Perú

Comuneros de Cusco y Apurímac analizarán si establecen diálogo con el Gobierno nacional

Los dirigentes de diferentes centros poblados conversarán este 21 de octubre. Persistirán en su reclamo de no permitir el paso de vehículos encapsulados por el Corredor Minero del Sur .

Luego de más de veinte días de bloqueo del Corredor Minero del Sur, se abre una posibilidad de solución. Presidentes de las comunidades por donde pasa la vía acordaron que el 21 de octubre participarán en una reunión, a la cual asistirán representantes de las comunidades involucradas de Cotabambas (Apurímac). En el encuentro, definirán si conforman una nueva mesa de diálogo con representantes del Estado.

El dirigente Luciano Ataucuri Chávez manifestó que es muy probable que el escenario de esta reunión sea el sector de Congunya del distrito de Ccapacmarca, en la provincia de Chumbivilcas.

Además, ya habrían confirmado su asistencia representantes de pueblos del distrito de Mara, provincia de Cotabambas (Apurímac), y del distrito de Coporaque, provincia cusqueña de Espinar. Esperan que más dirigentes de otros centros poblados se unan.

En tanto, alrededor de veinte presidentes comunales chumbivilcanos, de los distritos de Ccapacmarca, Colquemarca, Chamaca y Velille, mantendrán hoy una reunión privada.

Ataucuri Chávez manifestó que se mantendrán firmes en el pedido de que no circulen más por el Corredor Minero del Sur vehículos de MMG Las Bambas.

“Sí o sí vamos a pedir que la empresa minera construya la línea férrea o el mineroducto, porque recordemos que esa carretera no está en ninguna parte del estudio de impacto ambiental (EIA). Solo debían aperturarla para la etapa de construcción (de Las Bambas), pero ahora siguen usándola”, refirió Ataucuri.

 

Fuente:https://larepublica.pe/politica/2019/10/15/comuneros-de-cusco-analizaran-si-establecen-dialogo-con-el-gobierno-nacional-lrsd/

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Arequipa: Policía continuará en Tambo, hasta que se defina la suerte de Tía María

Efectivos policiales permanecerán en el lugar para asegurar el libre tránsito por la Panamericana Sur y el Corredor Minero. Pobladores del valle de Tambo llevan 87 días protestando contra Tía María.

La presencia del contingente policial se mantendrá en el valle de Tambo, en la provincia de Islay. El general Roy Ugaz, jefe de la IX Región Policial, sostuvo que los efectivos tienen la misión de mantener el control de los manifestantes que mantienen el paro indefinido contra el proyecto minero Tía María. La huelga ya tiene 87 días.

“La policía está ahí para mantener el libre tránsito tanto en la Panamericana Sur como en el Corredor Minero”, agregó el general Ugaz.

El Consejo Nacional de Minería ha señalado que, antes de fin de mes, emitirá su veredicto sobre el pedido de revisión a la licencia de construcción de Tía María. Pese a ello, los pobladores del valle persisten con la medida de protesta.

“La consigna de los agricultores es que se dé una solución a nuestro pedido (cancelación del proyecto), sino las marchas continuarán. Esperamos también que el presidente Martín Vizcarra llegue al valle con la respuesta”, indicó Marilú Marroquín, de la junta de usuarios La Ensenada-Mejía.

En tanto, el general Ugaz aclaró que ya no habrá más resguardo policial a los excongresistas por Arequipa. Informó que ya la prerrogativa ha sido retirada al día siguiente de la disolución del Congreso.

Por otro lado, señaló que gestionan más patrulleros para la ciudad. En la región existen 450 unidades, de las cuales algunas están en reparación.

 

Fuente:https://larepublica.pe/politica/2019/10/09/arequipa-policia-continuara-en-tambo-hasta-que-se-defina-la-suerte-de-tia-maria-mineria-lrsd/

Perú

Los conflictos mineros en Paruro y Chumbivilcas

El pasado 30 de setiembre del 2019 es una fecha que pasará a la historia, ya que el presidente Martín Vizcarra decidió disolver el Congreso de la República, luego de que la alianza fujiaprista se dedicara a boicotear por más de 3 años cualquier intento de reforma política y de justicia planteado por el Ejecutivo. La convocatoria de elecciones parlamentarias para el 26 de enero del 2020 puede ser un punto de quiebre para empezar a discutir las verdaderas reformas que el país necesita, por ahora la crisis política se mantiene, ya que la discusión de la disolución del Congreso se trasladará al Tribunal Constitucional.

 

Pasada la crisis, el gobierno debe concentrarse en atender la conflictividad social que se ha reactivado en el sur andino peruano, los bloqueos del corredor minero en Cusco y Apurímac, y el rechazo al proyecto Tía María en Arequipa son papas calientes que el gobierno de Vizcarra no puede soslayar. En este campo el Ejecutivo no ha sido muy diligente, por el contrario el abordaje de los conflictos ha sido declarar estados de emergencia, usar la violencia y la represión policial en las movilizaciones, así como criminalizar a líderes y dirigentes sociales que participan en ella. En sentido hay dos casos que se han activado estas últimas semanas en las provincias cusqueñas de Chumbivilcas y Paruro, por el uso de la vía del corredor minero de la empresa MMG Las Bambas.

 

Chumbivilcas: El caso de Ccapacmarca y Colquemarca

El 1 de octubre pasado en el distrito de Ccapacmarca, uno de los lugares por donde transita el transporte minero de Las Bambas, se ha desatado un nuevo conflicto dejando como saldo varios heridos y detenidos por un enfrentamiento durante el desbloqueo de la vía. Las comunidades denuncian la contaminación ambiental debido al paso de más de 500 camiones diarios de la mina, así como la inconsulta construcción de las vías a las comunidades, y el no pago por el derecho de servidumbre ni compensación por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la empresa minera Las Bambas. Las comunidades exigen que se derogue el D.S. 011-2016-MTC que aprobó la recategorización de esta vía como carretera nacional.

 

Así mismo el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA presentó públicamente el 27 de setiembre el informe Fiscalización Ambiental Corredor Vial Ámbito de la Provincia de Chumbivilcas, el cual respalda los reclamos de las comunidades respecto a la contaminación que causa la circulación del transporte minero. El OEFA informó que los resultados de las evaluaciones ambientales en los componentes de suelo, ruido, aire exceden los estándares de calidad ambiental, recomendando medidas preventivas y correctivas para la empresa minera, entre las cuales está la de “restringir el tránsito de los camiones de transporte de concentrado de Las Bambas en las localidades de Velille y Ccapacmarca, en el horario comprendido entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana del día siguiente”, asimismo se ordena a la empresa minera “la modificatoria y/o actualización de  su  EIA vigente en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA y en base a los resultados de la fiscalización realizada”.

 

Paruro: Los reclamos y los últimos hechos registrados.

Al permanecer bloqueadas las vías del corredor minero por la ruta de Colquemarca y Ccapacmarca de Chumbivilcas, los camiones y encapsulados de la minera Las Bambas optaron por transitar por la vía alterna de la provincia de Paruro, es por ello que los pobladores de la zona de Ranraccasa, Paccaritambo, Ccoyabamba y Paruro acordaron el viernes 4 de octubre iniciar una medida de protesta respaldando las demandas de las comunidades de Chumbivilcas- El bloqueo de las vías se inició el lunes 7 en Ranraccasa, distrito de Yaurisque, lugar donde este martes 8 de octubre se han producido enfrentamientos, justamente al promediar las 11 de la mañana cerca de 100 efectivos de la PNP se hicieron presentes en la zona para proceder con el desbloqueo de la vía. Según testimonios de los pobladores y videos difundidos por las redes sociales, los policías intervinieron de manera violenta disparando perdigones y bombas lacrimógenas, lo que dejó como saldo cuatro mujeres heridas, una de ellas perdió el ojo izquierdo por el impacto de los perdigones, la señora fue identificada como Higidia Humpire Ataucuri (54).

 

El reclamo de la población, según señalan los dirigentes, es por el incumplimiento de los acuerdos de la asamblea multisectorial desarrollada en el distrito de Yaurisque el 21 de marzo pasado, acuerdo que fue ratificado por el Gobernador Regional del Cusco Jean Paul Benavente (22 de abril). En aquella reunión la minera MMG Las Bambas se comprometió a iniciar en junio el recapeo (arreglo) de la vía Huancaro – Paruro, y posteriormente el asfaltado de la vía Ranraccasa – Chumbivilcas.  Los pobladores también reclaman que su provincia sea considerada como zona de influencia directa ambiental y zona de influencia indirecta social del proyecto Las Bambas, ya que por esta vía también transitan los camiones de la minera, además de plantear la reforma de la ley general de minería, entre otros.

 

Los derechos vulnerados en las comunidades son reiterativos y muestran un patrón que se repite en otras provincias del corredor minero; se afecta el derecho a la protesta social, a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, a la consulta previa, entre otros. Si bien se han instalado varias mesas de dialogo en Cotabambas, Chumbivilcas, Espinar y recientemente en Paruro, en la práctica no están resolviendo los problemas que denuncian las comunidades. A la larga el problema es el mismo de siempre: la forma como se gestiona los conflictos mineros desde el gobierno central, reprimiendo y criminalizando las protestas, estrategia lo único que genera es mayor violencia y afectación de derechos.

 

NOTA

El día de hoy jueves 10 de octubre el gobierno regional del Cusco, el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM y la empresa minera Las Bambas han convocado a reuniones para establecer mesas de dialogo en Chumbivilcas y Paruro.

 

Fuente:http://www.noticiasser.pe/informe/los-conflictos-mineros-en-paruro-y-chumbivilcas

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Mirtha Vasquez: Las comunidades del corredor minero del sur están hartas

El corredor minero del sur ha sido nuevamente interrumpido-en varios tramos- por las comunidades que viven en el entorno del corredor. La provincia de Chumbivilcas se ha declarado en paro indefinido en protesta al reducido avance y resultados de las mesas de diálogo que mantienen las comunidades afectadas por la actividad minera con el gobierno nacional. La situación política que atraviesa el país también ha tenido su cuota en este conflicto. Para analizar el tema, Noticias SER conversó con Mirtha Vásquez Chuquilín, Abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos –APRODEH

 

¿Cuál es la razón para que las comunidades del corredor minero del sur estén acatando nuevamente una huelga indefinida?

La razón fundamental de que las comunidades retomen estos procesos de resistencia es que las mesas de dialogo no han canalizado sus demandas. Se les ofreció solucionar los problemas, sin embargo han pasado meses y no hay nada concreto. Además, la crisis política ha influenciado mucho. Se siguen postergando las soluciones a los problemas ambientales que tienen en relación con el proyecto minero Las Bambas y toda esa afectación que tienen con el transito de camiones en todo el territorio. Y no hay nadie que responda sobre esas problemática, por ello las comunidades se ven obligadas a usar vías no institucionales como la toma de carreteras, porque es la única forma, en nuestro país, como las comunidades pueden llamar la atención del gobierno y hacerse escuchar.

Las comunidades sienten que la vía de dialogo no ha estado funcionando ¿Cuáles han sido los principales cuellos de botella?

Se ha estado intentando hacer un dialogo, pero siempre las soluciones a los problemas de las comunidades se burocratizan. Por ejemplo, en una de las mesas de diálogo sobre el problema de la carretera, los ministerios convocaron al OEFA, para que exponga sobre la contaminación . Y las comunidades no necesitan estas sustentaciones técnicas, porque la problemática es clara, perceptible y directa. Pienso que los ministerios debieron ser mucho más productivos y ofrecer una información inmediata. También se estaba discutiendo que la solución sería el asfaltado, todo una discusión de carácter técnico y burocrático de donde y quien va a asfaltar. Pero concretamente el problema no se soluciona con un asfaltado, sino con la regulación del transporte, de establecer un horario para reducir la afectación a la gente o finalmente volver a discutir si es posible el mineroducto o una carretera alterna.

¿Que está pidiendo la población, porque a pesar que ellos optaron por el diálogo, este camino parece no tener resultados?

Las comunidades del corredor minero del sur están hartas. En estas últimas tomas de carretera, si uno sigue los medios lo que la gente dice es “ya no queremos ni asfaltado, ya no queremos que nos propongan cualquier solución técnica, acá lo que queremos es que la mina no pase más”, porque realmente están cansados de todos los impactos que sufren, por eso la demanda concreta es ya no quieren que los camiones de las empresas pasen por su zona y que los dejen tranquilos.

¿Cuál ha sido la labor de los representantes de la empresa MMG las Bambas habido alguna participación que encamine mejor la solución?

Las Bambas ha estado participando de las mesas de dialogo, se abrieron diferentes sub grupos dentro de las mesas de dialogo donde han mandado representantes, pero tienen un perfil muy bajo, y no siento que tengan ánimo de participar en soluciones concretas, parecen observadores de lo que el Estado propone y la población reclama. Esa poca proactividad de la empresa agrava la situación.

¿La demanda de las comunidades también va en el sentido de priorizar la construcción del mineroducto y que se derogue este decreto que categorizaba como vía nacional al corredor minero?

Es parte de la problemática, porque el tema pasa por reevaluar diferentes aspectos, incluyendo el mineroducto. Y la derogatoria del decreto que declara al corredor minero como vía nacional debería tener una solución más ágil, porque en efecto al no haber considerado los derechos de las comunidades, no debió proceder.

¿Es probable que la situación se agrave considerando que el gobierno no tiene en estos momentos soluciones concretas y rápidas?

Si, Chumbivilcas se acaba de declarar en huelga indefinida y la Federación Unificada de Campesinos acaba de declarar que se une al paro y eso incluye también Apurímac e incluso todo el corredor. El trasfondo no es solo que hay que una empresa irresponsable, sino la mala estructura institucional que no permite que se solucionen los problemas. El problema es que tenemos un país donde se hace minería y nadie vela por el derecho de las comunidades.

¿Qué debería hacer el gobierno para que las comunidades depongan estas medidas de fuerza?

Yo creo que en este momento el gobierno tiene que volver a reevaluar cual es la estrategia para volver a encausar estos conflictos por la vía institucional, porque ahora todo se está dejando en manos del Ministerio del Interior y se está reprimiendo y mandando a contingentes que tiene toda la represión contra las comunidades. El conflicto en Las Bambas no puede policializarse, esa no es la solución. Lo que vamos a tener como producto de estas acciones son más heridos y muertos. No podemos nuevamente regresar a esa estrategia. Lo que hay que hacer es retomar el diálogo, y me parece negativo que se haya removido a los funcionarios que estaban llevando adelante estos procesos, como por ejemplo la ministra Paola Bustamante, que estaba a cargo del proceso. Y aún no sabemos quien va a entrar en su lugar. Recordemos que Zeballos que ahora está de premier, en su cartera anterior activaba varios procesos para evitar la criminalización. Y retomar el diálogo es una prioridad.

 

Fuente:http://www.noticiasser.pe/entrevista/mirtha-vasquez-las-comunidades-del-corredor-minero-del-sur-estan-hartas

Perú

Los Cambios Propuestos en la Modificatoria del Reglamento de la Ley del SEIA: Debilidades y vacíos

Se acaba de publicar la Resolución Ministerial 293-2019-MINAM que plantea una serie de modificaciones al Reglamento de la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La finalidad de estos cambios según la exposición de motivos es establecer reglas y criterios que regulen la actuación de titulares de proyectos, autoridades y sociedad civil en la modificación y actualización de los estudios de impacto ambiental. De manera más concreta la propuesta señala que se busca establecer criterios transectoriales de participación ciudadana en la evaluación ambiental.

Más allá de la finalidad declarada, encontramos varios artículos sobre Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). También se pretende modificar definiciones y los anexos sobre términos de referencia en los puntos referidos al plan de participación ciudadana y al plan de relaciones comunitarias, de los EIA categoría II y III. Asimismo, sobre el contenido de la evaluación preliminar en el punto relaciones comunitarias. A ello se suma otros sobre el cambio de titularidad del proyecto, la clasificación de proyectos de categoría III, la clasificación anticipada y términos de referencia de proyectos, el inicio de actividades y la pérdida de la certificación ambiental.

Lo más comentado hasta ahora ha sido que la propuesta normativa exige EIA detallados (categoría más exigente) solo a los proyectos en los que se pueden presentar impactos negativos altos. El reglamento actual señala que deben presentar EIA detallados los proyectos que pueden generar impactos negativos significativos. Es decir, la propuesta plantea un cambio en la terminología usada.  Para zanjar este punto debemos decir, que el MINAM no está facultado para realizar un cambio de esta naturaleza, ya que el reglamento en su formulación actual reproduce lo que dice la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley del SEIA). Esta Ley es la que se refiere a impactos significativos y los define. Cambiar el término requeriría también un cambio en dicha Ley. Además, el MINAM no explica en la exposición de motivos por qué pretende realizar cambios en la terminología usada. Nos preguntamos si detrás de ello hay un nuevo intento de flexibilización, ya que el término “alto” podría reducir la aplicación del EIA detallado.

En cuanto a la participación ciudadana, el proyecto normativo parecería querer armonizar a los sectores en sus procedimientos, más no fortalecerla, pues no aborda los problemas más acuciantes que enfrenta el proceso de evaluación de impacto ambiental en esta materia. Al respecto, dos temas nos parecen centrales:

1. Primero, cómo se pasa de una participación ciudadana formal a una participación efectiva. Todos sabemos que los estudios de impacto ambiental son informes interdisciplinarios, complejos, difíciles de entender. Incluso cuando un dirigente se refiere a ellos, muchos piensan que su opinión no es válida porque no está en condiciones de entender sus contenidos.

Por lo tanto, tener una participación real requiere revertir esa situación. La pregunta es cómo hacerlo. En CooperAccion alguien proponía que así como existen abogados de oficio en lo penal para aquellos que no tienen recursos económicos, podría utilizarse una figura similar para los procesos de participación ciudadana; es decir, otorgar una asesoría gratuita, para aquellos que no pueden contratar una asesoría técnica que vele por sus intereses. Esto se hace aún más necesario, si es que con la aprobación del EIA se declara la viabilidad ambiental del proyecto, tal y como lo propone una de las modificatorias del reglamento.

De esa manera, la audiencia pública podría pasar de ser un espacio principalmente informativo del EIA, que tiene como principal protagonista a la consultora que lo elaboró (por tratarse de un estudio de parte), a un espacio de discusión y debate amplio y más fundamentado, garantizando la existencia de opiniones sólidas planteadas desde la sociedad civil o de los gobiernos subnacionales. En este punto es necesario considerar que no cualquier profesional puede opinar sobre los EIA por más buena voluntad que tenga, ya que requiere de un conocimiento especializado y de manejo de cierta información.

En consecuencia, sería importante que los gobiernos subnacionales y las universidades pudieran participar en el debate, y para ello se podría recurrir a consultorías financiadas con fondos proporcionados por las empresas y/o el Estado. Tal vez, también el Estado podría generar un registro de consultoras o personas que hacen revisión de EIA para sociedad civil, cuya experiencia y seriedad sea verificada por éste.

2. Otro gran problema para la participación ciudadana son las numerosas modificaciones que sufren los EIA. A veces se realizan dos por año. La mayoría de ellas se hacen mediante el instrumento denominado Informe Técnico Sustentatorio (ITS), que es un procedimiento sumario para aprobar modificaciones en los EIA que no contempla mecanismos de participación ciudadana, incumpliendo así el principio de participación establecido en las normas que regulan el SEIA y la Ley del Procedimiento Administrativo General. Por otro lado, el que sean tan numerosas y frecuentes las modificaciones torna imposible que las poblaciones locales o los ciudadanos las puedan seguir y participar en ellas. Por lo tanto, éstas deberían ser planificadas y realizarse en bloque, lo cual permitiría además mejorar la determinación de impactos acumulativos y sinérgicos y tener una mirada de conjunto de los cambios y sus impactos.

De otro lado, en cuanto a los términos de referencia para los planes de relaciones comunitarias, otra de las propuestas incluidas en este proyecto normativo, consideramos que se debería señalar de manera explícita la necesidad de establecer indicadores de cumplimiento del respeto a los derechos humanos y los derechos colectivos de pueblos indígenas.

Otro tema importante es la incorporación de la consulta previa en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, tal y como lo recomienda la Defensoría del Pueblo (Informe 001-2019-DP-AMASPPI-PPI), lo cual permitiría avanzar en el compromiso de adecuar la legislación peruana al Convenio 169 de la OIT.

En lo que respecta a la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de políticas, planes y programas públicos, nos parecen interesantes los cambios propuestos. En primer lugar, acertadamente, la propuesta marca la diferencia entre la EAE y los EIA, pues la primera analiza la consistencia en el cumplimiento de objetivos ambientales, y la segunda los impactos de un proyecto . Por ello, en la finalidad de la EAE se incorpora la idea de que se trata de un proceso de apoyo a la planificación.

Otro punto importante, es fijar a qué políticas, planes y programas se le aplica la EAE. La propuesta señala: “(…) a las políticas, planes y programas públicos vinculados con las prioridades y objetivos de desarrollo nacional, regional o local, susceptibles de originar implicancias ambientales negativas significativas”. El problema reside en quién determina que una política, plan o programa público está vinculado a prioridades y objetivos de desarrollo. Del procedimiento se desprende que el proponente es quien toma la iniciativa. La pregunta a realizar es qué pasa si no la considera necesaria. Somos de la opinión que habría que garantizar la petición de parte para aquellas situaciones en que la ciudadanía considera necesaria realizar la EAE.

Por último, consideramos que existen otros temas álgidos en los procesos de certificación ambiental que requieren ser tomados en cuenta en una propuesta de reforma normativa, con la finalidad de fortalecer el sistema de evaluación de impacto ambiental. A continuación enumeramos brevemente algunos temas que habría que considerar:

• Incorporación de los planes de reasentamiento de poblaciones y comunidades indígenas, así como la exigencia del consentimiento libre, previo e informado en el caso de estas últimas. Asimismo, se debe garantizar la opinión vinculante del organismo público que vela por el derecho de esas colectividades. Cuando se trata de traslado de centros poblados, y ciudades,  la norma debería establecer la relación con el sistema de planificación.

• Necesidad de establecer límites al uso abusivo de los ITS ya que debilita al sistema de evaluación ambiental, al haberse distorsionado su razón de ser.

• En los términos de referencia se deben mejorar los requerimientos para los estudios geológicos, hidrogeológicos, y de geotecnia y asegurar el análisis integrado de los mismos.

• Establecer los criterios para garantizar una adecuada representatividad de las muestras que se toman en los estudios de línea de base y de los puntos de monitoreo.

• Establecer la exigencia de una línea de base de impactos a la salud.

• Incorporar la evaluación de la compatibilidad territorial del proyecto, con opinión de los gobiernos regionales y locales.

• Establecer criterios y exigencias para la labor de las consultoras ambientales encargadas de la elaboración de los EIA a fin de garantizar que los estudios sean rigurosos y permitan implementar eficazmente el enfoque preventivo en la gestión ambiental de los proyectos mineros.

• Definir criterios para el uso de metodologías que determinan impactos acumulativos y sinérgicos. Igualmente establecer criterios para la determinación de las áreas de influencia directa e indirecta.
 

10 de octubre de 2019

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN

Perú

Consejo de Minería escuchó alegatos en pro y contra Tía María

Licencia. Se pronunciará en 15 días hábiles sobre la construcción del proyecto minero. Junta de Usuarios confía en la contundencia de sus argumentos y Southern en sus criterios técnicos.

La audiencia en el Consejo Nacional de Minería (CNM) para escuchar los alegatos de la Junta de Usuarios del Valle de El Tambo y de la empresa minera Southern Perú Copper Corporation empezó pasadas las 12 del mediodía. Antes habían intervenido los representantes del Gobierno Regional de Arequipa y de la Central Azucarera Chucarapi, quienes también presentaron recurso de revisión de la licencia de construcción del proyecto cuprífero Tía María.

Cerca de las 2:00 de la tarde salieron del recinto ubicado dentro del Ministerio de Energía y Minas Jesús Cornejo, Mario Chávez y el ingeniero Luis Siveroni, presidente, abogado y asesor técnico respectivamente de la Junta de Usuarios del Valle de El Tambo.

Ellos informaron lo acontecido a los agricultores que llegaron desde la provincia de Islay para respaldarlos.

Jesús Cornejo les dijo que esperaban una respuesta favorable del CNM porque la empresa no pudo argumentar técnica ni legalmente sus alegatos a pesar de contar con un equipo integrado por ocho personas.

«Queremos solución. Día a día vemos que los heridos no son atendidos como seres humanos, que son atendidos en sus hogares artesanalmente como cualquier animal», dijo con la voz quebrada.

Luego, el abogado Mario Chávez informó que el equipo de la Junta de Usuarios demostró a la autoridad minera que los del valle tienen la razón.

«Ustedes no están acá por gusto, no han dado su vida por gusto. Ustedes están reclamando un derecho justo y lo que tiene que hacer esta instancia es declararles ese derecho en quince días hábiles», sostuvo.

Finalmente, el asesor técnico, ingeniero Luis Siveroni, señaló que el CNM y especialmente Southern no quisieron escuchar los argumentos técnicos indicando que el Estudio de Impacto Ambiental ya fue aprobado, sin tomar en cuenta que el tema está judicializado y por lo tanto no es firme.

«Aún así demostramos que las Lomas de Cachendo, declarada zona frágil, y el valle de El Tambo van ser impactados y destrozados por la actividad minera», aseveró Siveroni.

A la sede ministerial también llegó el Colectivo Arequipeños por Arequipa que apoyan el proyecto Tía María y ven en esta inversión una posibilidad de desarrollo.

Matilde Losada dijo que ninguno de los argumentos que dan los manifestantes es razonable. Apeló al avance de la tecnología para mitigar impactos y puso como ejemplo el valle de Congata con Cerro Verde o la bahía de Ite y el valle de Torata con la misma Southern.

“Conviene que se concrete este proyecto porque genera ingresos, puestos de trabajo tanto en la etapa de construcción como en la etapa de ejecución del proyecto”, precisó Losada.

Southern espera fallo justo basado en criterios técnicos

– Sobre esta audiencia que resolverá la licencia de construcción del proyecto Tía María, el presidente de Southern Perú Copper Corporation, Óscar González Rocha, manifestó que confían en la independencia del Consejo Nacional de Minería y en un fallo justo que tome en cuenta criterios técnicos.

– “Se trata de un proyecto sostenible, que se desarrollará con los más altos estándares ambientales de la industria minera mundial. Reiteramos que Tía María tendrá un impacto favorable para el Valle de Tambo, impulsando el desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas de la zona», afirma el ejecutivo. Dijo que de obtener un fallo desfavorable defenderán el proyecto en instancias correspondientes.

 

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/08/consejo-de-mineria-tia-maria-el-tambo-southern-peru-ministerio-de-energia-y-minas/1/?ref=photogallery&fbclid=IwAR232Sc4qMuirvngEGCckvwOAAsMjC6o0p1hqWE2g0AaayVmKXXv6FVglIo

Perú

Arequipa: Cerro Verde presenta cambios en su Estudio de Impacto Ambiental

Según el documento presentado a Senace, se realizarían 5 cambios importantes al EIA de 2016. Este instrumento sirve para advertir los riesgos ambientales.

El 13 de setiembre pasado, Sociedad Minera Cerro Verde solicitó al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) la modificación del Estudio de Impacto Ambiental Social para la expansión de sus operaciones. El EIA es un instrumento que sirve para advertir los riesgos ambientales y plantear medidas de mitigación.

La consultora INSIDEO fue contratada para este trabajo. El área del estudio no solo abarca varios distritos de la provincia de Arequipa, también se extiende a la ciudad de Mollendo en la provincia de Islay.

Según el documento presentado a Senace, se realizarían 5 cambios importantes al EIA de 2016. Ellos son: La creación de un nuevo plan minero de producción, la ampliación de su capacidad de procesamiento de mineral, cambios en el plan general de disposición de relaves a largo plazo, cambios en instalaciones auxiliares y la actualización de planes de manejo ambiental y operativos.

La República intentó comunicarse con funcionarios de la minera para conocer sobre estas modificaciones, sin embargo, solo señalaron que el tema está en evaluación y por ello no harán mayores comentarios. Será Senace el que determinará si se aprueban las modificaciones planteadas por la minera.

De acuerdo a INSIDEO, las modificaciones propuestas se realizarán dentro del área efectiva aprobada en su EIA. Esta se extiende en los distritos de Uchumayo, Tiabaya, Yarabamba y La Joya.

Cambios aprobados

Senace ya aprobó 4 Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) de la modificación de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

El primer ITS modificó la ubicación del centro de propagación de la minera, mejoró el proceso en la planta de extracción por solventes e implementó áreas de limpieza para equipos livianos. Se aprobó el 2017.

El 2018 se dio visto bueno al segundo ITS, que amplía la capacidad instalada de la planta concentradora de 240 kTM/día a 288. Esta planta procesa sulfuros primarios de cobre. La modificación supuso actualizar el plan de minado de los tajos Cerro Verde, Santa Rosa y Cerro Negro. Aprueba una planta de tratamiento de agua doméstica. Esta tratará 115 metros cúbicos por día.

En estas modificatorias, Cerro Verde incluyó el estudio de aguas subterráneas, que podrían ser utilizadas por la empresa.

 

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/04/arequipa-cerro-verde-presenta-cambios-en-su-estudio-de-impacto-ambiental/

Perú

La Libertad: Cuatro muertos deja batalla entre ronderos y mineros

La Libertad. Sujetos habrían sido contratados para desalojar a un rondero y dispararon contra lugareños, quienes finalmente los sometieron a una golpiza.

Cuatro personas murieron a causa de un enfrentamiento protagonizado por sujetos que habrían sido contratados como seguridad de la empresa minera Summa Gold Corporation SAC y cientos de pobladores y ronderos del caserío de Coigobamba, distrito de Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión, La Libertad.

Según los pobladores, un centenar de individuos fue trasladado en la madrugada de ayer por la minera que realiza sus actividades en el cerro El Toro, con la finalidad de desalojar de un terreno a la familia de Fernando Polo Espejo.

Cuando este personal de seguridad arribó a Coigobamba se encontró con un grupo de ronderos, con quienes se enfrentó a balazos por varios minutos, que causó la muerte del adolescente de iniciales E. T. S. A (14).

El tiroteo despertó a los habitantes del lugar que se agruparon para hacer frente a los maleantes, desatándose una batalla campal por varias horas.

Los sujetos contratados por la minera tuvieron que retroceder al verse superados en número y al haberse agotado sus balas, lo que fue aprovechado por los ronderos para capturar, golpear y amarrar a varios de los intrusos.

Justicia con sus manos

Al parecer, tras capturar a los maleantes, hicieron justicia con sus propias manos. Se conoce que tres murieron víctimas de golpes y el fuerte frío que impera en la zona.

Entre los muertos se encontraría también un policía en retiro de nombre Jorge Yosimar Vera Paz, quien habría sido contratado por la minera en Trujillo. Asimismo, Elder Rafael Briceño Castañeda (41 ) y un varón cuya identificación es desconocida.

La batalla campal también dejó dos heridos de bala entre los lugareños y una quincena de detenidos, entre quienes habrían sido contratados por la minera. Algunos fueron intervenidos en la pelea y otros al interior de las casas donde se escondieron.

El fiscal de turno de Sánchez Carrión, Henry Espinoza, policías y serenos de esa jurisdicción realizaron las diligencias de ley y se retiraron del lugar por falta de garantías.

Varios de los detenidos manifestaron que fueron contratados en Trujillo por un señor de apellido Jara y fueron traídos en un ómnibus para cuidar un predio durante tres días por un pago diario de 80 soles.

Dijeron que había un grupo de seguridad que tenía armas y licencia para portarlas y otros solo debían acompañar.

Siete de los heridos han sido identificados como Elvia Solano Sandoval (22), Denis Garcés Puro (32), Rafael Chavista Sandoval (44), Cristián Chávez Perez (25), Luis Sánchez Gutiérrez (30), Jean Núñez Cespedes (18) y Oswaldo Vergara Latoche (36).

Summa Gold niega relación con ataque a ronderos

Mediante un comunicado la minera Summa Gold Corporation S.A.C. rechazó tener alguna relación con los sucesos ocurridos en la madrugada de ayer, en el sector Coigobamba, donde perecieron cuatro personas. La empresa señala que el predio es de propiedad de Fernando Polo Espejo y que allí predomina la minería informal.

Además, indica que se pretende involucrarla en estos hechos delictivos, por lo que evalúan la posibilidad de adoptar las acciones legales pertinentes.

Summa Gold Corporation produce oro y plata desde agosto pasado. Su gerente general, Jaime Polar, denunció en el último Perumin que demoraron la producción porque las concesiones “fueron invadidas por mineros informales”.

 

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/07/la-libertad-cuatro-muertos-deja-batalla-entre-ronderos-y-mineros-mineria-summa-gold-corporation-sac-huamachuco/?fbclid=IwAR1FWifTmBi-bKZtrU4GL180H-UAgzHeezXJSFeNfH-hyyIe0RAHRw9cL64

Perú

Tía María: El Consejo de Minería resolverá en 15 días sobre licencia de construcción del proyecto.

Desde las 9 de la mañana empezaron a llegar los cerca de trescientos agricultores del valle de Tambo y ciudadanos arequipeños a los exteriores del Ministerio de Energía y Minas, para respaldar a la Junta de Usuarios del Valle, al gobierno regional de Arequipa, y al Frente de Defensa de la Central Azucarera de Chucarapi, que se encontraban en la audiencia del Consejo de Minería tras haber interpuesto tres recursos de revisión al otorgamiento de la licencia de construcción del proyecto Tía María por parte del Ministerio de Energía y Minas.

También llegaron a los exteriores del Ministerio, cerca de 40 integrantes del Colectivo Arequipeños por Arequipa que respaldan la realización del proyecto minero Tía María de la empresa Southern. En su mayoría eran jóvenes menores de 25 años que eran dirigidos por una persona en especial. Los agricultores de valle de Tambo señalaban que esos jóvenes eran pagados por la empresa y que no eran de Arequipa.

El contingente numeroso de agricultores y ciudadanos arequipeños que rechazan el proyecto minero también protestó porque no dejaban ingresar a la prensa arequipeña a las instalaciones del Ministerio.

Informes de la Audiencia

Después de 3 horas de audiencia, que inició aproximadamente a las 10am, salieron los representantes del gobierno regional y señalaron que el Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas estaba llevando el expediente de manera oculta al no haber informado que la Junta de Usuarios del Valle había recusado a los 5 integrantes del Consejo de Minería por diferentes causales; y lo que es peor, en vez de que otros integrantes del Consejo de Minería resuelvan esa impugnación; lo resolvieron los mismos integrantes, rechazando esa impugnación. El representante legal del gobierno regional, Walter Paz, señaló que advirtieron en la audiencia que llevarán al poder judicial lo sucedido.

Asimismo, informó que la empresa Southern pidió que se suspenda la audiencia porque había un juicio en curso contra el gobierno regional de Arequipa por haber anulado la servidumbre minera, que se sobrepone a las “Lomas de Cachendo”, que fue denominado el 2018 como un ecosistema fragil por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Sin embargo, según informó el representante del gobierno regional, el juzgado de Arequipa ha rechazado la acusación de la empresa Southern hacia el gobierno regional.

Posteriormente, el presidente de la Junta de Usuarios de Valle de Tambo, Jesús Cornejo, salió de la audiencia y agradeció a los agricultores y ciudadanos que se trasladaron desde Arequipa hasta el Ministerio y señaló que aunque la empresa Southern no quería que se toquen aspectos del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Tía María; ellos lo señalaron porque la construcción del proyecto va a tener repercusiones ambientales y, porque, sobre todo, existe una acción judicial aún no resuelta desde el 2015 en el Segundo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima, porque Southern no levantó todas las objeciones hechas a su EIA (demanda contenciosa Nº 04177-2015).

Asimismo, el abogado representante de la Junta de Usuarios, Mario Chavez, agregó que impugnaron a los integrantes del Consejo de Minería por no haber declarado la caducidad del EIA de Tía María al no haber iniciado sus obras en el plazo máximo de 5 años, de acuerdo al reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (N° 27446). Sin embargo, al igual que el representante legal del gobierno regional de Arequipa, mostró su indignación al constatar como los mismos integrantes del Consejo de Minería rechazaban la impugnación, siendo jueces y parte a la vez.

Desenlace

De acuerdo a las declaraciones del representante legal del gobierno regional de Arequipa, y de la Junta de Usuarios de Valle de Tambo; el Consejo de Minería emitirá una resolución sobre la cancelación o no de la licencia de construcción del proyecto tía maría, dentro de 15 días. Cabe recordar que la cancelación de la licencia de construcción no implicaría la cancelación de todo el proyecto minero, pero si significaría una batalla perdida importante para la empresa Southern.

En los exteriores del Ministerio, los agricultores también exigían que el presidente Vizcarra cancele de una vez el proyecto minero tía maría debido a las muertes que ya ha generado el conflicto.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/945-tia-maria-el-consejo-de-mineria-resolvera-en-15-dias-sobre-licencia-de-construccion-del-proyecto?fbclid=IwAR3zz4NKB-ne42gGel8DiXIukS3cHUgh1ObZB1B9xox32fca2EmfH7bVs5Y

Perú

METALES TÓXICOS: Zeballos Y Vizcarra deberán aprobar conformación de Comisión Multisectorial para atención de afectados

Propuesta para conformar una comisión multisectorial liderada por MINAM será presentada por representantes de PCM al premiere Zeballos

Luego de reunirse con representantes de más de 13 regiones afectadas por metales tóxicos, el Viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, junto a la Viceministra de Gestión Ambiental, Albina Ruiz, se comprometieron a presentar al premier Vicente Zeballos una propuesta para la conformación de la comisión multisectorial para su aprobación inmediata e implementación. Este documento, que deberá ser firmado por Zeballos y Martín Vizcarra, propondrá que se incorpore en la comisión a los representantes de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos y a la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana.

Los representantes de la PCM se comprometieron a que luego de ratificarse este decreto supremo, se instale la comisión multisectorial en la primera semana de noviembre dada la emergencia en salud que tienen las zonas afectadas. La primera reunión tendrá como objetivo la elaboración y aprobación del plan especial con el que se dará seguimiento a la implementación de todos los sectores.

Recordemos que esta semana estuvieron reunidos en lima más de 50 representantes de las más de 13 regiones afectadas por metales tóxicos agrupados en la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos. Ellos y ellas enfatizaron que a pesar de la grave crisis política del país, no pueden seguir esperando más a que el Estado dé una respuesta con enfoque integral y multisectorial para atender a las graves afectaciones a las salud humana y ambiental que viven.