Con protesta pacífica, un numeroso grupo de personas le dijeron “no” a funcionarios de la Anla y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que iban a realizar un taller de socialización en temas mineros. Bloquearon el acceso como protesta.
Habitantes del corregimiento de Doima, bloquearon el sábado la única vía de acceso que tiene esta población como forma de manifestar su desacuerdo con la visita que hicieron a este sector representantes de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, Cortolima, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, entre otras entidades, que tenían como objetivo realizar un taller de regionalización.
Los manifestantes argumentaron que su desacuerdo radica en que las reuniones que se plantean desde el sector minero, tienen como propósito un fin extractivo. “La gente está firme, en que no los queremos dejar entrar, los rechazamos con carteleras y arengas (por ello) a lo último les tocó desistir, no los dejamos entrar al pueblo”, contó Yazmín Reyes, participante de la protesta pacifica.
Un grupo de habitantes de la comunidad de Coatetelco de esta localidad rechaza a la empresa minera Alamos Gold Company (antes Esperanza Silver), la cual busca explotar alrededor de 303 hectáreas de tierras de cultivo y de uso común de la comunidad para extraer metales como antimonio, arsénico y oro.
Cientos de hombres y mujeres salieron a las calles del municipio de Pijijiapan para exigir al gobierno federal que cancele las concesiones a empresas mineras y también que frene la construcción de “minipresas hidroeléctricas” en la región.
Hace algunos días una ruptura de dos diques con residuos mineros causó un torrente de lodo tóxico que arrasó el pueblo de Benito Rodríguez en el Estado de Minais Gerais en Brasil. Hubo 28 desaparecidos y el lodo avanzó en un radio de más de 100 kilómetros. La mina a cielo abierto pertenece a la firma Samarco, una filial de la minera Vale del Rio Doce.
Un estudio realizado por investigadores del Centro Polar y Climático (CPC) de Brasil descubrió la presencia de arsénico en el Monte Johns de la Antártica y estableció que provenía de la minería del cobre de Chile.
En la Sesión del jueves 3 de diciembre, se aprobó el proyecto en el que se prohíbe la Megaminería metalífera hidrocontaminante en el ejido municipal. Con esta ordenanza, presentada por Hermano Moreno del Partido Socialista, Zapala se suma a las muchas ciudades que le dicen “si a la vida, no a la Megaminería”.
Graves daños al medio ambiente, impactos negativos sobre las comunidades, desigualdad en el pago de salarios, confinamiento de trabajadores enfermos e insensibilidad frente a violaciones de derechos humanos son algunos de los señalamientos que acaban de lanzar dos ONG (una colombiana y otra colombo-suiza) contra la gigante de la minería Glencore. La empresa, poco publicitada, lleva 20 años extrayendo carbón en el departamento del Cesar y es la propietaria del grupo Prodeco, que aglutina las operaciones de Carbones de la Jagua, Consorcio Minero Unido y Carbones El Tesoro.
La tarde de este jueves, 40 campesinos del ejido Matamoros en el municipio de Melchor Ocampo se manifestaron en el vestíbulo del Congreso del estado.
De 7 a 15 minutos sería el tiempo que los casi 2 mil habitantes de Caimanes tendrían para evacuar el pueblo, en caso que el tranque relave El Mauro sufriera una ruptura. Según los expertos, de no demolerse a tiempo el tranque, perteneciente a Minera Los Pelambres, seguirá contaminando los afluentes del río Pupío. A pesar de que la Corte Suprema y el Tribunal de Los Vilos fallaran en 2013 a favor de la comunidad de Caimanes y ordenara la demolición del tranque, el proyecto minero, propiedad del Grupo Luksic, ha dilatado este proceso.
El abogado Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas), denuncia la supuesta fuga del exjefe de Seguridad de la Mina San Rafael, Alberto Rotondo, de nacionalidad peruana.