
En su reporte correspondiente al mes de diciembre de 2018, la Defensoría del Pueblo reportó 181 conflictos sociales, de los cuales 130 están activos y 51 se encuentran en estado latente.
En comparación con el mes anterior se incorporaron dos casos nuevos, se resolvieron ocho, se reactivó uno, dos pasaron de estado activo a latente y siete fueron trasladados al registro de casos en observación por inactividad prolongada.
Respecto a la distribución territorial de los conflictos, Áncash aún concentra la mayor cantidad de casos (25 casos), seguida de Puno (18) y Cusco (18). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales se mantienen como los más numerosos (62.4%).
Entre las actividades extractivas vinculadas a conflictos, la minería es la que se relaciona con más casos socioambientales (64.6% de los casos socioambientales).
Del total de casos activos, el 56.2% (73 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 65 de ellos.
Casos resueltos
Según informa la Defensoría, en diciembre se resolvieron ocho conflictos en Áncash, Apurímac, Huánuco, Junín y La Libertad. Tres casos se resolvieron mediante mesas de diálogo, otros tres a través de resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones y los dos restantes mediante resoluciones judiciales y administrativas. Es el segundo mes consecutivo que se registra un número significativo de casos resueltos. En noviembre fueron seis.
Con relación a la violencia en los conflictos, en diciembre se reportaron 14 heridos (11 policías y 3 civiles) en el caso Yavi Yavi entre la C.C. Fuerabamba, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y MMG Las Bambas (Cusco).
Por otro lado, se registró 146 acciones colectivas de protesta durante el mes. Siete menos que el mes pasado y 56 menos que en mayo de 2018, mes que presentó el mayor número del año.
Fuente:http://www.actualidadambiental.pe/?p=54060&fbclid=IwAR0i-FujOkENL0lTXzNnrWjQ5HBGniGd2QSuNz52kK5mo0Amhdo5i4s_2vc




El pasado 13 de diciembre, el Ministerio de Cultura respondió a
La noche del lunes 14 decenas de pobladores del centro poblado Combayo se congregaron en la plaza de Armas de Cajamarca para realizar una vigilia en rechazo a las operaciones mineras de la empresa Yanacocha.
El 12 de enero del 2019, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó a la empresa Shougang paralizar de forma inmediata el transporte y almacenamiento de mineral y el almacenamiento de concentrado que se viene realizando en las instalaciones de la nueva planta de Shougang ubicado en el distrito de Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica.
El día 31 de diciembre el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo N° 345-2018-EF, llamado Política Nacional de Competitividad y Productividad; norma preparada desde el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización que se encuentra adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Esta norma aprueba una política intersectorial y de alcance nacional.
Frente a las diversas estrategias que está desarrollando la empresa minera Río Blanco en la región de Piura y las provincias de Huancabamba y Ayabaca, señalando que se ha re-diseñado los estudios técnicos del proyecto inicial, acercándose a los colegios de las provincias mencionadas para dar premios en los concursos que realizan los centros educativos para lograr “aceptación” de la gente, ofreciendo regalos a comuneros para que asistan a sus talleres con la finalidad de dividir a la comunidad y a las dirigencias comunales de la provincia que se oponen al desarrollo del proyecto minero; se reunieron el 29 de diciembre del 2018, diversas organizaciones ronderas, campesinas, organizaciones sociales de comunidades pertenecientes a las provincias de Ayabaca y Huancabamba, como la comunidad de Yanta, de Segundo de Cajas, contando también con la participación del nuevo alcalde de Pacaipampa de la provincia de Ayabaca, Guido Manuel Rojas Hernández.
En anteriores columnas llamé la atención sobre el tema de la representación ciudadana en los procesos de desarrollo. Señalé que, en las regiones y sus contextos locales, donde todos tienen la expectativa que la minería resuelva diversos problemas, era una tarea pendiente lograr una gestión transparente sin caer en la prebenda y el soborno; y que los actores reflejen sus propias demandas, experiencias y saberes. También plantee que era necesario medir los límites y posibilidades de los recursos mineros y potenciar los recursos productivos agropecuarios para restablecer las capacidades políticas, teniendo como norte la construcción de una visión de desarrollo integral y sostenible.
Luego de conocer que consumían agua con elevados índices de metales pesados, pobladores de Coata, en
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó a la empresa Shougang Hierro Perú S.A.A, paralizar de forma inmediata el transporte y almacenamiento de mineral; así como el almacenamiento de concentrado que se viene realizando en las instalaciones de la nueva planta de beneficio de Shougang, de la unidad fiscalizable Marcona, en el distrito de Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica, hasta que implemente medidas de manejo ambiental para controlar la dispersión de material particulado que puede provocar alteraciones al ambiente de la bahía San Nicolas.
Cuando eran las siete de la mañana, un grupo de agentes de la