Prácticamente la mitad del territorio de Ensenada, el municipio más extenso del país, se encuentra concesionada a empresas privadas para la explotación minera y generación de energía eólica. Entre los propietarios de esas firmas se encuentran Carlos Slim, Germán Larrea y Alberto Bailleres, de acuerdo con un estudio dirigido por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México.
De manera gradual, durante un siglo, las empresas empezaron a posesionarse de millones de hectáreas en una región estratégica, pues se encuentra en la península de Baja California, entre el océano Pacífico y el Mar de Cortés, lo que se acentuó durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.
La superficie de Ensenada es de 5 millones 248 mil 240 hectáreas, de las cuales 43.6 por ciento tiene algún tipo de concesión.
La Corte Suprema de Argentina determionó solicitar informes ambientales sobre el proyecto minero 
Un total de 902 proyectos de exploración e inversión de capital extranjero en el sector de la minería se encuentran en operación en nuestro país, y de los cuales 18 corresponden a San Luis Potosí, con lo que se coloca entre las primeras doce de 25 entidades con presencia de este tipo de empresas.
El Caso Majaz es uno de los más emblemáticos en la cadena de resistencias que en los últimos diez años, viene tejiéndose en el Perú a raíz de las políticas económicas neoliberales aplicadas por los gobiernos que promueven inversión y crecimiento económico a costa del empobrecimiento de la calidad de vida, la vulneración de derechos fundamentales, la ruptura de vínculos comunitarios y la acumulación de desconfianza en quienes gobiernan, entran, saquean y contaminan sus territorios sin consulta ni licencia, territorios que habitan desde épocas originarias en este país.
En los últimos días se han registrado diversos episodios de violencia hacia poblaciones indígenas, en especial hacia mujeres. Recientes estudios señalan que en México el 60 por ciento de las indígenas sufre violencia. En tanto, en Brasil se denuncia la presencia de sicarios masacrando indígenas en el marco de la lucha por la tierra, a lo que se le suman las recientes agresiones en Argentina donde, además, se continúa ignorando la protesta del pueblo Gom frente a la Casa Rosada.
Asociaciones civiles solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como la Comisión Nacional de Áreas Naturales y Protegidas, se retire el permiso para extraer oro, cobre y plata a la compañía minera WC Exploration Corporation y al consorcio Firex SA de CV, según apunta La Jornada.
El Obispado de la Prelatura de Esquel junto con la Pastoral Social repudian con firmeza el espionaje ilegal «rechazar y repudiar con firmeza el atropello a la privacidad». Señalan también que «serìa gravìsimo que detrás de este procedimiento de espionaje ilegal estuvieran involucradas intituciones del estado».
La mina de la empresa Frisco y del magnate Carlos Slim, en el municipio de Ocampo y Moris en el corazón de la sierra ha causado que las montañas luzcan como “pirámides”, grandes extensiones de bosque han sido destruidos para obtener los metales.
“¿Está de acuerdo con la explotación minera?”, fue la consulta que se le realizó a los vecinos de ocho comunidades del municipio de Choluteca. La respuesta de los pobladores de Guayabilla, San Martín Centro, Planteles, Cerro San Martín, El Mango, Hatillos Dos, Agua Caliente de Pavana y Guanacastillo fue de un contundente “no”.