El antropólogo Enrique González Carré nos habla sobre la historia de esta confederación guerrera.

La propuesta legislativa plantea que la remediación de los pasivos ambientales mineros siempre tenga un responsable y se cubra así el vacío legal al respecto.

La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso aprobó el dictamen que propone la remediación de los pasivos ambientales por la actividad minera.

Dicha iniciativa reúne 10 proyectos de ley de diversos congresistas y plantea hacer más eficiente la gestión y manejo de los más de 8 mil pasivos mineros en nuestro país que permitan avanzar hacia la eliminación de los riesgos para nuestros ecosistemas y la salud de la población.

Castigarán a responsables

La iniciativa legal establece sanciones para quienes resulten responsables de la no remediación del pasivo a través de la caducidad de denuncios, petitorios y concesiones mineras, e impedimentos para solicitar nuevos petitorios y explotar unidades mineras, en caso no culminen la remediación en un plazo de seis años desde la aprobación del Plan de Cierre.

“El gran problema es que el Estado no ha logrado identificar al responsable de los pasivos ambientales mineros, y existe un vacío legal al respecto. Mientras tanto, las personas afectadas y contaminadas por metales pesados no saben a quién reclamar”, sentenció Wilbert Rozas, presidente de la Comisión de Pueblos.

Entre los principales cambios que propone el dictamen a la ley 28271, se precisa la definición de los pasivos mineros como aquellos restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras abandonadas o inactivas, y que constituyen un riesgo permanente a la salud ambiental, especialmente de aquellas poblaciones vulnerables, así como a los territorios indígenas.

Asimismo, se señala que la remediación y mitigación de los pasivos ambientales mineros clasificados de muy alto y alto riesgo, recae en el Estado a través del Ministerio de Energía y Minas, hasta que se identifique al responsable o a un remediador voluntario.

La empresa Minera Afrodita sería la que está detrás de los recientes incidentes en la zona del Tambo en la Cordillera del Cóndor, región Amazonas. No se habría tratado de una agresión por parte de mineros informales ecuatorianos hacia indígenas peruanos.

En referencia a algunas noticias que ha circulado en redes sociales y radios de la región Amazonas, la dirigente Augustina Mayán, presidente de Organización para el Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa- ODECOFROC ha salido a aclarar lo que realmente ocurrió en conversación con el Vigilante Amazónico.

Según nos refiere Mayán, lo que realmente ocurrió fue que el viernes 22 de marzo pasado una treintena de indígenas de las comunidades awajún de Tesh y Kusukumen, que habrían sido manipulados por parte del empresario Jorge Bedoya, habrían querido desalojar a la fuerza y con armas en mano a los más de 120 indígenas awajún que resguardan la zona de la Cordillera del Cóndor ante cualquier intento de avanzar con las actividades mineras.

Recordemos que según Bedoya, gerente de la minera Afrodita, los mineros informales ecuatorianos han tomado prácticamente la cordillera del cóndor, escenario del último conflicto bélico entre Perú y Ecuador en el año 1995.

La presidente de ODECOFROC asimismo señalo que los mismos indígenas que son parte de la Organización Indígena de Desarrollo de las Comunidades del Alto Comaina – ODECOAC recientemente reconocieron en una asamblea general de los pueblos awajún que fueron manipulados y reconocieron que algunos de ellos participan del plan de la minera para reingresar a la zona de la Cordillera del Cóndor.

Por su parte el dirigente indígena Hernández Manuam Angish de ODECOAC había denunciado en los medios locales que los hechos se produjeron luego que una comitiva de indígenas tras una reunión de dirigentes de ORPIAN, ODECROFOC, entre otros refirieron tras la firma de un acta que venían defendiendo la soberanía nacional, por lo que para corroborar ello se constituyeron a la zona siendo agredidos con explosivos a través de granadas de guerra, dinamita y disparos de armamentos por parte de mineros informales ecuatorianos “Hay un indígena peruano grave. Esto ha sido una masacre” señaló el dirigente indígena.

Sin embargo la aclaración por parte de ODECOFROC desmentiría esta primera versión y mostraría que es la empresa minera formal la que está detrás de la violencia y desinformación, por su interés de realizar actividades de exploración de minerales en una zona donde la mayoría de comunidades ya han expresado su rechazo a esta actividad.

Fuente:http://vigilanteamazonico.pe/2019/04/02/minera-afrodita-estaria-detras-de-incidente-de-violencia-en-la-cordillera-del-condor/

¿Qué pasa cuando los que deberían garantizar la seguridad de los ciudadanos atentan contra estos al trabajar para empresas extractivas transnacionales?

Se está privatizando la función policial. Así concluye el informe titulado «Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú», elaborado por el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la organización estadounidense Earth Rights Internacional (ERI). Este documento es la base para la denuncia que estas organizaciones han presentado, este lunes, para que se declare la inconstitucionalidad de los convenios firmados entre compañías mineras o petroleras y la Policía.

«Las normas que permiten estos convenios deben ser declaradas inconstitucionales. Se están violando derechos humanos, especialmente los de los pueblos indígenas y comunidades campesinas que defienden su territorio», dijo en conferencia de prensa, Juliana Bravo, directora de ERI.

Bravo agregó que estos convenios son parte de lo que consideran «andamiaje institucional para la criminalización de la protesta».

Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de IDL, explicó que, en base al estudio de 138 convenios, concluyeron que estos convierten a los funcionarios públicos (policías) en seguridad privada de empresas.

Además, señaló que las declaratorias de estados de emergencia, como en el caso del Corredor Minero del Sur, donde se desarrolla el conflicto Las Bambas, están siendo usados de manera indiscriminada.

«Se están usando estados de emergencia «preventivos». Se suspenden derechos como la libertad de reunión sin acreditar grave afectación al orden de interno que lo justifique», dijo.

El abogado de IDL también criticó las modificaciones al Código Penal que se hicieron durante el gobierno del aprista Alan García, que cambió la tipificación del delito de extorsión para que se aplique en caso de protestas sociales.

«Tomar carreteras o locales públicos constituye delito de extorsión. Por ejemplo, si un grupo de padres de familia decide tomar el local de un colegio para que se mejore su infraestructura, estaría cometiendo ese delito y podrían ir a la cárcel por tres años», afirmó.

«No se diferencian medidas legítimas de fuerza de actos vandálicos que deben ser sancionados. Estas medidas promueven la criminalización de la protesta», agregó.

La demanda de inconstitucionalidad fue presentada esta mañana contra la Ley de la Policía Nacional del Perú y el Decreto Supremo N° 003-2017-IN.

El informe en el que se sustenta esta denuncia concluye que los convenios entre la Policía y las empresas extractivas perturban el pleno ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos que viven en la zona de influencia de los proyectos. Esto, sostiene, devela una falta de adecuación de las normas internas a las obligaciones que el Estado peruano asumió con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

«Es así como se quiebran los valores y principios de un Estado democrático y constitucional de Derecho, así como las bases del Derecho Internacional de los Derechos Humanos», se lee en el informe.

Para las organizaciones defensoras de los derechos humanos, los convenios también se han convertido en «una herramienta ilegítima contra la movilización social y en particular contra la protesta».

«Estos hacen parte de un marco institucional creado a favor de las empresas, que además devienen en un clima de tensión y violencia. No es casual que muchas de las violaciones a los derechos humanos durante los últimos años en un contexto de elevada conflictividad socioambiental hayan ocurrido en regiones como Cajamarca, Cusco, Puno, Apurímac y Arequipa, en zonas tradicionalmente mineras o hidrocarburíferas», resaltan.

Ante ello, piden al Estado peruano resolver los convenios suscritos por la Policía Nacional del Perú y empresas extractivas en todo el país, así como desistirse de celebrar nuevos acuerdos. En este sentido, proponen modificar la Ley General de la institución para que no se incluyan a las empresas extractivas en la protección que ofrece la Policía a particulares.

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/04/08/conflictos-mineros-peru-convenios-policia-empresas-extractivas-demanda-inconstitucionalidad-conferencia-idl-earth-rights-video/jorgepaucar/?fbclid=IwAR3DRFP36gVqNq4xRNq7EUsYkM9g9L1ezcCjH1BVQBCp8zNNZo3HHyUrWgw

Finalmente ayer la comunidad de Fuerabamba, la empresa minera Las Bambas y el Poder Ejecutivo llegaron a un acuerdo para liberar y reestablecer el tránsito en la carretera que atraviesa el fundo Yavi Yavi, donde desde el 4 de febrero pasado los comuneros impedían el paso de vehículos por la vía nacional que atraviesa el terreno.

Según el acta suscrita por las partes, “ambas llegaron a un acuerdo económico mutuamente satisfactorio que pone fin a toda controversia respecto al fundo Yavi Yavi”, sin precisar el monto que demandó este acuerdo.

Durante las reuniones previas, la comunidad de Fuerabamba venía presionando para que se le reconozca el pago de S/ 40 millones por la servidumbre por el uso de la vía, mientras que la minera Las Bambas propuso S/ 10 millones, entre dinero en efectivo y otros proyectos. Según fuentes, que tuvieron acceso a la sala donde se llevó el acuerdo, sí habrá desembolso económico directo.

Asimismo, la comunidad exigió que Las Bambas cumpla con los acuerdos de empleo laboral de los comuneros, sobre todo en función del compendio de acuerdos suscritos el 29 de diciembre del 2019.

“Las partes acordaron que la empresa minera Las Bambas asumirá el cumplimiento de los compromisos del empleo laboral de los comuneros de Fuerabamba en la empresa minera Las Bambas, en todo aquello que no haya cumplido, entre los años 2014 hasta 2019, conforme el acuerdo denominado Compendio de acuerdos entre el Comité Central de negociación de la comunidad de Fuerabamba y los representantes del proyecto Minero Las Bambas operado por Xstrata Copper” del 29 de diciembre del 2009″

Las Bambas asumirá el cumplimiento de los compromisos del empleo laboral de los comuneros de Fuerabamba en la empresa minera Las Bambas’

Pero más aún, las partes acordaron revisar los acuerdos suscritos entre la comunidad y la empresa minera consignados en el mismo documento, lo que hace suponer un retorno a una mesa de negociación entre la comunidad y la empresa minera.

El acuerdo cuenta con la rúbrica del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, el gerente general de Minera Las Bambas, Edgardo Orderique; el presidente de la comunidad campesina de Fuerabamba, Gregorio Rojas; y del Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, representando a la iglesia católica, que tuvo el rol de mediador entre las partes.

Fuente:https://www.energiminas.com/las-bambas-fue-el-acuerdo-uno-economico/

Como lanzamiento de la campaña ciudadana “El agua es tu vida”, promovida por instituciones como CooperAcción y las parlamentarias Marisa Glave y Katia Gilvonio, se realizó el foro “El Agua es tu vida: efectos de la minería sobre las fuentes naturales de agua” el día lunes primero de abril, para hablar de las amenazas actuales de relaves mineros y nuevos proyectos mineros al agua que consume la ciudad de Lima.

En el foro expusieron los dirigentes sociales Saturnino Ríos de la Cuenca alta del río Rímac, Genaro Aguilar de la misma plataforma, Elias Barreto del Frente de defensa de la comunidad de Chicla y Paula Meza, del colectivo Mantaro Revive. Todos ellos coincidieron en denunciar la indiferencia del Estado frente a las diversas empresas mineras, así como el serio peligro en las cuencas del Rímac, Mantaro y la Oroya por la presencia de metales como el plomo, cadmio, que son cancerígenos y nocivos para la salud humana.

Luego expusieron José de Echave, subdirector de CooperAcción, y Luis Lazo representante del Foro Salud. De Echave destacó que existe un relato que señala que el Perú tiene agua de sobra, cuando somos el cuarto país en la región con estrés hídrico. Por su parte Luis Lazo señaló que el Estado peruano tiene una lógica privatizadora y donde no se preocupa de la salud preventiva de sus ciudadanos frente a los ejemplos de contaminación por minería.

Por otro lado, por parte del Estado expusieron representantes del MINAM, SEDAPAL, OEFA. El representante de SEDAPAL Josué Céspedes reconoció que es un tema serio que están estudiando, mientras José Carlos Farfán de la OEFA señaló que están haciendo un seguimiento en la ejecución del proyecto Ariana para evitar que este sea un riesgo a las fuentes de agua de la ciudad.

Por su parte el congresista Oracio Pacori denunció la nociva influencia de la minería informal y de la minería formal que afecta seriamente los ríos que son afluentes del Lago Titicaca, y que su despacho está trabajando para monitorear la situación y que las autoridades cumplan con su papel de fiscalización de estas actividades.

Asimismo las congresistas Katia Gilvonio y Marisa Glave destacaron que desde sus despachos vienen trabajando intensamente por dialogar con las comunidades afectadas por la minería en la cuenta del Mantaro y del Rímac y que seguirán monitoreando la situación de riesgo que representan los relaves de Tamboraque y el proyecto minero Ariana.

Uno de los casos más mencionados en el foro fue el de la construcción de la relavera y otros componentes mineros de El Proyecto Ariana en una cabecera de cuenca, tendría impactos negativos sobre el túnel trasandino que sirve para trasvasar agua al rio Santa Eulalia, principal colector hídrico de Lima. Así lo precisaron especialistas de SEDAPAL, sobre el funcionamiento de esta infraestructura y su importancia para el abastecimiento de agua a la ciudad, de la misma forma sobre las 19 lagunas y 3 represas que administran en esta zona y que almacenan más de 300 millones de metros cúbicos de agua que mediante el túnel Trasandino llevan el líquido elemento al rio Santa Eulalia y al Rímac respectivamente.

El foro que se realizó en el auditorio Alberto Andrade del Edificio Juan Santos Atahualpa, del Congreso de la República, es el inicio de una campaña ciudadana que tendrá diversos momentos para analizar la amenazas a las fuentes de agua en Lima y otras regiones del país, para sensibilizar a las autoridades y sobre todo a la ciudadanía.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/foro-en-el-congreso-alerto-de-amenazas-contra-el-agua-de-lima/

Conjuntamente con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH); CooperAcción; el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAP); Estudios para la Defensa de los Derechos para la Mujer (DEMUS); Derechos Humanos sin Fronteras (DHFS), el Insituto de Defensa Legal (IDL); la Asociación Nacional de Centros de Investigación Promoción Social y Desarollo (ANC); la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), hemos publicado el siguiente pronunciamiento sobre el conflicto en Las Bambas, emitido hoy, 1 de abril, en el diario la Républica.

Las peruanas y peruanos hemos visto en las últimas semanas la situación de tensión y conflicto producida por el impacto de las actividades de la empresa MMG Las Bambas, en las regiones de#Apurímac y #Cusco, en particular en las provincias de #Cotabambas, #Espinar y #Chumbivilcas. La problemática que afecta a la comunidad de#Fuerabamba también es compartida por otras comunidades de la zona, razón por la que se requiere sentar las bases para una salida dialogada, pacífica y duradera al conflicto. Con ese propósito, las organizaciones abajo firmantes planteamos:

1. A lo largo de la carretera por donde se transportan los minerales de la empresa MMG Las Bambas, existen 149 centros poblados y 72 comunidades, varias de ellas han visto afectada su propiedad y sufren los impactos ambientales del transporte minero. Esto ha sido motivo de conflictos en el año 2016, con las protestas de las comunidades de Choqueca, Pumamarca, Ayahua y Quehuira, en el 2017 con las comunidades de Mara, y en el 2018 con las de Pisacassa, Pitic y Fuerabamba. Esta situación revela la urgencia de una solución para todas las comunidades afectadas, pues de lo contrario los conflictos volverán a repetirse.

2. Las comunidades afectadas por las actividades de la empresa MMG Las Bambas, en las regiones de Apurímac y Cusco, se han visto limitadas en el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos por el establecimiento de los Estados de Emergencia impuestos indebidamente por el Ejecutivo. El Estado debe derogarlos para contribuir a un clima de confianza y diálogo, sin presiones ni mecanismos coercitivos que afecten las libertades de las partes.

3. En el caso particular de la comunidad de Fuerabamba, además del pago por el uso de sus tierras para la carretera, es importante saldar de una vez por todas la entrega de las tierras pendientes, según el convenio celebrado el 2009 entre la empresa Glencore Xstrata y la Comunidad de Fuerabamba. Consideramos que los acuerdos alcanzados deben cumplirse y se deben manejar con total transparencia.

4. Además de Fuerabamba, otras comunidades han planteado diversas quejas por acuerdos incumplidos. A fin de restituir la confianza entre las partes, estos acuerdos, y la situación de los mismos deben transparentarse. La participación de la Defensoría del Pueblo, como instancia externa y neutral a las partes, resulta necesaria para realizar el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos suscritos.

5. Según el BCR el 1% del PBI corresponde a la producción de Las Bambas. Una operación tan importante no puede desarrollarse en condiciones de clara afectación a los derechos de las comunidades y a los estándares ambientales, así como de infraestructura precaria (carreteras afirmadas).

6. Es necesario un reconocimiento de los errores y malas decisiones cometidas por los sucesivos gobiernos y la empresa MMG Las Bambas en el trámite de los permisos ambientales. En la segunda modificatoria del EIA se incorporó el cambio de mineroducto por transporte terrestre, a través de un mecanismo de consulta irregular (ITS). Esto originó que el transporte del mineral tenga un tratamiento inadecuado de prevención y reducción de daños. Pese a las quejas de las comunidades afectadas por los daños, nadie fiscalizó ni se responsabilizó de estos hechos, pues no había obligaciones establecidas para fiscalizar.

7. Urge que el Estado recupere la confianza de las comunidades en estas zonas con presencia importante de inversiones y actividades extractivas. Es la única vía para que las comunidades puedan canalizar sus demandas a través de mecanismos institucionales y no recurran a estrategias desesperadas. Los convenios entre las empresas mineras y la Policía Nacional deben ser eliminados. La Policía Nacional no puede convertirse en policía privada de las empresas, debe recuperar su rol de servicio público.

8. Datos oficiales muestran que en las regiones de impacto del proyecto minero Las Bambas se evidencia la persistencia de graves problemas de discriminación y violencia de género, hechos que se traducen en nuevas modalidades de explotación sexual, tráfico de mujeres y trata, así como casos de feminicidios y mortalidad materna. Estos casos deben ser investigados y denunciados por el Ministerio del Interior, y deben visibilizarse en el diálogo entre las partes en conflicto.

9. La detención irregular del Presidente de la Comunidad de Fuerabamba Gregorio Rojas ha evidenciado la situación límite de la relación entre las comunidades afectadas, la empresa y el Estado peruano. La fragilidad de las condiciones para el diálogo se hizo evidente en tanto se criminaliza a las y los representantes legítimos: que diversos personajes ajenos a los intereses de la comunidad ganaran protagonismo y pretendieran instrumentalizar el conflicto para sus propios fines. El Estado, y en particular el Ministerio Público, deben cesar de criminalizar a las y los representantes de las comunidades afectadas y encauzar debidamente la solución a los conflictos.

A partir de lo señalado, exhortamos al Gobierno y a las distintas instancias involucradas del Estado, a tratar los temas y problemas de fondo que plantean conflictos como el de Las Bambas. Del mismo modo, a que se revisen las políticas públicas, los marcos normativos ambientales y sociales, y los mecanismos de participación ciudadana y consulta previa que están a la base de los cuestionamientos de las comunidades impactadas por los megaproyectos, para garantizar así la convivencia pacífica y duradera, el reconocimiento y respeto entre las partes, y la legitimidad y sostenibilidad de los proyectos.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/867-elementos-para-una-salida-dialogada-pacifica-y-duradera

Fuente:https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201904041086495637-fuerabamba-extorsion-mmg-las-bambas/

El saneamiento legal y la construcción de la carretera que utiliza diariamente Las Bambas costaría al Estado peruano alrededor de S/2,000 millones de soles. Este dinero provendrá de los impuestos que se recauda.

Sin embargo, ¿es realmente éste un gasto socialmente eficiente?  ¿por qué no invertir todo este dinero en educación o salud? La responsabilidad de Las Bambas para asumir los costos de construir la carretera ha quedado “al margen” al volverse vía pública, las negociaciones de los anteriores gobiernos extrañamente no lo previeron u omitieron. No obstante, en adelante una opción razonable podría ser que la construcción  y mantenimiento de la carretera incluya el cobro de un peaje.

La carretera del corredor minero del sur andino abarca las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa, en una longitud de más de 400 km. Actualmente, esta carretera está en el foco de la atención nacional debido al bloqueo que ha mantenido por más de 50 días la comunidad de Fuerabamba, en la zona de Yavi Yavi, impidiendo el paso de los camiones de transporte de mineral de Las Bambas. En su recurrido, sin embargo, existen en realidad 149 centros poblados y 72 comunidades[1].

La primera fase para alcanzar una solución duradera a este conflicto es concluir con el saneamiento físico legal de esta vía, ahora nacional. En este proceso es una condición ineludible atender a todas las comunidades que fueron afectadas, no sólo a Fuerabamba, de otro modo estaremos próximamente frente a nuevos conflictos. Para la apertura y ampliación de ciertos tramos de la carretera, que actualmente utiliza Las Bambas, se utilizaron tierras de distintas comunidades y como corresponde en toda obra se debió haber comprado o expropiado las tierras, como se ha hecho, por ejemplo, con la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez o estaciones del Metro de Lima. Se requiere alcanzar un justiprecio por la tierra y para ello se podría recurrir a una tasación independiente, pero, ante todo, es necesario un proceso transparente De hecho, sería muy valioso para la resolución de este conflicto que finalmente la empresa Las Bambas y la comunidad de Fuerabamba hagan público el contrato de transferencia del fundo Yavi Yavi. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) ha señalado que cuenta con S/300 millones para el saneamiento legal de los terrenos de 38 comunidades comprometidas por la carretera.

La segunda fase para atender este conflicto es realizar el asfaltado de la carretera. Según informe del MTC de noviembre de 2018, el asfaltado de la carretera costará S/1,752 millones de soles. Los 370 vehículos de Las Bambas que transitan por esta carretera no asfaltada, produce ruido, vibración, polvo, congestionamiento y accidentes de tránsito. Todo esto viene generando un gran malestar y protestas, lo que ha obligado a la empresa a regar la carretera, pero esto es insuficiente. Además, las comunidades se quejan de que la empresa está tomando agua de sus manantiales sin consultarles.

En la segunda modificatoria del Estudio Ambiental (EIA), del 2014, la empresa no incluyó en la solicitud que iba a realizar el cambio de mineroducto por transporte terrestre. Solo cuando el Ministerio de Energía y Minas le pregunta por la forma de transporte, incorpora irregularmente el cambio.  Esto hizo que no se identificaran los impactos del transporte ni las obligaciones para mitigar o evitar los daños ocasionados.

Se ha señalado constantemente que el mineroducto ya no tenía sentido comercial cuando las unidades mineras de Antapaccay y Las Bambas dejaron de tener al mismo propietario en el 2014[2]. Sin embargo, en el EIA inicial de Las Bambas, del 2011, la empresa no sólo se había comprometido al mineroducto, sino también a construir y asfaltar una carretera alterna para el transporte de suministros. Este último compromiso se eliminó en la segunda modificatoria del EIA, es decir, desapareció, ¿por qué?

En el caso de Antamina en Ancash, principal productor de cobre hasta el 2015, para sus operaciones se comprometió a invertir en un mineroducto hasta el puerto de Huarmey y además en el asfaltado de una carretera alterna. Lo cierto es que esta empresa ha logrado que sus diversos conflictos sociales se mantengan en un nivel de baja intensidad.

En el Convenio Interinstitucional del 2016 entre Las Bambas y el MTC, la empresa se compromete a financiar los estudios técnicos para la carretera que ascendían a S/15 millones, monto bastante menor a la inversión total requerida. Asimismo, en  enero del 2019, en la tercera modificatoria de su EIA, aunque la empresa señala que no tiene por qué asumir la remediación de los impactos pues la carretera es una vía pública, ofrece voluntariamente asfaltar algunos tramos, pero sólo con base negra, que de acuerdo a especialistas del mismo Estado es inadecuado técnicamente para el transporte pesado, cada camión de Las Bambas para el transporte de concentrados tiene un peso de 87 toneladas (con carga). Este ofrecimiento paradójicamente ha sido aceptado por el SENACE.

Algunas voces señalan por qué no se usa el canon para asfaltar la carretera. Las Bambas recién el 2020 empezaría a pagar canon, por su parte, las regalías son pagadas desde el 2016. Sin embargo, para financiar el monto de la construcción de carretera e indemnizaciones se requerirían destinar durante tres años todo el canon y regalías de Apurímac. Sólo con las regalías se utilizarían ocho años de este aporte ¿Es justo que Apurímac financie una carretera que usa principalmente la empresa para el transporte minero en lugar de invertir en su propio desarrollo?

Si bien Las Bambas ha utilizado su stock de concentrados, almacenados en el puerto de Matarani, para atender sus ventas, los 52 días de bloqueo podrían haberle costado S/1,300 millones de soles de menores ingresos. Si a esto le sumamos los costos de mantenimiento de la carretera, vía regado, durante 18 de años de vida de la mina ¿no sería más razonable reorientar estos recursos para cofinanciar  y darle una solución conjunta con el Estado al tema de la carretera?

El cobro de un peaje en esta vía nacional puede ser la solución para que quienes realmente la utilizan financien los S/2,000 millones que requiere su saneamiento legal y asfaltado, además de los futuros costos para su mantenimiento ¿estarán ésta y otras empresas del corredor minero de acuerdo?

[1] Cifra aproximada.

[2] Las Bambas pasa en propiedad de Glencore a MMG.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/quien-deberia-asumir-el-costo-economico-de-la-carretera-en-las-bambas/