Perú

Pronunciamiento: Alto a la criminalización de la protesta social, no más represión a los agricultores y pueblo del Valle de Tambo.

Autor: Plataforma: Salvemos el Valle de Tambo / Red. Muqui.org
Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo
  1. En los últimos 10 años, la empresa minera Southern en contubernio con los gobiernos de turno (Alan García, Ollanta Humala y otros) ha pretendido a como dé lugar imponer su proyecto minero Tía María y La Tapada apelando a una serie de argucias y mentiras; pero el pueblo del Valle de Tambo en consulta popular (2009) le dijo ¡NO! al proyecto minero con más del 90 por ciento. El Valle de Tambo está convencido de que Tía María y La Tapada perjudicará su hábitat, su ambiente, su agua y su agricultura; por eso los agricultores se mantienen en pie de lucha defendiendo su territorio, protagonizado una serie de acciones de protesta y sobretodo dos históricos paros indefinidos (2011 y 2015), con el lamentable saldo de 8 hermanos tambeños caídos por la brutal represión policial y militar, además de decenas de heridos, detenidos y más de un centenar de denunciados hoy procesados ante la justicia.
  2. Esta criminalización de la protesta social apunta a descabezar y desarticular la respuesta cívica-social del pueblo del Valle de Tambo por parte del Estado Peruano, bajo el pretexto que los tambeños constituyeron una organización como el Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo, no como una organización social para la defensa de sus derechos, sino una asociación ilícita para delinquir; este argumento que carece de toda lógica elemental contraviene lo establecido en la Constitución que reconoce el derecho a la protesta y la libre asociación como derechos fundamentales de todo ciudadano, que todo estado democrático debe garantizar
  3. Y como si esto no fuera poco, este estado represor cómplice del saqueo de nuestros recursos naturales, pretende “hacerlos escarmentar” a nuestros defensores del Valle de Tambo amenazándolos con meterlos a la cárcel por varios años. Por otro lado, la Procuraduría del Ministerio del Interior propone que los denunciados paguen por concepto de reparación civil más de 320 millones de dólares, que “solidariamente deben pagar” a quienes se les llegue comprobar y sentenciar de los delitos que se les imputa (disturbios, extorsión, motín, asociación ilícita para delinquir, etc.), cosa que es inaudito e inaceptable en un país donde aparentemente se respetan los derechos humanos.
  4. Hacemos un llamado al pueblo de Arequipa, la Macrosur y todo el Perú, para mantenernos alertas y vigilantes con el gobierno de Martín Vizcarra que junto a la minera Southern intentarán este año 2019 imponer una vez más Tía María y La Tapada, ya lo anunció su ministro de energía y minas Francisco Ismodes, sólo están a la espera del mejor momento para hacerlo. La minera Southern -por su parte- invierte millones de soles implementando toda una maquinaria de mentiras y desinformación a nivel regional y nacional para engañar y sorprender a la opinión pública señalando que el pueblo del Valle de Tambo en alto porcentaje acepta su proyecto. Eso es una reverenda mentira. Nuestro Valle de Tambo, pueblo consciente y digno está convencido de su modelo de desarrollo que quiere tener en base a la agricultura, el Valle de Tambo nos enseña el camino y estamos seguros que juntos defenderos el agua, la vida y la agricultura.

¡AGRO SÍ, MINA NO!

¡SALVEMOS EL VALLE DE TAMBO!

¡EL VALLE NO SE VENDE, EL VALLE SE DEFIENDE!

¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL!

Pronunciamiento de organizaciones de la Plataforma: Salvemos el Valle de Tambo

 

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/834-alto-a-la-criminalizacion-de-la-protesta-social-no-mas-represion-a-los-agricultores-y-pueblo-del-valle-de-tambo

Perú

Fusion de minas – Chinalco se hace cargo de Centenario

Autor: Red Muqui.org
Conflicto Relacionado: Toromocho-Morococha-Peru Copper

Según información publicada en el diario oficial El Peruano y propalada por Diario Radio Karisma La Oroya, el 10 de diciembre del 2018, la Minera Chinalco Perú S.A. y Minera Centenario S.A.C han aprobado una fusión por absorción.

La fusión de sociedades implica la fusión de sus patrimonios; tanto los activos como los pasivos de las empresas que pasan a fusionarse formarán parte del nuevo patrimonio constituido de Minera Chinalco Perú S.A. En éste caso, extinguiéndose sin liquidarse Minera Centenario.

 

Minera Centenario S.A.C tiene un total de 14 concesiones mineras en el centro del Perú. Con la fusión con la Minera Chinalco, que despojó de sus tierras a las familias de propietarios que aún quedaban de Morococha para poder explotar el proyecto minero Toromocho; las inversiones y actividades de la empresa minera china se amplían a gran escala en la región Junín.

 

Morococha antigua hoy en día se ha convertido en una ciudad fantasma; Carhuacoto, la «Morococha Nueva», a la que fue trasladada la mayor parte de la población; se ha convertido también en una ciudad inviable, sin actividades económicas por el incumplimiento de la empresa Minera Chinalco S.A de establecer en dicha ciudad el campamento de sus trabajadores para promover la economía local, por lo que muchas familias se han visto obligadas a migrar.

 

Exigimos que las empresas asuman con responsabilidad las nuevas obligaciones que conlleva la fusión en curso; que el procedimiento sea el legalmente correcto, y que ante todo se respeten los acuerdos y convenios suscritos y las decisiones sean participativas, respetando los derechos fundamentales de las personas de Morococha antigua y Carhuacoto (Morococha nueva).

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/833-fusion-de-minas-chinalco-se-hace-cargo-de-centenario

Perú

Organizaciones acuerdan paro indefinido en Hualgayoc contra la contaminación minera

Autor: Ronald Ordoñez, Noticia Ser.pe

A raíz de la fuga de líquidos que trajo consigo relaves desde las operaciones mineras de la empresa Gold Fields ocurrida a mediados del mes de diciembre, las principales organizaciones sociales de la provincia de Hualgayoc como rondas campesinas y frentes de defensa, han venido coordinando una protesta frente a la situación.

Uno de los primeros acuerdos ha sido conformar el Comando de Lucha Provincial con organizaciones de los tres distritos de la provincia (Chugur, Hualgayoc y Bambamarca). Asimismo, la principal medida que ejecutarán será la realización de un paro indefinido desde el miércoles 6 de febrero.

De acuerdo al comunicado dado a conocer por las organizaciones, el paro tiene el objetivo de expresar el rechazo a la expansión y contaminación minera en cabeceras de cuenca y a las empresas Gold Fields, Coimolache, Yanacocha y San Nicolás. Igualmente, se exige la indemnización urgente, así como la construcción de una planta de tratamiento de agua, limpieza inmediata de los relaves vertidos en los canales de irrigación y tratamiento médico a las personas contaminadas desde hace algunos años en la provincia. A las autoridades regionales se les solicita la ejecución de proyectos sostenibles, monitoreos semanales a las fuentes de agua y la emisión de normas dirigidas a proteger las cabeceras. Otro de los aspectos en evaluación y que probablemente se aprobará antes del paro, es la denuncia en contra de las empresas ante organismos nacionales e internacionales.

En recientes declaraciones, los dirigentes informaron que se añadirá a su plataforma que se realicen más análisis a personas de Bambamarca para verificar si presentan contaminación y además se solicitará el respaldo del gobernador regional Mesías Guevara y del alcalde provincial de Hualgayoc para entablar una denuncia en contra de Gold Fields: “Con la bendición de Dios será nuevamente un paro para la historia. El Perú nuevamente tendrá puestos los ojos en Bambamarca, Chugur y Hualgayoc. En la plataforma de lucha no hay temas políticos partidarios por eso invitamos a todos que se unan a esta lucha porque estaremos salvaguardando la vida y la salud de nuestros hijos”, declaró ante medios de comunicación de Bambamarca el dirigente rondero Hugo Cruzado.

Finalmente, el 25 de enero las organizaciones sostendrán una nueva asamblea en la que se definirán algunos puntos pendientes de cara al paro. En esta fecha también se evaluará la logística y el respaldo conseguido.

Fuente:http://noticiasser.pe/cajamarca/organizaciones-acuerdan-paro-indefinido-en-hualgayoc-contra-la-contaminacion-minera?fbclid=IwAR1BDc63esWTT46yRrzx0nOX8p5l7HiosoXUkTUmE5DjoU0r_UE1-aQ1rbw

Perú

Defensoría: El sector minero concentra el mayor número de conflictos socioambientales

Autor: Actualidad Ambiental.pe
Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

En su reporte correspondiente al mes de diciembre de 2018, la Defensoría del Pueblo reportó 181 conflictos sociales, de los cuales 130 están activos y 51 se encuentran en estado latente.

En comparación con el mes anterior se incorporaron dos casos nuevos, se resolvieron ocho, se reactivó uno, dos pasaron de estado activo a latente y siete fueron trasladados al registro de casos en observación por inactividad prolongada.

Respecto a la distribución territorial de los conflictos, Áncash aún concentra la mayor cantidad de casos (25 casos), seguida de Puno (18) y Cusco (18). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales se mantienen como los más numerosos (62.4%).

Entre las actividades extractivas vinculadas a conflictos, la minería es la que se relaciona con más casos socioambientales (64.6% de los casos socioambientales).

Del total de casos activos, el 56.2% (73 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 65 de ellos.

Casos resueltos

Según informa la Defensoría, en diciembre se resolvieron ocho conflictos en Áncash, Apurímac, Huánuco, Junín y La Libertad. Tres casos se resolvieron mediante mesas de diálogo, otros tres a través de resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones y los dos restantes mediante resoluciones judiciales y administrativas. Es el segundo mes consecutivo que se registra un número significativo de casos resueltos. En noviembre fueron seis.

Con relación a la violencia en los conflictos, en diciembre se reportaron 14 heridos (11 policías y 3 civiles) en el caso Yavi Yavi entre la C.C. Fuerabamba, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y MMG Las Bambas (Cusco).

Por otro lado, se registró 146 acciones colectivas de protesta durante el mes. Siete menos que el mes pasado y 56 menos que en mayo de 2018, mes que presentó el mayor número del año.

 

Fuente:http://www.actualidadambiental.pe/?p=54060&fbclid=IwAR0i-FujOkENL0lTXzNnrWjQ5HBGniGd2QSuNz52kK5mo0Amhdo5i4s_2vc

Perú

Ministerio de Cultura responde a petición ciudadana sobre Consulta Previa

Autor: Cooperacción.org

El pasado 13 de diciembre, el Ministerio de Cultura respondió a la petición realizada en el marco de la campaña #ConsúltameDeVerdad, la misma que contó con más de 4000 firmas digitales de distintos ciudadanos y ciudadanas peruanos y del extranjero que exigieron reformas en la aplicación de la Consulta Previa.

Recordemos que en la petición, enviada tanto al Ministerio de Cultura como al Ministerio de Energía y Minas, se exigieron tres demandas muy importantes para garantizar que la consulta previa a los pueblos indígenas de nuestro país les permita realmente defender sus derechos. Este pedido de la ciudadanía tenía las siguientes propuestas:

  • Que la Comisión Multisectorial Permanente recupere las funciones necesarias para proponer mejoras a la Consulta Previa y que además incluya la participación de representantes indígenas.

  • Que los pueblos indígenas participen en la determinación de las medidas que se les consultarán.

  • Que se incorporen los supuestos de consentimiento en las normas y reglamentos que regulan la consulta. Es decir, que cuando se vaya a trasladar a poblaciones o se vaya a almacenar desechos tóxicos en los territorios de los pueblos indígenas, se pida su consentimiento y no únicamente se les consulte, según lo establecido por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

  • Que se garantice que las medidas a consultar sean relevantes, que el momento en que se consulta sea oportuno, y que en esta decisión participen de manera conjunta los pueblos indígenas y el Estado, a fin de que se consulte lo que de verdad puede afectar a las poblaciones indígenas.

Ante esto, el Ministerio de Cultura respondió a cada punto de la carta, con los siguientes argumentos:

  • Sobre la Comisión Multisectorial Permanente:

    • “El Ministerio de Cultura se encuentra en revisión de una propuesta de Decreto Supremo para la modificación de la conformación de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para la aplicación del Derecho a la Consulta”.

      Como se aprecia, el Mincul responde al primer punto con una propuesta de cambio, lo que es positivo; sin embargo no queda del todo claro, porque no se precisa si la Comisión Permanente ahora será conformada por representantes de Pueblos Indígenas o si este cambio se refiere a las funciones que se deberían recuperar a fin de que la comisión pueda proponer mejoras a los procesos de consulta.

  • Sobre la participación de los pueblos indígenas en la determinación de las medidas que se les consultarán:

    • “Es importante señalar que conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley N 289875, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), son las entidades estatales quienes deben identificar, bajo responsabilidad, las propuestas de medidas legislativas o administrativas que tienen una relación directa con derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios”.

      Al respecto, el Mincul se limita a citar la norma que señala la responsabilidad del Estado. Pero esto no impide que ello se haga en diálogo con los pueblos indígenas para garantizar la pertinencia de la consulta.

  • Sobre el pedido de que se incorporen los supuestos de consentimiento:

    • “Es necesario señalar que la Sétima Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento de la Ley de Consulta Previa, dispone que para ambos casos se requiere el consentimiento. No obstante, resulta fundamental recordar que el Convenio 169 de la OIT se encuentra vigente, tiene rango constitucional y forma parte del ordenamiento jurídico peruano”.

Sin duda el Convenio 169 está vigente, y por lo tanto el consentimiento en los casos en se requiera puede ser exigido por vía judicial. Sin embargo, la propuesta presentada busca que estos supuestos se incorporen en las normas reglamentarias sobre consulta, en especial aquellas vinculadas a los proyectos extractivos mineros y petroleros, que en muchas oportunidades implican reubicación de poblaciones o depósito de sustancias tóxicas. Si los reglamentos no precisan de qué manera se hace operativo el consentimiento, simplemente el Estado no lo aplica.

  • Sobre el pedido de que se garantice que las medidas a consultar sean relevantes, que el momento en que se consulta sea oportuno, y que en esta decisión participen de manera conjunta los pueblos indígenas y el Estado a fin de que se consulte lo que de verdad pueda afectar a las poblaciones:

    • “El Ministerio de Cultura considera los siguientes criterios para determinar el momento para realizar la consulta previa: i) que sea previa, es decir que se realice antes de la aprobación de la medida que podría afectar derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; ii) que la medida esté suficientemente desarrollada por la entidad promotora de modo tal que pueda proporcionar información acerca de la posible afectación específica a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, de aprobarse la medida; iii) que sea posible incorporar acuerdos que se logren durante la etapa de diálogo en los documentos que conforman y sustentan la medida”.

Consideramos que se debe adoptar medidas que garanticen que la consulta sea realmente previa y oportuna. En el caso de proyectos mineros y petroleros, se están consultando medidas que tienen poco que ver con los impactos reales de estas actividades en los derechos de los Pueblos Indígenas. Por ejemplo, la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental, que identifican y califican los impactos de estas actividades, no son sometidos a consulta.

Al cierre de esta nota, estamos en la espera de la respuesta del Ministerio de Energía y Minas a la misma carta, que se dejó en la mesa de partes de dicha entidad el pasado mes de octubre.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/ministerio-de-cultura-responde-a-peticion-ciudadana-sobre-consulta-previa/?fbclid=IwAR2RV10JmZnNnw3gSO2oMsBJlQxHYIX8PmtBsIpp1TQuqTq6nY-na8_aNC8

Perú

Realizan vigilia contra minera Yanacocha en Plaza de Armas de Cajamarca

Autor: Ronald Ordoñez, Noticia Ser.pe
Conflicto Relacionado: Yanacocha

La noche del lunes 14 decenas de pobladores del centro poblado Combayo se congregaron en la plaza de Armas de Cajamarca para realizar una vigilia en rechazo a las operaciones mineras de la empresa Yanacocha.

De acuerdo a la población, las actividades de Yanacocha habrían ocasionado la desaparición de varios de sus manantiales y la disminución del caudal del río Azufre, lo que estaría perjudicando la realización de sus labores diarias. El daño sería importante, pues de los 600 litros de agua por segundo indicado en sus resoluciones de uso de agua, a la actualidad solamente estarían beneficiándose de aproximadamente 180 litros de agua por segundo: “Están desapareciendo a nuestros manantiales. Hoy en día prácticamente es un desierto donde está operando Yanacocha y de los cientos de manantiales que existían solo nos quedan unos cuantos”, indicó Ismael Linares, vocero del canal Azufre Ventanillas de Combayo.

Según el dirigente, en reiteradas oportunidades se ha pedido a la empresa que explique la situación sin lograr respuesta, por lo que han decidido emprender acciones de protesta. Durante la vigilia también solicitaron que el gobierno nacional se haga presente en la zona y reiteraron su oposición a minería en su zona: “No reclamamos con otros intereses. Nuestro único interés es que no haya más expansión minera porque si se lo permite, prácticamente Combayo se quedaría sin una gota de agua. Queremos que el agua se conserve. Que no hagan mayores daños a nuestros recursos”, señaló Linares.

Cabe indicar que el último jueves un grupo de pobladores se trasladó hasta la zona de operaciones de Minera Yanacocha como parte de sus protestas, sin embargo, la empresa emitió un comunicado informando que incursionaron ilegalmente en su propiedad y que “los reclamos de supuesta afectación a fuentes de agua del canal carecen de sustento técnico”, señalando que la Autoridad Local del Agua “al tomar conocimiento de esta problemática, ha convocado a los usuarios e instituciones para iniciar en los próximos días un diálogo técnico”. La empresa igualmente señaló que no cederá frente a medidas de presión ya que la protesta pretendería “alguna compensación económica e incluso contratos para algunas empresas del canal”. No obstante, en el comunicado ratificaron que cumplen con sus compromisos de descarga y exhortaron al diálogo.

En tanto, la población ha acordado otorgarle un plazo a Yanacocha para que convoque a una reunión y explique la situación de los recursos hídricos. Este plazo culmina el día martes (15 de enero) a medianoche y de no generarse alguna respuesta ya han anunciado que realizarán una nueva vigilia cerca de las operaciones mineras.

Más oposición

Hace unos días, varios medios difundieron que la empresa Yanacocha informó que su proyecto de exploración “Lorena”, ubicado en la provincia de San Pablo, había sido aprobado por el Ministerio de Energía y Minas. Esto inmediatamente ocasionó la respuesta inmediata de organizaciones sociales de esa provincia y el próximo 23 de enero estarán realizando una movilización hacia la zona en la que se realizarán las exploraciones, con lo que esperan dejar en claro su rechazo a la ejecución de un nuevo proyecto.

Ver vídeo aquí  ☛ https://bit.ly/2APhmZL

 

Fuente:http://www.noticiasser.pe/cajamarca/realizan-vigilia-contra-minera-yanacocha-en-plaza-de-armas-de-cajamarca?fbclid=IwAR0AivvW7u8Vweop9kRxHCroqMAPMbu7Rl1WFrvw7XVmu85LcVdywRN7gBY

Perú

OEFA ordena paralización inmediata de la empresa Minera Shougang para evitar contaminación de la bahía San Nicolás

Autor: Red Muqui.org

El 12 de enero del 2019, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó a la empresa Shougang paralizar de forma inmediata el transporte y almacenamiento de mineral y el almacenamiento de concentrado que se viene realizando en las instalaciones de la nueva planta  de Shougang ubicado en el distrito de Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica.

Ello, debido a que el OEFA, durante acciones de supervisión, detectó fugas de material particulado proveniente del stock de crudos y stock de concentrado de hierro de la planta Marcona. Actualmente no existen medidas de manejo ambiental que impidan y controlen la dispersión de partículas. En este caso en particular, dichas partículas se están dirigiendo, por acción del viento, hacia la bahía San Nicolás.

En ese sentido, el OEFA ha exigido a la empresa Shougang que presente un calendario para la rehabilitación de la zona en un plazo de 5 días. Si no cumplen las medidas impuestas, el OEFA, señala en su comunicado, tomará medidas administrativas, civiles y penales.

Desde Red Muqui señalamos que es fundamental que exista una institucionalidad sólida en materia ambiental, con funciones bien definidas y suficiente presupuesto para que pueda ejercer su rol fiscalizador y sancionador de manera independiente. Consideramos que aún es frágil en ese sentido el rol que cumple OEFA, que debe ser respaldado por el gobierno central, para evitar las presiones de las empresas mineras en la aplicación de las sanciones correspondientes.

Procesos como el de la agenda minera 2030 que discute el Grupo de Alto Nivel (GAN) con empresas mineras, entidades del Estado y con algunas instituciones de sociedad civil; visualizan una minería con más facilidades y menos exigencias para realizarse donde hay mayores riesgos ambientales o rechazo de la población. Lo que sólo puede generar antes que soluciones; mayores conflictos, porque son las empresas las que toman las decisiones y luego las imponen ante un Estado sumiso a dichos intereses.

En diciembre del 2018, varias organizaciones civiles latinoamericanas, entre ellas Red Muqui y CooperAcción, como parte del proceso del Examen Periódico Universal (EPU) que correspondió a China; denunciaron los abusos de las empresas del país asiático ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Específicamente las empresas mineras chinas, que disponen el 32% de las inversiones en minería en el Perú, han sido acusadas por cometer abusos ambientales. Empresas como Shougang Corporation, Chinalco (Ica), MMG (Apurímac), Shouxin, Nanjinzhao Group Co Jiangxi Copper, Junefield Group, Zijin Mining Group (Piura), Toromocho (Junín) y otras más; son acusadas de haber violado los derechos humanos, ambientales y laborales en los lugares donde desarrollan sus actividades.

Antecedentes

No es la primera vez que la empresa minera Shougang es acusada por violencia de los derechos humanos. Últimamente, en el 2017,la acusaron por negar el derecho de los trabajadores y de su organización sindical a la negociación colectiva.

Modificado por última vez en Martes, 15 Enero 2019 20:43
Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/829-oefa-ordena-paralizacion-inmediata-de-la-empresa-minera-shougang
Perú

Manuela Franco – Fairmined Vizcarra también busca afianzar modelo económico extractivista minero mediante la Política Nacional de Competitividad y Productividad

Autor: Red Muqui.org

El día 31 de diciembre el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo N° 345-2018-EF, llamado Política Nacional de Competitividad y Productividad; norma preparada desde el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización que se encuentra adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Esta norma aprueba una política intersectorial y de alcance nacional.

Esta política nacional busca emprender ajustes estructurales en la economía del país, no sólo en el sector laboral que es lo que se ha visibilizado a través de las movilizaciones sociales que respaldamos y apoyamos, sino en educación y ambiente. La fundamentación de esta política sostiene que tiene como objetivo “continuar y afinar las reformas estructurales emprendidas en la década de 1990, las mismas que son imprescindibles para un crecimiento y desarrollo económico a largo plazo” (p.7). Ver el Decreto Supremo aquí.

Contiene 9 objetivos prioritarios que aplican fórmulas para facilitar la inversión y reducir los costos y trabas regulatorias al sector empresarial. La política también señala la necesidad de avanzar hacia la diversificación productiva; sin embargo, no fundamenta adecuadamente como la reducción de costos y el destrabe regulatorio para las empresas conllevará a diversificar la matriz productiva y a generar mayor bienestar social. Por el contrario, la propia política en su objetivo prioritario n°6, hace referencia a la necesidad de seguir promoviendo la aprobación de proyectos de inversión minera y para ello señala lo siguiente:

“El ambiente de negocios tiene que considerar reducir los riesgos de conflictos sociales para los inversionistas privados” (p.59). Es decir, se aborda la problemática de conflictos sociales como “riesgos” para las inversiones y no desde un enfoque de derechos humanos, que debe ser una perspectiva transversal a la aprobación de toda política nacional.

Para lograr que los conflictos dejen de ser un riesgo para las inversiones, la política señala que el Ministerio de Energía y Minas ha creado el Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero – Energéticas (Rimay), que está elaborando una visión para la minería peruana al 2030, la que actualmente construye el denominado Grupo de Alto Nivel (GAN). Este es un espacio en el que RED MUQUI estuvo participando y del cual se ha retirado por no haber un diálogo con participación de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería; no haber garantías de respeto a sus derechos en los acuerdos; y por mantener una economía dependiente de la actividad minera, fundamentalmente.

Generar un ambiente de negocios y competitividad no puede realizarse a costa de la desregulación de los estándares ambientales, ni de la imposición de una visión de desarrollo económico desde el gobierno central hacia las comunidades y poblaciones. Lamentablemente, la Política Nacional de Productividad y Competitividad tiene como objetivo seguir sosteniendo el modelo económico extractivo y las rentas del empresariado a costa de los derechos humanos de la mayoría de peruanos y peruanas.

Desde Red Muqui, y en base a nuestra Agenda Muqui 2018-2021 (ver aquí) proponemos avanzar hacia un desarrollo económico alternativo del Perú, que no mantenga a nuestra economía dependiente de la minería, que respete los derechos humanos de comunidades y poblaciones afectadas, y que garantice el bienestar general, y no solo busque el beneficio económico de las empresas.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/831-vizcarra-tambien-busca-afianzar-modelo-economico-extractivista-minero-mediante-la-politica-nacional-de-competitividad-y-productividad

Perú

Se reimpulsa el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú para promover el agro frente al avance del proyecto minero Río Blanco

Autor: Red Muqui.org
Conflicto Relacionado: Río Blanco

Frente a las diversas estrategias que está desarrollando la empresa minera Río Blanco en la región de Piura y las provincias de Huancabamba y Ayabaca, señalando que se ha re-diseñado los estudios técnicos del proyecto inicial, acercándose a los colegios de las provincias mencionadas para dar premios en los concursos que realizan los centros educativos para lograr “aceptación” de la gente, ofreciendo regalos a comuneros para que asistan a sus talleres con la finalidad de dividir a la comunidad y a las dirigencias comunales de la provincia que se oponen al desarrollo del proyecto minero; se reunieron el 29 de diciembre del 2018, diversas organizaciones ronderas, campesinas, organizaciones sociales de comunidades pertenecientes a las provincias de Ayabaca y Huancabamba, como la comunidad de Yanta, de Segundo de Cajas, contando también con la participación del nuevo alcalde de Pacaipampa de la provincia de Ayabaca, Guido Manuel Rojas Hernández.

DESARROLLO DEL AGRO

En la reunión se acordó reimpulsar el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú y promover las actividades agropecuarias y agrícolas como alternativas económicas a la minería. El alcalde del distrito de Pacaipampa hizo alusión al ejemplo de los pobladores de Tambogrande que no dejaron que se desarrolle la explotación minera en sus tierras y hoy en día el desarrollo del mango y otros productos es una realidad con una fuerte cadena productiva. “Mi política de gobierno es fomentar que las organizaciones tengan ingreso por las actividades que hacen, tal como el café y la panela que podemos ver en varias zonas de la provincia. Tenemos que fomentar este tipo de agricultura, de desarrollo productivo, para decir al Estado que no puede haber explotación minera aquí porque nuestra gente se dedica al sector agropecuario, agrario”. Remarcó que impulsarán el mercado de campesinos y desarrollarán valor agregado a los productos derivados de la ganadería y agricultura.

También estuvo presente el biólogo y presidente de la Plataforma Inundación Nunca Más de Piura, miembro de la Red Regional de Agua, Desarrollo y Democracia – parte también de Red Muqui-, Fidel Torres, quien señaló que la ciencia se ha valido del conocimiento de las comunidades. A nivel internacional, el yacón, la maca, la quinua y otros productos que se propagandizan como grandes alimentos, han surgido de las comunidades, remarcó. Añadió que “las rondas campesinas serán reconocidas políticamente por la defensa del ambiente, la salud pública y el desarrollo de la biodiversidad”. Por ello se hizo la pregunta: “¿Cómo es posible que intenten atentar con la destrucción de la biodiversidad para extraer minerales?”.

ANTECEDENTES

Cabe recordar que en el marco del APEC que se desarrolló en nuestro país en diciembre del 2016, el ahora presidente Vizcarra, en ese entonces vicepresidente de PPK, se reunió con representantes del gobierno chino y firmó un convenio de promoción con el consorcio Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation para el desarrollo del proyecto minero Río Blanco.

 

 

Es importante resaltar que en septiembre del 2007 se desarrolló la consulta vecinal en las comunidades y poblaciones de los distritos de Ayabaca y Pacaipampa (provincia de Ayabaca), de El Carmen de la Frontera (provincia de Huancabamba), en la que el 95% decidió apoyar el desarrollo de la agricultura, la ganadería y el turismo en sus territorios; rechazando así, la actividad minera, por los riesgos que ésta genera en el acceso al agua -para la mayor parte de la región- así como para el desarrollo sostenible de sus actividades económicas. El 57% de los páramos andinos de todo el país están en Piura y es necesario que todos los páramos sean declarados áreas de conservación para así proteger las fuentes de agua que representan estos ecosistemas.

OJO

Finalmente, frente a la nueva imagen que quiere vender la empresa minera china, hacemos recordar que a causa de la imposición del proyecto minero Río Blanco se produjeron 10 muertos entre el 2004 y 2009. Rememorando que la anterior empresa inglesa, Majaz, torturó en el campamento minero a 28 campesinos en el año 2005.

 

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/827-se-reimpulsa-el-frente-por-el-desarrollo-sostenible-de-la-frontera-norte-del-peru-para-promover-el-agro-frente-al-avance-del-proyecto-minero-rio-blanco

Perú

De expectativas y milagros en Apurímac

Autor: Fabiola Yeckting Vilela, Noticias Ser.pe
Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

En anteriores columnas llamé la atención sobre el tema de la representación ciudadana en los procesos de desarrollo. Señalé que, en las regiones y sus contextos locales, donde todos tienen la expectativa que la minería resuelva diversos problemas, era una tarea pendiente lograr una gestión transparente sin caer en la prebenda y el soborno; y que los actores reflejen sus propias demandas, experiencias y saberes. También plantee que era necesario medir los límites y posibilidades de los recursos mineros y potenciar los recursos productivos agropecuarios para restablecer las capacidades políticas, teniendo como norte la construcción de una visión de desarrollo integral y sostenible.

En medio del terremoto de noticias del caso Odebrecht y la movilización de la población contra la corrupción y la permanencia del juez Chávarry en el Ministerio Público, no vemos con detenimiento lo que sucede con las políticas de desarrollo. Es importante recordar que desde el gobierno de Ollanta Humala y el de Kuczysnski con sus paquetazos de decretos y la denominada “captura del Estado[1] a través de las puertas giratorias del sector empresarial, el principal eje de desarrollo es la promoción de las inversiones. En esto hay una continuidad en la política económica del gobierno de Vizcarra. El informe de descentralización de la PCM 2018, plantea que el desarrollo económico regional debe partir de las prioridades de inversión y que se deben planificar las inversiones en el plan de desarrollo concertado regional. Sin embargo, la concertación perdió sentido, porque son casi inexistentes los espacios de diálogo en el nuevo sistema de planificación del desarrollo económico o territorial.

La semana pasada llamó la atención la difusión -a manera de campaña pública- de las conclusiones de un estudio sobre Apurímac hecho por el Centro de la Competitividad y el Desarrollo CCD. Afirmó que “El proyecto Las Bambas permitiría que la región apunte a ser un motor para la economía nacional”. El CCD señaló que existen más de 1,000 proyectos priorizados en salud e infraestructura. La argumentación sobre la mejora de varios indicadores como reducción de la pobreza, desnutrición, incremento de la comprensión lectora y el razonamiento matemático, busca demostrar la caída de la pobreza hasta en 38% en la región, el aumento de 9% de las exportaciones, y 7% del empleo total en el sector minero entre los años 2014 y 2017. Pero estas milagrosas cifras contrastan con la realidad al constatar que la minería sólo incorpora hasta el 2% de la mano de obra local (en la etapa de construcción), que el sector minero ha decrecido -8.1% en el último año y el sector agropecuario, en un -9.5%, especialmente en el subsector agrícola, por la caída de la producción de maíz y de papa por menores áreas sembradas y la disminución de fuentes de agua[2], entre otros.

El Plan de Competitividad 2017-2040 realizado por el CCD por encargo del gobierno regional de Apurímac muestra alrededor de mil proyectos para la región en temas como salud e infraestructura y presenta a la minería como el motor de desarrollo. En este momento los ingresos de la renta y regalía minera no llegan directamente a las poblaciones, aunque se cuente con proyectos financiados en el SNIP, surge la pregunta de si ahora lo asumirá el gobierno regional como parte del 97% de la asignación por renta o regalías, que como se afirma, se invierte en las provincias. Ello para entender si es que la minería es el motor del desarrollo o ha operado como una actividad productiva con fuerte presencia en la región, pero separada de las expectativas de desarrollo de la población.

En el 2015 luego del conflicto en Las Bambas el entonces vicepresidente Martin Vizcarra elaboró y presentó un Plan de Desarrollo para la provincia de Cotabambas. Ante el énfasis puesto en las infraestructuras, educación y salud, las organizaciones locales que no fueron consultadas declararon que un plan de desarrollo no podía ser un listado de obras y que debía tener ejes como derechos humanos, medioambiente, responsabilidad social, y no sólo un único eje como el desarrollo sostenible.

En el Plan de Competitividad de Apurímac 2017-2040[3] entre los 1,000 proyectos financiados para la región, en Cotabambas se incluyen sistemas de riego, represamiento, infraestructura vial y sistema de saneamiento de agua potable, instalación de oficinas de gestión y sistemas de comunicaciones, todos ellos presupuestados en el SNIP para fomentar las inversiones. Se señala que la mayoría de estos proyectos fueron solicitados en el proceso de las desaparecidas Mesas de Diálogo. En el tema de productividad sólo se ha identificado una cadena productiva que es la de la papa nativa o amarga, la piscicultura de trucha y algunos emprendimientos. La pregunta es si en estas mesas de trabajo para la definición de ejes[4] se convocaron a las organizaciones y las comunidades o únicamente a los alcaldes.

El ex gobernador regional Wilber Venegas afirmó que: “Apurímac, no tiene un discurso antiminero; nosotros creemos que el agua y el cobre son compatibles, y todas las empresas mineras pueden venir a invertir siempre y cuando lo hagan con mucha responsabilidad”. La pregunta es cómo asegurar la responsabilidad si aún no se evalúa con la ciudadanía los errores y aciertos que han generado la desconfianza de la población así como los impactos por resolver de las inversiones mineras en el territorio. La recuperación de la confianza y de los espacios de diálogo o concertación son claves para poder afirmar la minería como principal motor del desarrollo en la región.

————-

[1]                    Durand, Francisco Cuando el poder extractivo captura el Estado. Lobbies, puertas giratorias y paquetazo ambiental en el Perú. Lima: OXFAM. Junio de 2016.

[2]                    Fuente: www.ipe.org.pe Crecimiento económico en Apurímac 4 de Octubre de 2018. Chaski/ Apurímac.

[3]                    Plan Estratégico de Competitividad Apurímac 2017-2040. Gobierno Regional de Apurímac; Centro de la Competitividad y el Desarrollo.

[4]                    Estas fueron: Competitividad económica e infraestructura; Ambiente para facilitar la creación de negocios; Desarrollo de cadenas productivas con mayor potencial y clústers; Desarrollo social sostenible (educación y salud); Estructura organizaciones para la sostenibilidad del Plan de Competitividad, respectivamente.

Fuente:http://noticiasser.pe/opinion/de-expectativas-y-milagros-en-apurimac?fbclid=IwAR1gNCm-djb_vgCiznwiJhNxsYIunWkuMZ11_RQGGxBoo4iI4RJmtXJwYwQ