El diputado canadiense John McKay, ha señalado que se estaría pensando crear un Ombudsman que tendría como misión central recibir quejas sobre el comportamiento de empresas de ese país que operan en cualquier parte del mundo. De esta manera, en principio los sectores que se sientan afectados por la actuación de las empresas canadienses podrían canalizar sus reclamos en ese país.
La creación de este espacio intentaría dar una respuesta a los graves problemas generados por empresas de ese país en diferentes regiones en el mundo.
Como se sabe, varias empresas canadienses, sobre todo las vinculadas a actividades extractivas como la minería, han estado envueltas en serias controversias en Asia, África y en las Américas. En América Latina, entre los casos recientes, podemos citar el de Barrick y el derrame de cianuro en la mina Veladero, en la provincia de San Juan (Argentina), el proyecto Pascua Lama en Chile; las demandas en contra de la empresa Hud Bay por casos de violación de derechos humanos en Guatemala, entre varios otros.
Por el momento se esperan mayores precisiones sobre cuáles serían las competencias de esta oficina y si se va a generar un marco verdaderamente vinculante para la rendición de cuentas de las empresas. Como lo señala la abogada canadiense Karyn Keenan, de la institución Above Ground, el pasado mes de noviembre una red de instituciones que promueven la rendición de cuentas de las empresas (CNCA por sus siglas en inglés), propuso un proyecto de ley para la creación de un ombudsman , que planteaba los siguientes aspectos:
– Total independencia del gobierno canadiense.
Participación obligatoria de las empresas.
-La realización de investigaciones para evaluar el cumplimiento de las empresas con un conjunto de estándares establecidos.
Procesos transparentes, lo que comprende que los informes y las recomendaciones sean públicas.
Seguimiento para el cumplimiento de las recomendaciones.
Dejar abierta la posibilidad de crear un mecanismo para que las empresas pierden acceso a las múltiples formas de apoyo que brinda el gobierno canadiense en caso de no cumplir con las recomendaciones.
También se propone que el gobierno canadiense facilite a los afectados el acceso a las cortes de ese país. Habrá que ver si estas recomendaciones son tomadas en cuenta en la definición final de la misión del Ombudsman.
¿Qué efectos puede tener esta oficina para el Perú?
Desde la década del 90 del siglo pasado, las empresas canadienses comenzaron a llegar al Perú, llegando a jugar un rol muy importante en la puesta en marcha de proyectos de envergadura, la adquisición de unidades en producción a través del proceso de privatización y una intensa labor de exploración llevada adelante por sus empresas junior. Allí están los proyectos de Antamina, Pierina, Lagunas Norte, la compra de la refinería de zinc de Cajamarquilla, Constancia en Chumbivilcas, entre varios otros.
Sin embargo, en los últimos 15 años el protagonismo de la inversión minera canadiense en el Perú ha ido disminuyendo, básicamente por el proceso de fusiones y adquisiciones de empresas a nivel global -lo que provocó que varias firmas de ese país terminen siendo absorbidas por grandes conglomerados- y por la disminución de las actividades de las propias empresas junior, dedicadas a labores de exploración: cabe señalar que el 90% de las empresas mineras canadienses en el Perú son junior.
En la actualidad las principales empresas canadienses con presencia en el Perú, son Teck (Antamina), Barrick (Pierina y Lagunas Norte), Hud Bay (Constancia), Pan American Silver (Huarón y Quiruvilca), entre las unidades que se encuentran en producción. Otras como Bear Creak, Candente Copper en Lambayeque y Sulliden en Cajamarca, vienen desarrollando una intensa labor de exploración en el sur del Perú. Según la Cámara de Comercio de Canadá, el número de empresas mineras canadienses se redujo de 93 a 64 en los últimos años.
Como se puede apreciar en los gráficos siguientes, actualmente Canadá da cuenta de apenas el 4% del saldo de la inversión directa extranjera en el Perú, aunque ocupa el tercer lugar en la cartera estimada de proyectos en minería, con una inversión comprometida de US$ 9,877 millones (el 16.9% del total). Además, en las últimas décadas, el grueso de la inversión canadiense se ha dirigido al sector minero.
Varios de los emprendimientos de empresas canadienses en el Perú han estado envueltos en serios conflictos sociales: los casos de Tambogrande (Manhattan Minerals), Santa Ana (Bear Creak) y la propia situación que se vive en la zona de influencia de Constancia (Hud Bay), son algunos ejemplos de relaciones conflictivas que en diferentes momentos provocaron fuertes estallidos sociales.
Además, hay que señalar que la empresa Bear Creak ha iniciado un proceso de arbitraje en contra del Estado peruano, luego del conflicto por el proyecto Santa Ana en Puno: la demanda es por US$1,200 millones de dólares, al amparo del capítulo de protección a las inversiones del Tratado de Libre Comercio entre ambos países.
Habrá que observar cómo se termina de configurar esta nueva oficina del Ombudsman enCanadá y si por ejemplo será de utilidad para alguna población afectada por una empresa minera de ese país. Lo cierto es que este tipo de decisiones muestran que los conflictos en torno a la minería en el mundo continúan generando serias controversias y afectan derechos de poblaciones enteras. Al mismo tiempo se necesita seguir pensando en la construcción de verdaderos espacios que enfrenten y corrijan las flagrantes situaciones de inequidad.
09 de diciembre de 2016.
Compartimos la carta abierta difundida recientemente por Máxima Acuña y su esposo Jaime Chaupe, dirigida al CEO y director de la empresa minera Newmont, Gary J. Goldberg, a la que pertenece Yanacocha. El contenido hace referencia a un informe realizado por encargo de la empresa respecto al conflicto con la familia Chaupe Acuña a raíz del proyecto minero Conga.
La propuesta del Plan de Desarrollo Integral para la provincia de Cotabambas y el distrito Progreso, según anunció hoy el Vicepresidente Martín Vizcarra, contaría con una inversión de S/. 2,055 millones en proyectos de infraestructura, actividades productivas, educación, salud y programas sociales.
Esta semana se vence el plazo de 45 días acordado entre el gobierno, las organizaciones sociales y autoridades de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas. Si bien el gobierno deberá llevar una propuesta de plan de desarrollo para la zona, la tarea es bastante más compleja: de lo que se trata es de comenzar a construir confianza en una zona del país donde precisamente el Estado ha estado permanentemente ausente y que para algunos hoy en día aparece en el mapa por el mega proyecto Las Bambas.
La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República comunicó el día de ayer la postergación de la audiencia pública descentralizada que tenía programada en Abancay (Apurímac) para los días 2 y 3 de diciembre.
Corte Superior de Justicia establece jurisprudencia para futuras autorizaciones.
Las declaraciones de la ministra de salud sobre el problema de metales pesados detectados en Espinar, han generado interrogantes y preocupaciones entre los varios hombres, mujeres y niños afectados.
La comunidad Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca) en la Región Piura, denuncian que la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros – DGAAM del Ministerio de Energía y Minas – MEM, ha aprobado la “Modificación de la Actualización del Plan de Rehabilitación del Proyecto de Exploración Minera Río Blanco”
VIGILANTE AMAZÓNICO: En ejercicio de su derecho al territorio y a la justicia indígena, el 14 de noviembre, apus indÍgenas awajún del Cenepa interceptaron a 3 hombres que habrían intentado ingresar sin autorización a la Cordillera del Cóndor, vía Puerto Mori, camino a la comunidad Shaim.
Hace unos días se inició el reclamo de los pobladores quienes radicalizaron su medida incendiado el campamento y vehículos. Los pobladores de los sectores de Quiñora, Coyana y Paipa Paipa intentaran tomar el campamento minero de dicha empresa luego que instalaran una planta de lixiviado en el cerro Quiñota, lugar donde hay una afluente que dota de agua a los comunidades. Tras los hechos, los comuneros de dichos sectores determinaron en una asamblea popular, iniciar una mesa de diálogo para solucionar los conflictos convocando al Presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, el Defensor del Pueblo y autoridades locales.