Perú

40 años de minería en Espinar: pobreza, contaminación y conflictos sin resolver

21/05/2021
Redacción Wayka
Desde 1981, la provincia de Espinar del Cusco convive con la minería y sus consecuencias. Ese año, la empresa estatal ETAMINSA expropió 2.368 hectáreas de la comunidad de Anta Cama y comenzó sus operaciones extractivas en el proyecto minero Tintaya. Los reclamos de la población, sin embargo, perduran hasta la actualidad, cuarenta años después, por un Estado que no garantiza derechos básicos ni acceso a la salud especializada para los afectados por la contaminación minera, y una empresa que desata protestas en la provincia.

Las primeras protestas de la población de Espinar contra la actividad minera sucedieron durante la década de los ochenta, y no se agravaron hasta el 21 de mayo de 1990, cuando tomaron como rehenes a un grupo de trabajadores de la minera. Durante el régimen de Alberto Fujimori, según los propios comuneros de la provincia de Espinar, la situación empeoró.

“Desde 1990 los problemas han iniciado juntos con el gobierno fujimorista. Nosotros teníamos antes nuestras empresas mineras estatales, pero Fujimori todo privatizó, nos ha traído un caos. Ha vendido, ha rematado, en un año 200 empresas mineras. Nos han invadido las grandes empresas transnacionales. Junto con ese remate empezaron nuestras protestas”, cuenta Elsa Merma, integrante de la Asociación de Mujeres Defensoras del territorio K’ana, en el foro “Conflictos y espacios de diálogo en Espinar: balance y desafíos”.

Como se recuerda, en 1993 el gobierno de Alberto Fujimori inició el proceso de privatización y en 1994 le adjudica el proyecto Tintaya a la multinacional estadounidense Magma Cooper Company por US$276,8 millones. En 1996, Magma es absorbida por el grupo australiano Broken Hill Property (BHP) para posteriormente fusionarse con la empresa Billiton PLC (Reino Unido). El proyecto Tintaya termina en manos de Xstrata Copper en 2006, luego de que esta sea vendida por Billiton PLC.

Desde el lado de la población de Espinar, sin embargo, no se ha percibido el progreso que supone la actividad minera. Hasta el 2017, de acuerdo a datos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el 46% de personas de Espinar sigue siendo pobre, el 17% vive en pobreza extrema y solo el 37% alcanzó la condición de no pobre. A su vez, el Ministerio de Salud identificó a 1621 personas con presencia de metales tóxicos en la sangre, como arsénico, cadmio, mercurio y plomo.

La afectación por metales pesados fue confirmada recientemente en un informe elaborado por Amnistía Internacional y Derechos Humanos Sin Fronteras, en donde se concluyó que de 150 personas de Espinar analizadas, el 78% tuvo altos niveles de metales y sustancias tóxicas. La mayoría de ellos guarda arsénico en la sangre.

“La empresa minera nos ha traído contaminación a nuestro medio ambiente y nuestra salud. Los ministerios ya saben que tenemos metales pesados, pero hasta ahora no somos atendidos.
Ahora estamos en mesas de diálogo, cuántos años de mesas de diálogo pero en Espinar simplemente instalamos (mesas), después semanas pasan, meses pasan, se olvidan. Y otra vez tenemos que sacar pronunciamientos, tenemos que movilizarnos, organizar otro paro”, exclama la defensora ambiental de Espinar, Elsa Merma.

Por su lado, la bióloga de Derechos Humanos Sin Fronteras, Karem Luque Ticona, enfatiza los años de ineficiencia del Estado frente a las poblaciones afectadas por metales pesados. “No se han implementado planes de atención integral efectivos en Espinar. No se ha entregado hasta ahora, seis años después, los resultados de causalidad de la contaminación por parte del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Hasta ahora no se encuentra la causa de la contaminación, que era una de los principales pedidos de la población”.

Para José de Echave, economista y exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente durante el gobierno de Ollanta Humala, los derechos ganados por la población de Espinar se deben a su capacidad de organización. “Los mejores momentos de lucha y diálogo en Espinar han sido cuando la población ha estado organizada, porque una población organizada está en mejores condiciones para defender sus derechos. Cuando las comunidades han tenido la capacidad de convocar aliados, y cuando la población pudo hacer visible lo que pasaba en sus territorios”, dijo de Echave en el foro transmitido por Wayka.

40 años de minería en Espinar: pobreza, contaminación y conflictos sin resolver

Perú

Oscar Valdés: de represor de protestas en Conga a técnico del fujimorismo

20/05/2021
Redacción Wayka
A mediados del 2011, la región Cajamarca se levantó en protesta contra el proyecto minero Conga, a cargo de la empresa minera Yanacocha, subsidiaria de Newmont. Pese a que un estudio de impacto ambiental advirtió la destrucción de lagunas de cabeceras de cuenca, y la poca voluntad de la minera por preservar las fuentes de agua, el entonces premier Oscar Valdés intentó imponer el proyecto a sangre y fuego. La candidata Keiko Fujimori presenta actualmente a Valdés como parte de su equipo técnico.

Oscar Valdés Dancuart es un militar retirado que fue el primer ministro del Interior del gobierno de Ollanta Humala y posteriormente su Presidente del Consejo de Ministros. Durante ese periodo de tiempo, entre julio y diciembre de 2011, Valdés se pronunció y actuó a favor del proyecto minero Conga, pese a los riesgos ambientales advertidos y la sangrienta represión policial contra las protestas en Cajamarca.
Foto: Pólemos.

Como ministro del Interior, Valdés estuvo a cargo de la respuesta de las fuerzas del orden contra las protestas por el proyecto Conga que se desataron en noviembre de 2011. El resultado de su gestión contra dicho conflicto socioambiental dejó más de 20 heridos y cinco ciudadanos fallecidos, entre ellos Eleuterio García Rojas (50), José Faustino Silva (35) y un menor de edad (17) de iniciales C.M.A. El 2011, año en que Valdés fue ministro del Interior, terminó con 22 civiles muertos y otros 291 heridos en un conflicto social, mientras que por el lado de las fuerzas del orden se hirieron a 18 policías.

Pese a que un equipo de expertos internacionales analizó el estudio de impacto ambiental del proyecto y recomendó no destruir cuatro lagunas que constituyen la cabecera de tres cuencas fluviales y que abastecen de agua a los agricultores de la región, el gobierno de Humala insistió en darle luz verde a Yanacocha. Y Valdés, ya como premier de Humala, emitió una serie de declaraciones en contra de los manifestantes de Cajamarca.
Captura de Twitter.

“Los podridos quieren que este país sea una chacra, los congelados un páramo y los incendiarios una gigantesca fogata (…) los incendiarios quisieran prender explosivos y verter venenos para que surja una gigantesca fogata”, escribió Valdés en su cuenta de Twitter en pleno conflicto socioambiental. “Los congelados se han encerrado dentro de ellos. No miran sino a sus iguales y a sus dependientes, considerando que nadie más existe”.

Como se recuerda, durante el segundo periodo del aprista Alan García Pérez, un equipo del Ministerio de Energía y Minas conformado por un exfuncionario de Yanacocha, aprobó el estudio de impacto ambiental del proyecto Conga. Pese al conflicto de interés identificado en el proceso de aprobación, el expresidente Humala y su premier Oscar Valdés defendieron la viabilidad del proyecto por encima de los reclamos y muertos en represión policial.

Tras varios meses de protestas y represión policial, finalmente el gobierno de Humala suspendió el proyecto Conga en noviembre del 2011. Y pese al saldo de civiles muertos y heridos que dejó el conflicto socioambiental en Cajamarca, Humala mantuvo a Valdés hasta julio del 2012.

Las declaraciones de Oscar Valdés, sin embargo, han sido polémicas más de un vez. En enero de 2012, aún como premier del gobierno de Ollanta Humala, Valdés se refirió así del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR): «Si bien es un informe bastante completo, hay que ver que mucha gente presentaba cuadros desgarradores y hubo mucha teatralización y cosas que sobredimensionaron, como la cantidad de damnificados y el rol de las Fuerzas Armadas».

Durante las protestas del 19N contra el gobierno de facto de Manuel Merino de Lama, Valdés se pronunció a favor del gobierno, pese a que el Ministerio de Salud ya había confirmado la muerte de los ciudadanos Brian Pintado e Inti Sotelo. «Yo creo que (los congresistas golpistas) cometieron un grave error en no respaldar al señor Merino, ellos debieron mantenerse en sus trece», dijo Valdés en una entrevista para un portal digital.

Oscar Valdés: de represor de protestas en Conga a técnico del fujimorismo

Chile, Perú

LA CONSTITUCIÓN EN DEBATE: UNA MIRADA A LA EXPERIENCIA CONSTITUYENTE CHILENA

Paul E. Maquet y Luis Gárate 20/05/2021
Imagen: Reuters
Las recientes elecciones de los representantes a la Convención Constituyente en el vecino país de Chile son un claro ejemplo de vocación democrática y de lo que significa el llamado momento constituyente. Este proceso deja muchos aprendizajes para los debates actuales en nuestro país.

La Convención chilena es un equivalente a lo que en el Perú se ha denominado Asamblea Constituyente, y que a pesar de todo lo que ha dicho en diversos medios para denostar de ella, es una figura conocida en la región sudamericana, y que ya se realizó antes en el Perú.

Una Asamblea Constituyente no es un congreso o parlamento paralelo, puesto que no se dedica a legislar y fiscalizar al gobierno de turno. Su misión es única y exclusivamente la discusión de una carta constitucional, concebida como la cristalización de un nuevo pacto social en el país.

El caso peruano

En la experiencia peruana, las dos experiencias más recientes son la de 1979 y la de 1993. La Asamblea Constituyente de 1979 fue convocada por el dictador Francisco Morales Bermúdez en el marco de la transición a la democracia. En esta Asamblea participaron representantes de los partidos de la derecha, centroderecha y de la izquierda peruana de entonces. La Constitución aprobada por esa asamblea ha sido reconocida como una de las más avanzadas en su enfoque social por diversos especialistas.

En 1993, tras el golpe militar realizado por Alberto Fujimori, este convocó un llamado Congreso Constituyente Democrático que redactó una nueva carta constitucional que sería aprobada por un cuestionado referéndum en 1993. Ambas cartas constitucionales, la del 79 y el 93, expresaron distintos momentos de la historia peruana, y determinados equilibrios y correlaciones de fuerzas sociales, políticas y económicas que se vieron expresadas en el contenido de ambos documentos. La de 79 expresó un equilibrio entre fuerzas conservadoras, progresistas así como más radicales, que venían de la mano de un movimiento social en ascenso. Por el contrario, la del 93 más bien expresó la crisis de los partidos tradicionales, la crisis económica y social, y la ola neoliberal que se instalaba en Perú y en toda la región.

Los grupos de poder económico, grandes empresarios y voceros de la derecha política sostienen que la Constitución de 1993 ha sido la garantía que ha permitido el “exitoso” modelo promotor de la inversión privada, que modernizó al Estado y que ha permitido un tiempo de crecimiento y estabilidad macroeconómica. Sin embargo son cada vez más las voces que sostienen que el modelo instaurado con dicha Constitución ha priorizado en mayor medida los intereses empresariales, y no ha contribuido a darle al Estado una mirada de mediano y largo plazo. Asimismo se le critica que ha desprotegido los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad, como son los trabajadores, las mujeres, comunidades y pueblos indígenas, comunidad LGTBIQ, entre otros.

La experiencia constituyente de Chile

La constitución vigente en Chile data del año 1980, y fue aprobada durante la dictadura del general Augusto Pinochet. Expresa entonces el diseño de un Estado autoritario dirigido por los militares, que fue uno de los primeros en implementar el modelo neoliberal orientado por los asesores de la llamada “Escuela de Chicago”.

Dicha Constitución siguió vigente a pesar de que la dictadura perdió el plebiscito del año 1989 que permitió que regrese la democracia a este país. Durante todo el periodo post-dictadura, la constitución pinochetista siguió vigente, garantizando una suerte de blindaje de privilegios para sectores empresariales así como militares.

Con los sucesivos gobiernos de la Concertación y luego de la derecha, en esencia en Chile no cambiaron las reglas de juego. Hubo algunas reformas, pero en esencia se mantuvieron los pilares de un modelo en el que se han privatizado casi todos los sectores, inclusive el servicio de agua potable. Frente a ello, los gremios laborales y las organizaciones sociales denunciaron que el modelo cada vez era más excluyente. Esto se confirma en los indicadores que muestran a Chile como uno de los países más desiguales de la región y el mundo.

Entrado el nuevo siglo, se han sucedido una serie de jornadas de protestas social, sobre todo de los sectores estudiantiles ante los altos costos de la educación, así como masivas movilizaciones contra el sistema privado de pensiones. Las más recientes se dieron entre el 2019 y el 2020, donde millones de chilenos demandaron nuevas reglas y una salida constituyente. Es a partir de ahí que el gobierno de Sebastián Piñera y las cámaras parlamentarias se vieron presionados a la convocatoria de una Convención Constituyente, que ha mostrado ser bastante innovadora en su contenido y forma.

Los temas en debate: participación indígena y la agenda ambiental

Junto con la paridad de género y la participación de independientes (no afiliados a ningún partido político), una de las grandes novedades del proceso constituyente chileno es la participación de los pueblos indígenas. Para ello, el Congreso, gracias a un acuerdo político entre los diversos partidos, pero sobre todo gracias a la presión social, aprobó una Ley que creaba escaños reservados para pueblos originarios en la Convención Constitucional. De esta manera, en las elecciones del domingo pasado se ha definido también la participación de 17 representantes de estos pueblos. Por primera vez en la historia de Chile, los pueblos mapuche, aimara, quechua, diaguita, rapa nui, entre otros, tendrán voz y voto en la definición del pacto social.

En el caso peruano, aún es muy incipiente la discusión acerca de cómo podría ser la conformación de una eventual Asamblea Constituyente, si bien en la propuesta del candidato Pedro Castillo se habla de participación de organizaciones sociales. Actualmente en el Perú la participación política de los pueblos indígenas es muy limitada, y pese a diversos proyectos de Ley que han circulado en el Congreso de la República, no existe una cuota para los pueblos originarios en el poder legislativo. En ese sentido, es clave abrir la discusión sobre los mecanismos de participación a fin de que por fin, en el bicentenario de nuestra independencia, los pueblos indígenas puedan participar en el nuevo pacto social.

Otro elemento a considerar es la manera en que los temas ambientales y los recursos naturales serían abordados en una nueva Constitución. En el caso chileno, una de las promesas más importantes de la mayoría de representantes elegidos ha sido, por ejemplo, la recuperación del agua, que según la vigente Constitución de Pinochet es un bien de mercado.

En el caso peruano, una de las metas principales de los sectores políticos que promueven un cambio constitucional tiene que ver también con la recuperación de los recursos naturales, en particular los recursos mineros e hidrocarburíferos.

Sin embargo, se encuentra menos presente el tema ambiental. En un contexto de crisis climática global, que exige cambios profundos en nuestra relación con la Naturaleza, es importante incorporar en la discusión sobre el nuevo pacto social una clara mirada ecológica. Por ejemplo, constitucionalizando los derechos de la Naturaleza y los ecosistemas, siguiendo el ejemplo de otros países de la región, como Bolivia y Ecuador.

Salida constituyente en el Perú

Lo que podemos ver en el Perú a través de los casos judiciales más sonados en temas de corrupción, como Lava Jato y los Cuellos blancos, es que las reglas de juego actuales no están haciendo frente a una crisis que está relacionada estrechamente al modelo y su Constitución. La corrupción se ha generalizado en todos los niveles del Estado y existe cada vez una mayor desconfianza de los ciudadanos hacia sus representantes públicos.

En los últimos meses, en especial desde las protestas de noviembre del 2020 contra el gobierno de facto de Manuel Merino, se ha puesto en agenda la discusión constitucional en el Perú. Actualmente, Pedro Castillo tiene como una de sus banderas centrales la convocatoria a una Asamblea Constituyente, mientras que la candidata Keiko Fujimori, tiene como una de sus prioridades la cerrada defensa de la Constitución del 93.

Como muestra el ejemplo de Chile, la discusión no se puede agotar en los candados puestos por la Constitución vigente, sino que se trata de poner sobre la mesa la discusión sobre el pacto social entre los peruanos para resolver la profundidad de nuestros problemas actuales. La experiencia chilena nos da varias luces sobre cómo podemos innovar y abrir importantes temas que hagan que nuestro país encuentre una senda más democrática y donde se reconozca y exprese de mejor manera las voces de la diversidad de actores de nuestra sociedad.

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 [email protected]

Perú

TRIBULACIONES DE LA POLÍTICA TRIBUTARIA

José De Echave C.

Imagen: TVSur
¿La recaudación tributaria de un país se puede caer por eventos extraordinarios? Sin duda que sí. Se puede caer, por ejemplo, por el inicio de una pandemia que golpee a todo el planeta, como viene ocurriendo; por una recesión económica que tenga diferentes orígenes o, también, por algún fenómeno natural o no tan natural.

Pero la recaudación también se puede caer por malas decisiones de políticas. En el siguiente gráfico podemos apreciar las dos últimas caídas drásticas de la presión tributaria en el Perú, donde se mezclaron diferentes factores que jugaron en contra. Por ejemplo, el año 2017 la presión tributaria tocó fondo y fue el resultado de varios factores: el primero se inició el 2013/2014 y tuvo que ver con el fin del súper ciclo de precios de las materias primas pero que continuó agudizándose por las pésimas decisiones que tomaron, por ejemplo, los ministros de Economía, Alonso Segura (al final del gobierno de Humala) y Alfredo Thorne (al inicio del gobierno de Kuczynski)[1]. Al primero se le ocurrió la pésima idea de reducir las tasas del impuesto a la renta, sobre todo a las personas jurídicas (2014) y el segundo creó un nuevo régimen Mype tributario, lleno de deducciones, entre otras acciones, que terminaron por ahondar la caída de la recaudación. El resultado de ambas gestiones fue una presión tributaria que llegó el año 2017 a los niveles más bajos de los últimos 20 años. Por lo tanto, está claro que la presión tributaria puede caerse por malas decisiones que tomen nuestras autoridades.

La segunda caída drástica de la presión tributaria se ha producido el año pasado, en medio de la llegada y la expansión de la pandemia y su feroz impacto en la actividad económica del país. El golpe externo y las decisiones que se tuvieron que tomar (confinamiento, lo que en términos concretos significó recesar la economía), provocaron la caída de la presión tributaria, aunque no se batió el lamentable récord del año 2017, luego de las torpezas de Segura y Thorne.

Ahora bien, podemos invertir la pregunta inicial. ¿La recaudación se puede recuperar, casi automáticamente, por algún evento extraordinario? La respuesta también es sí y esa recuperación casi automática, durará lo que dure el impacto de ese evento extraordinario y después se irá esfumando si no se hace la tarea. Pasó en el momento del súper ciclo de precios de las materias primas (2003-2012) y es probable que vuelva a ocurrir en el contexto actual de precios internacionales extraordinarios del cobre, etc., sobre todo si volvemos a cometer los mismos errores.

Sin embargo, hasta acá estamos hablando sólo de piloto automático y dependencia de que los vientos soplen a nuestro favor. ¿Cuál es la tarea? Lo ideal es que la recaudación se sostenga por una política tributaria sólida y progresiva que permita generar condiciones para recaudar lo que cualquier país necesita para funcionar adecuadamente, aprovechando al máximo coyunturas favorables y haciendo control de daños en momentos adversos.

Esta es la tarea que no hemos hecho hasta ahora. Somos, desde hace tiempo, uno de los países con la más baja presión tributaria de América Latina (7 puntos por debajo del promedio regional) y el único de la Alianza del Pacífico que, en la etapa del post súper ciclo no implementó una sola reforma tributaria de carácter estructural (todos los demás países sí hicieron la tarea).

Sería un error aplicar nuevamente la política de piloto automático en un contexto en el que los precios de nuestros principales productos de exportación (minerales) están al alza. Se necesita hacer la tarea en materia tributaria. ¿Algunas pistas? Reforma tributaria estructural, apostando por una política progresiva donde predominen los impuestos directos sobre los indirectos; se luche de manera frontal contra la evasión y la elusión tributaria; se revisen y evalúen los beneficios tributarios y regímenes especiales; se cobren las deudas tributarias; se fortalezca la autoridad tributaria y se simplifiquen los registros.

En el caso de la minería y tomando en cuenta el actual contexto, es el momento de colocar un impuesto a las sobre ganancias y al mismo tiempo revisar la actual regalía (que se aplica a la utilidad operativa) y reemplazarla por una que se aplique sobre el valor de las ventas. Este tipo de regalía permitiría una mayor transparencia y trazabilidad del pago (dificulta la elusión fiscal); permite un mayor aporte durante los primeros años de operación, es menos volátil y responde de mejor manera al concepto de la regalía, es decir como contraprestación al Estado por la extracción de bienes naturales que nos pertenecen y que no son renovables.

Estas son algunas de las tareas urgentes en materia tributaria que se deben poner en marcha en el próximo quinquenio.

[1]Para el quinquenio 2016-2021 se había propuesto alcanzar una presión tributaria de 17% (línea roja).

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 [email protected]

Perú

Cusco: comuneros bloquean ingreso a minera Hudbay

Luis Álvarez Guevara
[email protected]
18/05/2021
La Republica
Protesta. Impiden el ingreso y salida de vehículos mineros.
Demanda. Pobladores de la comunidad de Hatum Ccollana piden ser incluidos en zona de influencia de proyecto minero.

Cusco. Por tercer día consecutivo, pobladores de la Comunidad Campesina de Hatum Ccollana, en el distrito de Velille, Chumbivilcas, mantienen bloqueado el acceso al campamento de la empresa Hudbay. Demandan ser incluidos en la zona de influencia directa del proyecto que desarrolla la minera en la localidad.

Piquetes de pobladores, a la altura del desvío Chilloroya colocaron piedras para impedir el ingreso y salida de vehículos que transportan material minero del campamento Constancia. Consideran que fueron marginados como área de influencia del proyecto. También reclaman por el componente minero o relave que viene afectando al sector de Fausi- Alto donde habitan aproximadamente 60 familias. Según indican los manifestantes este relave contamina fuentes de agua, así como el aire de toda esta zona.

“Hemos esperado pacientemente nuestra inclusión, es la tercera vez que no nos toman en cuenta, tenemos que realizar una medida de protesta para que nos escuchen” señaló Daniel Colque, presidente comunal.
Demanda

En la plataforma de lucha consignan otros cuatro puntos como, la paralización de la tercera modificación del estudio de impacto ambiental de la Unidad Minera Constancia de la transnacional Hudbay por no cumplir con los requisitos y procedimientos que manda la norma, además exigen una indemnización y compensación por daños ambientales y sociales ocasionados a la comunidad, la participación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la firma de un convenio entre la minera y la comunidad que protesta.

Los manifestantes amenazan con tomar más zonas del corredor vial Sur de no ser atendidos a la brevedad.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/05/18/cusco-comuneros-bloquean-ingreso-a-minera-hudbay-lrsd/

Perú

Candidato presidencial peruano propone establecer royalty minero

18/05/2021
Pedro Castillo
Durante los últimos días, Pedro Castillo incluso advirtió que podría avanzar en la nacionalización de las minas de ese país.

La semana pasada, los medios peruanos destacaban entre sus reportajes las ventajas que podría obtener la industria minera de ese país tras la aprobación en la Cámara de Diputados de Chile del proyecto de royalty minero, mediante el cual se busca establecer el pago de impuestos a las ventas de cobre por parte de las empresas, elevando fuertemente las tasas a las que están afectas estas compañías.

Sin embargo, estas aspiraciones podrían verse coartadas en el corto plazo, ya que ayer el candidato presidencial de la izquierda, Pedro Castillo (Perú Libre), presentó un documentó a través de su cuenta de Twitter, denominado “Plan de Gobierno Perú al Bicentenario-Sin corrupción”, en el que se incluyó una propuesta para gravar con mayores regalías a las empresas mineras en función de las ventas del mineral. “Necesitamos aumentar sustancialmente la inversión en educación y salud, para ello debemos nacionalizar nuestras riquezas, es decir, hacer que estas sirvan a los peruanos, con nuevas reglas de impuestos y regalías que resultan hoy muy necesarios y pertinentes”, dijo Castillo, quien ha ido perdiendo la ventaja con que comenzó esta carrera por la segunda vuelta presidencial.

El candidato apunta directamente al cobre, del que Perú es el segundo productor después de Chile, y aseguró que los costos de producción de la industria peruana son de los más bajos del mundo, añadiendo que “las transnacionales mineras están obteniendo sobreganancias, las que no se relacionan con nuevas inversiones o tecnología, sino solo con los vaivenes del mercado internacional. Anotemos que ya la Cámara de Diputados de Chile ha aprobado una nueva regalía cuya tasa llega al 75% si supera los US$ 4,0/lb, como hoy sucede”.

En una entrevista del fin de semana, Castillo incluso se abrió a nacionalizar las minas “si el pueblo lo requiere” y a modificar los contratos con invariabilidad tributaria con los que cuentan las empresas mineras. “Agotaremos todo tipo de diálogo primero. Si el pueblo lo quiere, las tendremos que nacionalizar. Darles a nuestros hermanos peruanos pequeños empresarios inviertan en el país”, sostuvo Castillo, quien se enfrentará en el balotaje con Keiko Fujimori, el próximo 6 de junio.
Fuente: El Mercurio

Candidato presidencial peruano propone establecer royalty minero

Perú

CUSCO: COMUNIDAD DE CCOLLANA DECIDE CONTINUAR PROTESTAS CONTRA HUDBAY

17/05/2021 www.conflictosmineros.org.pe
Foto: Dirigentes de Ccollana
Oficialmente, desde la madrugada del 16 de mayo la comunidad originaria de Hatun Ccollana, del distrito de Velille, provincia cusqueña de Chumbivilcas, inició un paro indefinido en contra la empresa minera HudBay. Su principal demanda es ser considerados como área de influencia directa ambiental y social de las operaciones de la Unidad Minera Constancia. Asimismo, solicitan el pago de indemnización y compensación por los daños ambientales y sociales ocasionados por la empresa minera en mención.

En diálogo con el Observatorio de Conflictos Mineros, el presidente de la comunidad, Daniel Colque, aseguró que el MEIA el proyecto ‘Constancia’ ha sido aprobado con irregularidades, ‘También estamos solicitando se declare sin efecto la Tercera Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental de la Unidad Minera Constancia, por incumplir requisitos administrativos de procedimiento, técnicos y legales por atentar al derecho a la Consulta Previa que tenemos las Comunidades. Además, los funcionarios de la empresa y del gobierno han aprovechado la pandemia para llevar adelante este proceso, sin respetar nuestros derechos como comunidad originaria’ sentenció Colque.

Respuesta del MINEM

A través de un comunicado, el Ministerio de Energía y Minas ha declarado su sorpresa ante la medida de lucha de la comunidad, pues mantuvieron una reunión el pasado 15 de mayo. “Reiteramos nuestra constante voluntad de diálogo con los actores legítimos de la comunidad, siempre que ésta se desenvuelva en un clima de paz social y promueva el desarrollo legítimo de la comunidad”, finaliza el comunicado del Minem.

Sin embargo, para la comunidad, se necesitan condiciones mínimas para continuar con el diálogo. ‘Solicitamos un proceso de fiscalización y evaluación participativo especial por parte de OEFA y los daños e impactos ambientales que ocasiona. Además, que se garantice la firma de un Convenio Marco entre la Minera HudBay y la Comunidad Hatun Ccollana. Nuestro pedido es que para mañana, o lo más pronto posible, venga a nuestra comunidad una Comisión de Alto Nivel integrada por representantes de la Presidencia de Consejo de Ministros y el Ministerio de Energía y Minas, para que vean las afectaciones a las que nos enfrentamos’
Mientras no se garantice la presencia de altos funcionarios, la comunidad mantiene firme su decisión de continuar con un paro indefinido.
www.conflictosmineros.org.pe

Perú

ESPINAR: LAS CONTRADICCIONES DE LA CONSULTA PREVIA SOBRE EL PROYECTO COROCCOHUAYCO

14/05/2021
Actualmente el proyecto minero se encuentra temporalmente postergado. Foto: MINEM
www.conflictosmineros.org.pe

Desde noviembre del 2019, el Ministerio de Energía y Minas viene implementando la consulta previa en 11 de las 13 comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto minero Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco, en la provincia cusqueña de Espinar. Se viene consultando, la autorización de inicio de operaciones, que es un acto formal y tardío, necesario para iniciar la etapa de construcción.

Las comunidades originarias que vienen participando de este proceso son Alto Huarca, Huano Huano, Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Cala Cala, Huarca, Suero y Cama, Huisa Collana, Huisa y Anta Ccollana. Por su parte, Huini Coroccohuayco y Pacopata, que se encuentran en el área de influencia directa, si bien inicialmente tuvieron reuniones con el Ministerio de Energía y Minas, éstas no se han retomado ya que exigen que se les consulte la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) porque consideran que es la única decisión que les permite poner condiciones a la inversión, a fin de que se respete sus derechos. Pese a esta demanda, el MEIA fue aprobado.

Ante este hecho, en el 2019 los presidentes de las comunidades originarias de Huini Coroccohuayco y Pacopata interpusieron una demanda de amparo contra SENACE por omisión de consulta previa a la modificatoria del estudio de impacto ambiental. Este proceso legal está siendo acompañado por IDL, CooperAcción y Derechos Humanos sin Fronteras.

Para Ana Leyva, abogada e investigadora de CooperAcción, en este caso el Estado debió realizar el proceso de consulta previa del MEIA para determinar los impactos del proyecto sobre los derechos colectivos y las medidas necesarias para evitar la vulneración a estos derechos.

“La consulta que se viene impulsando estos días no es sobre el MEIA, sino sobre la autorización del inicio de operaciones, una decisión tardía, que no tiene relevancia alguna. Es más, cuando esta se da, las decisiones que pueden afectar derechos colectivos ya han sido tomadas. Por otro lado, si bien los acuerdos de una consulta son vinculantes, no servirán para garantizar derechos ya que no podrán cambiar las condiciones establecidas en anteriores decisiones”.

Considera además que en este caso debió de existir consentimiento porque la implementación del proyecto implica reasentamiento poblacional. “El proyecto no solo requiere consulta previa del MEIA, sino también consentimiento porque habrá reasentamiento poblacional. En este tema, las normas internacionales de protección a pueblos indígenas son muy claras” señaló la abogada.

Una consulta sin relevancia

El último 22 de abril, en una reunión virtual, funcionarios del MINEM y del MINCUL y dirigentes comunales de las 11 comunidades mencionadas, firmaron una adenda para reafirmar su participación en el proceso de consulta previa.

En dicha reunión también se definió un nuevo cronograma para las reuniones técnicas virtuales y la sexta etapa de la consulta previa, que consiste en el “diálogo intercultural” entre el Estado y los miembros de las comunidades. Desde el 29 de abril al 10 de mayo se desarrollaron las reuniones técnicas en la modalidad virtual, para establecer la metodología del proceso y revisar las actas suscritas con anterioridad.

Exigencia de derechos en pandemia

La provincia cusqueña de Espinar convive con la actividad minera desde hace más de 30 años, sin embargo, las comunidades no se oponen a la actividad minera, pero lo que sí exigen es que tanto la empresa como el Estado garanticen el respeto de sus derechos humanos y colectivos. El único proceso para generar y promover condiciones mínimas es la consulta de los instrumentos de gestión ambiental como el EIA y el MEIA, pero como hemos señalado, esto no ocurre en el país.

Cabe señalar que frente a ello, el 26 de abril, la empresa minera a través de un comunicado señaló que respetará los acuerdos de la consulta, que el proyecto minero se encuentra suspendido y no se iniciará su construcción durante este año ni en el próximo.

Ana Leyva señaló que “esta consulta es complicada porque se da un contexto de pandemia, pero además, es un proceso que no está involucrando a las comunidades de Huini Coroccohuayco y Pacopata que serán las más afectadas con este proyecto
www.conflictosmineros.org.pe

Chile, Perú

LA REGALÍA MINERA EN CHILE Y LA MEZQUINDAD DE ALGUNOS

José De Echave C.
14/05/2021
Imagen: El inversor energético

El anuncio de que la Cámara de Diputados de Chile ha aprobado una regalía minería que incorpora incrementos progresivos sobre las ventas del cobre, ha abierto un debate en el vecino país mientras que todavía falta que el Senado se pronuncie. El gobierno de Piñera se ha declarado en contra y se ha sumado a la oposición del empresariado minero y sus voceros.

Pero lo que llama poderosamente la atención son las primeras reacciones que esta medida viene teniendo en el Perú. “Mayor pago de regalías mineras en Chile abre una oportunidad para el Perú” o “El cambio en Chile juega a nuestro favor”, son algunos titulares que se comienzan a leer en algunas páginas de economía en medios nacionales.

Viendo estos titulares, no está demás preguntarnos dónde está la verdadera oportunidad para un país como el Perú cuando se abre un debate de este tipo y se plantean iniciativas de políticas públicas en otros países. ¿La oportunidad reside realmente en que una medida de este tipo va a restarle competitividad, por ejemplo, a la minería chilena y va a favorecer a sus “competidores”, entre ellos el Perú? ¿Ese es el enfoque que le queremos dar?

Cuesta creer que se pretenda mirar en estos términos un tema como éste, más aun en las circunstancias que vivimos. Una mirada de este tipo es tremendamente limitada y además parte de medias verdades y premisas erradas. En primer lugar porque la competitividad de la minería peruana, sobre todo la de cobre, descansa sobre otros pilares que algunos siempre pretenden ocultar: mientras que las principales minas cupríferas de Chile tienen costos de producción superiores a US$ 2.50 la libra, en el Perú el costo promedio de producción apenas supera US$1.00 la libra.

Por lo tanto, no es por el cambio exclusivo en la regalía o alguna medida tributaria en un país vecino, que nuestro país gana o pierde competitividad en el sector minero. Los análisis comparativos involucran diversas variables: ley de mineral, acceso a energía y agua, infraestructura y varias otras variables.

Pero sobre todo estamos obligados a cambiar el enfoque. Lo que ocurre en Chile puede y debe ser visto de otra manera completamente distinta. ¿No es acaso una gran oportunidad que países vecinos e incluso organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial o la CEPAL, comiencen a recomendar a los países que adopten políticas para capturar una parte más importante de la renta extractiva en una coyuntura tan difícil como la que vivimos? La directora del FMI, Kristalina Georgieva, hace algunas semanas ha pedido que los países apuesten por “adaptar el sistema fiscal al mundo del siglo XXI y hacerlo más equitativo”, que los impuestos deben ser más progresivos y que las grandes empresas y los que más tienen, deben pagar “lo justo” en un contexto de merma generalizada de los ingresos públicos y, añadiría, de precios de los minerales extraordinariamente altos.

Por lo tanto, lo que pasa en Chile y en otros países que buscan recuperar ingresos fiscales en un contexto tan difícil como el que vivimos, es una pista a seguir y no puede ser visto como “una oportunidad para ser más atractivos a los inversionistas mineros”. Es increíble que algunos no terminen de entender el dramático momento que vivimos y sigan centrando sus preocupaciones en garantizar “la competitividad” de actividades como la minería peruana y sobre todo mantener el statu quo para los inversionistas, dejando de lado los intereses del país. Es totalmente legítimo que los países busquen recuperar un porcentaje mayor de la renta extractiva en un contexto como el que vivimos y en el que los precios de minerales como el cobre baten récords históricos y las empresas comienzan a tener sobre ganancias extraordinarias.

A propósito de la regalía minera en nuestro país, un primer paso en tanto instrumento fiscal, debería ser que se aplique sobre el valor de producción o de las ventas en vez de sobre la utilidad operativa, como sucede con la regalía actual. ¿Qué ventaja traería esto? Primero, le genera ingresos al fisco desde el comienzo de la producción (y sin demora, lo que trae además un alivio para cubrir las expectativas que genera la llegada de un proyecto minero a una región, que si no aporta beneficios se puede traducir en malestar y conflictividad social); segundo, anula la utilidad de elevar los costos deducibles para pagar menos impuestos. Este tipo de regalía ya se aplica en el caso de Las Bambas (regalía contractual) y no ha sido ningún impedimento para que el proyecto se desarrolle.

El debate sobre el tema fiscal y la minería está abierto. Dejemos la mezquindad de lado; el país necesita recuperar ingresos públicos. Que este ciclo de precios altos nos beneficie realmente y no volvamos a cometer el error de aplicar la política del “piloto automático”.

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 [email protected]

Perú

Luis Miguel Castilla: “Expropiar o nacionalizar solo abre una serie de litigios contra el Estado peruano”

10/05/2021 Fanny Castro
A menos de 30 días de la segunda vuelta electoral, Rumbo Minero TV continúa analizando los planteamientos económico de los candidatos a la presidencia.

En el último programa, se entrevistó al extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Luis Miguel Castilla, quien consideró que las propuestas de Perú Libre son absolutamente confiscatorias.

“Son medidas más efectistas que a la postre no van a dar ningún resultado; sino ahuyentar la inversión, quitar la competitividad y, algo que es muy importante, vulnerar la seguridad jurídica de nuestro marco normativo que ha sido muy importante en las últimas 3 décadas para alentar la inversión no solo en minería sino también en otro sector productivo”, declaró Luis Miguel Castilla.

Sobre el sector minero, enfatizó que se plantea una alta carga tributaria que no se da en otros países; incluso, recalcó que actualmente si se suma el Impuesto a la Renta, las regalías, el gravamen entre otros llega la carga tributaria para el sector minero llega a casi al 50%.

“Asimismo, si se insiste en expropiar o nacionalizar, lo que esto abre es una serie de controversias y litigios en contra del Estado peruano. Entonces, yo creo que sería muy negativo y ya los mercados están internalizado estos riesgos y por eso las cotizaciones de las principales empresas mineras en la Bolsa de Valores de Lima han venido cayendo pese a tener un entorno de elevados precios de commodities”, reveló Castilla.

En Rumbo Minero TV, también resaltó que estas medidas económicas al inicio pueden brindar cierta sensación de mayor bonanza porque se cree que hay una mayor recaudación; no obstante, puntualizó que esto resulta ser transitorio.

Así, citó por ejemplo, que la exploración minera es riesgosa y actualmente es el privado quien asume ese riesgo; entonces de darse la nacionalización, será el Estado, vale decir todos los contribuyentes tendríamos que destinar recursos a ese tipo de emprendimientos en lugar de educación, salud, agua como servicios que la población lo requiere y reclama.

“Es muy complicado jugar de empresario y por algún motivo la Constitución de 1993 estableció con mucha claridad el rol subsidiario del Estado; y eso es lo que hay que proteger porque hay muchas funciones que el Estado tiene y no las desempeña con eficacia; por ejemplo, el canon no se ha invertido en cerrar brechas y ese es el tema de fondo y no el de jugar a ser empresario con los recursos de todos los contribuyentes”, subrayó Luis Miguel Castilla.
https://www.rumbominero.com/noticias/mineria/luis-miguel-castilla-expropiar-o-nacionalizar-solo-abre-una-serie-de-litigios-contra-el-estado-peruano/