El expresidente Ricardo Martinelli “actuó más allá de las facultades otorgadas por la Constitución” al expedir el Decreto Ejecutivo No. 30 del 22 de febrero de 2011, que garantizó la no explotación y exploración de la mina de Cerro Colorado o de cualquier otro yacimiento dentro de la comarca Ngäbe Buglé.
Así lo concluyó el pleno de la Corte Suprema de Justicia en un fallo del 28 de octubre pasado, que declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo No. 30 de 2011.
La sentencia resuelve una demanda de inconstitucionalidad presentada en 2011 por el abogado Miguel Antonio Bernal.
El decreto fue expedido y firmado por Martinelli en momentos cuando se dieron violentas protestas en Chiriquí, Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé en contra de la ley minera.