacitación sobre los efectos del arsénico a la salud, así también médicos especializados que brinden tratamiento oportuno y urgente.

“No tenemos medicina, no sabemos el tratamiento médico. Necesitamos que contraten especialistas internacionales que trate la salud de las personas intoxicadas. Se están violando los derechos fundamentales. Los niños tienen derecho a la salud y a un ambiente sano”, manifestó tras conocer los hallazgos de los exámenes de laboratorio.

Cristian Torres,dirigente

Complicidad del Estado y la falacia del binomio agro y minería
Un hecho de adicional gravedad es que estos resultados fueron entregados por la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional, el pasado 16 de julio. Esto es, nueve meses después de que las autoridades los conocieran, a través de un oficio al congresista Jaime Quito, quien había solicitado esta información. Según Torres Quispe, la Red de Salud Islay tenía los hallazgos en octubre del año pasado, pero no los hizo públicos hasta la fecha.

El río Tambo (Arequipa) es uno de los afluentes del río Coralaque (Moquegua). Sus aguas llegan al Valle de Tambo, por lo cual este sería el origen de la intoxicación por arsénico.

En el año 2021 se declaró dos veces el estado de emergencia a los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón de la provincia de Islay, por peligro inminente ante contaminación hídrica.

Pero hay algo más alarmente en la denuncia de Beatriz Cortez, coordinadora de la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana. “Por lo menos desde el 2017, el Ministerio de Salud tiene pruebas de la contaminación por metales tóxicos en el organismo de niños en Islay, hasta la fecha no ha garantizado atención especializada a los niños afectados y tampoco ha identificado de forma adecuada las fuentes de contaminación para evitar que la población se siga contaminando”, indicó.

Las declaraciones de Cortez se basan en el oficio enviado al congresista Jaime Quito. En el documento se puede leer que la misma Red de Salud Islay señal que “en los años 2017 en dicha localidad (Islay) se realizó la toma de muestras biológicas para plomo, dando como resultado un porcentaje elevado con plomo en sangre y a partir de esa fecha no se volvió a repetir dicho muestreo, no teniéndose la certeza si las medidas tomadas en ese entonces fueron efectivas para resolver dichas fuentes de contaminación”.

Respuesta en el valle de Tambo
Desde el jueves 18 de julio, los agricultores y población local del Valle de Tambo acatan un paro para expresar su rechazo al anuncio de la empresa Southern Perú de reactivar el proyecto minero Tía María, que no cuenta con licencia social desde el año 2009.
https://elbuho.pe/2024/07/centenas-de-ninos-contaminados-en-valle-de-tambo-por-mineria-en-medio-de-protestas-contra-tia-maria/

PRECISAN QUE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO HA ESTADO MARCADO POR UNA NUEVA ARREMETIDA ESTATAL Y EMPRESARIAL PARA IMPONER EL DESARROLLO DE PROYECTOS
MINEROS QUE NO CUENTAN CON LICENCIA SOCIAL
21/07/2024
Al mismo tiempo se han intensificado las acciones de criminalización de la protesta social
Este 18 de julio a las 9:00 am se realizó la presentación del 34° Reporte del Observatorio de
Conflictos Mineros, por Cooperación, FEDEPAZ y Grufides. Como en anteriores
oportunidades, la presentación del informe contó con la participación de prensa regional,
nacional e internacional, expectante al contexto sociopolítico actual que guarda relación con
la minería, el ambiente y la conflictividad social del primer semestre del año.
Al respecto, José De Echave de Cooperación señaló que la primera idea fuerza es que la
conflictividad social se ha complejizado, que no es la misma de hace cuatro o cinco años,
complejidad que tiene que ver con el crecimiento explosivo de la minería informal que disputa
espacios a la minería formal. Agregó que el segundo aspecto tiene que ver con los anuncios
recientes del ministro de Ambiente que, en lugar de promover el respeto de estándares
ambientales para evitar efectos contaminantes, por el contrario, se muestre como un
promotor de las inversiones omitiendo que las mismas deben respetar dichos estándares.
Por ello, se anuncia un paquete de medidas que asumirían plenamente las propuestas
empresariales y que, entre otras cosas, señalan que en Perú hay mucha “tramitología”. Pero
De Echave señala que respeto de estas afirmaciones no se presentan evidencias y, por el
contrario, las evidencias que existen es que esto no es así. En efecto, de la información oficial
contenida en el portal de SENACE respecto de 13 grandes proyectos de inversión, los procesos
del EIA de 10 de ellos no llegaron al año de duración y de los otros 3 restantes, 2 demoraron
poco más de un año y 1 demoró dos años. Además, se pudo observar que la demora en dichos
procesos es atribuible a las empresas por haber presentado información de baja o incompleta
calidad que requería ser subsanada.
Por otro lado, Miguel Meza señaló que están seriamente afectados por las acciones de
criminalización de los funcionarios de este gobierno y de las empresas, pero que, igual,
continuarán con sus luchas. Agregó que es falso que el proyecto minero Tía María cuente con
el apoyo de la población. Por el contrario, recordó que ya la población del Valle del Tambo,
con una mayoría abrumadora, en una Consulta Vecinal, se ha pronunciado a favor de un
modelo de desarrollo social basado en la agricultura y no en la Minería. Situación que fue
ratificada por la Congresista Luque en su intervención
A su turno, Mirtha Villanueva de Grufides compartió su preocupación por la continuación de
los conflictos sociales en la Región Cajamarca, generados por las empresas mineras que
tienen grandes extensiones en concesión minera y, por la actitud de las mismas de generar,
incluso, enfrentamiento entre diferentes grupos de campesinos, recordando que la minería
ilegal en la Región Cajamarca, también, viene generando conflictos.
Finalmente, David Velazco de FEDEPAZ señaló que lamentaban el hecho de que se haya
incrementado la presión de los funcionarios estatales y los representantes de empresas
extractivas mineras, para intentar imponer el desarrollo de proyectos mineros bajo la
formulación de informaciones falsas. Es el caso del proyecto Tía María en la cual la empresa
Southern Perú que ha señalado que ya cuentan con licencia social, pero uno llega al Valle del
Tambo (donde se ubica el proyecto minero) y puede observar que mayoritariamente la
población está en contra, expresándose dicha situación en la colocación de bandera de color
verde con las expresiones “Agro Si”, “Mina No”, “Tía María No Va”, en todas las casas ubicadas
en dicho Valle.
También, se afirma que el inicio del desarrollo del proyecto Tía María promoverá la inversión
y el desarrollo de otros proyectos minero en gran medida, pero en realidad ello no es
necesariamente cierto, porque muchos de esos proyectos o no cuentan con licencia social o
no están, por el momento, dentro de las prioridades de inversión de las empresas titulares de
la concesión o proyecto minero, como el caso de las concesiones que tiene Newmont
Corporation en la Región Cajamarca.
Asimismo, los funcionarios del estado y los representantes de las empresas tienen buena
relación con la dirigencia, sin embargo, continúan las acciones de criminalización, con mayor
razón cuando las protestas se reinician ante los intentos de imposición de los proyectos
mineros. En el caso de Tía María, por ejemplo, uno de los voceros de los agricultores, Juan
Miguel Meza Igme, que se oponen al desarrollo de dicho proyecto minero acaba de ser
denunciado por una supuesta comisión de delitos de extorsión, coacción y violencia contra la
mujer contra dos funcionarios de la empresa minera, cuando todo ello es falso. Por eso, ya el
Juzgado de Familia Especializado en Violencia Familiar de Islay ha archivado la solicitud de
medidas provisionales y ha ordenado que se comunique a Inspectoría de la Policía para que
investigue a los efectivos policiales a cargo del caso por considerar que se trata de una
denuncia manifiestamente infundada.
Finalmente, siguió cuestionando los contratos de seguridad privada suscritos entre las
empresas, sobre todo del sector extractivo, con la Policía, porque ello constituía en la práctica
la privatización del uso de la fuerza pública a cambio de una remuneración que comprometía
la autoridad pública, la logística de la policía, la labor del personal policial, que son
solventados por todos y todas las peruanas con sus impuestos.

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Juzgado Penal Unipersonal de Cotabambas condena arbitrariamente
a 11 dirigentes de las comunidades campesinas de Cotabambas y
Grau, criminalizados por el simple hecho de ejercer legí>mamente su
derecho fundamental a la protesta social
25 de julio del 2025
A pesar que, al mismo /empo, se absuelven a 4 dirigentes
El día de hoy el Juzgado Unipersonal de Cotabambas en Apurímac realizó la lectura del adelanto de
sentencia por la cual condena arbitrariamente a 11 dirigentes de las comunidades campesinas de las
provincias de Cotabambas y Grau, como autores mediatos de la supuesta comisión de delitos de
daños agravados, disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos
(Expediente No. 41-2016) y para los cuales la Fiscalía solicitó condenas de hasta 9 años de pena
privaOva de la libertad. También, a través de la misma sentencia, se absolvió a 4 dirigentes de dichas
comunidades.

En efecto, en la Audiencia de lectura de adelanto de sentencia el Juzgado señaló un único argumento
contradictorio en sí mismo, consistente en que se ha probado “ciertamente de manera indirecta” la
responsabilidad de los dirigentes campesinos condenados; cuando en realidad, por lo menos debió
decir explicar mínimamente si se había probado la responsabilidad como autores mediatos de los
delitos imputados, porque precisamente en ello se basó la acusación fiscal. Consideramos que el
juzgado no lo explicó porque sencillamente no hay forma de sustentar la existencia de un supuesto
de autoría mediata por parte de los dirigentes acusados y, en una decisión igualmente contradictoria
en sí misma, termina absolviendo a 4 de los dirigentes campesinos que se encontraban en los mismos
términos de la acusación fiscal.

Como se recordará a fines de seOembre de 2015 las diferentes comunidades campesinas afectadas
por el proyecto minero Las Bambas (Región Apurímac), en el ejercicio legíOmo de su derecho
consOtucional iniciaron una serie de protestas públicas, ante el desinterés del estado peruano de
atender sus demandas por afectación a sus derechos fundamentales, generada por la actuación de
la empresa MMG Las Bambas (propietaria, del mencionado proyecto minero) que, entre otras cosas,
venía afectando su derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado.
Producto de esas legíOmas protestas, la policía desarrolló una brutal e indiscriminada represión
contra los integrantes de las comunidades campesinas que protestaban en esos días y, al mismo
Oempo, el gobierno y la empresa denunciaron falsamente de la comisión de diversos delitos a dichos
campesinos que no hacían otra cosa que ejercer de manera legíOma su derecho fundamental a la
protesta social. Este proceso judicial se volvió emblemáOco porque fueron denunciados y luego
acusados 17 dirigentes de las comunidades campesinas afectadas por el proyecto minero antes
referido, en el intento del gobierno y la empresa de desmovilizar a los campesinos que protestaban
encarcelando a sus dirigentes.

En relación a ello, sin perjuicio de expresar su sa3sfacción por el extremo absolutorio de la
sentencia, la FUNDACIÓN ECUMÉNICA PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ – FEDEPAZ y COOPERACION,
que vienen asumiendo el patrocinio legal de los dirigentes campesinos, expresan su protesta y
rechazo a esta arbitraria condena a los 11 campesinos acusados falsamente por la comisión de
delitos graves y que ha puesto en evidencia la condenable estrategia estatal y empresarial de
criminalizar falsamente a todos aquellos que, en defensa de sus derechos fundamentales
colec3vos e individuales, se oponen a las, también, arbitrarias decisiones criminalizadoras con el
único propósito de amedrentarlos y evitar que sigan protestando. Por eso se presentará el recurso
de apelación correspondiente.

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